SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

El 15 de octubre de 2003 el DEFENSOR DEL PUEBLO, conjuntamente con abogados adscritos al Despacho a su cargo, solicitó la anulación del artículo 5 de la ORDENANZA SOBRE CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA, dictada por el Municipio Bermúdez del Estado Sucre.

El 22 de octubre de 2003 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Alcalde y al Síndico Procurador del Municipio Bermúdez del Estado Sucre y al Fiscal General de la República, así como publicar un cartel de emplazamiento a los interesados. Por cuanto también se solicitó la declaratoria de mero derecho de la causa, se ordenó decidir lo conducente, una vez que constasen en autos las notificaciones. Asimismo, se ordenó abrir cuaderno separado para resolver la solicitud de medida cautelar.

El 30 de junio de 2004 la Sala solicitó a la parte actora informar sobre la efectiva publicación de la ordenanza impugnada, por cuanto ese dato no se proporcionó en el libelo.

El 15 de julio de 2004 la representación del Defensor del Pueblo suministró la información requerida, indicando que la publicación se efectuó en la Gaceta Municipal del 5 de noviembre de 2002. Sin embargo, el 3 de agosto de 2004 la misma representación consignó escrito por el cual expuso que la ordenanza impugnada fue modificada por una publicada en la Gaceta del 18 de diciembre de 2003. Destacó, en todo caso, que la norma impugnada permanece en la nueva ordenanza, por lo que pidió a la Sala aplicar a ese nuevo artículo las denuncias contenidas en el libelo original.

El 7 de diciembre de 2004 la Sala negó la medida cautelar y el día 14 de ese mismo mes dictó auto declarando que, en vista de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en atención al criterio sentado en el fallo Nº 1645/2004, era innecesario resolver la solicitud de declaratoria de mero derecho, por lo que se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de dar continuación al trámite procedimental.

Realizadas las notificaciones, publicado el cartel de emplazamiento y consignado en los autos, el 6 de octubre de 2005 se fijó el día para el comienzo de la relación de la causa y se asignó la ponencia al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.

El 18 de octubre de 2005 comenzó la relación, se fijó la oportunidad para la celebración del acto de informes y se asignó la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, al haberse incorporado a la Sala.

El 8 de noviembre de 2005 se celebró el acto de informes, al que sólo compareció la parte actora, la cual consignó escrito de conclusiones.

El 12 de enero de 2006 se dijo “Vistos”.

I

FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

El artículo 5 de la Ordenanza sobre el Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Bermúdez del Estado Sucre (del año 2002) dispone que dicho Consejo estará integrado por “el Alcalde, los Concejales, los Presidentes de las Juntas Parroquiales, un Representante por cada Parroquia, elegido del Seno de las Asociaciones Vecinales y en representación de los distintos sectores de la Sociedad Civil organizada del Municipio Bermúdez: un Representante del Colegio de Ingenieros, un Representante del Colegio Médico, un Representante del Colegio de Profesores, un Representante del Colegio de Abogados, un Representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), un Representante de la Cámara de Comercio, un Representante del Colegio de Contadores Públicos, un Representante del Museo Histórico de Carúpano, un Representante de la Cooperativa Bermúdez, un Representante de la Federación Venezolana de Maestros y un Representante del Clero”.

El referido artículo 5 contiene un Parágrafo Único, al cual no hace mención la demanda, cuyo texto es: “Los integrantes del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Bermúdez, se llamarán Consejeros y las funciones de los mismos se realizarán de modo tal que asegure una actuación de naturaleza colectiva del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Bermúdez y tendrán carácter ad-honorem”.

Para la Defensoría del Pueblo, la manera en que está conformado el Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Bermúdez del Estado Sucre constituye violación de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Al efecto observó:

-                     Que el artículo 3 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública prevé la existencia “de dos tipos de miembros: los que se podrían denominar natos y los que elegirán las asambleas de ciudadanos”.

-                     Que los miembros natos son el Alcalde, los Concejales y los Presidentes de Juntas Parroquiales, mientras que el resto serán representantes de las “organizaciones vecinales de las parroquias”, de las “organizaciones de la sociedad organizada” y de las “comunidades o pueblos indígenas, donde los hubiere”.

-                     Que dicha elección debe hacerse conforme al artículo 4 de esa Ley, en el cual se dispone que: “la elección de los representantes de las organizaciones vecinales y de los sectores de la sociedad organizada, es competencia de la asamblea de ciudadanos de la comunidad o sector respectivo, para lo cual, deberá ser convocado un representante de la Defensoría del Pueblo de su jurisdicción, quien testificará en el acta de la asamblea de ciudadanos los resultados de dicha elección”.

-                     Que si bien el citado artículo 4 permite que por Ordenanza se determine “la forma como se realizará la organización de los sectores involucrados de las comunidades organizadas, así como el mecanismo de sus representantes”, en el caso del Municipio Bermúdez del Estado Sucre hubo extralimitación, pues se obvió “la elección de los representantes de las organizaciones vecinales y de los sectores de la sociedad organizada que hacen vida en esa localidad”.

-                     Que, ciertamente, la Ordenanza “señala las instituciones de la sociedad civil que conformarán el novel organismo municipal, pero obvia el procedimiento para su elección al normarlos directamente”.

-                     Que la Ordenanza debió sujetarse a la Ley nacional en la materia, pues las leyes de desarrollo están sometidas a las disposiciones de las leyes de base nacionales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución.

-                     Que como el artículo 162 de la Constitución prevé que es la Ley nacional la que debe regular “el régimen de la organización y funcionamientos del Consejo Legislativo, (…) queda claro que la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados (sic) es una ley base, cuyos lineamientos deben ser seguidos por las ordenanzas municipales que las desarrollen”, lo que hace que deba “verificarse si el citado artículo 5 de la Ordenanza sobre Organización y Funcionamiento del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Bermúdez desarrolla los principios signados por la ley base en cuestión”.

-                     Que la Ordenanza impugnada vulnera esos principios, por cuanto “el espíritu del Texto Constitucional está a favor de la democratización en todas las esferas de la sociedad venezolana” y así lo consagró la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública a través de la elección en asambleas de ciudadanos, lo que fue eliminado por el legislador local en violación del derecho a la participación ciudadana.

-                     Que “la participación es vista como un factor de modernización de la gestión pública, que forma parte del cambio que se busca alcanzar en el modo de relación de las personas titulares de derechos, que pueden y deben exigir una relación más simétrica con los agentes públicos”, de forma de lograr que “la comunidad desempeñe un rol más activo, demandante, reivindicativo y crítico”.

-                     Que, por el contrario, el artículo impugnado impone “sin cortapisas la conformación del Consejo Local de Planificación Pública”, faltando entonces “los elementos relativos a la transparencia e imparcialidad de la elección de los miembros de ese órgano municipal”, en contradicción con “el espíritu del Constituyente, cuyo fin teleológico es que la propia comunidad tome las riendas de sus asuntos y tenga efectivamente la posibilidad de participar en el gobierno del municipio, así como en la supervisión y control de sus políticas públicas locales”.

II

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Determinada como fue la competencia de la Sala para conocer del recurso interpuesto, en el fallo N° 2816/2004, procede a pronunciarse directamente sobre el mérito del asunto en los siguientes términos:

Como se reseñó en el apartado correspondiente, esta Sala –por auto del 30 de junio de 2004- solicitó a la parte actora informar sobre la publicación de la ordenanza impugnada, por cuanto ese dato no figuraba en el libelo.

El 15 de julio de 2004 la representación del Defensor del Pueblo suministró esa información, indicando que la publicación se efectuó en la Gaceta Municipal del 5 de noviembre de 2002. Sin embargo, el 3 de agosto de 2004 consignó otro escrito por el cual expuso que la ordenanza impugnada fue modificada por una publicada en la Gaceta del 18 de diciembre de 2003. El texto de ambas ordenanzas fue agregado a los autos.

Según afirmó la parte actora, al comparar el texto de las ordenanzas, “el artículo 5 contenido en ambos cuerpos normativos no se encuentran cambiados, reformados o modificados en cuanto a su contenido, siendo su texto y redacción prácticamente igual, siendo alterado únicamente el orden de enumeración de los distintos sectores de la sociedad civil organizada”. Por ello, “visto que el contenido de ambos textos normativos es igual, subsisten los mismos vicios de nulidad por inconstitucionalidad” denunciados respecto de la ordenanza del año 2002, debiendo entenderse que se ha producido la denominada “reedición del acto normativo impugnado”.

Como se observa, la Ordenanza impugnada fue reformada por otra, lo que hace imprescindible, según la jurisprudencia reiterada de esta Sala, precisar si se ha mantenido el enunciado de la norma denunciada como inconstitucional, a fin de efectuar el traslado de la demanda al nuevo texto.

El artículo 5 de la Ordenanza del año 2002 –respecto de la cual se formularon las denuncias de violación al Texto Fundamental- disponía:

“Artículo 5: El CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA del Municipio Bermúdez, estará integrado por el Alcalde, los Concejales, los Presidentes de las Juntas Parroquiales, un Representante por cada Parroquia, elegido del Seno de las Asociaciones Vecinales y en representación de los distintos sectores de la Sociedad Civil organizada del Municipio Bermúdez: un Representante del Colegio de Ingenieros, un Representante del Colegio Médico, un Representante del Colegio de Profesores, un Representante del Colegio de Abogados, un Representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), un Representante de la Cámara de Comercio, un Representante del Colegio de Contadores Públicos, un Representante del Museo Histórico de Carúpano, un Representante de la Cooperativa Bermúdez, un Representante de la Federación Venezolana de Maestros y un Representante del Clero, Organizaciones debidamente registradas ante los organismos competentes e inscritas en la Oficina de Control del CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACION PUBLICA del Municipio Bermúdez, adscrita a la Gerencia de Desarrollo Social de este Municipio de conformidad con la Constitución, las Leyes y esta Ordenanza).

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los integrantes del CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA del Municipio Bermúdez, se llamarán CONSEJEROS y las funciones de los mismos se realizarán de modo tal que asegure una actuación de naturaleza colectiva del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Bermúdez y tendrán carácter AD-HONOREM” (mayúsculas del original).

 

Por su parte, al artículo 5 de la nueva Ordenanza, publicada el 18 de diciembre de 2003 establece:

 

“Artículo 5: El CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA del Municipio Bermúdez, estará integrado por el Alcalde, los Concejales, los Presidentes de las Juntas Parroquiales, un Representante por cada Parroquia, elegido del Seno de las Asociaciones Vecinales y en representación de los distintos sectores de la Sociedad Civil organizada del Municipio Bermúdez: un Representante del Colegio de Médicos, un Representante del Colegio de Profesores, un Representante del Colegio de Abogados, un Representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), un Representante de la Cámara de Comercio, un Representante del Colegio de Contadores Públicos, un Representante del Museo Histórico de Carúpano, un Representante del Colegio de Ingenieros, un Representante de la Cooperativa Bermúdez, un Representante de la Federación Venezolana de Maestros y un Representante del Clero, Organizaciones debidamente registradas ante los organismos competentes e inscritas en la Oficina de Control del CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA adscrita a la Gerencia de Desarrollo Social de este Municipio de conformidad con la Constitución, las Leyes y esta Ordenanza).

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los integrantes del CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA del Municipio Bermúdez, se llamarán CONSEJEROS y las funciones de los mismos se realizarán de modo tal que asegure una actuación de naturaleza colectiva del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Bermúdez y tendrán carácter AD-HONOREM.

 

PARAGRAFO SEGUNDO: En las Asambleas de ciudadanos donde se elijan los CONSEJEROS del CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA del Municipio Bermúdez, deberán estar presentes con el fin de constituirse en garantes del proceso de elección, un representante de la Defensoría del Pueblo y un representante de la Oficina de Control del CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA del Municipio Bermúdez.

 

PARAGRAFO TERCERO: Las Organizaciones que integran el CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA del Municipio Bermúdez, que no elijan su Representante y su correspondiente suplente en un plazo de treinta (30) días hábiles continuos, o que no cumplan con los procedimientos de elección previstos en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y esta Ordenanza, serán excluidos de su Seno y se procederá a la reforma de la presente Ordenanza” (mayúsculas del original).

 

Puede observarse, con la simple comparación entre los dos artículos transcritos, que no son idénticos, como erróneamente sostuvo el representante de la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que apenas se había producido una alteración en el orden de figuración de los diferentes sectores que estarían representados en el Consejo Local de Planificación Pública.

Es cierto que ocurrió esa alteración (son los mismos grupos, sólo que el representante del Colegio de Ingenieros pasó a ocupar uno de los últimos lugares en la enumeración), pero el artículo sufrió una reforma considerable sobre la que la parte actora parece no reparar: se le agregaron dos parágrafos, con lo que ahora contiene tres y no uno.

Justamente esos dos parágrafos se refieren a la elección de los integrantes del Consejo Local de Planificación Pública en Asamblea de ciudadanos (parágrafo segundo) y a la exclusión del Consejo de aquellos miembros cuya elección no hubiere seguido lo dispuesto en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (parágrafo tercero).

Se aprecia, así, que con la redacción de la Ordenanza vigente no puede mantenerse la demanda de la Defensoría del Pueblo, la cual está basada en varios argumentos, todos reseñados en el apartado correspondiente, pero que pueden resumirse en uno solo: haber obviado la elección de los miembros del Consejo Local de Planificación en asamblea de ciudadanos. La Sala, por supuesto, no prejuzga en este momento acerca de si los sectores que se enumeran en el artículo impugnado (corporaciones y asociaciones de diversa índole: colegios profesionales, federaciones, Cámara de Comercio  y otros) son realmente representativos de los grupos organizados que hacen vida en el Municipio Bermúdez del Estado Sucre.

Lo importante, a efectos del caso de autos, es que la parte accionante denunció que la Ordenanza prescindía de la elección de sus miembros en asamblea de ciudadanos, lo que evidentemente no sucede en el texto vigente, en el cual se revela con claridad que sí se ha previsto esa forma de elección. Si se estime que, aún así, la ordenanza no ha respetado los límites que impone la Ley nacional, correspondería formular nueva demanda, a fin de hacer valer los alegatos pertinentes, lo cuales no pueden ser suplidos por esta Sala.

Por lo expuesto, esta Sala desestima la demanda. Así se declara.

III

DECISION

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR  la demanda de anulación ejercida por la Defensoría del Pueblo contra el artículo 5 de la ORDENANZA SOBRE CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA, dictada por el Municipio Bermúdez del Estado Sucre, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad del 18 de diciembre de 2003.

            Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del  mes de diciembre de dos mil seis (2006). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta,

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp.- 03-2704

CZdeM/