SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

El 20 de noviembre de 2003, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio No. 670 del 17 de noviembre de 2003, emanado de la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado PEDRO JOSÉ TROCONIS DA SILVA, inscrito en Inpreabogado bajo el número 34.395, en su carácter de defensor de los ciudadanos ALBIS GREGORIO LEAL RAMÍREZ, JOSÉ RAMÓN PAREDES, SEGUNDO ANTONIO DOBOBUTO SÁNCHEZ, GUINSON GERARDO FREIRE GUERRERO y JUAN ANDRÉS ESCALONA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 9.929.353, 11.404.775, 9.844.962, 13.531.074 y 10.051.174, respectivamente, contra la negativa del Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad de sus defendidos.

 

El expediente en mención fue remitido a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, respecto de la consulta de ley a la que se encuentra sometida la decisión dictada el 10 de noviembre de 2003, por la referida Sala de la Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta.

 

En la oportunidad anteriormente señalada, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

En el escrito contentivo de la solicitud de amparo, alegó la defensa de los accionantes, lo siguiente:

 

1.- Que, el 31 de octubre de 2003, el Juez Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, negó la solicitud que formuló respecto de la sustitución de la medida de privación de libertad de sus defendidos, por una cautelar menos gravosa “bajo unos argumentos que guardan relación con una solicitud formulada por el Ministerio Público, que, a decir del juzgador, es con ‘el objeto de considerar la aplicación de una medida cautelar que sustituya la medida privativa de libertad’, lo cual es totalmente falso”, ya que la solicitud presentada por el representante del Ministerio Público no está dirigida a decidir la medida cautelar de sus representados, sino por el contrario, la misma tiene como finalidad “tratar de extender la duración de la medida, a través de una facultad que le otorga el segundo aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, de solicitar excepcionalmente una prórroga, a los efectos del mantenimiento de la medida”.

 

2.- Que el referido Juzgado de Juicio, desde un principio, ha irrespetado los lapsos procesales en perjuicio de sus defendidos, y nuevamente en esta oportunidad, bajo unos alegatos inciertos no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

3.- Que al fundamentar el Juzgado Octavo de Juicio su decisión, en argumentos no acordes con la realidad, negando lo que por derecho corresponde a sus defendidos, menoscabó sus derechos constitucionales, concretamente el derecho a libertad personal consagrado en el artículo 44 de la Constitución.

 

4.- Que dicha violación constitucional surge de la situación fáctica plasmada en la decisión que negó la sustitución de la medida privativa de libertad, ya que, sus defendidos por “errores inexcusables, imputables en principio al MINISTERIO PÚBLICO y avalado por el TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA” han propiciado que éstos permanezcan privados de su libertad más allá del límite legal.

 

5.- Que es evidente la violación constitucional por parte del Juez Octavo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, mediante su decisión de “negar la procedencia de la sustitución de la medida privativa de libertad que pesa sobre mis defendidos por una medida sustitutiva”, ya que no tomó en cuenta el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 244 del texto adjetivo penal.

 

II

DEL FALLO CONSULTADO

 

            En decisión del 10 de noviembre de 2003, la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, señaló:

 

“Observa la Sala que el abogado (...) en su carácter de defensor de los ciudadanos (...), señala como violados el derecho a ser juzgado en libertad, violación a una justicia sin dilaciones indebidas, el derecho a la defensa, derecho de presunción de inocencia y el derecho a ser oído (...) los cuales dice fueron infringidos en la decisión dictada el 31 de octubre del año en curso, mediante la cual el (...) en su carácter de Juez Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio declaró improcedente la solicitud de revisión del auto dictado en fecha 22-10-03, auto en el cual se acordó fijar una audiencia a los fines de prorrogar la medida de privación judicial de libertad (...) que no es contra la que se recurre, pues el amparo fue interpuesto en fecha 6-11-03, siendo confuso el escrito del solicitante del amparo que hace referencia a que el recurso lo interpone en contra de la negativa de sustituir la medida de privación judicial de libertad (...) con lo que el planteamiento del amparo es a todas luces inadmisible, no sólo porque no existe una amenaza de violación de todos los derechos que dice se violaron, sino porque en contra de este tipo de decisiones, así como las decisiones relacionadas con la negativa de revisión de medida privativa de libertad, no procede el recurso de apelación, por estar sujeto siempre en cualquier tiempo a una revisión y porque la medida privativa de libertad ya fue sujeta al recurso de apelación, con lo que hubo doble instancia (...). En consecuencia y por todo lo expuesto considera esta Sala que lo procedente y ajustado a derecho es declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta (...). Y ASÍ SE DECLARA”.

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

 

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal de alzada de los Tribunales Superiores competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara.

 

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 1 febrero de 2000 (Caso: José Amando Mejías).

 

            En el presente caso, la sentencia sometida a consulta ha sido dictada por la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siendo así, esta sala resulta competente para conocer de la misma, y así se declara.

 

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y, a tal fin se observa:

 

A juicio de la defensa de los accionantes, la pretendida violación constitucional surge de la negativa del Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre sus defendidos, por una cautelar menos gravosa. 

 

Por su parte, a criterio de la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la pretensión constitucional “es a todas luces inadmisible, no sólo porque no existe una amenaza de violación de todos los derechos que dice se violaron, sino porque en contra de este tipo de decisiones, así como las decisiones relacionadas con la negativa de revisión de medida privativa de libertad, no procede el recurso de apelación, por estar sujeto siempre en cualquier tiempo a una revisión y porque la medida privativa de libertad ya fue sujeta al recurso de apelación, con lo que hubo doble instancia”.

 

En el presente caso, evidencian las actas del expediente que ciertamente el 31 de octubre de 2003 el Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se pronunció sobre las solicitudes interpuestas por el abogado Pedro José Troconis Da Silva, en su carácter de defensor de los hoy accionantes, en cuanto a la sustitución de las medidas de privación judicial de libertad por cautelares menos gravosas, y la nulidad del auto dictado por el referido Juzgado, en el que se fijó la celebración de la audiencia a la que se contrae el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, para el 5 de noviembre de 2003, juzgándolas improcedentes.

 

La declaración de improcedencia de sustitución de las medidas de privación de libertad proferida por el órgano jurisdiccional             -denunciada como lesiva-, se fundamentó en la circunstancia referida al pedimento del Ministerio Público, respecto de la prórroga para el mantenimiento de dichas medidas de coerción personal, razón por la cual fijada la audiencia a la que se contrae el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el pronunciamiento en cuanto a la sustitución de las mismas, debía producirse una vez oídas las partes, ello a fin de mantener el debido proceso y el derecho a la igualdad de las partes.

 

Aprecia la Sala, que en el presente caso, la acción de amparo interpuesta es contra una decisión judicial, en razón de lo cual, estima preciso reiterar la doctrina asentada en la sentencia del 2 de marzo de 2001 (Caso: Bimbo de Venezuela, C.A.) donde apuntó:

 

“(...) La acción de amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación de actuaciones u omisiones judiciales que enerven directamente derechos o garantías constitucionales, revestido de particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo que previene el texto normativo que las regula, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente: 

Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva’.

Del análisis del artículo transcrito, y buscando salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica, la jurisprudencia patria ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: (i) que el órgano jurisdiccional presuntamente agraviante haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial o material); y aunado a ello, (ii) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional”.

 

En cuanto a la expresión “actuando fuera de su competencia”, insiste esta Sala que, dicha expresión no está referida sólo a la incompetencia por la materia, cuantía o territorio, sino que también corresponde a los conceptos de abuso de poder o extralimitación de funciones, y que consecuencialmente esa actuación vulnere derechos o garantías constitucionales. Es decir, que conforme a lo anterior, puede ocurrir que el Juzgador, actuando dentro de su competencia, entendida ésta en el sentido procesal estricto, puede hacer uso indebido de las facultades que le están atribuidas, para fines totalmente distintos al que se le confirió, o actuar haciendo uso indebido de ese poder, independientemente del fin logrado, dictando una resolución o sentencia que lesione un derecho constitucional.

 

Siendo ello así, la actuación del órgano jurisdiccional -señalado como presunto agraviante- no se enmarca dentro de los supuestos de procedencia de este tipo de amparo.

 

En efecto, conforme lo establece el primer aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas de coerción personal en ningún caso pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años. De allí, que el cese de la coerción -en principio- obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional.

 

No obstante, el límite de dos años establecido en el señalado primer aparte del artículo 244, para poner fin a las medidas de coerción personal, opera de pleno derecho, sólo cuando el Ministerio Público o el querellante no hayan solicitado la prórroga prevista en dicha norma o haya existido dilación procesal de mala fe en el proceso.

 

En el caso de autos, si bien la privación de libertad de los hoy accionantes excedía del lapso legal de los dos años, y aún en el proceso que se les seguía no se había celebrado el juicio oral y público, circunstancia que -en principio- hacía procedente la libertad; sin embargo, el representante del Ministerio Público con antelación al pedimento de la defensa -sustitución de las medidas de coerción personal por cautelares menos gravosas- solicitó una prórroga para el mantenimiento de dichas medidas privativas de libertad. Razón por la cual, el Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a tenor de lo establecido en el tantas veces señalado artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, fijó la audiencia oral para oír a las partes, a fin de decidir sobre la solicitud formulada.

 

Es por ello que, a juicio de la Sala, la negativa de sustitución de las medidas de privación judicial de libertad de los accionantes          -decisión impugnada- no constituye una actuación del órgano jurisdiccional fuera de su competencia, mucho menos lesiva de los derechos constitucionales denunciados.

 

En el caso que se examina, los supuestos en los que está planteada la acción evidencian que lo que se pretende, no es la restitución de una situación jurídica supuestamente infringida, sino la nulidad de una decisión por vía de amparo constitucional.

 

De allí, que la acción de amparo interpuesta resulta in limine litis improcedente y no inadmisible conforme lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como la declaró el a quo, motivo por el cual la Sala pasa a revocar el fallo consultado, y así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IN LIMINE LITIS IMPROCEDENTE la acción de amparo interpuesta por el abogado PEDRO JOSÉ TROCONIS DA SILVA, en su carácter de defensor de los ciudadanos ALBIS GREGORIO LEAL RAMÍREZ, JOSÉ RAMÓN PAREDES, SEGUNDO ANTONIO DOBOBUTO SÁNCHEZ, GUINSON GERARDO FREIRE GUERRERO y JUAN ANDRÉS ESCALONA, contra la negativa del Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad de sus defendidos.

 

Queda así revocada la sentencia consultada.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada,  firmada  y  sellada,  en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  Caracas,  a     los  14  días  del  mes  de  Diciembre de  2004. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                           

             

     El Vicepresidente-Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

Antonio José García García.

 

 

                                                                        Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

EXP. Nº: 03-3025

JECR

 

En virtud de la potestad que le confiere el artículo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, quien suscribe, Magistrado Antonio J. García García, consigna su opinión concurrente al contenido decisorio del presente fallo, en los siguientes términos:

Si bien quien suscribe está de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría sentenciadora, que se declaró competente para conocer de los amparos constitucionales conforme lo ha venido haciendo desde que entró en funcionamiento esta Sala Constitucional, discrepa el que no se haya reparado en la distribución competencial que realiza, en esa materia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto se debe señalar, sin ánimos de hacer referencias concretas, que los criterios desarrollados por esta Sala hallaban su justificación en la necesidad de construir toda una doctrina en relación con sus competencias para hacer aplicativas, de manera directa e inmediata, las disposiciones contenidas en la Constitución de 1999, de allí que, con la entrada en vigencia de la Ley, la utilización de tales preceptos se hace prescindible al cesar el silencio legislativo que justificó su configuración, sin que valga ni siquiera echar mano de lo dispuesto en la letra b de la disposición derogatoria, transitoria y final única del texto normativo en referencia, pues ese no ha sido el supuesto para el cual el legislador lo estatuyó.

Ya han sido muchos los votos que, quien suscribe, ha concurrido detallando en qué forma, a su entender, opera la distribución competencial luego de la entrada en vigencia de la Ley en referencia.  Ello es suficiente para explicitar en esta oportunidad las razones por las cuales no se comparte los términos en que fue asumida la competencia para conocer el caso de autos; sin embargo, se debe hacer la justa advertencia -constantemente presente en tales votos-, de que la modificación del régimen competencial no implicaba que la Sala se desprendiera de las causas que, hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Ley, conocía, según lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la interposición del recurso o amparo, y no tienen efecto respecto de ella los cambios posteriores de dicha situación.

Queda así expresado el criterio del Magistrado concurrente.

En Caracas,  fecha  ut supra.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vicepresidente,

 

                                          JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA        PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

              Concurrente

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHAN

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp: 03-3025

 

AGG/