SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCIA GARCIA

 

 

El 15 de octubre de 2003, el DEFENSOR DEL PUEBLO, conjuntamente con abogados adscritos al Despacho a su cargo, solicitó la anulación del artículo 5 de la ORDENANZA SOBRE CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACION PUBLICA, dictada por el Municipio Bermúdez del Estado Sucre y publicada en la Gaceta Municipal de esa entidad N° extraordinario del 5 de noviembre de 2002.

El 22 de octubre de 2003 se admitió el recurso y se ordenó notificar al Alcalde y al Síndico Procurador del Municipio Bermúdez del Estado Sucre y al Fiscal General de la República, así como publicar un cartel de emplazamiento a los interesados. Por cuanto también se solicitó la declaratoria de mero derecho de la presente causa, se ordenó decidir lo conducente, una vez que constasen en autos las notificaciones. Asimismo, se ordenó abrir cuaderno separado para resolver la solicitud de medida cautelar.

Efectuadas las notificaciones, el 28 de octubre de 2003 fue recibido en Sala el presente cuaderno separado relacionado con la petición de protección provisional, para lo cual se designó ponente al Magistrado Antonio García García, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 30 de junio de 2004, la Sala solicitó a la parte actora informar sobre la efectiva publicación de la ordenanza impugnada, por cuanto ese dato no se proporcionó en el libelo.

El 15 de julio de 2004, el abogado Sacha Fernández, en representación del Defensor del Pueblo, suministró la información requerida, indicando que la publicación se efectuó en la Gaceta Municipal del 5 de noviembre de 2002. Sin embargo, el 3 de agosto de 2004, el mismo abogado consignó escrito por el cual expuso que la ordenanza impugnada fue modificada por una publicada en la Gaceta del 18 de diciembre de 2003. Destacó, que la norma impugnada permanece en la nueva ordenanza, por lo que pidió a la Sala aplicar a ese nuevo artículo las denuncias contenidas en el libelo original.

Realizada la lectura individual del expediente, la Sala pasa a decidir de la manera siguiente:

I

MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

El artículo 5 de la Ordenanza sobre Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Bermúdez del Estado  Sucre enumera los integrantes de dicho Consejo (aparte de autoridades locales, serán miembros los representantes de: Colegio de Ingenieros, Colegio de Médicos, Colegio de Profesores, Colegio de Abogados, Confederación de Trabajadores de Venezuela, Cámara de Comercio, Colegio de Contadores Públicos, Museo Histórico de Carúpano, Cooperativa Bermúdez, Federación Venezolana de Maestros y Clero).

Para la Defensoría del Pueblo, ello implica la violación de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, dictada por la Asamblea Nacional, pues en su artículo 4 establece que los miembros de tales Consejos se elegirán en asambleas de comunidades organizadas, no siendo posible que la Ordenanza enumere directamente las personas que lo formarán.

Según la Defensoría del Pueblo se hace necesario suspender la aplicación del artículo impugnado para dar efectividad al derecho a la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 26 de la Constitución. Sin mayor detalle, la parte accionante aseguró que procede una medida cautelar basada en el Código de Procedimiento Civil, por cumplirse los requisitos del fumus bonis iuris y el periculum in mora.

II

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Antes de decidir sobre la medida cautelar que ha sido solicitada, debe la Sala pronunciarse sobre el artículo impugnado, ya que el actor ha traído a los autos una ordenanza que modificó la originalmente recurrida. La Sala observa, entonces, lo siguiente:

1.                  Sobre la norma impugnada:

La parte accionante informó a esta Sala que la ordenanza impugnada fue modificada por otra, publicada en el número extraordinario del 18 de diciembre de 2003, de la Gaceta del Municipio Bermúdez del Estado Sucre.

La Sala puede constatar, leídos ambos textos, que el artículo 5 de la Ordenanza del año 2002 se corresponde con el artículo 5 del texto del año 2003. Apenas existe una ligera variación en la redacción (en el orden de los integrantes del Consejo), que en nada afecta las denuncias formuladas en su contra.

La Sala ha admitido, en jurisprudencia reiterada, que puede operar la conversión del recurso de nulidad en el caso de que las normas impugnadas hayan sido sustituidas por otras con el mismo enunciado, todo ello a fin de evitar que la sanción de un nuevo texto –así su contenido sea sustancialmente el mismo del anterior- se convierta en un medio para burlar el recurso intentado en su oportunidad.

Por lo expuesto, la Sala declara que el presente recurso se decidirá con base en las denuncias contenidas en el recurso, pero respecto del artículo 5 de la Ordenanza actualmente vigente. Así se decide.

2.                  Sobre la medida cautelar solicitada:

Como es jurisprudencia reiterada de esta Sala, la suspensión de los efectos de las normas constituye una respuesta excepcional del juez frente a violaciones al Derecho que no encuentran otra forma idónea de ser atendidas.

La situación normal debe ser la opuesta: en virtud de su presunción de constitucionalidad y legalidad, y debido a su carácter erga omnes, las normas deben mantener su aplicabilidad hasta que el tribunal competente, luego de un serio y detenido análisis, determine su invalidez. Actuar de otra forma puede ocasionar más perjuicios que ventajas, con lo que la tutela provisional puede convertirse, lejos de su verdadera justificación, en un mecanismo para desatender disposiciones sobre las que aún resta hacer el pronunciamiento definitivo.

Ello, por supuesto, no es impedimento para que la Sala adopte una decisión cautelar, que dependerá del valor que dé al fumus boni iuris alegado por el accionante. Ahora bien, en el caso de autos estima la Sala que no se satisfacen los requisitos legales para la concesión de una medida cautelar, en concreto el periculum in mora.

En efecto, la parte actora afirmó que la suspensión de la norma debe ordenarse por cuanto se violan “derechos y principios de jerarquía constitucional” y existen “fuertes indicios de inconstitucionalidad”. Lo que no explicó es en qué consiste el riesgo en caso de no suspenderse la aplicación de la disposición recurrida.

La Sala estima, más bien, que el riesgo se generaría en caso de suspensión del artículo impugnado. Debe observarse que la norma recurrida dispone la manera en que se integrará el Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Bermúdez, aunque a juicio de la Defensoría del Pueblo lo hace de manera violatoria de la ley nacional.

Ahora bien, si esta Sala suspendiera la norma lo único que lograría es que deje de existir regulación sobre la forma de escoger a los miembros del Consejo. Debe destacar la Sala que en realidad la ley nacional deja en manos del legislador local la determinación del detalle acerca de esa escogencia; Como se observa, si se suspende la norma impugnada no habría disposición que pueda aplicarse en sustitución, pues la ley nacional, aun siendo el límite de la Ordenanza en esta materia, no prevé la manera en que se hará la selección de los miembros del Consejo. De esta manera, la medida que solicita la parte actora crearía un vacío indeseable. Es preferible, entonces, mantener su aplicación, en espera de la sentencia definitiva en esta causa, en la que se resolverá si la norma impugnada es válida o no. 

Por lo expuesto, la Sala niega la solicitud de medida cautelar formulada por la parte accionante. Así se declara.

III

DECISION

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, NIEGA la medida cautelar de suspensión del artículo 5 de la ORDENANZA SOBRE CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA, dictada por el Municipio Bermúdez del Estado Sucre, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad del 18 de diciembre de 2003.

En virtud de que a través de este fallo la Sala reconocer la conversión del recurso, expídase copia certificada de la presente decisión y agréguese en la pieza principal del expediente.

            Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el presente cuaderno separado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia  en  Sala Constitucional, en  Caracas,  a  los 07 días del mes de diciembre  de dos mil cuatro (2004). Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente,

 

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

 

 

 

                                                            JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                   

                 Ponente

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp.: 03-2704 cuaderno separado

AGG/asa