REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 7 de agosto de 2002, los abogados Gonzalo Oliveros Navarro e Ildegar Garrido Fajardo, con inscripción en el Inpreabogado bajo los nos 18.111 y 37.999, con el carácter de apoderados judiciales de la CÁMARA DE TURISMO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (CATENE), con inscripción en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta el 9 de mayo de 1985, bajo el nº 34, Tomo Primero, Protocolo Primero, intentaron ante esta Sala recurso de nulidad de los artículos 44 y 45 de la Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Servicios de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, que fue publicada en la Gaceta Municipal de dicho Municipio de 20 de mayo de 1998.

Del expediente de la causa se dio cuenta en Sala por actuación del 7 de agosto de 2002 y se acordó la remisión de los autos al Juzgado de Sustanciación.

El 17 de septiembre de 2002, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad, ordenó la realización de las notificaciones a que se refiere la Ley, el emplazamiento de los interesados y la remisión del expediente a la Sala, una vez conste en autos el cartel de emplazamiento y las notificaciones que fueron ordenadas, para que decida sobre la solicitud de tramitación del juicio como asunto de mero derecho.

El 6 de marzo de 2003, compareció la abogada Yilda Merchán Sánchez, apoderada judicial de la parte recurrente, quien solicitó la expedición del cartel de emplazamiento a los interesados.

El 26 de marzo de 2003, se retiró el cartel de emplazamiento, el cual se publicó en prensa el 7 de abril y se agregó a los autos el 8 del mismo mes y año.

El 8 de abril de 2003, se recibió el expediente en la Sala y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz a objeto de que se pronuncie acerca de la decisión previa.

El 6 de mayo de 2003, compareció la apoderada judicial de la parte recurrente, quien consignó recaudos relativos a la fundamentación de su pretensión. Mediante diligencia de esa misma fecha, se dio cuenta en Sala de dicha actuación.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD

1.           Alegó:

1.1         Que la Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Servicios de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, de 20 de mayo de 1998, tiene por objeto la regulación de “los servicios de aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos”.

1.2         Que, según el artículo 37 de dicha Ordenanza, el pago de los servicios de recolección de desechos sólidos corresponde a los beneficiarios del servicio, en atención a los parámetros allí establecidos.

1.3         Que, además, los artículos 40 y 42 eiusdem establecen que dicho servicio de recolección también causará, mensualmente, una tasa de conformidad con una Ordenanza especial, a saber, la Ordenanza sobre Tarifas del Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario en el Municipio Mariño, del 17 de marzo de 1998.  Concretamente, el artículo 3 de esta Ordenanza especial establece que es obligación de los usuarios del servicio el pago de la referida tasa, y se entiende por usuario (artículo 4) al propietario u ocupante de inmuebles ubicados en dicho Municipio, hayan o no requerido el servicio.

1.4         Que, a pesar de haberse regulado quiénes eran los sujetos que cumplirían con el pago del servicio, el modo de prestación y el cálculo de la tasa aplicable, la Ordenanza de Servicio preceptuó la obligación, de ciertos visitantes del Municipio, del pago de una tasa adicional, concretamente de aquellos que se hospeden en hoteles, residencias, pensiones u otros sitios de alojamiento, y no los de otros locales públicos o comerciales.

2.            Denunció:

2.1         La violación, por parte de los artículos 44 y 45 de la Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Servicios de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, de los principios de igualdad, generalidad del tributo y justa distribución de las cargas públicas que establecen los artículos 21, 133 y 316 de la Constitución de 1999, discriminación que sufren los establecimientos hoteleros respecto de otros lugares públicos –incluidos restaurantes y otros lugares de hospedaje, como serían apartamentos de alquiler- situados en esa jurisdicción, pues sólo los usuarios de aquéllos deben asumir el pago de la tasa, aun cuando en todos los casos el hecho generador del tributo por el servicio de recolección de desechos se verifica por igual.

2.2         Que la causa de esa discriminación está en que, como quiera que los hoteles y pensiones “...deben llevar un registro de sus huéspedes, le es más fácil al municipio, controlar la permanencia o no de los visitantes del mismo”.

2.3         Que, como consecuencia de esta situación, los hoteles y pensiones se ven obligados a una doble contribución o pago del servicio de recolección de basura porque, de una parte, pagan mensualmente el costo de dicho servicio conforme al baremo que establece la Ordenanza de Tarifas y, por otro, deben destinar un tres por ciento (3%) de su tarifa diaria al pago de la tasa generada por los visitantes –huéspedes- de sus establecimientos.

2.4         Que la tasa en cuestión resulta, además, confiscatoria, lo que viola los artículos 115, 116 y 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde que “los establecimientos públicos de hospedaje, están obligados a destinar una parte importante de su diaria retribución derivada de la ocupación de sus instalaciones, a pagar ese servicio por el cual, ya ellos mensualmente pagan”. En este sentido agregaron que “...conforme a lo establecido en la Ley de Turismo, las tarifas hoteleras tienen un límite máximo en función de la clasificación que a cada establecimiento corresponde (...) esa tarifa se ve disminuida sustancialmente por la tasa aplicada a los hoteles (...) afectando así la capacidad contributiva de dichos establecimientos y generando adicionalmente la pérdida de competitividad de éstos respecto de otros de similar naturaleza en el área del Caribe”.

3.           Pidió:

3.1         Se declare la nulidad, por inconstitucionalidad, de los artículos 44 y 45 de la Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Servicios de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta.

3.2         Como pronunciamiento previo, pidió, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se declare este asunto como de mero derecho y, en consecuencia, sea resuelto sin lapsos de relación e informes.

 

III

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

En este estado del proceso, corresponde a la Sala la decisión previa relativa a la petición del recurrente de que se tramite la causa como de mero derecho. En tal sentido se observa:

El artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone lo siguiente:

“A solicitud de parte y aun de oficio, la Corte podrá reducir los plazos establecidos en las dos Secciones anteriores, si lo exige la urgencia del caso, y procederá a sentenciar sin más trámites.

Se considerarán de urgente decisión los conflictos que se susciten entre funcionarios u órganos del Poder Público.

La Corte podrá dictar sentencia definitiva, sin relación ni informes, cuando el asunto fuere de mero derecho. De igual modo se procederá en el caso a que se refiere el ordinal 6° del artículo 42 de esta Ley.”

 

La norma en cuestión dispone, en su encabezamiento, un solo supuesto según el cual podrá reducirse el plazo para la tramitación, esto es, para la sustanciación y relación de los juicios de nulidad, cuando lo exige la urgencia del caso. Asimismo, el segundo aparte de la norma que fue transcrita agrega dos supuestos en los que procede la reducción de trámites procesales, concretamente a través de la supresión de la relación de la causa y de informes, a saber, en los asuntos de mero derecho y en aquellos de colisión entre leyes.

Sobre la naturaleza del procedimiento de mero derecho, la jurisprudencia de esta Sala dejó sentado que, “...sólo procede cuando la controversia esté circunscrita a cuestiones de mera doctrina, a la interpretación de un texto legal o de una cláusula contractual o de otro instrumento público o privado. Ello viene a significar que la decisión podría ser tomada con el examen de la situación planteada y la correspondiente interpretación de la normativa aplicable al mismo [sin que por ello sea menoscabado el principio de la contradicción en materia probatoria].” (s.S.C. nº 89 de 14 de marzo de 2000, caso: Estatuto Electoral del Poder Público; y s.S.C. nº 591 de 20 de junio de 2000, caso: Régimen de Transición del Poder Público).

En el caso concreto, la demanda se fundamenta en la nulidad, por razones de inconstitucionalidad, de dos artículos (44 y 45) de la Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Servicios de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, en virtud de la supuesta contradicción existente entre dichas normas y los principios constitucionales de igualdad, generalidad del tributo, justa distribución de las cargas públicas e interdicción de la doble tributación y confiscatoriedad en materia tributaria, pues se alegó la imposición de una tasa adicional a la ordinaria por concepto del servicio de recolección de desechos sólidos a las empresas hoteleras.

Por tanto, y en atención a la interpretación que ha otorgado la jurisprudencia que se invocó respecto del artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el caso de autos se erige como un juicio de mero derecho, desde que el debate se circunscribe a la adecuación o no de normas legales –artículos 44 y 45 de la referida Ordenanza- respecto de otras de rango constitucional –artículos 21, 112, 115, 16, 133, 299 y 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-. Así se decide.

A pesar de ello, la Sala Constitucional estima necesaria la recepción de las opiniones e informes de las partes y de las autoridades nacionales y municipales que han sido notificadas de la interposición y admisión de la demanda, preservando, además, esa oportunidad procesal para que cualquier otra persona que tenga interés presente sus informes antes de que se dicte sentencia. Por tanto, de conformidad con la facultad que otorga a la Sala el tercer parágrafo del artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia cuando la causa es de mero derecho, se acuerda la supresión de la relación de la causa y se mantiene el acto de informes. Así se declara.

 

IV

DECISIÓN

Por los razonamientos que anteriormente fueron expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la declaratoria de mero derecho que se solicitó en el curso del recurso de nulidad que intentaron, los apoderados judiciales de la CÁMARA DE TURISMO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (CATENE), contra los artículos 44 y 45 de la Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Servicios de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a Secretaría para que prosiga la tramitación del proceso principal de nulidad según lo pautado en esta decisión.

 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 03 días del mes de diciembre de dos mil tres.   AAños: 1931º de la Independencia y 1424º de la Federación.

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

                  Magistrado                 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

       Magistrado-Ponente

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 02-1904