SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

Mediante escrito presentado el 4 de julio de 2003, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el ciudadano Benito Gutiérrez Ferrer, titular de la cédula de identidad n° 4.713.202, representado por el abogado Arturo C. Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 18.803, interpuso acción de amparo constitucional «[...] contra el Dr. CARLOS ENRIQUE CARRILLO AREVALO [sic], Juez accidental del Juzgado especial ejecutor de medidas de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico [sic] y el Dr. IVAN GONZALES ESPINOZA [sic], Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico [sic] [...]».

El 7 del mismo mes y año, el premencionado abogado reformó la demanda de amparo.

 

Por decisión del 8 de julio de 2003, el referido Juzgado Superior declaró inadmisible la pretensión objeto de estos autos y, una vez cumplido el lapso previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin que fuera interpuesto el recurso de apelación, ordenó la remisión de los autos a esta Sala Constitucional, a fin de que evacue la consulta obligatoria prevista en la mencionada disposición.

Recibidas las actuaciones el 23 de julio de 2003, se dio cuenta de ello en la misma oportunidad y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe este fallo.

 

Efectuado el análisis de los autos, pasa esta Sala a resolver el presente caso, a cuyo efecto hace las siguientes consideraciones:

 

De la pretensión de amparo constitucional

 

En el escrito libelar, el apoderado judicial del presunto agraviado fundó su pretensión de amparo constitucional sobre la base de las siguientes argumentaciones:

 

Que su representado es propietario de un fundo agropecuario denominado «La Liota», ubicado en el Sector Ipare del Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico, el cual era parte integrante del Gran Hato «La Gutierreña», propiedad de la agropecuaria La Gutierreña, C.A., de la cual es accionista su mandante.

 

Que, «[...] consta de la Resoluciones 119 y 120 de Ministerio de energía [sic] y Minas, publicadas en gaceta oficial [sic] No. 37.266 de fecha 22 de agosto del año 2001, que el Estado Venezolano por intermedio del Ministerio de Energía y Minas, concedió en Licitación a las empresa Total oil and gas Venezuela SA [sic], Repsol YPF Venezuela SA [sic], Otepi Inversiones SA [sic], Inepetrol SA [sic] e Ypergas SA [sic], la exploración y explotación de hidrocarburos Gaseosos No Asociados, (cuya producción el Estado Venezolano, previamente había cuantificado su potencialidad) en el sector conocido como Yucal Placer Norte y Sur [...]».

 

Que «[...] el Fundo ‘La Liota’ se encuentra en el inte