SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

 

Consta en autos que, el 16 de abril de 2001, los ciudadanos PEDRO ESTRAÑO CABALLERO, PEDRO LUIS ESTRAÑO LOAIZA, JORGE ESTRAÑO LOAIZA, MELVIN ESTRAÑO LOAIZA, ANGEL ESTRAÑO LOAIZA y FERMIN ESTRAÑO LOAIZA, titulares de las cédulas de identidad nºs. 384.523, 2.844.331, 3.287.183, 3.580.412, 4.130.948 y 3.292.154, respectivamente, representados por la abogadA Hilda Medina de  León, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 4.407, intentaron, ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 6 de abril de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esa misma Circunscripción Judicial, a causa de la presunta violación de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la propiedad, con fundamento en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 11 de junio de 2001, el referido Juzgado Superior juzgó sobre la pretensión interpuesta y la declaró con lugar.

El 14 de junio de 2001, los ciudadanos Enriqueta Gandini Fasano de y Bruno Gandin Fasano, en su carácter de terceros intervinientes, asistidos por el abogado Antonio Jatar, apelaron la sentencia del citado Tribunal para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.

Recibido el expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 28 de junio de 2001 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

El 16 de abril de 2001, la parte actora intentó, ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 6 de abril de 2001, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esa misma Circunscripción Judicial.   

El 11 de junio de 2001, el referido Juzgado Superior juzgó sobre la pretensión interpuesta y la declaró con lugar.

El 14 de junio de 2001, los terceros intervinientes apelaron la sentencia del citado Tribunal para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.     Alegó:

1.1   Que, con motivo del juicio que por cumplimiento de contrato de venta le siguen los ciudadanos Enriqueta Fasano de Gandini y Bruno Gandini  Fasano, el 6 de abril de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que conoció en alzada, declaró con lugar la demanda y confirmó, en todos y cada uno de sus términos, la sentencia dictada, el 16 de mayo de 2000, por el Juzgado de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de esa misma Circunscripción Judicial.

 

1.2   Que, en la referida sentencia, el mencionado Juzgado Primero de Primera Instancia no se pronunció sobre la consecuencia del fallo proferido con motivo del juicio de invalidación que previamente habían intentado los nombrados ciudadanos, y que motivó la procedencia de la cuestión prejudicial que promovió dentro del lapso para dar contestación a la demanda por cumplimiento de contrato de venta.

1.3 Que tal omisión fue determinante en el dispositivo de la referida decisión por cuanto, de haberse analizado el efecto de dicho fallo, la demanda incoada en su contra no hubiere prosperado por “(...) colidir con la sentencia de cumplimiento de contrato de arrendamiento, que los precitados ciudadanos ENRIQUETA FASANO DE GANDINI y BRUNO GANDINI trataron de invalidar.”

2.     Denunció:

2.1   La violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto “(...) la juez que dictó la sentencia que causa agravio a (sus) mandantes (...)” omitió “(...) pronunciarse en la defensa (sic) definitiva sobre los efectos de la decisión objeto de la cuestión previa, cual era el juicio de invalidación que (...) ENRIQUETA DE GANDINI y BRUNO DE GANDINI (sic), habían propuesto contra la sentencia que había declarado con lugar la acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento interpuesta por mis poderdantes contra los expresados ENRIQUETA DE GANDINI y BRUNO DE GANDINI (sic).”

2.2 Y la violación de su derecho a la propiedad previsto en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “(...) al ordenar (...) que (sus) poderdantes reciban como pago del precio de la pretendida oferta y aceptación por demás desechadas del proceso la cantidad de (Bs. 2.612.000,00) bolivares (sic) sin tomar en cuenta la inflación, siendo ella un hecho público y notorio (...)”

3.     Pidió:

 

“(...) SE LIBRE MANDAMIENTO DE AMPARO CONSTITUCIONAL PARA QUE SE DEJE SIN EFECTOS LA SENTENCIA DICTADA EL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2.001, POR EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO (...)”

 

 

4.     Con motivo de la apelación, los recurrentes alegaron:

 

4.1 Que el amparo es improcedente por cuanto a través del mismo se pretende una tercera instancia con el objeto de revisar decisiones definitivamente firmes contra las cuales no cabe recurso alguno.

4.2 Que el presunto agraviante sí se pronunció sobre la supuesta prejudicialidad cuando le negó valor probatorio, por irrelevantes, a los documentos que produjeron los hoy quejosos en el proceso incoado en su contra por cumplimiento de contrato de venta, relativos al juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento.

4.3 Y que, de haber existido la prejudicialidad alegada, “(...) cuestión que negamos rotundamente, esa prejudicialidad en nada influiría en el cumplimiento del contrato de venta (...)”

5. Por último, denunció la violación de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la propiedad, previstos en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que “(...) si admitiéramos los alegatos del Juez Superior Segundo, (...) sería una forma muy alegre de incumplir con la venta del inmueble, a que como arrendatario teníamos derecho.”

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Visto que, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declaró competente para conocer de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido contra la sentencia dictada, en materia de amparo constitucional, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, esta Sala se declara competente para conocer del recurso en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN

El juez de la recurrida decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

 

PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Amparo (sic) intentado por los ciudadanos PEDRO ESTRAÑO CABALLERO (...) en contra de la SENTENCIA DICTADA EN FECHA 06 DE ABRIL DE 2001, POR LA JUEZ (...), A CARGO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, por la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia de violación del derecho consagrado en el artículo 115 de nuestra Carta Magna. TERCERO: Como fórmula restitutoria o restablecedora de la situación Jurídica (sic) infringida, se declara LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Juez (...) a cargo del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, dictada en fecha 06 de abril de 2001, la cual declaró CON LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato de venta intentada por los ciudadanos ENRICHETTA FASSANO DE GANDINI y BRUNO JOSE GANDINI FASSANO contra los ciudadanos PEDRO ESTRAÑO CABALLERO (...), así como también se declaran nulos los actos de ejecución que hayan sido realizados como consecuencia del fallo violatorio (...)”

 

 

A juicio del juez de la recurrida, en la sentencia objeto del amparo no se hizo una motivación:

 

 "(…) suficientemente razonada sobre los efectos del proceso judicial que originó la procedencia de la cuestión previa alegada y declarada con lugar, lo que implica que no hubo una respuesta por parte del Administrador de Justicia (sic) de los efectos que produce un fallo definitivo la procedencia de una cuestión previa de prejudicialidad, infringiéndose (...) el derecho a la defensa y al debido proceso del ahora querellante (...) razones que hacen PROCEDENTE el amparo intentado y ASI SE ESTABLECE.”

 

Por último, dicho Juez desestimó la denuncia de violación del derecho a la propiedad, bajo el argumento de que la presunta agraviante incurrió en una omisión, al dictar su fallo, que debe ser corregida mediante otra decisión que contenga un pronunciamiento motivado.    

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Observa la Sala que el amparo se interpuso contra la sentencia que dictó, el 6 de abril de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que conoció en alzada y declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de venta incoada por los ciudadanos Enriqueta Fasano de Gandini y Bruno Gandini Fasano, en contra de los quejosos.

Adujeron estos últimos que, en el referido fallo, el Juez omitió pronunciarse sobre la consecuencia de la decisión que  recayó en el  juicio de invalidación que previamente habían instaurado dichos ciudadanos y que, a su vez, motivó la declaratoria con lugar de la prejudicialidad que ellos promovieron como cuestión previa dentro del lapso para dar contestación a la demanda en el juicio por cumplimiento de contrato de venta seguido en su contra.

Por su parte, el Juez de la recurrida acogió los argumentos de los presuntos agraviados y declaró con lugar el amparo en los términos señalados en el capítulo IV del presente fallo.

Ahora bien, del análisis de los documentos que cursan en autos, así como de la sentencia objeto del presente amparo, se constata que el Juzgado agraviante, como Tribunal de Alzada, dejó de reparar la falta en la que incurrió el Juzgado que decidió el asunto en primera instancia, respecto del juzgamiento que éste último debió realizar en la sentencia definitiva, por efecto de la habida declaratoria con lugar de la cuestión prejudicial opuesta por la parte demandada en el juicio en que se suscitó.

Al no haberlo hecho, estima esta Sala que el Juzgado agraviante vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso de los quejosos, quienes, a pesar de haber opuesto la cuestión previa prevista en el ordinall 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y de que la misma fue declarada con lugar por el Tribunal que decidió la incidencia, no obtuvieron pronunciamiento alguno respecto del efecto que, se supone, debía producir en el fallo definitivo. En consecuencia, la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho.

En cuanto a la denuncia de violación del derecho de propiedad, la Sala considera que ello es materia de fondo en el juicio en el que se profirió la sentencia objeto del presente amparo, la cual fue anulada por el fallo que aquí se confirma, lo que hace innecesario un pronunciamiento al respecto, y así se decide. 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada que dictó el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 11 de junio de 2001 y declara CON LUGAR la demanda de amparo interpuesta por los ciudadanos PEDRO ESTRAÑO CABALLERO, PEDRO LUIS ESTRAÑO LOAIZA, JORGE ESTRAÑO LOAIZA, MELVIN ESTRAÑO LOAIZA, ANGEL ESTRAÑO LOAIZA y FERMIN ESTRAÑO LOAIZA contra la decisión proferida, el 6 de abril de 2001, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esa misma Circunscripción Judicial. En consecuencia, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por los ciudadanos Enriqueta Fasano de Gandini y Bruno Gandini Fasano contra la citada sentencia.

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Caracas, a los 11 días del mes  de  diciembre de dos mil uno.  Años:  191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

     El Vicepresidente,

 

 

                           JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

JOSE MANUEL DELGADO OCANDO            

              Magistrado

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 Magistrado                                                              

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

 

El Secretario,

 

   JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.fs.

EXP N° 01-1423