SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 13 de mayo de 2003, los ciudadanos ANDRÉS DANIEL ARRIVILLAGA RIVAS y EDWARD YUBANI LÓPEZ SÁNCHEZ, titulares de las cédulas de identidad nos 6.029.655 y 7.227.308, respectivamente, con la asistencia del abogado Alcides Moreno Ramírez, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 70.386, incoaron, ante esta Sala, solicitud de revisión de la sentencia que dictó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 28 de noviembre de 2002, para cuya fundamentación denunciaron la violación de sus derechos al pago inmediato de sus prestaciones sociales que acogió el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 13 de mayo de 2003 y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, como suplente del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz por causa del permiso que fue acordado, quien, con motivo de su reincorporación, el 9 de junio de 2003, la asumió.

El 21 de mayo de 2003 el abogado Alcides Moreno Ramírez presentó copias de la sentencia de la cual solicitó revisión.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DEL RECURRENTE

1.            Alegaron:

1.1         Que intentaron, ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, demanda de amparo constitucional con fundamento en la violación, por parte de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, de su derecho al pago inmediato de sus prestaciones sociales que derivaron de la relación laboral que mantuvieron por más de catorce (14) años con la Gobernación del Distrito Federal.

1.2         Que, el 8 de abril de 2002, dicho Tribunal declaró con lugar la demanda de amparo que fue interpuesta, toda vez que –a criterio del juez- la situación de los demandantes se subsumía en el supuesto de hecho que establece el artículo 8, cardinal 4, de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas.

1.3         Que la representación judicial de la Alcaldía Metropolitana de Caracas apeló contra la referida decisión para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

1.4         Que, el 28 de noviembre de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar la apelación que fue interpuesta contra la sentencia que dictó el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y, en su lugar, declaró inadmisible la demanda de amparo.

2.            Denunciaron:

La violación de su derecho al pago inmediato de sus prestaciones sociales que establece el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que, la sentencia adolece del vicio de inmotivación, por cuanto no se especificó cual de las soluciones, que da la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano, para las insuficiencias financieras, eran aplicables a su caso concreto; porque la sentencia es incongruente, por cuanto, por un lado reconoce que el período de transición culminaba el 31 de diciembre de 2000 y por el otro justificó que el Ministro de Finanzas puede, sin embargo, cumplir con los compromisos financieros aún después de esa fecha; se basó en un falso supuesto de hecho y de derecho toda vez que subsumió los hechos en un supuesto de derecho que no establece la norma y porque la sentencia es incongruente debido a que omitió pronunciamiento sobre los elementos de hecho y de derecho que formaban parte del litigio, conforme a los términos en que se desarrolló la pretensión y la contradicción.

3.            Pidieron:

Que se “...declare con lugar el Recurso Extraordinario de Revisión que invoca[n], por cuanto aún continua vigente flagrante la violación Constitucional del Derecho al pago inmediato a [sus] prestaciones sociales previstas en el artículo 92 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela (sic), por contribuir esta decisión a la uniformidad de la interpretación de las Normas y Principios Constitucionales, y en consecuencia revoque en todas sus partes la Sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 28 de Noviembre de 2.002, quedando firme la decisión dictada por el Juzgado Tercero en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 08 de abril de 2.002.”

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan dictado las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como los demás tribunales de la República (Vid. ss. S.C n° 77 de 09-03-00, caso: José Alberto Zamora Quevedo, n° 520 de 07-06-00, caso: Mercantil Internacional, C.A. y n° 93 de 6-02-01, caso: Corpoturismo), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

Ahora bien, por cuanto en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que conoció en segunda instancia de una demanda de amparo constitucional que incoaron los ciudadanos Andrés Daniel Arrivillaga Rivas y Edward Yubani López Sánchez contra la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma. Así se decide. 

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El juez que profirió la sentencia cuya revisión se pretende, decidió en los términos siguientes:

1.- CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada VERÓNICA GONZÁLEZ, actuando con el carácter de representante del ciudadano ALFREDO PEÑA, y la apelación interpuesta por el abogado ARMANDO ARISTIMUÑOS, quien procede con el carácter de apoderado especial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano.

2.- REVOCA la sentencia dictada el 8 de abril de 2002 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual se declaró Con Lugar la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos ANDRÉS DANIEL ARRIVILLAGA RIVAS y EDUARD YUBANY LÓPEZ SÁNCHEZ, identificados en autos, contra la Gobernación del Distrito Federal.

3.- INADMISIBLE la aludida acción de amparo constitucional.

 

Para la fundamentación de su decisión la sentencia cuya revisión se solicitó estableció, después de un análisis concatenado de los artículos 2, 8, cardinal 4, 9 y de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas con la exposición motivos de ésta, que los pasivos, que se generaron antes del 31 de diciembre de 2000, tienen que seguir siendo asumidos por el Ministerio de Finanzas, aún después de la culminación de la transición. Es así como, le corresponde, por su parte, al Distrito Metropolitano hacer frente a los pasivos que se generaron después del 31 de diciembre de 2000.

Por todo lo que anteriormente fue expuesto, declaró la inadmisibilidad de la demanda de amparo de conformidad con lo que establece el artículo 6, cardinal 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la obligación del pago de los pasivos que se generaron antes del 31 de diciembre de 2000, recae en el Ministerio de Finanzas y no en el Distrito Metropolitano de Caracas.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

En cuanto a la potestad revisora de sentencias de amparo definitivamente firmes, por parte de esta Sala, que le atribuyó el artículo 336, cardinal 10, de la Constitución, en sentencia del 6 de febrero de 2001, caso: Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo), se estableció que la referida norma constitucional no crea, de manera alguna, una tercera instancia en los procesos de amparo constitucional o de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, sino que la misma viene a incorporar una potestad, estrictamente excepcional, restringida y extraordinaria, para la Sala Constitucional, que debe cohesionarse con la garantía constitucional de la cosa juzgada judicial y cuya interpretación debe ser realizada de una manera estrictamente limitada.

En lo que respecta a la admisibilidad del recurso de revisión, se estableció que sólo se produce cuando se cumplen ciertas circunstancias y cuando el mismo tiene por objeto determinado tipo de decisiones, a saber:

1.           Las  sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, que hayan sido dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia o por cualquier juzgado o tribunal del país.

2.           Las decisiones definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas qu sean pronunciadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3.           Los fallos definitivamente firmes que hayan sido emitidos por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país, apartándose u obviando, expresa o tácitamente, alguna interpretación de la Constitución que esté contenida en alguna sentencia que haya dictado esta Sala con anterioridad al fallo que sea impugnado, con lo que se habría consumado un errado control de constitucionalidad mediante la aplicación indebida de la norma constitucional.

4.           Los pronunciamientos definitivamente firmes que sean expedidos por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que, de manera evidente, hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado, por completo, la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional.

Igualmente esta Sala estableció que:

“...esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...)sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...”.

 

Ahora bien, el fallo que se impugnó no versa sobre el control de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, ni contiene algún grotesco error de interpretación de alguna norma constitucional, no se aparta u obvia, ni expresa ni tácitamente, alguna interpretación de la Constitución que contengan sentencias que haya dictado esta Sala con anterioridad al fallo que se impugnó, además de que en nada contribuiría a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, decide que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que intentaron, el 13 de mayo de 2003, los ciudadanos ANDRÉS DANIEL ARRIVILLAGA RIVAS y EDWARD YUBANI LÓPEZ SÁNCHEZ contra  la sentencia que dictó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 28 de noviembre de 2002.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de agosto de dos mil tres.  Años:  193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

  

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Magistrado                     

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRH.sn.fs.

Exp. 03-1225