SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 29 de septiembre de 2008, la COOPERATIVA ASOCIACIÓN MIRIMAY 2008, mediante la representación del abogado Teodoro Gómez Henriquez, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 16.451, incoó, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, demanda de amparo contra la ciudadana Nadia Richani Jiménez, Decana de la U.N.E.F.A., núcleo Anzoátegui, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos al trabajo y libre tránsito que acogieron los artículos 87 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 30 de septiembre de 2008, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui declaró su incompetencia para el conocimiento de la demanda y declinó el juzgamiento de la misma en el Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa circunscripción judicial.

El 16 de octubre de 2008, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en El Tigre, pronunció, igualmente, su incompetencia por razón del territorio, para la decision de la demanda y declinó dicha decisión en el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, tribunal que, el 28 de octubre de 2008, no aceptó la declinatoria de competencia y, conforme a lo que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, remitió la causa a esta Sala Constitucional para la resolución del conflicto de competencia.

El 25 de noviembre de 2008, se dio cuenta a la Sala y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.                Alegó:

1.1           Que, el 2 de febrero de 2008, el Coronel Walter Felce Salcedo, entonces Decano de la U.N.E.F.A., núcleo Anzoátegui, que está ubicado en San Tomé, le solicitó a la ciudadana Mirian González Gamarra que atendiera el centro de fotocopiado de la universidad. La relación se habría formalizado a través de la constitución de la Cooperativa Asociación Mirimay 2008.

1.2           Que, “Para iniciar las actividades reproductivas (sic), (su) representada tuvo que hacer una inversión para obtener las máquinas y equipos de fotocopiado, así como el material necesario para prestar el referido servicio, y el personal que estaría a cargo en el Departamento de Reproducción…”

1.3           Que, “Por cuestiones administrativas, el Decano Coronel WALTER FELCE SALCEDO, fue cambiado para la ciudad de Caracas, en su lugar quedó las ciudadana (sic) NADIA RICHANI JIMENEZ, quien se encargó del Decanato de la UNEFA, quien a título personal, empezó con una conducta agraviante, hacia (su) representada, tales como corte en el sistema de aires acondicionados y de la energía eléctrica, entorpeciendo de esta manera los servicios de reproducciones, tomándose atribuciones que no le corresponden, en razón de que, el Centro de Fotocopiado, es contratado por el Vicerrectorado Administrativo con sede en la ciudad de Caracas.”

1.4           Que la supuesta agraviante habría cambiado las cerraduras del centro de fotocopiado, “secuestró todos los equipos y material reproductivo” e impidió el acceso al personal, con lo cual los alumnos se perjudican.

2.                Denunció:

2.1           Que “La conducta de la ciudadana NADIA RICHANI JIMENEZ, también atenta contra los derechos y garantías constitucionales, así como el derecho al trabajo y viola los principios establecidos en los artículos 1, 2, 3, 19, 20, 22, 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.” Asimismo, que la supuesta agraviante lesiona su derecho al libre tránsito.

3.                Pidió:

(Que) el presente Recurso de Amparo Constitucional sea admitido y sustanciado conforme a derecho, y se ordene la citación de la agraviante y del Ministerio Público.

 

II

DE LOS TRIBUNALES QUE DECLARARON SU INCOMPETENCIA

1.        El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, basó su declaratoria de incompetencia en lo siguiente:

Considera esta Juzgadora que el anterior dispositivo legal (artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales) es claro al señalar que, conocerán de amparo los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación; y siendo que se alegan en el anterior escrito violaciones a disposiciones constitucionales relativas al derecho del trabajo, tales como el artículo 87 y 88, y, siendo que la competencia es materia de orden público, los Juzgados competentes para conocer de la presente acción de Amparo Constitucional, son los Juzgados con competencia laboral, y así se decide.

 

 

2.        El Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en El Tigre, afincó su pronunciamiento de incompetencia en lo siguiente:

Así las cosas, este Despacho advierte, que la presente Acción de Amparo Constitucional está fundada, en la supuesta actitud asumida por la ciudadana NADIA RICHANI JIMENEZ encargada del Decanato de la UNEFA. Núcleo Anzoátegui, ubicada en el Campo petrolero de San Tomé del Estado Anzoátegui, contra la ASOCIACIÓN MIRIMAY 2008.

De manera que, conforme al lugar donde ocurren los hechos que se denuncian por la supuesta violación del Derecho al Trabajo, Libre Tránsito y a los Principios Fundamentales establecidos en nuestra carta magna; con fundamento en los Artículos 1, 2, 3, 19, 20, 26, 27, 47, 49, 79, 87, 88, 89, 253, y 257 Constitucionales, conforme a los hechos narrados por el quejoso en amparo, se verifican en la sede de la UNEFA. Núcleo Anzoátegui, ubicada en el Campo petrolero de San Tomé del Estado Anzoátegui, cual se corresponde con la Jurisdicción del Municipio Pedro María Freites del Estado Anzoátegui.

 

 

3.        El Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, fundamentó su declaración de incompetencia en lo siguiente:

En el presente caso nos encontramos frente a dos tribunales de instancia que procedieron a declararse incompetentes, el primero por la materia y el segundo por el territorio, para conocer la presente Acción de Amparo, en la cual se denuncia la presunta actitud de la ciudadana NADIA RICHANI JIMENEZ en contra de la Cooperativa ‘Asociación Mirimay 2008’… y se pretende le sea permitido el acceso del centro de copiado a la presunta quejosa y disponer de las maquinarias, equipos y material de reproducciones que actualmente mantiene secuestrados y permitirle al personal que labora para la referida cooperativa cumplir con el servicio de reproducciones para el estudiantado de la UNEFA, agravio este que es violatorio al derecho al trabajo, libre tránsito y a los principios fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, planteándose de esta forma lo denominado conflicto negativo de competencia, por lo que en criterio de quien hoy suscribe, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad del Tigre en lugar de remitir a este Tribunal dichas actuaciones, conforme al contenido del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debió remitirlo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo prevé el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, concatenado con el artículo 5, cardinal 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de no existir un tribunal superior común entre ambos tribunales, que resolviera el conflicto de competencia planteado, por lo que atendiendo al fin del Amparo Constitucional y con el único objeto de evitar mas demoras en la presente acción, este Tribunal ORDENA remitir en este mismo acto a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia la presente Acción en el estado en que se encuentra, a los fines pertinentes. Remítase.

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

La Sala pronuncia su competencia para la resolución del conflicto de competencia de autos, sobre la base de lo que preceptúan los artículos 266, cardinal 7, y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el artículo 5, cardinal 51, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

IV

ANÁLISIS DEL ASUNTO

1.        La Sala pasa a la decisión del conflicto de competencia que surgió entre el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en El Tigre, para lo cual determinará el tribunal compete para que conozca la demanda que incoó la Cooperativa Asociación Mirimay 2008, contra la ciudadana Nadia Richani Jiménez, en su carácter de Decana de la U.N.E.F.A., núcleo Anzoátegui.

Para la determinación del tribunal con competencia para el juzgamiento de la demanda de autos, se debe acudir a los criterios de distribución de competencia sobre la materia –grado, territorio y afinidad-, que dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual reza textualmente:

 

Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

 

De lo precedente se desprende que, en materia de amparo, el principio general es que la competencia para el conocimiento de la demanda corresponde a un Tribunal de primera instancia con competencia en la materia afín con la naturaleza del derecho violado, que tenga competencia territorial en el lugar donde se produjeron los hechos constitutivos de la supuesta lesión; ello, en razón de la urgencia en la necesidad del restablecimiento de la situación jurídica que se dice infringida, y en cumplimiento con los principios de brevedad, gratuidad, celeridad y no sujeción a formalidad que caracterizan el procedimiento del amparo, conforme al artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el asunto de autos, se observa que la demandante delató como hecho lesivo la conducta que la ciudadana Nadia Richani Jiménez asumió respecto del funcionamiento del centro de fotocopiado de la U.N.E.F.A., núcleo Anzoátegui.

La Sala observa que, si bien la quejosa alegó que la ciudadana Nadia Richani Jiménez realizó los supuestos agravios a título personal, lo cierto del caso es que luego reconoció que la conducta que se denunció como atentatoria contra derechos constitucionales proviene de una autoridad de una universidad pública, como es la Decana de la U.N.E.F.A., núcleo Anzoátegui.

En ese orden de ideas, se precisa que la relación jurídica subyacente es entre la Decana de la universidad que se mencionó y la Cooperativa Asociación Mirimay 2008, la cual, según lo que se sostuvo en la demanda, pues no existe prueba de ello en autos, es la que se encarga del centro de fotocopiado en las instalaciones del núcleo Anzoátegui de la casa de estudios que se citó. La causa de la delación de violación a los derechos al trabajo y al libre tránsito la constituye la obstaculización en el funcionamiento del centro de fotocopiado, por parte de la autoridad decanal universitaria.

En relación con la naturaleza jurídica de las universidades nacionales, esta Sala precisó:

…las Universidades Nacionales son entidades de carácter público no territorial, con personalidad jurídica propia e investidas de autoridad que, de acuerdo con la ley que rige la materia y con la Constitución, gozan de autonomía funcional, técnica y financiera, la cual, entre otras potestades, implica la de dictar sus propias normas y elegir sus propias autoridades, controladas por el Estado desde la perspectiva de los fines educativos, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), única instancia administrativa competente para conocer y decidir respecto de las infracciones legales a la Ley de Universidades y sus reglamentos, en que pudieren incurrir las autoridades universitarias.

 

En esa perspectiva, las Universidades Nacionales son entes administrativos cuyos actos están investidos de autoridad y tienen eficacia en la esfera jurídica de sus destinatarios; actos administrativos con respecto a los cuales, cualquier controversia que se plantee judicialmente habrá de ser conocida por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. Sentencia n.° 3872/05.

 

En atención a lo precedente y con fundamento en el criterio orgánico y de afinidad para la determinación del tribunal con competencia para el conocimiento de la demanda de autos, la Sala concluye que el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, con sede en Barcelona, es el competente para que conozca el amparo de autos, tribunal al cual se ordena la remisión del expediente. Así de decide.

 

V

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara la COMPETENCIA del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, con sede en Barcelona, para el conocimiento de la demanda que la COOPERATIVA ASOCIACIÓN MIRIMAY 2008, incoó contra la ciudadana Nadia Richani Jiménez, en su carácter de Decana de la U.N.E.F.A., núcleo Anzoátegui.

 

Publíquese, regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, con sede en Barcelona.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los 30 días del mes de enero de dos mil nueve. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

Los Magistrados,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente                      

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

…/

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 08-1525