EN SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El 10 de febrero de 2011, la abogada Belén Briceño Girón, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 15.397, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ, titular de la cédula de identidad Núm. 5.141.025; solicitó ante esta Sala la revisión constitucional de la sentencia dictada por la entonces Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 26 de mayo de 2009, así como del fallo dictado el 27 de julio de 2009, contentivo de su ampliación y aclaratoria, con ocasión del juicio por obligación de manutención del hijo menor de edad de su representado, cuya identificación se omite conforme lo establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y  Adolescentes.

El 16 de febrero de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 10 de octubre de 2011, la abogada Fedra Miranda, actuando en su propio nombre, como madre del niño a que se refiere el referido juicio de obligación de manutención, consignó ante esta Sala escrito en el expuso sus argumentos en contra de la revisión planteada.

Efectuada la lectura del expediente, la Sala decide previas las siguientes consideraciones:

I

ALEGATOS DEL SOLICITANTE

 

Como punto previo alegó la representación judicial del ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ “que con anterioridad intent[ó] el Recurso de Revisión de la sentencia a la que se refiere el presente recurso y esta Sala en decisión numero 10-0792 de fecha 6 de noviembre de 2010, declaró que la referida solicitud de revisión es inadmisible por cuanto no acompañe a mi pretensión poder especial que me acreditara para ejercer la representación del ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PEREZ, que es la denominación del accionante, cuya representación ejercí sin poder especial para ejercer el recurso de revisión”.

Que “[p]or cuanto el fundamento de la decisión solo se refiere a un asunto formal, como es la insuficiencia del poder, sin tocar la materia medular de la revisión de la sentencia, es por lo que he creído que conservo el derecho de accionar nuevamente la revisión salvando el defecto de forma en que se fundamenta la referida decisión con ponencia de la Magistrada Presidenta de la Sala, Dra. Luisa Estella Morales Lamuño, en consecuencia como lo he dicho en el encabezamiento de este escrito estoy consignando poder especial que me faculta para solicitar la revisión de la sentencia dictada el 26 de mayo de 2009, por la Corte Superior Segunda de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional”.

            Seguidamente, como antecedentes que, el 5 de febrero de 2009, la Juez Unipersonal de la Sala X del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia mediante la cual revisó la obligación de manutención que corre a cargo de su poderdante, a favor de su hijo. En este sentido, explicó que “…tanto la parte actora, ciudadana Fedra Miranda Hernández, como la parte demandada, interpusieron sendos recursos de apelación contra dicho fallo. Una vez cumplidas las fases procesales la Corte Superior Segunda de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, procedió a dictar sentencia el 26 de mayo de 2009, transcurrido un mes y veinticuatro días, la parte actora procedió a solicitar aclaratoria y ampliación del aludido fallo, la cual fue declarada procedente el 27 de julio de 2009”.

Como fundamento de su solicitud de revisión, invocó la cosa juzgada como atributo del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 27 constitucional), por lo que alegó que la Sala Constitucional al reivindicar la potestad para revisar sentencias definitivamente firmes de cualquier tribunal de la República, inclusive de otras Salas del máximo Tribunal, reconoció ‘la naturaleza constitucional de la cosa juzgada así como su alcance social y político y su repercusión determinante en la certidumbre jurídica y el estado de derecho del país...’ (sentencia CORPOTURISMO)”

Que en ese mismo fallo se refirió a la intangibilidad de la cosa juzgada, y a la posibilidad de su revisión en casos excepcionales previstos en la Constitución y en la ley, y en tal sentido declaró: "...en el derecho venezolano la inviolabilidad de la cosa juzgada es inquebrantable, y es extrema su protección tal como expresa nuestra Constitución en su artículo 49, numeral 7. Es por ello que solo excepcionalmente y por causas específicamente establecidas en la ley o en la propia Constitución... es posible revisar sentencias que hayan adquirido el carácter de cosa juzgada".

Que “…el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución tiene un carácter complejo porque se desagrega en varios atributos a saber: el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, la efectividad de la tutela de los derechos e intereses invocados y la prontitud de la decisión. Haciendo abstracción de los otros atributos del mencionado derecho, queda claro que la tutela es efectiva, real, material, cuando las decisiones judiciales definitivamente firmes resultan intangible s, a lo cual por supuesto se debe agregar la obligación de su ejecución. Esa efectividad comporta ‘ope constitutionem’ la interdicción de la modificación de las sentencias definitivamente firmes, pues si se admitieran su modificabilidad los procesos no concluirían nunca, y la tutela judicial carecería de sentido, es decir, sería inútil”.

Que “…el principio constitucional de intangibilidad de las sentencias definitivamente firmes, forman parte -principalísimas- del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo que implica el respeto a un valor clave del ordenamiento jurídico venezolano, como lo es obviamente el valor de la cosa juzgada, del cual constituye una expresión de su contenido esencial. Por supuesto, que el principio -como bien lo asienta esta Sala- admite derogaciones, pero sólo en los casos excepcionalísimos previstos expresamente en la Constitución o eventualmente en la ley. Sin embargo, conviene recordar que nunca debe confundirse la figura procesal de la aclaratoria o de la ampliación, con la revisión de las sentencias definitivamente firmes, es decir, con carácter de cosa juzgada, pues estas figuras en ningún caso pueden servir para transgredir el referido principio, so pena de violación del mencionado derecho constitucional, el cual en cambio si puede ser afectado cuando se trate de la revisión extraordinaria prevista en la Constitución”.

Que, en todo caso, “…ha quedado demostrado que el principio de intangibilidad de las sentencias definitivamente firmes, que encuentran concreción en la figura de la cosa juzgada formal, sin duda, parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Constitución, e inclusive esta Sala ha declarado que también se desprende del artículo 49, numeral 7, ejusdem”.

Incontinenti, se refirió a la causal de revisión constitucional relativa a la ignorancia absoluta de la interpretación de la norma constitucional aplicable al caso decidido en sentencia definitivamente firme, o que se aparte de ésta, contenida en alguna sentencia dictada por la Sala. Explicó, en este orden de ideas, que en el citado fallo la Sala Constitucional después de reconocer la intangibilidad de la cosa juzgada, derivada del artículo 49, numeral 7, constitucional, declara que de conformidad con el artículo 336, numeral 10 eiusdem, tiene la potestad excepcional de revisar sentencias definitivamente firmes que contengan interpretaciones de normas constitucionales, pudiendo corregir o anular aquellas que se "fundamentan en grotescos errores de interpretación del Texto Fundamental o que contraríen una interpretación de la norma constitucional previamente establecida por la Sala"; que, en desarrollo de esos argumentos, la Sala Constitucional define e identifica de manera taxativa las sentencias definitivamente firmes susceptibles de ser revisadas constitucionalmente, delimitando de esa manera su competencia en la materia.

            De tal modo que –aseguró-, que cualquier sentencia definitivamente firme que presente las características a que se contrae el numeral anterior, será susceptible de ser revisada por la Sala Constitucional "Con el propósito de imponer la potestad constitucional de la Sala Constitucional de actuar como máxima Y último intérprete de la Constitución".

            Se refirió luego a la modificación "grotesca" de la sentencia definitivamente firme realizada por la Corte Superior Segunda, mediante una supuesta "aclaratoria" y "ampliación". Como es bien sabido la parte dispositiva del fallo es vital para conocer en términos claros, precisos y operacionales la voluntad derivada de la ley, por el tribunal para poner fin, en este caso de manera definitiva, pues no es susceptible de casación, a la controversia, señalando al respecto que la sentencia cuya revisión se solicita declaró:

“PRIMERO: Omissis

SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda de revisión de la Obligación de Manutención incoada por la ciudadana FEDRA RICHER MIRANDA HERNÁNDEZ, venezolana… contra el ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ, venezolano… a favor de su hijo, el niño (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de siete (07) años de edad. En consecuencia se fija como obligación de manutención mensual, siete con cuatro décimas (7,4) salarios mínimos urbanos, lo que equivale a la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 6.500,00), tomando como base el salario mínimo urbano mensual establecido por el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 6660, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.151, de fecha de fecha 01 de abril de 2009…, el monto fijado por Obligación de Manutención equivale al (0,30 aprox.) de lo percibido mensualmente por el Obligado Alimentario, ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ; este monto deberá ser depositado durante los primeros cinco (05) días de cada mes en la Cuenta Corriente… a nombre de Fedra Richer Miranda Hernández. Igualmente, se ordena que el demandado, para las épocas escolar y decembrinas, suministre para cada época una bonificación especial, adicional al monto por obligación de manutención, a los fines de cubrir los requerimientos escolares y de fin de año de su hijo, es decir, la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 6.500,00) para cada ocasión. El monto establecido por concepto de Obligación de Manutención será incrementado automáticamente los primeros días del mes de Enero de cada año, sobre la base de los elementos de determinación del quantum alimentario, es decir atendiendo a la capacidad económica del obligado y las necesidades del niño, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela.

Publíquese y regístrese… Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Corte Superior Segunda del Circuito Judicial…En Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de Mayo del año Dos Mil Nueve (2009)…”

 

            Continuó en su alegación señalando que 54 días después de haberse publicado la parcialmente transcrita sentencia, la actora “…invocando el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil solicitó una aclaratoria y una ampliación…” y “…la Corte Superior sin llegar a pronunciarse sobre la admisibilidad y la procedencia de la solicitud, pasó sin solución de continuidad a declarar” lo que esta Sala a continuación cita en los siguientes términos:

“…de manera que se estableció que la revisión del quantum alimentarios sólo estaba referido a la cantidad dineraria que tiene que suministrar el obligado a través de una suma cierta, líquida y exigible la cual se encontraba contenida en el literal “A” del precitado acuerdo, y que fue incrementada, siendo este el unido aspecto que fue objeto de revisión por cuanto los demás complementos establecidos en el acuerdo en los literales B, C, D, E Y F se mantienen vigentes como se estableció en la parte motiva de la sentencia y que conforme al principio de la unidad se tienen como ratificados en forma íntegra, y así de establece.

En lo atinente al cumplimiento de las modificaciones especiales para las épocas escolares y decembrinas de cada año respectivamente, y así se establece.

Queda así aclarada y ampliada la sentencia dictada en fecha 26 de mayo de 2009, dictada por esta Corte Superior... En consecuencia, téngase la presente providencia como complemento y parte integrante de la Sentencia del recurso que nos ocupa. Expídase copias certificadas de la sentencia dictada de la diligencia donde se solicita aclaratoria y del presente decreto a los firmes legales consiguientes. Publíquese, regístrese.

Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Corte Superior Segunda del Circuito Judicial... En Caracas a los veintisiete (29) días del de julio de del dos mil nueve (2009)... "

 

Al respecto, argumentó: “basta solamente confrontar la sentencia definitivamente firme (Anexo B), con la supuesta aclaratoria y ampliación (Anexo C), para percatarse inmediatamente que la Corte procedió de manera ostensible y grotesca a modificar sustantivamente la primera. En efecto, cabe recordar que la obligación de manutención aparece definida en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Así: ‘La obligación de manutención comprende lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención medica, medicinas, recreación y deporte, requeridos por el niño y el adolescente’."

“De modo, pues, que –sostuvo- no se requiere realizar ningún tipo de interpretación para entender cabalmente que la obligación de manutención es una noción compleja, por estar integrada por varios atributos cuyo cumplimiento implica que en dinero o en especie el obligado proporcione al niño lo suficiente, en el marco de su capacidad económica, para que este vea satisfecha todos los atributos de dicha obligación, sustento, vestido, etc. desde la vigencia de la Ley Tutelar del menor ha venido privando una tesis que conduce a postular que con el treinta por ciento (30%) del sueldo o de las percepciones mensuales del obligado, se cumple la obligación de manutención, por supuesto incluyendo todos los atributos enumerados en el citado precepto legal. Por lo demás esta tesis está informada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que vale la pena recordar son principios generales del derecho”.

Apuntó que así lo entendió “la Corte Superior Segunda en su sentencia definitivamente, teniendo en cuenta las condiciones económicas de mi mandante, al fijarle una obligación de manutención de 7,4 salarios mínimos urbanos mensuales, pues reconoció que ‘el monto fijado por la obligación equivale al ( 0,30 aprox.) de lo percibido mensualmente por el obligado’. Que esa estimación y fijación estuvo fundamentada en el hecho también reconocido en la sentencia, de "la existencia de otra carga familiar constituida por la niña (…) (P. 23 del fallo), que no vive con él, y con la cual tiene que cumplir igualmente con la obligación de manutención. Más aún, en la sentencia definitivamente firme la Corte sentencia para el futuro. Pues impone el deber de corrección monetaria, al establecer que el monto de la obligación alimentaría ‘será incrementando automáticamente los primeros días del mes de enero de cada año... teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela’. Además a la referida fijación mensual debe añadirse la bonificación especial equivalente a 7.4 salarios mínimos urbanos, que debe cancelar el obligado en los periodos vacacionales y decembrino.

Que ante la contundencia de los términos de la sentencia, expresó que no había dudas de que la voluntad de la ley, expresada en el fallo, “…fue fijado el monto de la obligación de manutención, conceptuada ésta en los términos en que aparece definida en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, es decir con todos los atributos que la integran (sustento, vestido, alimentación, etc.) pues es dable pensar que 7.4 salarios mínimos urbanos mensuales que en el mes de mayo de 2009 se correspondía con 6500 bolívares, mas las bonificaciones especiales vacacionales y decembrinas, bastan, desde luego, si se administran eficientemente, como debe ser, para dar cumplimiento a dicha obligación, máxima si se tiene en cuenta que la madre es una abogada en ejercicio y con propiedades de bienes inmueble s que le producen rentas, a quien también le corresponde cumplir una parte de la obligación de manutención. Solo a titulo ilustrativo acerca de lo que implica la administración correcta de la cantidad fijada, téngase en cuenta que un profesor universitario titular a tiempo completo, después de veinte (20) años de servicio devenga un sueldo de tres mil seiscientos bolívares (Bs. 3600) mensual”.

De allí, pues, -insistimos- en que “…la voluntad expresada en la sentencia definitivamente firme, fue fijar el monto de la obligación alimentaria integral sobre la base de la definición contenida en el citado artículo 365 de la LOPNA, lo cual por lo demás se encuentra claramente reflejada en la parte dispositiva, sin estar sometida a ninguna condición. Sin embargo, la misma Corte recurrida a (sic) una supuesta aclaratoria y ampliación, añade el referido monto de la obligación de manutención, el pago de unos gastos, todos comprendidos en la noción legal de la obligación de manutención, que naturalmente no figuraban para nada en la parte dispositiva del fallo, a saber: a) una póliza de seguros caracas, b) la cancelación de las mensualidades del colegio del niño en el Colegio San Francisco de Asís, c) el pago de los gastos médicos y odontológicos no cubiertos por la referida póliza, d) entregarle un apartamento en usufructo, y e) cancelar lo correspondiente a los gastos de condominio de dicho apartamento”.

Que “…desde cualquier perspectiva en que se coloque cualquier operador jurídico, deberá convenir sin ningún género de duda que la Corte al añadir ese conjunto de gastos, incurrió en una grotesca modificación a la parte dispositiva de la sentencia definitivamente firme que había dictado el 26 de mayo de 2009. Inclusive principios de lógica elemental así lo demuestran, porque si nuestro representado pudiere pagar el monto de la obligación de manutención fijado en 7.4 salarios mínimos urbanos en los términos antes indicados, mas la obligación de manutención de la otra hija, mas la serie de conceptos añadidos en la "aclaratoria y ampliación", evidentemente que sobrepasaría lo que la Corte estimó percibía mensualmente, esto es, veinte mil bolívares (Bs. 20.000), visto que declaró que seis mil quinientos bolívares equivalían aproximadamente al treinta por ciento de ese monto, loo (sic) que lo colocaría en un virtual estado de indefensión vital, caso en el cual la decisión carecerá de razonabilidad y de proporcionalidad, resultando de imposible ejecución. En fin, queda claro que la decisión de la Corte es la contenida en la sentencia definitivamente firme, y que la denominada ‘aclaratoria y ampliación’ es una modificación de la parte nuclear de dicho fallo... esto es, de su parte dispositiva”.

Por otra parte, se refirió al “apartamiento realizado por la Corte Superior Segunda, en su sentencia, de la interpretación de la Constitución contenida en varios fallos de esta Sala, acerca del plazo para admitir válidamente, las solicitudes de aclaratoria y ampliación”. En este sentido, expuso que “…a raíz de una sentencia dictada por la Sala de Casación Social el 18 de marzo de 2000, sobre la base de la interpretación del artículo 49, numeral 1 y 3 de la Constitución, consagrados en los atributos del derecho al debido proceso denominados derecho a la defensa, y derecho a ser oído en cualquier clase de proceso respectivamente, inaplicó el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en lo concerniente al lapso fijado en dicho precepto legal (el mismo día de publicada la sentencia o el siguiente), para solicitar aclaratoria y ampliaciones de sentencias, en virtud de que consideró que el lapso razonable era el mismo que el aludido Código Prevé para la apelación de la sentencia o para anunciar el recurso de casación, según el caso. Como es de imaginarse esta interpretación, ‘según la Constitución’, en términos de la Sala de Casación Social, causó un grave revuelo en los medios forenses, porque aparentemente favorable a las partes, abría una senda a la inseguridad jurídica”.

Que por ello la Sala Constitucional en la primera oportunidad en que se solicitó una aclaratoria de una de sus sentencias, invocando el mencionado criterio, en el fallo No. 566 del 20-06-2000, interpretó cabalmente el derecho al debido proceso y declaro:

"Previo estudio de la sentencia cuya aclaratoria se requiere, y de las solicitudes formuladas, esta Sala de seguida pasa a pronunciarse, previa las siguientes consideraciones:

En primer término, con respecto a la solicitud de aclaratoria formuladas en fecha 5 y 10 de abril del año 2000, por el abogado Reinaldo Echenagucia, la Sala observa que las mencionadas solicitudes fueron interpuestas extemporáneamente. El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil dispone textualmente:

            ‘Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocada ni reformada el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y ratificar los errores de copia, de referencia a los cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaratorias ampliaciones las solicite alguna de las artes en el día de la publicación o en el siguiente" (Subrayado de la Sala)’.

…”

Conforme a lo señalado, en virtud que la sentencia cuya aclaratoria se solicita fue publicada en fecha 24 de marzo del año 2000, y que consta en el expediente que las solicitudes de aclaratoria no fueron formuladas ni el día de publicada la sentencia, ni el siguiente, las mismas son inadmisibles, de conformidad con la disposición procesal citada, y así se declara”.

 

Señaló entonces la apoderada judicial del solicitante que la “…doctrina vinculante de la Sala Constitucional ha devenido pacífica, en virtud de que fue reiterada en las sentencias 816 de 20-07-­2000 y 6 de 24-01-2001, y hasta la presente fecha no ha sido modificada. Pues bien, consta en autos, y así se admite en el ‘decreto’ de aclaratoria y ampliación emanado de la Corte Superior Segunda antes identificada, que la ciudadana Fedra Richer Miranda Hernández, presentó su solicitud de aclaratoria y ampliación el 20 de julio de 2009, cuando había transcurrido cincuenta y cuatro (54) días después de haber sido publicada la sentencia (26-05-2009). Sin embargo, frente a este acto objetivo e incontrovertible, la referida Corte Superior Segunda, la admitió, declarándola además procedente. Por consiguiente, también resulta objetivo que el aludido órgano jurisdiccional se APARTO (sic) de la doctrina vinculante contenida en la sentencia de esta Sala Constitucional, antes transcripta, así como de las otras sentencias enunciadas contentivas de la misma tesis interpretativa constitucional, razón por la cual la sentencia definitivamente firme antes identificada, de la cual forma parte la aludida ‘aclaratoria’ y ‘ampliación’, resulta susceptible de ser revisada por la Sala Constitucional”.

Que “…el encuadramiento de la sentencia y su ‘aclaratoria y ampliación’, de la Corte Superior Segunda del Circuito judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la tipificación (numero 3 y 4), contenida en el fallo de la Sala Constitucional transcripto. Cabe recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva, a diferencia de los derechos de libertad, que exigen la abstención o la no injerencia de los Poderes Públicos, verbigracia la libertad personal, es un derecho prestacional, porque exige a los jueces una actuación compatible con el texto constitucional. Por tanto, éstos no sólo deben admitir los recursos y demandas, así como decididos oportunamente, sino también respetar el principio de la intangibilidad de la cosa juzgada, para lo cual están obligados a interpretar acertadamente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, o en todo caso a respetar las interpretaciones realizadas por la Sala Constitucional. La interpretación acertada comporta la prohibición de obviar la norma constitucional aplicable, o sea, decidir ignorando la norma constitucional aplicable al caso”.

Que “precisamente esa fue la conducta que de manera ostensible desarrolló la Corte al dictar la sentencia que recurr[e] en revisión, como quedó demostrado en el acápite anterior. En efecto, ese órgano jurisdiccional revisó su propia sentencia que tenía el carácter de definitivamente firme y procedió a modificarla en su parte dispositiva en el sentido antes indicado, tal como se desprende inequívocamente del ‘decreto’ (sic) de ‘aclaratoria’ y ‘ampliación’, que pasó a formar parte del fallo modificado. Ahora bien, al actuar de esa manera obvió por completo la interpretación del artículo 26 de la Constitución, del cual se desprende inequívocamente, como demostramos en el acápite 3.1. el principio de intangibilidad de las sentencias definitivamente firmes, que impone una prohibición categórica y absoluta de modificar las sentencias definitivamente firmes, es decir, la cosa juzgada. Es claro que si la Corte no hubiese obviado la interpretación del referido precepto constitucional, lo que queda demostrado porque en la ‘aclaratoria’ y ‘ampliación’, no se hace ni la mas mínima alusión al mismo, jamás hubiese podido modificar la sentencia definitivamente firme, como efectivamente lo hizo”.

Que “…igualmente obvió la interpretación del artículo 49, numeral 7 de la Constitución, que en criterio de esta Sala contenido en la sentencia (CORPOTURlSMO), ya transcripta, recoge el principio de la inquebrantabilidad del principio de la cosa juzgada, pues igualmente si no hubiese incurrido en ese grave error nunca habría revisado la sentencia definitivamente firme, como lo hizo, y mucho menos modificado sustancialmente su parte dispositiva, es decir, no podría ha ver (sic) lesionado la cosa juzgada”.

Que “por otra parte, la Corte Superior Segunda ya identificada, al admitir la solicitud de aclaratoria y ampliación cincuenta y cuatro (54) días después de haber sido publicada la sentencia definitivamente firme, SE APARTO de la interpretación constitucional (doctrina vinculante), contenida en la sentencia de esta Sala antes transcripta”.

            En conclusión –señaló-, “la sentencia de la cual solicito revisión constitucional encuadra en los tipos de fallos enumerados en la sentencia CORPOTURlSMO, concretamente en los identificados con los números 3 y 4, susceptibles de ser sometidos a ese mecanismo extraordinario de revisión constitucional, por haber obviado la Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al momento de ‘aclarar’ y ‘ampliar’ la sentencia definitivamente firme, la interpretación de los artículos 26, consagratorios del derecho a la tutela judicial efectiva, y 49, núm. 7 (sic), consagrado- torio (sic) del principio de la inquebrantabilidad de la cosa juzgada, ambos de la Constitución, y haberse APARTADO de la indicada Doctrina vinculante de la Sala Constitucional en materia de admisibilidad de aclaratoria y ampliación de sentencias”.

Por las razones expuestas solicitó que se admita la presente solicitud y se declare con lugar en la definitiva, y por consiguiente “se anule la sentencia recurrida con los pronunciamientos de Ley”.

 

II

DEL FALLO IMPUGNADO

 

Se pretende la revisión de la sentencia dictada, el 26 de mayo de 2009, por la Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, y su ampliación del 27 de julio del mismo año.

La primera de dichas decisiones fue dictada en los siguientes términos:

“Se evidencia tal y como lo alegan ambas partes en sus escritos, que la recurrida no valoró las pruebas promovidas por las partes en el juicio, en la oportunidad legal correspondiente, y solo se limitó a señalar:

‘…Ahora bien, analizados los argumentos de oposición a la admisión de las pruebas promovidas por la parte actora, habiendo prosperado algunas y otras no, esta Jurisdicente ha de declarar, en lo que atañe al fondo del mérito de este asunto, la solvencia e incuestionable capacidad económica del demandado que resalta a todas luces, no sólo de la capacidad productiva de las empresas que le pertenecen al mismo, sino de las múltiples adquisiciones de propiedades o bienes inmuebles que en distintas partes de este país, el demandado ha venido haciendo y de cuyas pruebas corren a todas las piezas del presente asunto las copias simples, certificadas no impugnadas de los documentos públicos que lo ratifican así y a los que esta Juez les otorga pleno valor probatorio y así se establece.-

Sería inoficioso y redundante por formalismo puro que la aquí suscribiente entrara a analizar todos y cada uno de los documentos públicos no impugnados ni tachados por la parte demandada, que demuestran compra-venta de inmuebles, muebles, maquinarias, celebración de contratos de construcción mil millonarios etc., por parte del demandado, cuando a las tres (03) piezas que conforman esta causa, sobran las evidencias de una capacidad económica por parte del mismo casi excepcional y como muestra de la misma solamente se procederá a tomar en cuenta, el incremento del capital social que surtió efectos sobre la compañía empresa Constructora Inarprocom C.A., de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES a TRECE MILLONES Y MEDIO DE BOLÍVARES FUERTES (folio 242 y vto. Pieza I), para dar por sentado lo plasmado en el aparte anterior y así se decide.- (resaltado de esta Alzada)

 
De lo anteriormente trascrito se desprende que la recurrida, incurrió en el vicio de silencio de pruebas, al no otorgar en forma categórica el valor asignado a cada una de ellas.

En este sentido podemos citar la obra de (…omissis…)

 
En este mismo orden de ideas, nos acogemos al criterio de la sentencia de fecha 07 de marzo de 2002, proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo:

‘…Ha sido criterio sano y pacífico de la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia y de esta Sala de Casación Social, que el vicio de silencio de pruebas en el cual incurre el Juez cuando omite cualquier mención de alguna prueba que cursa al expediente, o que refiriendo su existencia no sea analizada, es un defecto de actividad del sentenciador por no exponer las razones de hecho y de derecho en que fundamenta se desición, quebrantando el deber contenido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil…’


Así como el de la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2005, de la misma Sala, caso Felix Canelón vs. Manufacturas Shaw South América:

‘…Previamente debe señalarse que tal y como lo ha dicho esta Sala, que uno de los supuestos del Vicio de Inmotivación por Silencio de Pruebas es el hecho de que la recurrida omita de manera total o parcial el análisis sobre una o todas las pruebas promovidas, por lo que en este sentido los jueces tienen el deber inpretermitible de examinar cuantas pruebas se han aportado a los autos para de esta manera no incurrir en la violación de la regla general del examen de las pruebas previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil…’

 
Ahora bien, como quiera que la recurrida no efectuó el correspondiente análisis probatorio, lo que trae como consecuencia una imprecisión del fallo, por lo cual es menester para esta Alzada, concluir que el vicio en que incurrió la recurrida en su sentencia definitiva, trae como consecuencia procesal su Nulidad por silencio de pruebas, la cual se declara en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 243.5 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

IV

Esta Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, procede a dictar sentencia sobre el mérito de la pretensión contenida en la presente acción de Revisión de Obligación de Manutención, en los siguientes términos:

En cumplimiento del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa esta Alzada a referir la síntesis de los términos en que ha quedado planteada la controversia, y en tal virtud observa:

Alegó la parte actora en su escrito libelar y en la reforma del mismo que según se evidencia de la solicitud de Ofrecimiento de la Obligación de Manutención, homologada por el Juez Unipersonal IV del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta misma Circunscripción Judicial, se acordó una obligación de manutención entre su persona y el ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ, para su hijo (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

Que hace tres años que el progenitor se niega a aumentar el monto de la obligación de manutención contenido en el punto ‘A’ del convenio suscrito por ambos, siendo infructuosas todas las gestiones que ha realizado para ello, por ser insuficiente esa cantidad para el mantenimiento y sostén de su hijo, corriendo por su cuenta, todos los gastos de alimento, luz, teléfono, cable tv, gastos eventuales del colegio, transporte escolar, consultas médicas regulares y de emergencia, farmacia, barbería, recreación, cumpleaños, vacaciones, los gastos extra en los meses de septiembre y diciembre, así como otros gastos extras que surgen de improviso y otras eventualidades.

Que el padre goza de buena posición económica, y que tiene ingresos suficientes para cubrir las necesidades del hijo en común aunque le haya garantizado la vivienda y parte de la educación, esto no es suficiente para cubrir sus necesidades y el nivel social en el que se desenvuelve el niño.

Que por las razones antes expuestas solicita sea modificado el monto del punto ‘A’ del convenimiento relativo a la cantidad dineraria, suficiente a la necesidad e interés superior del niño y en búsqueda de mantener en igualdad de condiciones la calidad de vida económica que goza el padre respecto a su hijo, por lo cual debe ser fijada en una suma de Seis Mil Quinientos Bolívares (Bs. 6.500,00), previéndose su ajuste el primero (1°) de enero de cada año, en forma automática y proporcional a la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela o en su defecto al porcentaje que pudiera decretar el Ejecutivo Nacional en los aumentos salariales de cada año, así como acordar adicionalmente las bonificaciones de los meses de julio y diciembre de cada año, por el doble de la misma cantidad señalada. Asimismo solicitó se mantengan vigentes los otros beneficios y condiciones acordadas entre las partes en su Convenimiento de obligación de manutención.

Que en el ofrecimiento de obligación de manutención efectuado por el progenitor, siendo posteriormente homologado por la autoridad judicial competente, se estableció entre las partes lo siguiente:

‘…A.- En dinero en efectivo la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 180.000,00) mensuales.

B.- Una póliza de seguro en la Empresa Seguros Caracas (…)
C.- A cancelar lo correspondiente a la cuota del Colegio Bambi King, ubicado en la Trinidad y una vez mudados a Terrazas del Ávila, le tengo reservado el cupo en el Colegio San Francisco de Asís, ubicado en Los Palos Grandes (…)
D.- A sufragar los gastos médicos y odontológicos que no cubra la póliza antes mencionada.
E.- Entregarles un apartamento de mi propiedad para su uso y disfrute, a fin de que fijen su residencia en el mismo (…)

F.- A cancelar mensualmente lo correspondiente a los gastos de condominio de dicho apartamento. (…)

Por su parte, el ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ, contestó la demanda incoada en su contra, en los siguientes términos:

‘…PRIMERO. Es cierto que de una relación que sostuve por corto tiempo con la ciudadana FEDRA RICHER MIRANDA HERNÁNDEZ, procreamos un hijo que lleva por nombre (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) (…).

SEGUNDO: Es cierto que en el acuerdo homologado el 31/01/2005 por el Juez Unipersonal N° 4 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se estableció como parte del monto que por concepto de Obligación de Manutención debía aportar a mi hijo (…) en la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLÍVARES MENSUALES (Bs. 180.000,00), en la actualidad ciento ochenta bolívares fuertes.

TERCERO: Es falsa la afirmación de la progenitora que yo me niego a aumentar el monto de la Obligación de Manutención (…). Con respecto a esta aseveración, manifiesto al Tribunal que NIEGO Y RECHAZO categóricamente que desde hace 3 años no haya aumentado la obligación de manutención establecida en el acuerdo homologado al cual ya hice referencia, y asimismo niego y rechazo que sea única y exclusivamente la ciudadana (…) quien corra con los gastos de manutención del niño Carlos Aníbal, pues soy yo quien, en mi condición de obligado alimentario, hasta los actuales momentos he suministrado todo lo necesario para el sustento de nuestro hijo (…), siendo totalmente falsos los argumentos esgrimidos por la actora en mi contra, por cuanto de manera puntual y consecuente cancelo los gastos que a continuación y con detalle señalo y demuestro con los documentos que consigno con el presente escrito (…)
3.1. la ciudadana (…) habita junto con nuestro hijo en un inmueble constituido por (…) y del cual cancelo el condominio (…) como puede observarse, los montos que he cancelado por ese concepto varían de mes a mes, de allí que incida en la modificación del quantum de la obligación de manutención establecida en parte en 180,00 Bs. F, y que yo asumo, independientemente de los demás gastos que debo cubrir tales como colegio, recreación, ropa, calzado, gastos médicos, entre otros, y ello es así en virtud de mi decisión de evitar que dichos pagos no se hagan oportunamente, de tal manera que la progenitora no tenga que preocuparse por realizar los pagos (…) sumamente elevados aunado a que las cantidades no son constantes. En este sentido (…) pido que se mantenga vigente, para que como ya le he manifestado, sea cancelado de manera oportuna y puntual como hasta ahora lo he venido haciendo (…)

3.2. No es verdad que los gastos de alimentación solamente corran por cuenta de la progenitora (…) pues yo mensualmente realizo las compras correspondientes a meriendas, chucherías y cancelo mensualmente la cantidad de Bs. 179,00 por concepto de comedor en el Colegio San Francisco de Asís, por cuanto mi hijo (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) desayuna, almuerza y merienda en el colegio, ya que ingresa a las 7:00 a.m. y egresa a las 5:00 p.m., del mismo día.

3.3. En cuanto a la afirmación de la ciudadana (…) de que ella es quien cancela la TV por suscripción, considero que es justo que lo haga ya que el mismo es para la distracción de ella y de su hija mayor, por cuanto el niño (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) se mantiene todo el día en el colegio y tiene suficientes juguetes con que distraerse, y no considero que sea algo indispensable en la vida de una persona, todo lo contrario, una información mal canalizada puede causar perjuicio en la conducta del niño.

3.4. Niego y rechazo la afirmación hecha por la actora en la cual señala que es ella quien cancela los gastos eventuales del colegio por ser falso, ya que el pago de la inscripción en el preescolar (Bambi Kids), correspondiente al año lectivo (2000-2005) fue sufragado íntegramente por mi persona igual que las cuotas mensuales durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2004 y desde el mes de enero a junio del año 2005 (…). De igual forma manifiesto que he sido yo quien inscribió a (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes)en el Colegio “San Francisco de Asís” (…) y he venido cancelando las matriculas mensuales, y en la actualidad cancele en su totalidad el año escolar 2008-2009, en relación con el pago de la sociedad de padres y representantes, soy yo quien puntualmente las sufraga, (…) también consta que corren por mi cuenta el pago correspondiente a las actividades extra cátedra que realiza (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) (…) en el horario comprendido entre la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m., y que se describen a continuación: tareas dirigidas, karate, tenis y fútbol, laboratorio de computación y laboratorio de idiomas, entre otros, además del seguro escolar y Rescarven.

3.5. Es totalmente falso el hecho aludido por la actora sobre que es ella quien corre con los gastos correspondientes al transporte escolar, pues he sido yo quien contraté (…) los servicios (…) realizando los depósitos correspondientes (…) hasta que la señora Miranda tomó la decisión de sacarlo del transporte alegando que por cuanto ella le había comprado un auto a su hija mayor, lo podía recoger en el colegio,(…) aún y cuando (..) le obsequié un vehículo (…) que muy bien puede utilizar para trasladar al niño al colegio y para movilizarse con el mismo a cualquier lugar, que fue mi intención en el momento de adquirir el referido vehículo (…).
3.5 Es absolutamente falso que la ciudadana FEDRA (…) cancele los gastos generados por consultas médicas regulares de emergencia y farmacia, puesto que consta de los contratos (…) correspondientes a las empresas aseguradoras (…), por lo que niego y rechazo que la actora se atribuya tales gastos, puesto que fui yo quien amparé a (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes)con sendas pólizas de seguro tanto a nivel nacional como internacional (…)

3.6. Niego y rechazo el alegato de la progenitora que ella sufraga los gastos de vacaciones, pues dichos gastos corren todos por mi cuenta (…) se evidencia que mis dos hijos (…) han viajado a la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos de Norteamérica en mi compañía, así como en las vacaciones de semana santa, carnaval y decembrinas solemos ir mis dos hijos y yo a la Isla de Margarita (…)  
3.7. No es cierto ciudadana Juez lo señalado por la actora que no aporto las cuotas especiales de los meses de septiembre y diciembre de cada año, por lo que niego y rechazo esa afirmación toda vez que desde el año 2005 hasta el año 2008 he contribuido con el pago de las mismas, pues como ya lo mencioné en el numeral 3.4, me comprometí a sufragarlos y lo he venido cumpliendo como lo establece el ítem “C” del acuerdo homologado en fecha 31/03/2005, ya que soy yo quien ha inscrito a (…) en el Colegio y cancelo la matrícula escolar hasta los actuales momentos, así como los útiles escolares y uniformes, además de que en diciembre le compro toda la ropa que necesita y los juguetes del niño (…).       
3.8. Niego y rechazo el alegato de la madre de mi hijo (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en el cual señala que es ella quien cancela los gastos extras que surgen de improviso y otras eventualidades, por no ser cierto, ya que siempre que la madre lo requiere (…) le entrego las cantidades de dinero que sean necesarias para ello, y en el supuesto negado de que lo realizara no hace más que cumplir con su obligación ya que también tiene el deber de sufragar algunos gastos. (…)


DE LAS PRUEBAS


Conjuntamente con su escrito libelar, la actora consignó:

• Copia certificada del acta de nacimiento signada con el Nro. 1667, expedida por la Primera Autoridad Civil del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha 06 de septiembre de 2000, a nombre del niño (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), (Folio 12), la cual posee pleno valor probatorio, por tratarse de un documento público, que en ningún momento ha sido desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, 1360, 1380 y siguientes del Código Civil, en concatenación con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 429, 438 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. De modo que, hace plena prueba del vínculo de filiación existente entre los ciudadanos ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ y FEDRA RICHER MIRANDA HERNÁNDEZ, respecto al niño (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), a los fines exigidos en el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, del mismo modo, evidencian la cualidad de la requirente como legitimada activa para intentar la presente demanda en representación de su hijo, en los términos previstos en el artículo 376 Ejusdem. Y así se declara.

• Copia certificada de documento notariado, autenticado por ante la Notaría Pública Octava del Municipio Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, de fecha 05 de mayo de 2005, mediante el cual la ciudadana FEDRA RICHER MIRANDA HERNÁNDEZ, presenta copias del Ofrecimiento de Obligación de Manutención que realizara el ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ, a favor de su hijo (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), y lo acepta en todas y cada una de sus partes, solicitando su Homologación por el tribunal competente, (folios 13 al 16), documento al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos autenticados tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429. Y así se establece.

• Copia certificada de documento de compra venta de tres lotes de terreno ubicados en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, a nombre del ciudadano Aníbal Guillermo Aponte Pérez, autenticado por ante la Notaría Pública Trigésima Novena del Municipio Libertador, en fecha 06 de noviembre de 2000; y posteriormente otorgado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del estado Nueva Esparta en fecha 11 de marzo de 2002, (folios 17 al 25), al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos públicos, tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429; así como de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, y 1360 del Código Civil. Y así se establece.

• Copia certificada de documento de compra venta de un inmueble constituido por un apartamento ubicado en Porlamar, Nueva Esparta, a nombre del ciudadano Aníbal Guillermo Aponte Pérez, autenticado por ante la Notaría Pública Trigésima Novena del Municipio Libertador, en fecha 13 de noviembre de 2000; y posteriormente otorgado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del estado Nueva Esparta en fecha 22 de marzo de 2001, (folios 26 al 30), al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos públicos, tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429; así como de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, y 1360 del Código Civil. Y así se establece.

• Copia certificada de documento de compra venta de un inmueble constituido por un apartamento ubicado en la Urbanización La California, Municipio Sucre, Parroquia Petare del Estado Miranda, a nombre del ciudadano Aníbal Guillermo Aponte Pérez, protocolizado en fecha 11 de mayo de 2001, por ante el Registro Subalterno del Municipio Sucre del Estado Miranda, (folios 34 al 37), al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos públicos, tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429; así como de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, y 1360 del Código Civil. Y así se establece.

• Copia certificada de documento de compra venta de un inmueble constituido por un apartamento ubicado en la Urbanización La Alameda, Municipio Baruta del Estado Miranda, a nombre del ciudadano Aníbal Guillermo Aponte Pérez, protocolizado por ante el Registro Subalterno del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 22 de noviembre de 2000, (folios 39 al 42), al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos públicos, tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429; así como de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, y 1360 del Código Civil. Y así se establece.       
• Documento de compra venta de un inmueble constituido por un apartamento ubicado en la Urbanización la Urbina Norte, (Terrazas del Ávila), Parroquia Petare, Municipio Sucre del Estado Miranda, a nombre del ciudadano Aníbal Guillermo Aponte Pérez, protocolizado por ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 22 de diciembre de 2004, (folios 43 al 47), al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos públicos, tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429; así como de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, y 1360 del Código Civil. Y así se establece.

• Copia certificada de documento de compra venta de un inmueble constituido por un apartamento, ubicado en la Urbanización Guaicay, Municipio Sucre del Estado Miranda, a nombre del ciudadano Aníbal Guillermo Aponte Pérez, autenticado por ante la Notaría Pública Vigésima Quinta (15ta) del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 15 de junio de 2005, (folios 49 al 53), documento al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos autenticados tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429. Y así se establece.

• Copia certificada del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, protocolizada ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 30 de enero de 2004, (folios 54 al 58), al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos públicos, tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429; así como de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, y 1360 del Código Civil; de la cual se evidencia entre otras cosas el aumento del capital social de la empresa. Y así se establece.

• Copia certificada del documento constitutivo de la Empresa Constructora Inarprocon C.A., de fecha 05 de septiembre de 2001, protocolizada ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 30 de enero de 2004, (folios 59 al 84), al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos públicos, tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429; así como de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, y 1360 del Código Civil; y del cual se evidencia entre otras cosas, que el cien por ciento (100%) del capital social esta (sic) representado por el ciudadano Aníbal Guillermo Aponte Pérez.

Y así se establece.

Posteriormente con su escrito de reforma de la demanda, la parte actora consignó:
• Copia certificada de la sentencia que por motivo de Acción Mero Declarativa, dictara el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta misma Circunscripción Judicial, (folios 108 al 126), a la cual se le otorga valor de documento público y plena prueba de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, y de la cual se desprende entre otros que existe entre las partes un juicio pendiente por otra causa ajena al presente procedimiento la cual no guarda relación directa con lo que aquí se ventila, por lo que se desecha dicho documento. Y así se declara.          
• Copia certificada de documento notariado, autenticado por ante la Notaría Pública Octava del Municipio Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, (folios 127 al 130), el cual fue valorado anteriormente. Y así se establece.

Con su escrito de contestación, la parte demandada consignó una serie de pruebas, las cuales por su cuantía fueron ubicadas en un cuaderno separado denominado anexos presentados por la parte demandada, los cuales son los siguientes:
• Recibos de condominio pagados, correspondientes al apartamento ubicado en Residencias Ávila Jade, en el cual habitan la actora junto a su hijo, (folios 05 al 25), los cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copia fotostáticas de documento notariado, autenticado por ante la Notaría Pública Octava del Municipio Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, (folios 27 al 30), el cual fue valorado anteriormente. Y así se establece.

• Recibo y Tarjeta de control de pagos del Preescolar “J.M. Alfaro Zamora”, Bambi Kids, (folios 31 al 34), los cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Relación de pago, facturas, recibos, circulares de reinscripción y de actividades complementarias de la U.E. Colegio San Francisco de Asís (folios 35 al 45), los cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Constancia de estudio suscrita por la directora de la U.E. Colegio San Francisco de Asís, a nombre del alumno Carlos Aníbal Aponte Miranda, de fecha 18 de Junio de 2008, (folio 47), la cual se desecha en virtud de ser un documento privado emanado de un tercero que debió ser ratificado en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de recibos de pago de la U.E. Colegio San Francisco de Asís (folios 51 al 74), los cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de vouchers de pago de las entidades bancarias Banco Mercantil, BOD y Federal, (65 al 68, 72, 73 y 77 al 89), para su valoración se acoge el criterio establecido por la Magistrado ISBELIA PEREZ DE CABALLERO, en Sala de Casación Civil, mediante sentencia de fecha 20 de diciembre de 2005, en la cual señala:

‘…Esto permite concluir, considerando que el demandante es el titular de la cuenta y, el depositante el accionado, que los depósitos bancarios que cursan en autos no son documentales propiamente emanadas de un tercero.

Por el contrario, esta Sala estima que los mismos encuadran dentro de los medios probatorios llamados tarjas, los cuales por encontrarse incluidos en el capítulo V, Sección I, del Código Civil, en su artículo 1.383, encuadran en el género de prueba documental…

Es preciso destacar igualmente, que los depósitos bancarios vistos como documentos-tarjas no puede considerarse documentos públicos, por cuanto en su formación no interviene ab initio, un funcionario público o particular facultado para dar fe pública por ley. Este documento nace privado y en su contenido constan símbolos probatorios capaces de demostrar su autoría y, por ende, su autenticidad.
Una característica particular de las tarjas y de los depósitos bancarios, es que los mismos carecen de la firma de su autor, recordemos que se trata de un documento que se forma por la intervención de dos personas, por una parte el banco y por la otra el depositante, lo que podría dificultar la determinación de su autoría, pues el banco se limita a imprimir electrónicamente la validación, mediante un grupo de números, signos y señas, por otro lado, le imprime a la tarja un sello húmedo con el símbolo y nombre del banco, no impide que ello ocurra, por cuanto los símbolos probatorios que constan en su contenido, son capaces de permitir la determinación de su autoría.

Las consideraciones expuestas permiten concluir que los depósitos bancarios no constituyen documentos emanados de terceros, sino tarjas, lo cual evidencia que el formalizante no tiene razón al haber afirmado que era necesaria su ratificación mediante prueba testimonial, la cual ha debido ser promovida en el juicio…”
En virtud de lo anteriormente expuesto, y por cuanto se trata de Tarjas, medio eficaz capaz de dar fe de su contenido que en ningún momento fueron impugnados ni desconocidos por la parte actora, se les da valor probatorio, conforme a lo establecido en el artículo 1.383 del Código Civil, y de los cuales se desprende que el progenitor ha venido cumpliendo con su obligación de manutención. Y así se establece.

• Certificación de origen del vehículo placa MDK-67P, marca Hyundai, modelo Elantra, color beige, tipo sedan de uso particular, adquirido por la ciudadana Fedra Richer Miranda Hernández, (folio 91), el cual se trata de un documento administrativo expedido por un ente que tiene cualidad para su emisión, lo cual tiene el mismo valor probatorio que el documento público lo que hace plena fe de su contenido, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo se desecha por cuanto el mismo no está vinculado con la capacidad económica del progenitor y en tal virtud no aporta elementos para la fijación de la obligación de manutención. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de la póliza de seguro de la aseguradora Seguros Caracas de Liberty Mutual, signada con el Nro. 1-28-2235758, recibo de pago de la misma y carnets de acreditación como asegurado de la compañía BUPA Internacional Medical Insurance, e impresiones de consulta de siniestro, (folios 93 al 105), las cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de recibo de caja, recibos por concepto de consulta de pediatría, estado de cuenta de la póliza de seguro, (folios 107 al 110), los cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.      
• Copias fotostáticas de fotografías de viaje, (folios 113 y 114), las cuales se desechan, por no haber sido promovidas de conformidad con lo establecido el artículo 503 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copia fotostática de factura expedida por Centella Tours C.A., de fecha 22 de septiembre de 2008, (folios 115 y 116), la cual se desecha en virtud de ser un documento privado emanado de un tercero que debió ser ratificado en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de Tarjeta Andina de Migración, (folios 117 y 118), a las cuales se les da valor de documentos administrativos expedidos por un ente que tiene cualidad para su emisión, lo cual tiene el mismo valor que el documento público lo que da plena fe de su contenido, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de carnets de Socios del Valle Arriba Athletic Club, a nombre de el ciudadano Aníbal Aponte y de sus dos hijos, (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), (folio 120), los cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de los pasaportes de los niños (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), (folio 122 al 128), a los cuales se les da valor de documentos administrativos expedido por un ente que tiene cualidad para su emisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y de los cuales se evidencia que los niños han salido fuera del país. Y así se establece.         
• Copias fotostáticas de vouchers de depósitos efectuados en la Entidad Bancaria Banesco, (folios 132 al 179), los cuales se desechan por no ser claramente inteligibles tal como lo dispone el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de recibo de luz de fecha 06 de agosto de 2002, (folio 181), el cual se desecha en virtud de ser un documento privado emanado de un tercero que debió ser ratificado en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.       
• Copia fotostática del acta de nacimiento signada con el Nro. 361, expedida en fecha 21 de julio de 2004, por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital, a nombre de la niña (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), (folio 183), la cual posee pleno valor probatorio, por tratarse de un documento público, que en ningún momento ha sido desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, 1360, 1380 y siguientes del Código Civil, en concatenación con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 429, 438 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. De modo que, hace plena prueba del vínculo de filiación existente entre los ciudadanos ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ y JOSEFINA FERMIN FUENTES, respecto a la niña (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), y de la cual se evidencia la carga familiar del demandado respecto a su hija. Y así se declara.

• Copias fotostáticas de recibo a nombre de Aníbal Aponte, expedida por el Dr. Manuel Egea, solicitud de exámenes, facturas de exámenes del laboratorio Medis Lab C.A., así como del servicio de radiología del Grupo Médico Santa Fe C.A., factura expedida por Iluminación Madrid C.A., facturas a nombre de los ciudadanos Fedra Miranda y Aníbal Aponte, expedidas por Zetamobil C.A., (folios 185 al 193), los cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Recibos de compra en Polo Factory Childrens Store, Dragon´s Keep, Toy Outlet, (folios 195 y 196), los cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

• Copia fotostática de contrato de arrendamiento de un inmueble constituido por un apartamento ubicado en el Conjunto Residencias Parque Prado, donde figura como arrendatario el ciudadano Aníbal Aponte, autenticado por ante la Notaría Pública Octava (8va) del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 28 de agosto de 2006, (folios 199 al 208), documento al cual se le otorga el valor que se desprende de los documentos autenticados tal y como lo establece el Código Civil en sus artículos 1363 y 1365, de la cual se evidencia parte de los gastos en que debe incurrir el obligado alimentario. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de cheques y recibos de pago del Colegio San Francisco de Asís, (folios 210 al 224), los cuales se desechan en virtud de ser documentos privados emanados de un tercero que debieron ser ratificados en juicio mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

Posteriormente en el lapso legal correspondiente, la parte actora consignó:
• Copias fotostáticas de Actas de Asambleas de Accionistas de la Empresa Constructora Inarprocon C.A., protocolizadas ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, (folios 125 al 281), a las cuales se les otorga el valor que se desprende de los documentos públicos, tal y como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429; así como de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, y 1360 del Código Civil, de la cual se evidencia que el progenitor es el accionista mayoritario de dicha Empresa. Y así se establece.

• Copias fotostáticas de los expedientes signados con los números antiguos 76442, 74823 y 74822, numeración de la Sala 4 de Protección del Niño y del Adolescente, contentivos de los convenios que por Restitución de Custodia, Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia Familiar suscribieron los ciudadanos Aníbal Aponte y Fedra Miranda a favor de su hijo (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), (folios 282 al 329), a los cuales se les otorga valor de documentos públicos y plena prueba de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, y de los cuales se evidencia que los progenitores han acudido en mas de una oportunidad al órgano jurisdiccional, quedando judicialmente establecido lo atinente a la Obligación de Manutención, siendo ésta la que nos ocupa y no el Régimen de Convivencia Familiar ni la Restitución de Custodia, por lo cual se desecha la documentación correspondiente a éstas dos últimas. Y así se establece.      
DE LA PRUEBA DE INFORMES


• Cursa a los folios 175 al 177, comunicación remitida por la Empresa Universitas de Seguros C.A., mediante la cual informan las fianzas que le han sido otorgadas por dicha empresa aseguradora, a la compañía Inarprocon C.A., y los montos por los cuales fueron otorgadas, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil . Y así se establece.

• Cursa al folio 400, comunicación remitida por Valle Arriba Athletic Club, mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte es propietario de una acción desde el 26/12/2006, y la cuota asignada par el mantenimiento del Club es de Bs. 400,00), cancelada por domiciliación en la Tarjeta de Crédito del mismo, y aparecen su grupo familiar los niños (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.

• Cursa al folio 405, comunicación remitida por el Banco Mercantil, mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte, figura en sus registros como titular de la cuenta corriente N° 1031-53669-8, de status activa, y del crédito automotriz signado con el Nro. 21039570, cancelado en fecha 08/01/2001; comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.

• Cursa al folio 407, comunicación remitida por el Banco de Venezuela Grupo Santander, mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte, mantuvo con dicha Institución financiera las cuentas corriente y de ahorro Nros. 0102-0136-52-00-03558999 y 0102-0136-54-01-00006760, respectivamente, ambas canceladas en fecha 12/06/2002, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.

• Cursa a los folios 442 al 464, comunicación remitida por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, mediante la cual remiten las certificaciones de datos de los vehículos signados con los siguientes números de placas. AAB35G; 652ADM; 395SCAB; 97FABK; 37IGBB,17UAAA; 96FXAB; 80OABI; 85EVAP, 50TLAE; 64DGBB;05MABL; 09EDAV; 17TABL; 12FDAV; 13FDAV; 57NMBB; MEC91D; 63GABK; 76TEAE y 03BABH; propiedad de Aníbal Aponte, Constructora Martrasto C.A., Constructora Inarprocon C.A., Constructora Madleta C.A., y Constructora Ortapon C.A., respectivamente, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.

• Cursa a los folios 469 al 482, comunicación remitida por Banco Fondo Común, mediante la cual remiten movimientos de la cuenta Nro, 102-100265-1, la cual se encuentra cerrada desde el 03/04/2008, perteneciente al ciudadano Aníbal Aponte, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.

• Cursa a los folios 03 al 08 de la segunda pieza, comunicación remitida por el Director de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME), mediante la cual informan que la ciudadana Fedra Miranda, fue contratada el 14/08/2006 y se dio por terminada la relación laboral en fecha 21/11/2007, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.       
• Cursa a los folios 14 al 129 de la segunda pieza, comunicación remitida por el Banco Mercantil, mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte figura en sus archivos como titular de la cuenta corriente 1031-53669-8, de status activa y del crédito automotriz signado con el Nro. 21039570, cancelado en fecha 08/01/2001, así como de las cuentas de depósito que registran la Constructora Inarprocon C.A., Constructora Madleta C.A., y la Constructora Martrasto C.A., anexando los movimientos de dichas cuentas, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.
• Cursa al folio 139 de la segunda pieza, comunicación remitida por Banesco Banco Universal, mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte, aparece registrado en sus archivos como titular de la cuenta corriente Nro. 134-0375-92-3751029283, de status activa, así como de la tarjeta de crédito Master Card Nro. 5401-3930-0319-2534, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.
• Cursa a los folios 154 y 155 de la segunda pieza, comunicación remitida por el Banco Provincial, mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte no es cliente de dicha Institución Bancaria; sin embargo informan que existen tres cuentas corrientes a nombre de la Constructora Inarprocon C.A., comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.

• Cursa al folio 225 de la segunda pieza, comunicación remitida por el banco federal, mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte mantuvo con dicha Institución la cuenta corriente Nro. 0133-0033-07-1000008861, cancelada en fecha 01/06/2006, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.

• Cursa al folio 231 de la segunda pieza, comunicación remitida por el Banco Industrial de Venezuela, mediante la cual informan que la Constructora Inarprocon C.A., mantuvo con dicha Entidad una cuenta corriente signada con el Nro. 00030075680001012428, cancelada el 01/04/2002 y otra signada con el Nro. 00030017910001014392, la cual no refleja saldo y se encuentra inactiva, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.

• Cursa a los folios 232 al 278 de la segunda pieza, comunicación remitida por Banfoandes, mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte mantiene relación financiera con dicha Institución en virtud de ser la firma autorizada en las cuentas corrientes a nombre de las Constructoras Inarprocon, Madleta y Martrasto C.A, remitiendo anexo los movimientos de las mismas, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.

• Cursa a los folios del 280 al 349 de la segunda pieza, comunicación remitida por Banfoandes Banco Universal mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte es firma autorizada en las cuentas corrientes a nombre de las Constructoras Inarprocon, Madleta y Martrasto C.A, remitiendo anexo los movimientos de las mismas, la cual fue valorada anteriormente. Y así se establece.
• Cursa a los folios 15 al 18 de la tercera pieza, comunicación remitida por la entidad Bancaria Banesco Banco Universal, mediante la cual informan que el ciudadano Aníbal Aponte mantiene la cuenta corriente 134-0375-92-3751029283, así como la cuenta de ahorros 134-0389-99-3895494584, ambas inactivas, así como prestamos y cuentas corrientes de las Constructoras Inarprocon, Madleta y Martrasto C.A, respectivamente, comunicación a la cual se le otorga pleno valor probatorio en virtud de haber sido obtenida por prueba de informes tal y como lo establece el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil .Y así se establece.


De las pruebas de informes anteriormente señaladas se evidencia entre otras cosas que el ciudadano Aníbal Aponte, es accionista en las empresas Constructora Inarprocon C.A., Constructora Madleta C.A., y la Constructora Martrasto C.A., y específicamente del acta constitutiva de la empresa Constructora Inarprocon C.A, se evidencia que el obligado es el accionista mayoritario de la misma, la cual se encuentra económicamente solvente, según las comunicaciones remitidas por las Instituciones Bancarias del país, así como del acta de accionistas referente al aumento de capital de la misma, y del registro de vehículos adquiridos a nombre de dicha constructora, así como a nombre de las otras constructoras pertenecientes al demandado. Y así se establece.

 

Expuesto lo anterior, pasa esta Corte Superior Segunda a pronunciarse sobre el fondo del presente recurso, de la siguiente manera:


IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 76 lo siguiente:

 

‘(…) El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria…’. (Resaltado de esta Alzada)

 

Asimismo, el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece lo siguiente:

Artículo 30: ‘Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende entre otros, el disfrute de:

a)      Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud;

b)     Vestido apropiado al clima y que proteja la salud;

c)      Vivienda digna segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales.

Parágrafo Primero: Los padres, representantes o responsables tiene la obligación principal de garantizar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de este derecho (…)” (Resaltado de esta Sala)

 

Convencidos que la familia, como asociación natural y el espacio fundamental para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, quienes deben recibir la protección y asistencia necesarias para poder desarrollarse íntegramente y asumir plenamente sus responsabilidades, ya que son los padres quienes deben garantizar dentro de sus posibilidades el ejercicio y el disfrute de los derechos de sus hijos, tanto en alimentación como en los demás aspectos que integran las instituciones familiares, deben los padres asumir las responsabilidades inherentes a la Patria Potestad y proveerles todo lo necesario para su buen crecimiento y desarrollo, tanto físico como mental, y darles el nivel de vida adecuado previsto en el artículo 30 in comento.

Igualmente, esta protección a los niños, niñas y adolescentes esta prevista en la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente en su artículo 3, aparte 2: que copiado a la letra es del tenor siguiente:

…omissis…

En este mismo orden de ideas, podemos aseverar que la Revisión de Obligación de Manutención tiene su fundamento legal en los artículos 365 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 523 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, los cuales establecen los supuestos en los que se debe guiar la solicitud de revisión y los extremos exigidos para su procedencia:

Artículo 365

‘La obligación alimentaria comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente’.


En este sentido el artículo 523 de la referida Ley determina:

‘Revisión de la Decisión. Cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales se dictó una decisión sobre alimentos o guarda, el Juez de la Sala de Juicio podrá revisarlas, a instancia de parte, siguiendo para ello el procedimiento contenido en este capítulo’.

 

Asimismo, tomando en cuenta que en el momento de determinar un monto por concepto de obligación de manutención o su revisión, se deben cubrir los dos (2) extremos establecidos en el artículo 369 ejusdem, los cuales son: a) La necesidad e interés del niño o adolescente que la requiera y, b) La capacidad económica del obligado.

Del mismo modo, debe ratificarse que aún cuando los padres se encuentren separados, en atención al principio de co-parentalidad, entendido como el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, mantener y asistir a sus hijos, se mantienen incólumes las obligaciones comunes propias del ejercicio de la patria potestad, así como los derechos conjugados a favor de su hijo, en los términos previstos en los artículos 18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 75 y 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 5, 30 y 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño del Adolescente, concatenados con el artículo 282 del Código Civil, es decir, la obligación de manutención es una institución familiar compartida entre ambos padres.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, esta obligación es incondicional y producto de la filiación. Con el cumplimiento de dicha obligación de manutención se garantizan derechos esenciales para el desarrollo integral de los niños, niñas y/o adolescentes tales como: nivel de vida adecuado, contenido en el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; educación, en el artículo 54, y hasta recreación en el artículo 63 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con lo consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley in comento. Estos derechos fundamentales de la niñez reconocidos por su carácter de indivisibilidad e interdependencia, sólo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, de forma compatible con su naturaleza y los principios de un estado social de derecho y de justicia y para la protección de los derechos de las demás personas, sin dejar de apreciar que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros igual de legítimos, predominarán los primeros, como lo preceptúa expresamente la regla de interpretación del parágrafo segundo del artículo 8 de la Ley adjetiva que nos ocupa. El no cumplimiento de la obligación de manutención amenaza o viola además de los mencionados, el derecho de la vida misma de los niños, niñas y adolescentes.

Ahora bien en el presente caso, la actora demandó al ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ, a fin de que se ajustase el monto fijado como obligación de manutención a favor de su hijo, el niño (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por considerar que dicha suma es insuficiente para cubrir los gastos del niño de autos.

Por su parte hay que tener en cuenta que en nuestra legislación la revisión de una decisión sobre manutención, faculta al Juez para examinar las variaciones de los supuestos que llevaron a la decisión anterior, tal como lo prevé el artículo 523 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y esos supuestos a considerar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 369 ejusdem, son las necesidades o interés del niño o adolescente que la requiera, y la capacidad económica del obligado. Conforme a dichos elementos antes señalados, es necesario averiguar si realmente existe tal variación de esos supuestos que sustentaron la decisión objeto de revisión.

Al respecto es necesario destacar que la referida decisión se encuentra materializada en convenimiento de la obligación de manutención suscrito por las partes, cuya homologación fue impartida por la Sala de Juicio Nº 04 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, y del cual se desprende entre otros, que quedó establecido judicialmente la obligación de manutención en interés del niño (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), conforme al acuerdo al que llegaron las partes, del cual se lee lo siguiente:

“…A.- En dinero en efectivo la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 180.000,00) mensuales.

B.- Una póliza de seguro en la Empresa Seguros Caracas (…)
C.- A cancelar lo correspondiente a la cuota del Colegio Bambi King, ubicado en la Trinidad y una vez mudados a Terrazas del Ávila, le tengo reservado el cupo en el Colegio San Francisco de Asís, ubicado en Los Palos Grandes (…)   
D.- A sufragar los gastos médicos y odontológicos que no cubra la póliza antes mencionada.           
E.- Entregarles un apartamento de mi propiedad para su uso y disfrute, a fin de que fijen su residencia en el mismo (…)

F.- A cancelar mensualmente lo correspondiente a los gastos de condominio de dicho apartamento. (…)

 

Así pues, siendo hoy el punto objeto de la controversia, el referente al quantum de la obligación de manutención, el cual es efectivamente revisable, en caso de haber variado los supuestos que generaron dicha fijación, ya que aún cuando se produjo cosa juzgada, solo ésta se concretó sobre el aspecto formal del asunto, quedando la posibilidad de modificar la decisión sobre el aspecto material estudiado, si la realidad así lo exige y si la permanente mutación de las circunstancias vitales aconsejan tal modificación. En este ámbito puede actuar el Juez, aún en una decisión ya ejecutoriada atendiendo a la base misma del procedimiento, la cual es la decisión dictada, donde se fijó la obligación de manutención, en virtud de revisar la solicitud relativa al quantum alimentario.

En este sentido, sobre el primero de los elementos expuestos, o sea las necesidades del niño, esta Corte Superior Segunda observa que por la edad del mismo, lo incapacita para proveerse por sí mismo, requiriendo lógicamente de la protección de sus progenitores, aún con mayor aporte económico, debido a que en efecto, el país se ha visto afectado por el fenómeno de la inflación; hecho éste que no requiere ser probado.

Asimismo, en cuanto a la capacidad económica del demandado se desprende de autos, de las pruebas aportadas por la parte actora, que el mismo es accionista en las empresas Constructora Inarprocon C.A., Constructora Madleta C.A., y la Constructora Martrasto C.A., siendo que del acta constitutiva de la empresa Constructora Inarprocon C.A, se evidencia que el obligado es el accionista mayoritario de la empresa, la cual se encuentra económicamente solvente, según la prueba de informes dirigida a las Instituciones Bancarias del país, así como del acta de accionistas referente al aumento de capital de la misma, y del registro de vehículos adquiridos a nombre de dicha constructora, así como a nombre de las otras constructoras pertenecientes al demandado. Es por ello que esta Juzgadora consciente de lo solicitado y probado en autos, debe orientarse hacia la búsqueda del equilibrio y la proporcionalidad entre las necesidades del niño que nos ocupa, y la capacidad económica del obligado, tomando en cuenta las cargas y gastos para su propia subsistencia, las cuales están constituidas según lo probado por este último, por la existencia de su otra carga familiar constituida por la niña (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes); así como por la cancelación de un monto por motivo de canon de arrendamiento, no obstante ser propietario de varios inmuebles ubicados tanto en el Área Metropolitana como a nivel Nacional; y de haber consignado medios probatorios en cuanto a los complementos de la obligación de manutención líquida se refiere, conceptos éstos que fueron ofrecidos voluntariamente por el obligado en su ofrecimiento de Obligación de Manutención en sus literales B. C, D, E y F, respectivamente y aceptados por la madre guardadora, a cuyo convenimiento el órgano jurisdiccional le impartió su homologación, y los cuales las partes determinaron como complementos del monto líquido y exigible que por concepto de obligación de manutención establecieran ambos de común acuerdo, siendo que el monto fijado no se encuentra ajustado a la actualidad económica; por las razones antes expuestas se considera que debe aumentarse el quantum alimentario de acuerdo a lo alegado y probado en autos y la capacidad del obligado alimentario. Y así se declara.

Es por lo que esta Alzada considera necesario en interés superior del niño (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), consagrado en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado, previsto en los artículos 30 y 523 eiusdem revisar el monto por concepto de Obligación de Manutención fijado. Y así se hace saber.

En consecuencia y vista la demanda de revisión de la Obligación de Manutención incoada por la ciudadana FEDRA RICHER MIRANDA HERNÁNDEZ, ampliamente identificada en autos, esta Corte Superior considera procedente la presente acción. Y así se declara.-


V
DECISION

En mérito de las anteriores consideraciones explanadas en el presente fallo, esta CORTE SUPERIOR SEGUNDA DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCION INTERNACIONAL, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: LA NULIDAD de la sentencia de fecha 05 de febrero de 2009, dictada por la Juez Unipersonal X de este Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

SENGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda de revisión de la Obligación de Manutención incoada por la ciudadana FEDRA RICHER MIRANDA HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, de profesión Abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado con el No. 81.732, y titular de la cédula de identidad No. V.-6.115.564; contra el ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V.-5.141.025, a favor de su hijo, el niño (Se omite su identificación de conformidad al artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de siete (07) años de edad. En consecuencia se fija como obligación de manutención mensual, siete con cuatro décimas (7,4) salarios mínimos urbanos, lo que equivale a la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 6.500,00), tomando como base el salario mínimo urbano mensual establecido por el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 6660, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.151, de fecha de fecha 01 de abril de 2009, el cual equivale actualmente a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs.879,15); el monto fijado por Obligación de Manutención equivale al (0,30 aprox.) de lo percibido mensualmente por el Obligado Alimentario, ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ; este monto deberá ser depositado durante los primeros cinco (05) días de cada mes en la Cuenta Corriente de la Entidad Bancaria Banesco Banco Universal signada con el Nro. (…), a nombre de Fedra Richer Miranda Hernández. Igualmente, se ordena que el demandado, para las épocas escolar y decembrinas, suministre para cada época una bonificación especial, adicional al monto por obligación de manutención, a los fines de cubrir los requerimientos escolares y de fin de año de su hijo, es decir, la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 6.500,00) para cada ocasión. El monto establecido por concepto de Obligación de Manutención será incrementado automáticamente los primeros días del mes de Enero de cada año, sobre la base de los elementos de determinación del quantum alimentario, es decir atendiendo a la capacidad económica del obligado y las necesidades del niño, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela.

Publíquese y regístrese, y una vez quede firme la decisión, remítase copia certificada con oficio al Tribunal de la causa.-

 

 

Por su parte la aclaratoria y ampliación estableció cuanto sigue:

 

“Vista la diligencia de fecha 20 de junio de 2009 presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial por la abogada FEDRA RICHER MIRANDA HERNANDEZ (…), en su condición de parte apelante, mediante la cual solicita aclaratoria y ampliación del fallo dictado por la Corte Superior Segunda, en fecha 26 de Mayo de 2009, fundamentando su pedimento en lo establecido en el párrafo segundo del artículo 252  del Código de Procedimiento Civil, el cual señala lo siguiente:

…omissis…

La norma anteriormente transcrita preceptúa una prohibición expresa de no reformar ninguna sentencia definitiva o interlocutoria, una vez que la misma se encuentre pronunciada, de manera que la facultad concedida por el Legislador para la solicitud de aclaratoria o ampliación no puede estar orientada a afectar en forma alguna la esencia contenida en el dictamen de la decisión objeto de la solicitud, así tenemos que la abogada FEDRA RICHER MIRANDA HERNANDEZ, anteriormente identificada, realiza su solicitud de aclaratoria y ampliación sobre dos puntos a saber:

1. Que a los fines de crear seguridad jurídica entre las partes, en cuanto al alcance que comprende la decisión, se requiere la aclaratoria de la sentencia en cuanto a que se indique en forma categórica la ratificación d elos puntos B, C, D, E y F contenidos en el acuerdo de manutención de fecha 29 de junio de 2005 por cuanto los términos expresados en la motiva del fallo se infiere que éstos no fueron objeto de revisión y que consecuentemente se mantienen en vigencia.

2. Se indique o amplíe en que mes deben ser depositados los bonos especiales establecidos para las épocas escolares y decembrinas, es decir, en los meses de Julio/Diciembre tal como fue solicitado en la demanda y si también los referidos pagos deberán hacerse dentro de los primeros cinco (5) días del mes que corresponda para cada ocasión.

 

Ahora bien, en la parte motiva de la sentencia de fecha 26 de mayo de 2009 se señaló consciente de lo solicitado y probado en autos, debe orientarse hacia la búsqueda del equilibrio y la proporcionalidad entre las necesidades del niño que nos ocupa, y la capacidad económica del obligado, tomando en cuenta las cargas y gastos para su propia subsistencia las cuales están constituidas según lo probado por este último por la existencia de su otra carga familiar constituida por la niña (…); así como por la cancelación de un monto por motivo de canon de arrendamiento no obstante ser propietario de varios inmuebles ubicados tanto en el Área Metropolitana como a Nivel Nacional y de haber consignado medios probatorios en cuanto a los complementos de la obligación de manutención líquida se refiere, conceptos éstos que fueron ofrecidos voluntariamente por el obligado en su ofrecimiento de Obligación de Manutención en sus literales B. C, D, E y F, respectivamente y aceptados por la madre guardadora, a cuyo convenimiento el órgano jurisdiccional le impartió su homologación, y los cuales las partes determinaron como complementos del monto líquido y exigible que por concepto de obligación de manutención establecieran ambos de común acuerdo; de manera que se estableció que la revisión del quantum alimentario solo estaba referido a la cantidad dineraria que tiene que suministrar el obligado a través de una suma cierta, líquida y exigible la cual se encontraba contenida en el literal “A” del precitado acuerdo, y que fue incrementada, siendo éste el único aspecto que fue objeto de revisión por cuanto los demás complementos establecidos en el acuerdo contenidos en los literales B, C, D, E y F se mantienen vigentes como se estableció en la parte motiva de la sentencia y que conforme al principio de la unidad del fallo se tienen como ratificados en forma íntegra y así se establece.

En lo atinente al cumplimiento de las bonificaciones especiales para las épocas escolares y decembrinas, las mismas deberán ser suministradas los primeros cinco 5 días de los meses de septiembre y diciembre de cada año respectivamente; y así se establece.

Queda así aclarada y ampliada la sentencia dictada en fecha 26 de mayo de 2009, dictadapor la Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. En consecuencia, téngase la presente providencia como complemento y parte integrante de la sentencia del recurso que nos ocupa…”.

 

 

III

COMPETENCIA 

 

Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que conforme lo establecido en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tiene atribuida la competencia de “(…) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes está contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.991 Extraordinario, del 29 de julio de 2010; reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.483, del 9 de agosto de 2010, y Nº 39.522, del 1 de octubre de 2010), que en su numerales 10 dispone lo siguiente:

 

Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

(...omissis…)

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales. 

(…omissis…)”.

 

Siendo ello así y tomando en consideración las disposiciones antes mencionadas, esta Sala aprecia que se solicitó la revisión de una sentencia dictada por la entonces Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, razón por la cual resulta competente para conocer sobre la presente solicitud, y así se decide.

IV

MOTIVACION PARA DECIDIR

 

Determinada como ha sido la competencia de esta Sala para conocer del presente caso, es oportuno señalar que con respecto a la posibilidad de que la Sala revise sentencias definitivamente firmes, es conveniente reiterar que al momento de ejecutar tal potestad de revisión, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración de la garantía de la cosa juzgada, a ser excesivamente prudente en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada judicial. Ello, por cuanto, en el ordenamiento jurídico venezolano, la inviolabilidad de la cosa juzgada es, en principio, inquebrantable y de extrema protección según lo establecido en artículo 49, cardinal 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, observa la Sala que la solicitud de revisión presentada ante esta Sala Constitucional por la apoderada judicial del ciudadano Aníbal Guillermo Aponte Pérez, tiene por objeto la sentencia dictada por la entonces Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 26 de mayo de 2009, así como su ampliación y aclaratoria, del 29 de julio de ese mismo año, emitida con ocasión de la apelación ejercida por la ciudadana Fedra Richer Miranda Hernández contra la sentencia dictada el 5 de febrero de 2009, por la entonces Jueza Unipersonal X del mismo Circuito Judicial, relativa a la obligación de manutención del hijo, cuya identificación se omite conforme lo establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y  Adolescentes, de los mencionados ciudadanos.

Así, la sentencia objeto de revisión declaró la nulidad de la referida sentencia dictada por la Juez Unipersonal X de este Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 5 de febrero de 2009; parcialmente con lugar, la demanda de revisión de la Obligación de Manutención y, en consecuencia, fijó como obligación de manutención mensual, siete con cuatro décimas (7,4) salarios mínimos urbanos, lo que equivale a la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. F. 6.500,00), tomando como base el salario mínimo urbano mensual establecido por el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 6660, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.151, del 1 de abril de 2009, el cual equivale a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs.879,15); el monto fijado por Obligación de Manutención equivale al (0,30 aprox.) de lo percibido mensualmente por el Obligado Alimentario, ciudadano Anibal Guillermo Aponte Pérez. Igualmente, ordenó que el demandado, para las épocas escolar y decembrinas, suministre una bonificación especial, adicional al monto por obligación de manutención, a los fines de cubrir los requerimientos escolares y de fin de año de su hijo, es decir, la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. F. 6.500,00) para cada ocasión. Y señaló que el monto establecido por concepto de Obligación de Manutención sería incrementado automáticamente los primeros días del mes de Enero de cada año, sobre la base de los elementos de determinación del quantum alimentario, es decir, atendiendo a la capacidad económica del obligado y las necesidades del niño, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela.

Por su parte, la ampliación y aclaratoria de dicho fallo, naturalmente emitido por el mismo órgano judicial, determinó: “…en la parte motiva de la sentencia de fecha 26 de mayo de 2009 se señaló consciente de lo solicitado y probado en autos, debe orientarse hacia la búsqueda del equilibrio y la proporcionalidad entre las necesidades del niño que nos ocupa, y la capacidad económica del obligado, tomando en cuenta las cargas y gastos para su propia subsistencia las cuales están constituidas según lo probado por este último por la existencia de su otra carga familiar constituida por la niña (…); así como por la cancelación de un monto por motivo de canon de arrendamiento no obstante ser propietario de varios inmuebles ubicados tanto en el Área Metropolitana como a Nivel Nacional y de haber consignado medios probatorios en cuanto a los complementos de la obligación de manutención líquida se refiere, conceptos éstos que fueron ofrecidos voluntariamente por el obligado en su ofrecimiento de Obligación de Manutención en sus literales B. C, D, E y F, respectivamente y aceptados por la madre guardadora, a cuyo convenimiento el órgano jurisdiccional le impartió su homologación, y los cuales las partes determinaron como complementos del monto líquido y exigible que por concepto de obligación de manutención establecieran ambos de común acuerdo; de manera que se estableció que la revisión del quantum alimentario solo estaba referido a la cantidad dineraria que tiene que suministrar el obligado a través de una suma cierta, líquida y exigible la cual se encontraba contenida en el literal “A” del precitado acuerdo, y que fue incrementada, siendo éste el único aspecto que fue objeto de revisión por cuanto los demás complementos establecidos en el acuerdo contenidos en los literales B, C, D, E y F se mantienen vigentes como se estableció en la parte motiva de la sentencia y que conforme al principio de la unidad del fallo se tienen como ratificados en forma íntegra y así se establece”.

Asimismo, dispuso la aclaratoria y ampliación que: “En lo atinente al cumplimiento de las bonificaciones especiales para las épocas escolares y decembrinas, las mismas deberán ser suministradas los primeros cinco 5 días de los meses de septiembre y diciembre de cada año respectivamente; y así se establece”.

Al respecto, observa la Sala, por una parte, que de los alegatos expuestos por el solicitante, se desprende que lo realmente impugnado por éste o la situación que se subsume en los supuestos de procedencia de este tipo de mecanismos es la derivada de la ampliación y aclaratoria de la primigenia sentencia dictada el 26 de mayo de 2009 por la entonces Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

En efecto, los vicios denunciados por la parte solicitante consisten en la inviolabilidad de la cosa juzgada; la ignorancia absoluta de la interpretación de la norma constitucional aplicable al caso decidido en la sentencia definitivamente firme, que se aparta de las interpretaciones de la Constitución efectuadas por esta Sala Constitucional y la modificación “grotesca” de la sentencia cuya aclaratoria y o ampliación fue solicitada, a través de la aclaratoria y ampliación decidida, es decir, que las violaciones invocadas corresponden a esa parte del fallo, esto es, a la aclaratoria y ampliación misma; que como reconoce la misma parte solicitante forma parte de la sentencia como un todo, circunstancia que implica que los vicios contenidos en este “añadido”, o parte formal del fallo, que amplía o aclara algún punto de la sentencia, de verificarse, acarreen la nulidad de la unidad como tal del acto jurisdiccional, si hubiere lugar a ello.

Ello así, la Sala procederá a analizar si en efecto los vicios denunciados por la representación del solicitante hacen procedente su pretensión de revisión.

En este orden de ideas, debe referirse la Sala inicialmente a la inadmisibilidad invocada por la parte solicitante, respecto a la extemporaneidad de la solicitud de ampliación y aclaratoria, impugnados, requerida por su contraparte, la ciudadana Fedra Richer Miranda Hernández, que por estar relacionados con la admisión se ha estimado conveniente examinar como punto previo.

En este sentido, se advierte que la parte solicitante señaló como uno de los vicios del fallo cuya revisión pretende el “apartamiento realizado por la Corte Superior Segunda, en su sentencia, de la interpretación de la Constitución contenida en varios fallos de esta Sala, acerca del plazo para admitir válidamente, las solicitudes de aclaratoria y ampliación”, en lo que respecta al lapso fijado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para solicitar la ampliación o aclaratoria del fallo, según el cual debe realizarse el mismo día de publicada la sentencia o al siguiente, “en virtud de que consideró que el lapso razonable era el mismo que el aludido Código Prevé para la apelación de la sentencia o para anunciar el recurso de casación, según el caso…”.

Respecto a este alegato, debe señalar que no existe en autos elementos suficientes que permitan apreciar la tempestividad o no de la solicitud de aclaratoria, toda vez que la parte interesada se limitó a consignar a los autos únicamente copia certificada de la sentencia dictada por la entonces Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional y su aclaratoria, objeto de la presente solicitud de revisión, de donde no puede deducirse, a pesar del largo lapso que media entre una y otra actuación, del 26 de mayo de 2009 la primera y del 27 de julio de 2009 la segunda, la existencia de elementos de convicción que permitan determinar el incumplimiento del lapso establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo un cómputo por Secretaría de los distintos lapsos cumplidos en el Tribunal de Alzada, para decidir el recurso de apelación propuesto en la causa donde recayó dicho fallo, lo cual en el presente caso hubiese sido esencial para evidenciar que la sentencia se dictó en la oportunidad procesal correspondiente y que, por lo tanto, la solicitud de ampliación y aclaratoria es extemporánea, o si por el contrario dicho lapso se comenzaba a computar luego de la notificación de las partes.

En este sentido, se observa que la sentencia que fue corregida, pudo haberse dictado fuera de lapso –situación desconocida para la Sala-, en cuyo caso, la norma no se aplica con la rigurosidad que supone su enunciado, habida consideración que la emisión de una decisión fuera de la oportunidad procesal para ello, obliga al sentenciador a notificar a las partes, siendo a partir de dicha fecha que la parte tiene conocimiento del fallo y en consecuencia puede solicitar la aclaratoria o ampliación.

Ahora bien, como quiera que conforme a lo dispuesto en el artículo 506 también del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y siendo que la parte solicitante no cumplió con la obligación normada en este precepto, es forzoso para esta Sala desestimar el alegato referido a la inadmisibilidad de la aclaratoria y ampliación cuestionada por extemporánea y así se decide expresamente.

En cuanto a las denuncias de mérito efectuadas por la parte solicitante, supra referidas, observa esta Sala que, examinado como fue el texto íntegro del fallo cuya revisión se pretende, le asiste la razón a dicha parte, toda vez que esta Sala comprobó que, en efecto, la ampliación y aclaratoria dictada el 27 de julio de 2009, a la sentencia proferida el 26 de mayo de 2009 por la entonces Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, con ocasión del juicio de revisión de obligación alimentaria incoado por la ciudadana Fedra Miranda Hernández contra el solicitante ciudadano Aníbal Guillermo Aponte, a beneficio de su hijo cuya identificación se omite, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, incurre en violación de garantías y principios constitucionales, por la referida instancia judicial, como lo son la inviolabilidad de la cosa juzgada y la intangibilidad de las sentencias, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la confianza legítima, que deviene en un grotesco error de interpretación del texto constitucional y de su aplicación.

En este sentido, considera la Sala preciso recordar lo expresado al respecto por la doctrina y jurisprudencia nacionales, en el sentido que la posibilidad de aclarar o ampliar la sentencia, tiene como propósito la de rectificar los errores materiales dudas u omisiones, que se hayan podido cometer en el fallo. Pero, con la advertencia, de que la facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste, sino a corregir las imperfecciones, que le resten claridad a sus declaraciones.

En consecuencia, la posibilidad de hacer aclaratorias o ampliaciones de las decisiones judiciales está limitada a exponer con mayor precisión algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo u oscuro, bien porque no esté claro su alcance en un punto determinado de la sentencia (aclaratoria); o bien, porque se haya dejado de resolver un pedimento (ampliación). Además, la aclaratoria permite corregir los errores materiales en que haya podido incurrir la sentencia (errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos). (Véase sentencia Núm. 3243/12-12-2002; caso: María Concepción Aponte y otros).

En este sentido, la Sala ha establecido en jurisprudencia reiterada y en una sana interpretación del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que la posibilidad prevista en el referido precepto legal sólo tiene como propósito rectificar los errores materiales, aclarar dudas o salvar omisiones en un fallo. Al sostener el alcance de dicha norma, ha precisa la Sala que “regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar” (sentencia N° 1599/2000; caso: Flora Higuera Houthon).

De allí que, las solicitudes de aclaratoria, ampliación o corrección de sentencias no pueden contener, en ningún caso, la pretensión de que ésta se revoque o reforme. Por ello, esta Sala ha declarado (entre otros, fallo N° 1141/2003) que “la posibilidad de hacer aclaratorias o ampliaciones de las decisiones judiciales está limitada a exponer con mayor precisión algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo u oscuro, bien porque no esté claro su alcance en un punto determinado de la sentencia (aclaratoria); o bien, porque se haya dejado de resolver un pedimento (ampliación). Además, la aclaratoria permite corregir los errores materiales en que haya podido incurrir la sentencia (errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos)”.

En este sentido, verificó la Sala que la ampliación y aclaratoria de la sentencia en cuestión modificó el primigenio fallo, dictado el 26 de mayo de 2009 por la Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, toda vez que, habiéndose fijado en esta decisión, como obligación alimentaria una cantidad de dinero líquida y determinada y siendo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y  Adolescentes: “La Obligación de Manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente”; la fijación de una cantidad fija mensual hace suponer que el monto fijado abarca los elementos anotados en la disposición jurídica citada, de allí que no se podía modificar el fallo, para agregar nuevos compromisos a la suma ya acordada como obligación alimentaria.

Es decir, no podía el sentenciador, sin que con tal actuación modificara sustancialmente el fallo dictado, establecer otras obligaciones al demandado, cuando ya había de manera categórica y precisa determinado un monto para la obligación alimentaria de su hijo, pues ello comporta  la transgresión de los derechos constitucionales del demandado, obligado a suministrar alimentos

Estima la Sala que la añadidura hecha al fallo, en el presente caso, no implica simplemente un complemento de la sentencia inicialmente dictada, el 26 de mayo de 2009, lo que está permitido por el citado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, sino que, por el contrario, comporta la condena al pago de otras cargas que se suponían ya incluidas en la obligación fijada.

Advierte la Sala que si las partes habían efectuado un convenio acerca de la obligación alimentaria a favor de su hijo, que comprendía una cantidad dineraria y el pago de otros conceptos a cargo del padre, tales como: póliza de seguro, mensualidades del colegio, gastos médicos y odontológicos no cubiertos por la póliza, un apartamento en usufructo, los gastos de condominio de dicho apartamento, cuando se realizó la revisión no podía realizarse una nueva fijación sin ponderar los otros elementos que formaban parte de la obligación alimentaria, es decir, sin ser analizados.

Asimismo, considera la Sala que con la aclaratoria y ampliación se produjo un pronunciamiento de condena ex novo, que modificó el fallo que se pretendía ampliar y aclarar y con ello la cosa juzgada. Ello así, le asiste la razón al actor cuando realiza un paralelismo entre la procedencia excepcional de la institución de la revisión constitucional y la actuación de la Corte Superior, para concluir en que sólo aquella es posible por órgano de la Sala Constitucional, por ser una potestad especial y excepcional de la Sala, de tal modo que mal puede la referida Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional modificar el fallo, sin infringir la garantía constitucional de la cosa juzgada.

Así las cosas, se observa que la solicitud de aclaratoria y ampliación realizada por la ciudadana Fedra Miranda Hernández, ante la entonces Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en el sentido de rectificar el fallo dictado el 26 de mayo de 2009, acordada por decisión, del 27 de julio de ese mismo año, desbordó la finalidad perseguida por dicha figura procesal, pues, al examinar los términos en que ésta ha sido planteada y como fue acordada, se puede verificar que se emitió un nuevo pronunciamiento sobre lo controvertido, que vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Respecto a este último derecho constitucional esta Sala Constitucional, en sentencia n° 708 del 10 de mayo de 2001, declaró:

“…Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que  la justicia es,  y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los  mínimos imperativos de la justicia sean  garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados.

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 ò 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.

[omissis]

Ha dicho esta Sala, reiteradamente, que los errores de juzgamiento en que pueda incurrir el juez en el cumplimiento de su función, en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación, o en la apreciación de los hechos que se les someten y las infracciones legales, sólo será materia a conocer por el juez constitucional cuando constituyan, a su vez, infracción directa de un derecho constitucionalmente garantizado” (subrayado añadido).

 

Asimismo, sobre el alcance de la garantía del debido proceso, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse, lo cual ha hecho en los siguientes términos:

“La garantía constitucional del ‘debido proceso’, enunciada en el encabezamiento del artículo 49 de la Constitución de la República, representa el género que compendía en sí la totalidad de las garantías constitucionales del proceso, configurativas de los derechos fundamentales del justiciable.

En la doctrina, la citada garantía del ‘debido proceso ha sido considerada en los términos siguientes:

 ‘Desde la promulgación de la Constitución y de forma progresiva, tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencia, se hace referencia al proceso debido, y una de las interpretaciones que cabe extraer de dichas referencias es que el proceso debido es el concepto aglutinador de lo que se ha llamado el Derecho Constitucional Procesal. Podemos así afirmar, y ello en armonía tanto con el origen y posterior desarrollo como la naturaleza de la institución, que el proceso debido es la manifestación jurisdiccional del Estado de Derecho en nuestro país’ (Esparza Leibar, Iñaki; El Principio del Proceso debido, J.M. Bosch Editor S.A., Barcelona, España, 1995, p. 242).

‘...el principio del proceso debido es algo más que todo el núcleo que forma el importantísimo art. 24 de la Constitución española. Sin duda comprende, por ceñirnos a lo procesal, el derecho de acción, la prohibición de indefensión, el derecho a la prueba, el derecho a todas las garantías (ahora entendido como principio residual), etc., pero también abarca, por ejemplo, el Jurado y el Habeas Corpus, instituciones fuera de ese precepto, sobre lo que nada ha dicho por cierto aún la jurisprudencia constitucional española. Ello, porque en unión con la declaración del art. 1.1., el Jurado y el Habeas Corpus son también manifestaciones del Estado de Derecho, que son sustentadas, informadas e integradas en el principio general del derecho al proceso debido’ (Gómez Colomer, Juan Luis; en su prólogo a la obra El Principio del Proceso debido, J.M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, España, 1995, p. 17).

Ahora bien, en el ámbito de las garantías constitucionales del proceso, cabe hacer mención expresa del derecho fundamental que representa  para el justiciable la garantía de la defensa, contemplada en el artículo 49, numerales 1 y 3, de la Constitución de la República, en los términos siguientes:

‘El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.  3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso ...’.

En la jurisprudencia española, la garantía constitucional de la defensa ha sido considerada en los términos siguientes:

 ‘... la prohibición de la indefensión (...) implica el respeto del esencial principio de contradicción’ (Sentencia del Tribunal Constitucional Español 48/86, de 26 de abril).

‘... (el) derecho de defensa implica, pues, la posibilidad de un juicio contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos’ (Sentencia del Tribunal Constitucional Español 123/189, de 6 de julio).

‘... (debe respetarse) el derecho de defensa de las partes contendientes o que legalmente debieran serlo, mediante la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento judicial de sus derechos e intereses. Este derecho de defensa y bilateralidad, por otra parte ya reconocido legalmente antes de la Constitución, y expresado bajo el clásico principio procesal nemine damnatur sine auditur, se conculca, como ha señalado este Tribunal, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa –S de 23 de noviembre de 1981, R 189/1981-, proscribiendo la desigualdad de las partes –S de 23 de abril de 1981, R 202/1981-, por contener tal norma un mandato dirigido al legislador y al intérprete en el sentido de promover la contradicción –S de 31 de marzo de 1981, R 197/1981-’ (Sentencia del Tribunal Constitucional Español 4/1982, de 8 febrero).

En suma, cabe afirmar que el contenido esencial del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controvertir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses in concreto.

Por tanto, se configura un supuesto de indefensión cuando, en determinado procedimiento judicial, se causa perjuicio directo e inmediato a un sujeto de derecho sin habérsele dado audiencia, esto es, sin habérsele permitido el ejercicio de su derecho de contradicción” (s.S.C. nº 515,  31.05.2000).

 

Los derechos constitucionales anotados se transgredieron como consecuencia de un desconocimiento de los principios de cosa juzgada y de confianza legítima, que son garantías que se corresponden con los derechos fundamentales a que se ha hecho referencia.

Así las cosas, luego de examinar los alegatos y el fallo objeto de la presente solicitud de revisión a la luz de lo precedentemente expuesto, esta Sala aprecia que en efecto la impugnada desconoció el principio de la cosa juzgada, el derecho a la tutela judicial efectiva, analizado desde la óptica de ambas partes como desiderátum de la administración de justicia para todas las partes involucradas, así como también el derecho a la defensa y el debido proceso establecido en el artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que sin duda encuadra dentro de los supuestos que hacen procedente la revisión constitucional relativos a la comisión por parte de la recurrida de un error grave en la interpretación de las normas constitucionales citadas y falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales. 

En virtud de lo expuesto, resulta forzoso para esta Sala declarar procedente la solicitud de revisión planteada de la sentencia dictada, por la Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 26 de mayo de 2009, y su ampliación y aclaratoria del 27 de julio  de 2009. En consecuencia se anula, dicha decisión y se ordena que un nuevo Tribunal Superior del mismo Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional decida nuevamente acerca de la ampliación y aclaratoria solicitada por la ciudadana Fedra Miranda Hernández respecto a la sentencia dictada el 26 de mayo de 2009 que dio origen a que se emitiera el fallo recurrido. Así se decide.  

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión de la sentencia dictada por la Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 26 de mayo de 2009, y su ampliación y aclaratoria del 27 de julio de 2009, efectuada por la abogada Belén Briceño Girón, apoderada judicial del ciudadano ANIBAL GUILLERMO APONTE PÉREZ, con ocasión del juicio de revisión de obligación de manutención de su hijo menor de edad, cuya identificación se omite conforme lo establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y  Adolescentes.

En consecuencia, por las razones expuestas en el presente fallo, se anula sólo la sentencia dictada el 27 de julio de 2009  por la referida Corte Superior y se ordena que un nuevo Tribunal Superior del mismo Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional decida nuevamente acerca de la ampliación y aclaratoria solicitada por la ciudadana Fedra Miranda Hernández respecto a la sentencia dictada el 26 de mayo de 2009 que dio origen a que se emitiera el fallo recurrido.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes de diciembre de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 La Presidenta,

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 

                                 Vicepresidente,  

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

Los Magistrados,

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

                                                                     CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                               Ponente

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. N° 11-0235

CZdeM/megi