SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

 

Mediante oficio n° 154 del 12 de abril de 2000, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el expediente original n° 7211, de la nomenclatura de dicho Juzgado, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Víctor Caridad Zavarce, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 20.068, representante judicial del ciudadano RODOLFO JOSÉ ORELLANA RAMÍREZ, contra la sentencia dictada el 24 de febrero de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Tal remisión obedece a la consulta obligatoria contemplada en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 25 de abril de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Efectuada la lectura individual del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

El 27 de septiembre de 1996, el Juzgado Segundo de Parroquia del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, admitió la demanda por resolución de contrato de arrendamiento intentada por la ciudadana Socorro Guillén González, actuando en su condición de directora de la Sociedad Mercantil Agencia Guillén, C.A., asistida por el abogado Ramón Ignacio Rodríguez Ramos, contra el ciudadano Rodolfo José Orellana Ramírez.

 

El 23 de septiembre de 1999, el Juzgado Cuarto de Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara dictó sentencia, en el presente proceso, en virtud de haber recibido el expediente de la causa por la inhibición del Juez del Juzgado Segundo de Parroquia del Municipio Iribarren de la misma Circunscripción Judicial, declaró con lugar la demanda y sin lugar la reconvención propuesta por el demandado anteriormente identificado.

 

El 27 de septiembre de 1999, la parte demandada en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento ciudadano Rodolfo José Orellana Ramírez apeló de la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

 

El 24 de febrero de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en virtud de la apelación propuesta dictó sentencia en la cual confirmó la decisión dictada el 23 de septiembre de 1999, por el Juzgado Cuarto de Municipio Iribarren de la misma Circunscripción Judicial.

 

El 9 de marzo de 2000, el abogado Víctor Caridad Zavarce, representante judicial del ciudadano Rodolfo José Orellana Ramírez, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 24 de febrero de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

 

El 4 de abril de 2000, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró sin lugar la acción de amparo propuesta por el ya identificado accionante. El 12 del mismo mes y año el referido Juzgado Superior remitió, mediante oficio n° 154, el expediente de la causa  a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la consulta de Ley.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La presente acción fue ejercida por el abogado Víctor Caridad Zavarce, representante judicial del ciudadano Rodolfo José Orellana Ramírez, por la presunta violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, contemplados en el artículos 49.1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la base de los siguientes alegatos:

 

El accionante fundamenta la acción de amparo propuesta en el hecho de que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en su sentencia del 24 de febrero de 2000, no se pronunció sobre el alegato de la parte demandada, hoy accionante, que adujo la perención de la instancia, por haber transcurrido, desde la fecha en que se admitió la demanda de resolución de contrato, 27 de septiembre de 1996, hasta la fecha que se realizó su citación 12 de febrero de 1997, un lapso mayor al estipulado en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe:

 

Artículo 267:Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

 

También se extingue la instancia:

1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”.

 

El accionante argumentó, también, que el mencionado Juzgado de Primera Instancia, en el punto quinto de la parte motiva de la sentencia del 24 de febrero de 2000, consideró que la reconvención propuesta por la parte demandada en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento, fue debidamente contestada y rechazada por la parte demandante, hecho éste que, según el accionante, es totalmente falso, en virtud de que en la oportunidad para contestar la reconvención la parte actora no se presentó y, en su lugar, lo hizo el abogado asistente de la empresa actora reconvenida, quien consignó un escrito de contestación encabezado por la directora de la empresa Sociedad Mercantil Agencia Guillén, C.A., pero únicamente firmado por el referido abogado.

 

Por los argumentos expuestos, la parte accionante mediante la interposición de la presente acción de amparo, solicitó se declarara la nulidad de la sentencia dictada el 24 de febrero de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y se repusiera la causa al estado de que se dictara una nueva sentencia, a fin de que la misma se proveyera sobre la procedencia o no de la perención de la instancia, así como la procedencia o no de la confesión ficta del actor reconvenido.

 

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

La sentencia dictada el 4 de abril del 2000 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró sin lugar la acción de amparo incoada, sometida a la consulta de esta Sala, estableció que:

 

“…Es una afirmación falsa de toda falsedad el argumento fáctico esgrimido por el recurrente, en cuanto a que hubo omisión sobre la defensa de perención de instancia, la cual fue opuesta junto con las cuestiones previas por el abogado Víctor Caridad Zavarce, en representación de Rodolfo Orellana Ramírez, en el mencionado juicio por resolución que le siguió a este ultimo la Sociedad Mercantil Agencia Guillén C.A. Tal alegato lo hizo el demandado en el particular tercero del manuscrito que cursa desde el folio 20 al 21 y resuelto por el Tribunal de la causa el Juzgado Segundo de Parroquia, en la fecha indicada por el presunto agraviante, sin que el demandado ejerciera recurso alguno sobre tal decisión, razón por la cual dicha decisión quedó firme por voluntad tácita del presunto afectado cuando procede a consignar en 5 folios útiles el escrito de contestación sin apelar la citada decisión como pudo haberlo hecho, pues efectivamente la perención de la instancia no es materia que da lugar a las incidencias del artículo 346 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sino a un planteamiento que se tramita a través de un procedimiento expedito y sumario en el cual el Juez constata los hechos y aplica el derecho, cuestión que es susceptible de apelación si el perdidoso considera y así se infiere de los autos que la decisión le causa gravamen irreparable tal como lo ordena el artículo 289 del C.P.C., por el contrario, cuando la decisión no se apela, tal como lo dispone el 273 ejusdem, ésta adquiere el carácter de definitivamente firme y se convierte en ley entre las partes, en los límites de la controversia decidida, siendo vinculante en todo proceso futuro. De allí, que el argumento esgrimido por el recurrente para sustentar su amparo resulta jurídicamente improcedente, pues la decisión fue aceptada por el interesado, razón por la cual; el recurso interpuesto es inadmisible de conformidad con lo previsto en el ordinal tercero (sic) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así se declara.

 

Ahora bien, revisadas las actuaciones cumplidas, en el proceso en donde se origina el presunto agravio, constata este Juzgador, al folio 80 del expediente, que en fecha 24 de febrero de 1997, se celebró la contestación a la reconvención propuesta por la parte demandada, compareciendo ante el Tribunal la ciudadana Socorro Guillén González, en su condición de directora de la Sociedad Mercantil Agencia Guillén C.A, parte demandada reconvenida, asistida por el abogado Ramón Ignacio Rodríguez, quien consignó en un folio el escrito contentivo de la contestación a la reconvención propuesta, representación que además acreditó con recaudos que se acompañaron a los autos. Tal escrito de contestación cursa al folio 31 y tiene en su parte infine la nota de Secretaría que le da autenticidad en cuanto a la fecha de presentación, por lo cual no es posible dudar de que el citado escrito sea el mismo que consignó ante el Tribunal la interesada en la oportunidad fijada para contestar la reconvención, ese escrito efectivamente tiene una firma ilegible muy similar a la que suscribe el abogado Ramón Ignacio Rodríguez, asistente de la actora, y por su contenido es evidente, que es el mismo que consignó la representante de la demandante para contestar la reconvención, de todo lo cual infiere este Juzgador que la valoración que hicieron los Jueces de Mérito de dicho recaudo fue efectuada en ejercicio del poder jurisdiccional que les permite deducir el derecho de los hechos alegados y acreditados…”.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier otra consideración, esta Sala debe pronunciarse sobre su competencia para conocer de la sentencia sometida a consulta, y a tal efecto es necesario reiterar que en decisión del 20 de enero de 2000, (Caso: Emery Mata Millán. vs. el Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), se dejó sentado que: “… Corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia…”. Ahora bien, por cuanto la sentencia sometida a consulta fue decidida en primera instancia por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de la consulta, de conformidad con el fallo citado, en concordancia con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Esta Sala observa, que el accionante fundamentó la presente acción de amparo sobre la base de dos alegatos, el primero de los cuales lo constituye el hecho de que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la sentencia del 24 de febrero de 2000, no realizó ningún pronunciamiento sobre la perención de la instancia alegada por la parte demandada hoy accionante en el juicio por resolución de contrato iniciado por la ciudadana Socorro Guillén González, actuando en su condición de directora de la Sociedad Mercantil Agencia Guillén, C.A., asistida por el abogado Ramón Ignacio Rodríguez Ramos, en contra del ciudadano Rodolfo José Orellana Ramírez.

 

Al respecto, esta Sala hace notar que el 14 de febrero de 1997, el abogado Víctor Caridad Zavarce, actuando en representación del ciudadano Rodolfo José Orellana Ramírez, en la oportunidad de contestar la demanda, interpuso escrito ante el Juzgado Segundo de Parroquia del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, donde argumentó varias cuestiones previas contra la demanda de resolución de contrato antes mencionada, y en el punto tercero expuso: “Opongo como cuestión previa la perención, establecida en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil”. En virtud del escrito presentado por el demandado, hoy accionante, el Juzgado anteriormente mencionado el 18 de febrero de 1997, dictó sentencia interlocutoria y estableció: “Finalmente opone la perención de la instancia como cuestión previa fundamentada en el artículo 267, ordinal 1° por haber transcurrido mas de treinta (30) días este juzgador sigue el criterio de nuestro máximo Tribunal al establecer que la perención opera cuando las partes no han cumplido con su obligación (pago de los derechos arancelarios y suministro de información en donde puede ser citado el demandado); razón por la cual el Tribunal la desestima y más aún cuando pone en duda si la perención es o no una cuestión previa”.

 

Sobre la referida sentencia, la parte demandada no interpuso recurso alguno por lo que tal decisión quedó definitivamente firme; en consecuencia, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en su sentencia del 24 de febrero de 2000, no tenía por qué pronunciarse sobre un alegato que ya había sido resuelto y sobre el cual, el hoy accionante, no realizó ninguna objeción.

 

El segundo alegato esgrimido por el accionante en la presente acción, lo constituye el hecho de que el mencionado Juzgado de Primera Instancia, en el punto quinto de la parte motiva de la sentencia del 24 de febrero de 2000, consideró que la reconvención propuesta por la parte demandada en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento, fue debidamente contestada y rechazada, hecho éste que, según el accionante, es totalmente falso en virtud de que, en la oportunidad para contestar la reconvención, la parte actora no se presentó, y en su lugar, lo hizo el abogado asistente de la empresa actora reconvenida, quien consignó un escrito de contestación encabezado por la directora de la empresa Sociedad Mercantil Agencia Guillén, C.A., únicamente firmado por el abogado Ramón Ignacio Rodríguez Ramos.

 

Si bien es cierto que el escrito presentado por el referido abogado, en asistencia de la ciudadana Socorro Guillén González, en su carácter de directora de la empresa Sociedad Mercantil Agencia Guillén, C.A., sólo presenta la firma del abogado asistente, tal situación fue subsanada por el Juzgado Segundo de Parroquia del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el mismo día de la presentación del mencionado escrito, donde dejó constancia, en forma expresa, de la asistencia al acto para la contestación de la reconvención de la ciudadana Socorro Guillén González, auto que fue firmado por el Juez, la Secretaria del referido Juzgado y por la actora reconvenida.

 

En consecuencia, esta Sala Constitucional considera que la presente acción de amparo debe ser declarada sin lugar, y, por ello, comparte el criterio del Juzgado a quo contenido en la sentencia del 4 de abril de 2000, que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por el abogado Víctor Caridad Zavarce, representante judicial del ciudadano Rodolfo José Orellana Ramírez, contra la sentencia dictada el 24 de febrero de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la cual se confirma. Así se decide.

VI
DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 4 de abril de 2000, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por el abogado Víctor Caridad Zavarce, representante judicial del ciudadano Rodolfo José Orellana Ramírez, contra la sentencia dictada el 24 de febrero de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial. Queda en estos términos resuelta la consulta ordenada.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17  días del mes de diciembre  dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                                                                          El Vicepresidente,

                                  

 

                                                                      JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                 JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

                                                                                          Ponente

           

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

JMDO/ns.

EXP. n° 00-1416.