SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

Mediante escrito presentado el 4 de julio de 2003, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el ciudadano Benito Gutiérrez Ferrer, titular de la cédula de identidad n° 4.713.202, representado por el abogado Arturo C. Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 18.803, interpuso acción de amparo constitucional «[...] contra el Dr. CARLOS ENRIQUE CARRILLO AREVALO [sic], Juez accidental del Juzgado especial ejecutor de medidas de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico [sic] y el Dr. IVAN GONZALES ESPINOZA [sic], Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico [sic] [...]».

El 7 del mismo mes y año, el premencionado abogado reformó la demanda de amparo.

 

Por decisión del 8 de julio de 2003, el referido Juzgado Superior declaró inadmisible la pretensión objeto de estos autos y, una vez cumplido el lapso previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin que fuera interpuesto el recurso de apelación, ordenó la remisión de los autos a esta Sala Constitucional, a fin de que evacue la consulta obligatoria prevista en la mencionada disposición.

Recibidas las actuaciones el 23 de julio de 2003, se dio cuenta de ello en la misma oportunidad y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe este fallo.

 

Efectuado el análisis de los autos, pasa esta Sala a resolver el presente caso, a cuyo efecto hace las siguientes consideraciones:

 

De la pretensión de amparo constitucional

 

En el escrito libelar, el apoderado judicial del presunto agraviado fundó su pretensión de amparo constitucional sobre la base de las siguientes argumentaciones:

 

Que su representado es propietario de un fundo agropecuario denominado «La Liota», ubicado en el Sector Ipare del Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico, el cual era parte integrante del Gran Hato «La Gutierreña», propiedad de la agropecuaria La Gutierreña, C.A., de la cual es accionista su mandante.

 

Que, «[...] consta de la Resoluciones 119 y 120 de Ministerio de energía [sic] y Minas, publicadas en gaceta oficial [sic] No. 37.266 de fecha 22 de agosto del año 2001, que el Estado Venezolano por intermedio del Ministerio de Energía y Minas, concedió en Licitación a las empresa Total oil and gas Venezuela SA [sic], Repsol YPF Venezuela SA [sic], Otepi Inversiones SA [sic], Inepetrol SA [sic] e Ypergas SA [sic], la exploración y explotación de hidrocarburos Gaseosos No Asociados, (cuya producción el Estado Venezolano, previamente había cuantificado su potencialidad) en el sector conocido como Yucal Placer Norte y Sur [...]».

 

Que «[...] el Fundo ‘La Liota’ se encuentra en el interior del área geográfica de la licenciatura, particularmente en lo que respecta a la implementación de la tubería de transporte de gas y por existir en su interior uno de veinte (20) pozos de gas a explotar señalados e indicados en el proyecto en referencia [...]».

 

Que, en el área denominada Yucal Placer Norte y Sur, «[...] el estado [sic] cedió la exclusividad que tenía en el aprovechamiento de las reservas de gas libre que allí existen, a favor de las empresas antes mencionadas a cambio de una mínima regalía, utilizando para ello no la figura de la concesión, como de antiguo se hacía, sino bajo el sistema licitatorio que concede al beneficiario algunos derechos sobre todo de carácter contractual, por tanto, a pesar de ser la actividad de producción y explotación de hidrocarburos gaseosos de eminente carácter público, en el caso en estudio no es ejercida por el estado venezolano [sic], sino por intermedio del capital privado [...]».

 

Que, «[...] en el mes de marzo de 2003 la empresa Ypergas S.A., antes identificada, en su condición de beneficiaria y supuesta operadora del área geográfica de la Licenciatura de exploración y explotación mencionada, solicita por ante el Juzgado Primero de primera [sic] Instancia en lo Civil y mercantil [sic] de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico [sic], el establecimiento de Una [sic] servidumbre Judicial [sic], específicamente para el Fundo La Gutierreña, propiedad de [...] MIGUEL GUTIERREZ [sic] FERRER [hermano del accionante], señalando unas supuestas coordenadas que dijo haber levantado en dicho fundo, pero demandando a [su] representado a titulo [sic] personal sin ser dueño de dicho fundo [...]».

 

Que, el 15 de abril del mismo año, el referido juzgado de instancia acordó la ocupación de algunas áreas del fundo «La Gutierreña» y comisionó para la práctica de tal medida al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.

 

Que, el 21 de abril de 2003, el juez titular del referido Juzgado Ejecutor, se inhibió de practicar la comisión conferida y «[...] como consecuencia de la inexistencia de suplentes y conjueces del Tribunal comisionado, la ejecución de la comisión a que se refieren estas actuaciones se paraliza, hasta tanto se proceda a designar la terna correspondiente [...]».

 

Que, el 11 de junio de 2003, «[...] en horas nocturnas [...] [su] mandante se trasladó al Fundo de su propiedad denominado ‘LA LIOTA’ y los obreros le informaron que varias maquinas [sic] habían realizado labores en su interior, habían roto las cercas perimetrales del fundo por el Lindero Norte y que un abogado de nombre Carlos Enrique Carrillo Arévalo, se había introducido en esa propiedad, en compañía de un grupo de personas y había ordenado la penetración de maquinarias y equipos en el mismo [...]».

 

Que, al día siguiente, el representante del presunto agraviado se trasladó a la sede del referido Juzgado Ejecutor, «[...] a requerir información sobre ese hecho irregular, y el Secretario del Mencionado Tribunal manifestó que había un ‘Nuevo Tribunal’ y como el Juez designado no estaba en el despacho no era posible entregar copias de esas actuaciones [...]».

 

Que, ante la imposibilidad de obtener información en relación con tales actuaciones, la representación judicial del accionante practicó una inspección judicial en la sede del referido Juzgado Ejecutor, en la cual constan los siguientes hechos:

 

(i)                  que el 19 de mayo de 2003, el Tribunal Supremo de Justicia designó al abogado Carlos Enrique Carrillo Arévalo como juez accidental para conocer la comisión en cuestión;

(ii)                que el 11 de junio del mismo año, el referido juez se abocó al conocimiento de la comisión conferida;

(iii)              que, en esa misma oportunidad, «[...] el Juzgado pretende en forma apresurada Constituir [sic] el Tribunal accidental, sin haber Juramentado [sic] al Secretario violando la ley de Juramento [sic], sin Darle [sic] apertura al Libro diario [sic], sin designar el alguacil de dicho tribunal, dando inicio a violaciones de los más elementales derechos Constitucionales, como el Derecho [sic] a la defensa, al debido Proceso [sic] [...]»;

(iv)              que, «[...] el mismo día 11 en forma apresurada procede a designar entre los empleados de la empresa Ypergas (Contra parte en esa comisión) a los ciudadanos RAMÓN SEGUNDO COLORADO y JESÚS ROMERO LAYA, como Supuestos peritos para que asistan al tribunal en la ejecución de la medida en referencia, quienes ni siquiera comparecen a la sede del Juzgado Accidental, sino que son designados en el mismo Patio o sitios de Trabajos [sic] de la empresa [...]»; y,

(v)              que «[...] el Juez accidental procede en ausencia de [su] mandante, a penetrar el Fundo ‘La Liota’ rompiendo los alambres, dejando constancia en el acta forjada que ‘No Hubo’ afectación de ese predio, agregándoles datos falsos, impidiendo a mi mandante, demostrar que en la ejecución alegara lo que considerara conveniente, en cuanto al fundo, las supuestas coordenadas, las afectaciones etc [sic], conformando así un grave cuadro de violaciones de los derechos Constitucionales de [su] mandante [...]»;

 

A este respecto, denunció el apoderado del accionante que «[...] el agraviante coartó con su actuación la posibilidad de que [su] representado demostrara los motivos de marcada y evidente incompetencia [subjetiva], así como la de los peritos y prácticos designados en las írritas actuaciones por el [sic] realizadas, pues inexplicablemente, el mismo día que se avoca [sic], no constituye al Tribunal como era obligación, pues no designa al alguacil, no juramenta al secretario, no da apertura al Libro diario, designa como funcionarios del Tribunal a los mismo empleados de una de las partes y por si fuera poco, con la sola notificación de los abogados de Ypergas, se traslada al Fundo ‘La Liota’ para ejecutar una medida que estaba destinada a otro inmueble, Fundo ‘La Gutierreña’; y falsamente deja constancia de haber verificado la ejecución de la medida en apenas una (1) hora, violándose así las garantías constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la propiedad privada, consagrados en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [...]».

En refuerzo de lo anterior, sostuvo «[...] subsiguientemente el agraviante, al violar la garantía Constitucional del debido proceso, trajo como consecuencia la violación al derecho a defensa de [su] mandante pues le fue coartada la posibilidad de ejercer el derecho de Recusar [sic] al agraviante y a los peritos que el mismo agraviante designó entre los empleados de Ypergas como Funcionarios Judiciales, y además impide que [su] mandante demuestre que el fundo al cual estaba destinada la ocupación previa, no era la liota [sic], sino ‘la Gutierreña’ [sic], que pudiese verificar las verdaderas coordenadas [...]».

 

Por otra parte, expuso que «[...] a las violaciones señaladas [...] y que corresponden al Juez accidental especial ejecutor de medidas, se le suman las violaciones del derecho a la defensa y al debido proceso de [su] representado, cometidas en el proceso por el Dr. IVAN GONZALEZ ESPINOZA, Juez de la Causa que rayan con el Fraude Procesal [...]».

 

En este sentido, narró que «[...] como consecuencia de la incidencia de Recusación planteada en el proceso contra el agraviante, el Juicio Principal se encuentra paralizado, pues al no existir funcionario judicial que supliera la falta mientras duro [sic] la incidencia de recusación el proceso de servidumbre se detuvo, al extremo que el Juez agraviante ordena para su continuación la notificación de las partes. No obstante, este hecho, -la Paralización- el Dr. IVAN GONZALEZ ESPINOZA, actuando fuera de su competencia y asumiendo e invadiendo la competencia que corresponde a los jueces de ejecución, con un marcado abuso de poder, a solicitud de la empresa Ypergas, S.A., procede a la ejecución de la ocupación previa dictada en ese juicio –aún en discusión- asumiendo funciones de Juzgado Ejecutor de Medidas, cuando el día 25 de junio del presente año cuando acuerda [sic] librar oficio N° 737-03 dirigido a la Guardia Nacional de la población de Altagracia de Orituco, Estado Guárico [...] ordenando a ese cuerpo de seguridad del estado [sic], que protegiera a una de las partes [...]».

 

Que «[...] por si fuera poco, incurriendo en un marcado y aberrante Abuso de Poder, procede en forma personal a dirigir la ejecución de ese inconstitucional acto, Girando Instrucciones [sic] al jefe del comando de la Guardia Nacional de esa Ciudad, al extremo que le ordena la Privación Ilegítima de la Libertad al ciudadano BENITO GUTIERREZ FERRER, quien es detenido arbitraria e ilegalmente por el Comando de la Guardia Nacional e [sic] la población de Altagracia de Orituco, Estado Guarico [sic] y puesto a la orden de la Fiscalía 8va del Ministerio Público, y posteriormente presentado ante el Juez de Control, quien Finalmente [sic] ordena su libertad Plena [sic] [...]».

 

En abundamiento de lo narrado, señaló que «[...] la desviación del juez agraviante, llega situaciones alarmantes, que como se dijo rayan en el fraude procesal, pues además de haber asumido anteriormente funciones de juez ejecutor, ordena la detención de [su] mandante y por si fuera poco y aun el proceso paralizado, en forma apresurada mediante oficio No. 774-03, de fecha 04-07-03, ordena al Comando de la Guardia Nacional que realice funciones de perito, al acordar una custodia permanente en el interior del fundo ‘La Gutierreña’ sin que [su] mandante en esa instancia ejecutiva pueda llevar a efecto alegatos técnicos, sobre la ubicación, linderos, etc., que por lo demás son objeto del debate en ese juicio [...]».

 

Concluyó este punto alegando que «[...] [c]onforme a lo narrado, resulta evidente, que el Juez IVAN [sic] GONZÁLEZ ESPINOZA, al emitir el oficio No. 737-03 de fecha 21-06-03 y el oficio No. 774-03 de fecha 04-07-2003 al asumir la ejecución en forma directa de la orden en el [sic] contenida violó el debido proceso, pues por una parte al estar el Juicio de servidumbre Judicial Paralizado [sic] era necesaria la notificación de las partes y por la otra actúa fuera de su competencia al materializar actos de ejecución que no corresponden a su competencia, invadiendo la establecida por el Legislador a los Jueces ejecutores, y con aberrante abuso de poder procede a ejecutar sus propios actos en forma directa, girando instrucciones para que se procediera a la detención de [su] representado [...]».

 

Con base en tales argumentos, solicitó el apoderado actor que –en la definitiva- fuesen anuladas las actuaciones denunciadas como lesivas. Asimismo, solicitó «[...] se decrete Medida Cautelar innominada, en el sentido que se suspenda [sic] mientras dure este proceso, las decisiones asumidas por los Jueces agraviantes, causantes de las lesiones constitucionales denunciadas [...]».

 

De la decisión sometida a consulta

 

Mediante sentencia del 8 de julio de 2003, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, declaró inadmisible la pretensión objeto de estos autos, con base en los siguientes argumentos:

 

«[...] [E]l accionante no puede acumular pretensiones de amparo contra un Juzgado ejecutor, -de cuya violación, en decisiones judiciales contrarias a la Constitución, debe conocer, o el Juzgado de Municipio, sino hay un Tribunal de Primera Instancia- y de pretensiones contra un Juzgado de Instancia cuyo conocimiento sí corresponde a ésta Alzada, pues de conocer ésta de la presente acción, estaría incurriendo en un vicio denominado error inexcusable o usurpación de funciones, pues no puede conocer de pretensiones que corresponden a otro juzgador y parte de pretensiones cuyo conocimiento sí le corresponde [...]».

 

Motivaciones para decidir

 

En primer término, debe la Sala determinar su competencia para conocer el caso de autos, a cuyo fin se observa que la decisión sometida a consulta fue –como se vio- dictada por un Juzgado Superior, actuando como tribunal constitucional de primer grado. Tal y como lo dispone la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto se dicte la ley que regule la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos se rige por las normativas especiales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes que haya dictado esta Sala de conformidad con la atribución a ella conferida por el artículo 335 de la Constitución.

 

Debido a lo expuesto, en materia de amparo no existe necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala al respecto, pues la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no ha sido derogada. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 eiusdem, y en un todo conforme con las interpretaciones vinculantes establecidas en fallos del 20 de enero y 2 de febrero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y José Amado Mejías, respectivamente), es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas que recaigan sobre los fallos proferidos por los Juzgados Superiores, actuando como órganos jurisdiccionales de primera instancia en sede constitucional, como sucede en el caso de autos. Así se declara.

 

Dictaminado lo anterior, la Sala observa que las denuncias contenidas en el escrito libelar están dirigidas personalmente en contra de cada uno de los ciudadanos que –en el momento en que se produjeron las violaciones delatadas- detentaban la condición de jueces a cargo de los respectivos tribunales. Así, debe precisarse de manera inmediata, tal y como lo ha hecho la Sala en repetidas oportunidades, que en materia de amparo contra sentencias, el agravio constitucional está constituido por el acto u omisión jurisdiccional que pretende ser cuestionado y, por tanto, el mismo se le imputa al órgano como tal, mas no a quien –por circunstancias accidentales- ejerce el cargo en determinado momento.

 

Acotado tal punto, se observa entonces que, en el presente caso, las imputaciones efectuadas se han dirigido en contra de dos órganos jurisdiccionales: el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial. Al primero de ellos, se le acusa de haber practicado la comisión que le fue conferida por el juzgado a quo sin que se le permitiese al presunto agraviado ejercer su derecho a recusar al propio juez ejecutor y a los funcionarios auxiliares designados por él para asistirlo, así como no haber permitido al accionante ejercer su derecho a la defensa durante la práctica de tal medida de ocupación. Al segundo de ellos, por su parte, se le imputa el haber actuado con usurpación de funciones y abuso de poder, al pretender ejecutar por sí mismo la medida de ocupación decretada previamente y el haber ordenado la detención del accionante.

 

Lo anterior, demuestra que en el presente caso fue planteada una inepta acumulación de pretensiones, toda vez que: (i) no existe identidad de sujetos, pues los denunciados como agraviantes (sujetos pasivos de esta acción de tutela constitucional) son órganos distintos; (ii) tampoco hay identidad títulos, en tanto las denuncias imputadas a cada uno de ellos son materialmente distintas y; (iii) por esta misma razón, no puede existir identidad de objeto. Luego, ciertamente la presente demanda resulta inadmisible, por inepta acumulación de pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a esta materia por remisión del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo evidente, tal como señalara el a quo que de las denuncias formuladas correspondía conocer a jueces distintos, pues los juzgados denunciados como agraviantes tiene distinta jerarquía. Por tales motivos, esta Sala confirma, en los términos expuestos, la decisión sometida a consulta. Así se declara.

 

Decisión

 

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma, en los términos expuestos en la motiva de este fallo, la decisión dictada el 8 de julio de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, que declaró inadmisible el amparo interpuesto por la representación del ciudadano Benito Gutiérrez Ferrer, antes identificado, en contra del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de Diciembre de dos mil cuatro (2004). Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

 

Iván Rincón Urdaneta

 

 

 

 

El Vicepresidente-Ponente

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

Antonio José García García

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

n° 03-1879

JECR/

 

En virtud de la potestad que le confiere el artículo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, quien suscribe, Magistrado Antonio J. García García, consigna su opinión concurrente al contenido decisorio del presente fallo, en los siguientes términos:

Si bien quien suscribe está de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría sentenciadora, que se declaró competente para conocer de los amparos constitucionales conforme lo ha venido haciendo desde que entró en funcionamiento esta Sala Constitucional, discrepa el que no se haya reparado en la distribución competencial que realiza, en esa materia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto se debe señalar, sin ánimos de hacer referencias concretas, que los criterios desarrollados por esta Sala hallaban su justificación en la necesidad de construir toda una doctrina en relación con sus competencias para hacer aplicativas, de manera directa e inmediata, las disposiciones contenidas en la Constitución de 1999, de allí que, con la entrada en vigencia de la Ley, la utilización de tales preceptos se hace prescindible al cesar el silencio legislativo que justificó su configuración, sin que valga ni siquiera echar mano de lo dispuesto en la letra b de la disposición derogatoria, transitoria y final única del texto normativo en referencia, pues ese no ha sido el supuesto para el cual el legislador lo estatuyó.

Ya han sido muchos los votos que, quien suscribe, a concurrido detallando en qué forma, a su entender, opera la distribución competencial luego de la entrada en vigencia de la Ley en referencia.  Ello es suficiente para explicitar en esta oportunidad las razones por las cuales no se comparte los términos en que fue asumida la competencia para conocer el caso de autos; sin embargo, se debe hacer la justa advertencia -constantemente presente en tales votos-, de que la modificación del régimen competencial no implicaba que la Sala se desprendiera de las causas que, hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Ley, conocía, según lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la interposición del recurso o amparo, y no tienen efecto respecto de ella los cambios posteriores de dicha situación.

Queda así expresado el criterio del Magistrado concurrente.

En Caracas,  fecha  ut supra.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vicepresidente,

 

                                               JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                    

    PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

              Concurrente

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHAN

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp: 03-1879

 

AGG/