SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

Mediante oficio Nº TPI-00-032, del 20 de marzo de 2000, de conformidad con las previsiones sobre competencia establecidas en la Constitución de 1999, la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, remitió a esta Sala Constitucional el expediente contentivo del “recurso contencioso administrativo de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad” interpuesto el 6 de octubre de 1998, por los abogados Moritz Eiris Bonilla, Moritz Eiris Villegas, Ana Cecilia Sarría Chapellín, Oneil Omar Alvarado Pedroza y José Gregorio Medina, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 19.660, 43.708, 41.201, 58.971 y 33.605, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de C.A. SEAGRAM DE VENEZUELA y LICORERIAS UNIDAS, S.A., en contra de los códigos Nos. 3-1-3-1-01 y 6-1-0-7-08 del Clasificador de Actividades Económicas de la Patente de Industria y Comercio y Servicios Conexos de la Ordenanza de Impuesto de Patente de Industria y Comercio aprobada por el Concejo del Municipio Autónomo Simón Planas del Estado Lara.

            El 19 de junio de 2001, se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.


I

DEL PROCEDIMIENTO

            El 6 de octubre de 1998, las empresas C.A. Seagram de Venezuela y Licorerías Unidas, S.A. interpusieron recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad en contra de los códigos Nos. 3-1-3-1-01 y 6-1-0-7-08 del Clasificador de Actividades Económicas de la Patente de Industria y Comercio y Servicios Conexos de la Ordenanza de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio aprobada por el Concejo del Municipio Autónomo Simón Planas del Estado Lara, en sesión extraordinaria Nº 17, del 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta de dicho Municipio correspondiente al mes de octubre de 1996.

            El 20 de octubre de 1998, la Secretaría de la Corte en Pleno de la extinta Corte Suprema de Justicia, dio cuenta del referido escrito de interposición del recurso y acordó remitirlos al Juzgado de Sustanciación.

            El 22 de octubre de 1998, el Juzgado de Sustanciación de la Corte en Pleno antes mencionada, admitió el escrito presentado por los recurrentes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la práctica de las notificaciones correspondientes y la publicación del respectivo cartel.

            El 7 de julio de 1999, la ciudadana Cecilia Carmina Arraez Ramírez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 55.472, actuando con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Simón Planas del Estado Lara, consignó escrito donde solicitó sea declarado sin lugar el presente recurso.

            El 20 de marzo de 2000, mediante oficio Nº TPI-00-032, el Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, remitió el presente expediente a esta Sala Constitucional, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución de 1999.

            El 5 de abril de 2000, se dio cuenta en Sala y se remitieron las actuaciones al Juzgado de Sustanciación de la misma.

            El 10 de mayo de 2000, dicho Juzgado de Sustanciación ordenó la notificación de las partes y del Fiscal General de la República.

            El 13 de junio de 2001, por cuanto había vencido el lapso probatorio, el Juzgado de Sustanciación remitió a esta Sala Constitucional el presente expediente a los fines de la continuación del procedimiento.

            El 19 de junio de 2001, se designó Ponente y fijó el quinto día de despacho para el comienzo de la relación.

            El 17 de julio de 2001, día fijado para la presentación de los informes, la Sala dejó constancia de que el 12 de los mismos mes y año, las recurrentes habían consignado su escrito de informes.

            El 18 de septiembre de 2001, la ciudadana Zandra Sabina Marruffo Díaz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 62.295, actuando con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Simón Planas del Estado Lara, presentó su escrito de informes.

 

II

DEL ACTO IMPUGNADO

            El acto que se impugna a través del presente recurso, lo constituye la Ordenanza de Impuesto de Patente de Industria y Comercio aprobada por el Concejo Municipal del Municipio Simón Planas del Estado Lara, aprobada en sesión extraordinaria Nº 17, celebrada el 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del mencionado Municipio en octubre de 1996.

            La referida Ordenanza, señala en su artículo 1 los requisitos necesarios para desarrollar actividades industriales, comerciales, de servicios o de otra índole similar dentro de su jurisdicción.  Asimismo, en su artículo 3 dispone que los sujetos pasivos en calidad de contribuyentes son aquellas personas naturales o jurídicas que realicen las actividades antes mencionadas con fines de lucro o remuneración.  Finalmente, establece los impuestos correspondientes a cada actividad de conformidad con un Clasificador de Actividades Económicas que forma parte integrante de la Ordenanza.

            Así, en el código Nº 3-1-3-1-01 referente a la “Destilación, Rectificación y Mezcla de Alcoholes.  Elaboración de Alcoholes” establece una alícuota  (0/100) de uno (1) y un mínimo tributable anual de mil doscientos bolívares (Bs. 1.200,00).  Por otra parte, en el código Nº 6-1-0-7-08 para el “Mayor de Bebidas Alcohólicas” una alícuota (0/100) de cinco (5) y un mínimo tributable de mil doscientos bolívares (Bs. 1.200,00).

 

III

ALEGATOS DE LAS RECURRENTES

            A) De la nulidad por inconstitucionalidad.

Aducen los recurrentes que del acto impugnado se desprende que el hecho generador del impuesto de Patente de Industria y Comercio  es el ejercicio de la actividad de industria y comercio a través de la producción y comercialización de alcohol etílico y especies alcohólicas.

Al respecto, señalaron que de conformidad con lo establecido en los artículos 136, ordinal 8º, y 139 de la Constitución de 1961 (vigente para el momento en que se dictó el acto impugnado), se atribuía dicha competencia al Poder Público Nacional.  Asimismo, que la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas en sus artículos 1, 2, 3 y 8 dispone que su objeto es gravar –entre otras cosas- el ejercicio de la industria y del comercio del alcohol etílico y especies alcohólicas y que para tal fin, el Poder Nacional a través del Ministerio de Hacienda, es el único competente para crear, organizar, recaudar y controlar los impuestos correspondientes, lo que constituye una reserva expresa. Asimismo, hicieron referencia a los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 45, 46 y 48 eiusdem, donde se establecen algunos de los tributos sobre el ejercicio de las actividades de producción, importación, expendio y venta de alcoholes y especies alcohólicas y de la industria y el comercio de esos productos, así como los requisitos para desarrollas dichas actividades.  Con base en ello, consideraron que el Poder Nacional es el único autorizado para regular esta materia.

Por otra parte, manifestaron que la autonomía municipal está limitada en materia tributaria, no teniendo un poder absoluto e ilimitado, sino más bien condicionado por la Constitución y las demás leyes nacionales que organizan el poder normativo en dicha materia, entre las cuales se encuentra la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas.

De conformidad con lo anterior, consideraron que la Ordenanza impugnada adolece del vicio de incompetencia, toda vez que la Cámara Municipal que la promulgó carecía de la facultad de regular la materia relativa a la producción y consumo de alcoholes y licores. Por lo tanto, mal podía el Poder Municipal crear tributos al respecto, constituyéndose así una invasión de las competencias atribuídas, tanto constitucional como legislativamente, a otro órgano de la administración (el Poder Público Nacional), usurpado así funciones reservadas a éste.

Finalmente sostuvieron que todo anterior acarrea la violación de los artículos 18, 34, 136, ordinal 8º, y 139 de la Constitución de 1961.

 

B) De la nulidad por ilegalidad.

Los recurrentes consideraron que el acto impugnado colide con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas y que está gravando dos veces el mismo hecho imponible, configurando así el supuesto de doble imposición, lo cual contraría lo dispuesto en los artículos 4 y 12 del Código Orgánico Tributario.

Al respecto, manifestaron que hay doble tributación cuando las mismas personas o bienes son gravados dos o más veces por análogo concepto en el mismo período, por parte de dos o más sujetos del Poder Tributario. En este sentido, señalaron que tanto la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas como la Ordenanza contentiva del acto impugnado, prevén un gravamen impositivo a todos aquellos contribuyentes que realizan la actividad comercial e industria del alcohol.

Finalmente, consideraron que se estaba violando el principio de la capacidad contributiva, al sobrecargar económicamente a las recurrentes con la doble tributación antes aludida, lo cual atenta contra las disposiciones contenidas en el artículo 223 de la derogada constitución de 1961, que establecía la justa distribución de las cargas según la capacidad del contribuyente.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala, delimitar su competencia para conocer de la presente solicitud de nulidad, y a tal efecto observa:

El asunto sometido al conocimiento de esta Sala, versa sobre la nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de una Ordenanza Municipal. En este sentido, la Sala considera menester hacer las siguientes consideraciones:

Los artículos 215, numeral 4 y 216 de la derogada Constitución establecían, entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, la competencia para “declarar la nulidad total o parcial de las leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados o Municipios” que colidieren con la Constitución.

Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece de forma expresa en el artículo 334, que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, ejercer exclusivamente la jurisdicción constitucional para “declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley” .

De tal modo, que corresponde a esta Sala, el ejercicio de la jurisdicción constitucional como máximo y último intérprete de la Constitución. En este sentido, el artículo 336, numeral 2 de nuestra Carta Magna, le atribuye la competencia a esta Sala para “declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata” de la Constitución (subrayado propio).

Así las cosas, conforme a la norma constitucional citada -artículo 336, numeral 2- se le atribuye la competencia a esta Sala Constitucional para ejercer el control de la constitucionalidad de todos los actos emanados de los órganos del Poder Público “dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ella”

Siendo ello así, corresponde a la jurisdicción constitucional el conocimiento de aquellos actos de naturaleza legal, mientras que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de aquellos actos que no sean de naturaleza legal, es decir, de aquellos actos que no tengan rango de ley o que no hayan sido dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución.

En este sentido, resulta imperioso para esta Sala destacar los criterios que dejó sentados en su decisión del 23 de noviembre de 2001, dictada en el Caso Iván Darío Badell, acorde con la cual, hasta tanto no se dicte la ley que regule la jurisdicción constitucional, la competencia para conocer de las acciones o recursos que se ejerzan con el fin de impugnar por razones de inconstitucionalidad ordenanzas que no hayan sido dictadas en ejecución directa e inmediata de la constitución, corresponderá provisionalmente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora bien, siendo que el acto impugnado es la Ordenanza de Impuesto de Patente de Industria y Comercio, dictada por el Concejo Municipal del Municipio Simón Planas del Estado Lara, el cual es un órgano Legislativo Municipal; y siendo que la misma no fue adoptada en ejecuci