SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 

Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional el 24 de mayo de 2002, el ciudadano FRIEDRICH WILHELM SIEGEL,  titular de la cédula de identidad número 81.712.494, intentó acción de amparo constitucional actuando con el carácter de “autor intelectual del innovador y revolucionario proyecto monetario, económico, social, político y cultura denominado ‘LA ECONOMÍA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CON MONEDA ELECTRÓNICA, fundamentado en el CAPITALISMO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA’, proyecto ELPAS, y en consecuencia de la permanente violación de [su] derecho constitucional señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela bajo los (sic) Artículos 51° (Petición) por parte del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, el Ministro de Finanzas y el Presidente del Banco Central de Venezuela...” (sic).

            En esa misma ocasión se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

            El 10 de julio de 2002, el accionante presentó escrito haciendo consideraciones con respecto a la acción de amparo interpuesta.

            Realizado el estudio del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

 

La presente acción de amparo constitucional se fundamentó en la supuesta violación del derecho de petición, establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, el accionante señaló que “...encontró durante veinte ocho (28) de investigación, estudios y análisis una FÓRMULA capaz de generar bien estar (sic) social para todos los habitantes de un país, una formula (sic) que se manifiesta en 30 proyectos de posible aplicación social, monetaria, financiero, económica, política y cultural, registrada y patentada bajo el nombre: ‘La Economía de Participación Social con Moneda Electrónica, fundamentado en el Capitalismo de Responsabilidad Compartida’, Proyecto ELPAS, el cual ha sido presentado por segunda vez ante este tribunal en el año 1995 mediante un juicio en contra del Banco Central de Venezuela...”.

Continuó expresando que ha pretendido introducir en la sociedad venezolana la referida “fórmula” y, al efecto, acudió a diferentes autoridades públicas, las cuales no han mostrado la “voluntad política para escuchar, ver y entender los revolucionarios planteamientos del innovador proyecto, y tampoco quieren tomar una DECISIÓN sobre el mismo”.

Asimismo, indicó que ha insistido en obtener una respuesta de las autoridades gubernamentales sobre sus planteamientos, debido a que “este Tribunal debe saber que el Recurrente nació para cumplir una MISIÓN, suscrita en la ‘Constitución Universal’ (...) [que] se manifiesta en los (sic) tres (3) credenciales que posea el Recurrente, que no se repiten en ninguno de los seres humanos que han venido a este planeta Tierra. Estos (sic) tres credenciales son: 1.- Su signo de nacimiento LIBRA=JUSTICIA (fecha de nacimiento 2.10.1945); 2.- Su nombre Friedrich Wilhelm o Friedhelm que significa: PROTECTOR DE LA PAZ O PACIFICADOR, su apellido ‘Sielgel’ que es un nombre judío que significa ASEGURADOR y, 3) Su Proyecto ELPASÒ que hace cumplir la función de su nombre y apellido, además ELPASÒ también significa ‘la PAZ’, es un proyecto de PACIFICACIÓN que ha sido ideado, desarrollado y perfeccionado durante lo largo de los 56 años que tiene su autor. Este Proyecto ELPASÒ fue desarrollado en los últimos dieciocho (18) años en Venezuela, donde, aplicando la experiencia vivida, se ha terminado la parte más importante del mismo: El marco jurídico y legal que culmina en la CONSTITUCIÓN UNIVERSAL, un proyecto de ocho Leyes que conoce la Presidencia y Vicepresidencia de la Asamblea Nacional desde 1999 y que nunca ha tomado una DECISIÓN sobre lo particular”.

Explicó que el Proyecto ELPASÒ tenía como objetivo principal el de sustituir , en etapas, el dinero al portador y reemplazarlo por una nueva moneda electrónica personalizada, que ofrece elementos de seguridad única para el Estado, dado que propone la no convertibilidad de la moneda electrónica en dinero al portador, el control sobre el lavado de dólares y las transferencias internacionales, una nueva y revolucionaria filosofía monetaria, financiera y económica que hace independiente a un país de sus recursos naturales no renovables. En este sentido, señaló que los beneficios del referido proyecto  consisten, entre otros, en el control y transparencia sobre la evasión fiscal, el control sobre la inflación monetaria y la variación de los precios, el control sobre la corrupción administrativa en todos los niveles ofrece como beneficios al país.

Alegó que dirigió diversas correspondencias al Presidente de la República, al Vicepresidente Ejecutivo, a los Ministerios de Producción y Comercio, de Ciencia y Tecnología, de Finanzas y de Planificación y Desarrollo, al Banco Central de Venezuela, a la Asamblea Nacional, remitiéndole un resumen explicativo del Proyecto ELPASÒ, pero no obtuvo respuesta oportuna sobre su petición, dado que ningún ente del Estado ha mostrado competencia e interés en evaluar dicho proyecto, que “proponía SOLUCIONES eficaces para la crisis social, económica y política del país, soluciones que la nación estaba buscando y el pueblo venezolano ansiosamente esperando”.

Finalmente, denunció los daños incuantificables que le ha causado el Presidente de la República y demás miembros del gobierno nacional al ignorar y denegar sus peticiones, pues “han intentado en efecto destruir moralmente a un representante de DIOS, ignorándolo, menospreciándolo, discriminándolo y humillándolo con su actitud manifiesta”.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

           

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de amparo constitucional presentada, para lo cual previamente debe establecer su competencia para conocer de la misma.

Al respecto, se observa que, mediante sentencias del 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta Sala Constitucional determinó el régimen competencial aplicable en materia de amparo constitucional, a la luz de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo en dichos fallos que corresponde a esta Sala el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo tenor es el siguiente:

 

Artículo 8. “La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, (...) de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República”.

 

En tal sentido, precisa esta Sala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 eiusdem, el fuero especial allí previsto debe reunir dos requisitos intrínsecos, cuales son la jerarquía constitucional y el carácter nacional, es decir, que la actividad de la autoridad derive de un mandato expreso de la Constitución y que su competencia sea ejercida en todo el territorio de la República, afectando así múltiples factores políticos, sociales y económicos de la Nación. Por consiguiente, el referido fuero especial -que asegura que el control de la violación constitucional a un derecho o garantía por parte de los hechos, actos u omisiones de tales autoridades “sean decididos con mayor certeza dado su posible incidencia en el acontecer político del Estado”-, no puede ser extendido a todo tipo de autoridad del Poder Público, que no se encuentre dentro del supuesto contenido en la norma mencionada.

Determinado lo anterior, esta Sala observa que la supuesta abstención proviene específicamente del Presidente de la República y del Ministro de Finanzas, en virtud de la falta de oportuna respuesta a la petición formulada por el accionante en el sentido de considerar y adoptar el denominado “Proyecto ELPASÒ”.  En tal sentido, resulta esta Sala competente para conocer del caso de autos, toda vez que se trata de una acción de amparo ejercida contra las supuestas omisiones en que incurrieron las mencionadas autoridades a las que alude el referido artículo, con rango constitucional y competencia nacional.

Por otra parte, observa esta Sala que, en el presente amparo, la omisión denunciada también ha sido imputada al Presidente del Banco Central de Venezuela. A este respecto, debe la Sala aclarar que, si bien tal autoridad no se encuentra incluida dentro de la enumeración de órganos a que se refiere el artículo antes transcrito, el Banco Central de Venezuela tiene un rango similar -dada su naturaleza y atribuciones- a los allí mencionados, dado que conforme el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde, de manera exclusiva y obligatoria, el ejercicio de las competencias monetarias del Poder Nacional, por lo que debe considerarse incluido en los órganos y funcionarios mencionados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Atendiendo a lo anterior, esta Sala Constitucional resulta competente para conocer, en única instancia, la presente acción de amparo. Así se declara.

Precisado lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa que la misma fue ejercida con fundamento en la supuesta violación del derecho de petición, por parte del Presidente de la República, el Ministro de Finanzas y el Presidente del Banco Central de Venezuela, pues, en criterio del accionante, dichas altas autoridades se abstuvieron de dar respuesta oportuna a la solicitud que, en diversas oportunidades, les ha dirigido con objeto de que consideraran y “decidieran adoptar” el denominado “Proyecto ELPASÒ”, el cual, según afirma, “tantos beneficios traería a todos los niveles de la sociedad civil y que hace cumplir la Constitución y las demás Leyes”. Igualmente, alegó que, “[e]l daño que ha causado el Presidente y los demás miembros del Gobierno Nacional al ignorar y denegar las peticiones del Recurrente son incuantificables...” (subrayado de este fallo).

Al respecto, el derecho de petición y de oportuna respuesta, establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República de Venezuela, determina la obligatoriedad a la que están sujetos los entes públicos de solventar aquellas peticiones formuladas por los particulares, al disponer:

“Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.

 

Respecto a este principio, la Sala Constitucional en decisión N° 2073/2001 (caso Cruz Elvira Marín), señaló el contenido y alcance del derecho de petición y oportuna respuesta que tienen los particulares ante los Entes Públicos, cuando estableció:

“La disposición transcrita, por una parte, consagra el derecho de petición, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública a los fines de ventilar los asuntos de su interés en sede gubernativa. Asimismo, el artículo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial. Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de petición debe guardar relación entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario público ante el cual es presentada tal petición. De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho, pero no implica necesariamente la obligación de la Administración de acordar el pedimento del administrado, sino sólo en aquellos casos en que el marco jurídico positivo permita al órgano de la Administración tal proceder, sobre la base de las competencias que le han sido conferidas.

 
Desde la óptica anotada, la petición es ciertamente un derecho fundamental, pero no supone que pueda dirigirse cualquier planteamiento ante cualquier autoridad pública; del cual pretenda derivarse un supuesto «derecho a acordar lo pedido», cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ámbito objetivo de potestades y facultades del órgano que está llamado a responderla, en este caso, denegándola.”

 
 

Así pues, debe esta Sala ratificar que el derecho de petición y oportuna respuesta supone que, ante la demanda de un particular, la Administración se encuentra obligada a resolver el caso concreto o indicar las razones por las cuales se abstiene de tal actuación. Asimismo, es menester señalar que el único objetivo lógico de la acción de amparo constitucional contra la violación del derecho de petición y a obtener oportuna respuesta, es el de obligar al presunto agraviante a dar curso a la solicitud planteada y a emitir un pronunciamiento, sin que ello implique necesariamente una respuesta favorable.

Dicho lo anterior, estima esta Sala que el supuesto de hecho planteado en el presente asunto no se corresponde con el criterio antes acotado, pues no puede pretender, en ningún caso, la parte accionante, utilizar la acción de amparo con fundamento en el derecho de petición y a obtener oportuna respuesta, para lograr otros objetivos materiales o jurídicos, como los que se desprenden de su escrito libelar, esto es, la constitución de un derecho en su favor, cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ámbito objetivo de potestades y facultades de los órganos accionados.

En tal sentido, debe advertir la Sala que el amparo constitucional es un mecanismo jurisdiccional destinado a la protección exclusiva de derechos y garantías constitucionales, cuya finalidad es restituir al ciudadano en el disfrute de sus derechos fundamentales o evitar o prevenir una amenaza contra los mismos, por lo que ante la existencia de una situación jurídica infringida, los efectos del amparo constitucional no pueden ser constitutivos, sino solamente restitutorios o restablecedores de esa situación que fue infringida en forma idéntica o en aquella que más se le asemeje. De manera que, cuando la accionante pretende que se le ordene a los órganos accionados que reconozcan los beneficios del Proyecto ELPASÒ y decidan sobre su adopción, no está solicitando el restablecimiento de una situación jurídica que le ha sido lesionada, como en efecto lo alega, sino solicitando la constitución de una situación jurídica que no poseía al momento de la interposición de la acción, cual es, la anuencia de esta Sala Constitucional para con el sistema informático de orden económico de su invención, que denominó “La Economía de Participación Social con Moneda Electrónica, fundamentado en el Capitalismo de Responsabilidad Compartida, Proyecto ELPAS”, mediante un pronunciamiento judicial.

En consecuencia, estima esta Sala que la acción de amparo no es pertinente para lograr objetivos diferentes a los que las disposiciones contenidas en los artículos 27 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pretenden proteger, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por el cual esta Sala, visto que no le corresponde decidir acerca del mérito del Proyecto ELPASÒ presentado por el accionante, debe declarar improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta, y así se declara.

 

 

 

III

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis, la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano FRIEDRICH WILHELM SIEGEL, contra el Presidente de la República, el Ministro de Finanzas y el Presidente del Banco Central de Venezuela.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 23 días del mes de AGOSTO de dos mil dos (2002). Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Vicepresidente encargado de la Presidencia,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

           

                                                                     El Vicepresidente Encargado,

 

antonio j. García garcía

 ponente

 

 

 

Los Magistrados,

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

                       

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. 02-1257.

 

AGG/alm.-