SALA CONSTITUCIONAL

Exp. N° 10-1394 

 

 

 

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Exp. 10-1394

 

 

El 10 de diciembre de 2010, el ciudadano ANDRÉS ELÍAS ACEVEDO TIRADO, titular de la cédula de identidad N°: V-3.722.360, asistido por el abogado Eduar Enrrique Moreno Blanco, Defensor Público Segundo (Provisorio) ante las Salas: Constitucional; Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, consignó ante esta Sala, solicitud de revisión de la sentencia N°: 2007-002463, del 27 de noviembre de 2007, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró con lugar la apelación interpuesta y revocó la decisión dictada, el 27 de noviembre de 2002, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra la Resolución N° 0832 dictada por la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Miranda, y el acto dictado por la misma Gobernación contenida en la resolución N° 0959 de fecha 24 de noviembre de 2000.

Constituida esta Sala Constitucional el 09 de diciembre de 2010, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión celebrada el día martes 07 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº: 39.569 del 08 de diciembre de 2010, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.

El 13 de diciembre de 2010, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la solicitud formulada, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:

 

 

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

 

 

El solicitante de la presente revisión, asistido de abogado, expuso los siguientes alegatos:

 

Que conforme a lo textualmente señalado en la solicitud:

 

 

 

(…) a través de la Resolución N° 0832 de fecha 13 de septiembre de 2000, emanada de la Gobernación del Estado Miranda, el ciudadano ANDRÉS ELÍAS ACEVEDO TIRADO, fue destituido del cargo de Docente de Aula Licenciado IV, en la Dirección de Educación del Estado Miranda, por hallarse incurso en unas supuestas inasistencias injustificadas al trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 numeral 4 del Reglamento Interno Disciplinario de los Docentes al Servicio del Estado Miranda, encontrándose el mismo laborando bajo el beneficio capacidad laboral reducida, [según lo previsto en la Cláusula 54 de la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada entre los Trabajadores de la Educación en Venezuela y el Ejecutivo del Estado Miranda], en virtud que en el año 1991 se acuerda su reubicación de labores, manteniéndose el cambio de actividades en virtud de haberle sido diagnosticado ‘SÍNDROME DE WOLFF PARKINSON WHITE’, sintomático, crisis frecuente de Taquicardia Supraventicular, siendo evaluado en fecha 31 de julio de 2000 -antes de su ilegal destitución- y por última vez antes de su destitución en fecha 30 de enero de 2001, soportándose la misma situación de cambio de actividades (…).

 

 

 

Manifestó el solicitante que contra el acto administrativo señalado, el 10 de octubre de 2000, ejerció el recurso de reconsideración ante la Secretaría General de Gobierno de la Gobernación del Estado Miranda, el cual fue declarado sin lugar, de conformidad con Resolución N° 959, de fecha 24 de noviembre de 2000.

 

Asimismo expresó que, el 28 de mayo de 2001, el accionante que interpuso ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, asociada al recurso contencioso administrativo de nulidad con solicitud de amparo cautelar, contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N°: 0832 y 0959, del 13 de septiembre de 2000 y 24 de noviembre de 2000, respectivamente, ambas emanadas de la Gobernación del Estado Miranda.

 

De igual forma relató que, el 05 de junio de 2001, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, de la Circunscripción Judicial de la Región Capital dictó sentencia mediante la cual declaró improcedente el amparo cautelar, ordenando seguir con el trámite del recurso de nulidad y que, el 27 de noviembre de 2002, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial y, en consecuencia, declaró la nulidad de dicho acto y ordenó la reincorporación del recurrente al cargo que venía desempeñando en dicha entidad.

 

De igual modo destacó el accionante, que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 27 de noviembre de 2007, conoció en alzada, vista la apelación interpuesta por la Procuraduría General del Estado Miranda, y revocó la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, al tener en cuenta que, de acuerdo al Juzgado, se demostraron las faltas injustificadas cometidas por el ciudadano Andrés Elías Acevedo Tirado.

 

Por otra parte, expresó que la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 27 de noviembre de 2007 “vulneró la jerarquía de las normas al superponer disposiciones emanadas de una simple reunión de directorio, viciando de nulidad el acto administrativo”, ya que en su entender, los actos de menor jerarquía no pueden transgredir lo establecido en los actos de rango superior, quebrantando así el artículo 146 constitucional.

 

Asimismo, alegó el solicitante que hubo violación al debido proceso establecido en el artículo 49 constitucional por cuanto, a su decir:

 

 

 

(…) existió una extralimitación derivada del acuerdo sobrevenido en la reunión del día 08 de junio de 2000, que como se ha señalado se acuerda una disposición que lejos de coadyuvar en el pleno desenvolvimiento del personal adscrito al Núcleo Escolar ‘ARENALES NER 098’ lo que generaba una constante zozobra entre los mismos, ya que del devenir diario es muy común y frecuente la presentación de obstáculos en el tránsito de los trabajadores, aunado al hecho que por algún retardo en la asistencia a algún lugar de labores determinado y habiendo cumplido con la jornada de trabajo prevista sería leonico (sic) apreciar esta circunstancia como una ‘inasistencia injustificada’, relajando reglas preexistentes en normas generales de mayor jerarquía, no pudiendo ser modificadas las condiciones laborales establecidas (…).

 

 

 

Arguyó el solicitante que el desempeño laboral y la circunstancia médica descrita, fueron los aspectos que tomó en cuenta el Ejecutivo Regional del Estado Miranda para destituir al docente Andrés Acevedo, a saber:

 

 

 

(…) 1. Actas levantadas en la Escuela Arenales NER 098, suscritas por las ciudadanas Gladys Hernández, Soraya Palacios y Margarita Guevara, en su condición de Directora, Secretaria y Maestra de aula, respectivamente, todas ellas mediante formato preexistente, sin la firma del docente en ninguna de las actas señaladas, ni nota alguna que describieran los motivos por los cuales no fue suscrita por este desconociendo el levantamiento de las mismas, (…) sin tomar en cuenta los listados de asistencia en los cuales se encuentra la firma del docente (…) evidentemente alterado ya que los mismos reposaban en la Dirección del plantel educativo a expensas del personal que allí laboraba (…).

 

 

 

Que, de acuerdo a lo señalado en la solicitud de revisión constitucional, la Resolución Nro. 0832, del 13 de septiembre de 2000, según el solicitante, obvia los siguientes aspectos:

 

 

 

(…) que el docente laboraba en la Institución para dos dependencias; Nacional y Estadal, siendo las inasistencias atribuidas al horario matutino en el cual las actividades desarrolladas eran como funcionario del Ministerio de Educación (Nacional) (…).

(…) que el ciudadano Andrés Elías Acevedo Tirado gozaba del beneficio de Capacidad Laboral Reducida, gozando de cambio de actividades por ser beneficiario de la Cláusula 54 de la Convención Colectiva del Trabajo y de la Cláusula 95 del III Contrato Colectivo de los Trabajadores de la Educación en Venezuela, en virtud  de presentar Síndrome de Wolff Parkinson White (…).

(…) que el 8 de junio de 2000 se llevó a cabo una revisión del expediente administrativo del docente y se deja expresa constancia del desconocimiento de la carga horaria del referido ciudadano, dándose por sentado que no se sabía qué horario debía cumplir éste (…).

 

 

 

Que de tales probanzas observó el accionante:

 

 

 

Que el docente Andrés Elías Acevedo Tirado desempeñaba actividades tanto Nacionales como Estadales lo que hacía imperiosa la necesidad de su presencia en lugares distintos a la escuela donde también desarrollaba labores, tales como Distrito Escolar, Ministerio de Educación, Ipasme, etc.

Que (…) se le inició un procedimiento administrativo por unas inasistencias inexistentes derivadas de un proceso írrito al haber incurrido el Ejecutivo regional en una falsa apreciación al considerar como faltas injustificadas el incumplimiento de horario, procedimiento este viciado de nulidad en virtud de la serie de inobservancias que son claramente apreciables como lo es el hecho de no haber citado a declarar al ciudadano objeto de la investigación (…) ni haber apreciado las pruebas por él incorporadas que explicaban las circunstancias de las faltas de los días 17 y 20-03-2000, siendo sancionado previamente con el descuento del pago correspondiente a las quincenas del 25 de abril y del 10 de mayo de 2000 monto que ascendía para la fecha a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS CON 29 /100 CÉNTIMOS (Bs. 44.126,29) ‘por inasistencias’ no dando oportunidad alguna de justificar las supuestas inasistencias, presentándose un castigo de antemano, reteniéndose el pago de la quincena correspondiente al 10/07/2000, dejando en un Estado de indefensión total al mencionado ciudadano (…).

Que (…) de la revisión de los documentos se verificó que el ciudadano Andrés Elías Acevedo, contaba para el momento de su remoción- con una antigüedad de 20 años 9 meses y 13 días al servicio de la administración pública y con 50 años de edad, con lo cual no le había nacido el derecho a la jubilación (…).

 

 

 

Finalmente, solicitó ante esta Sala, lo que a continuación se señala:

 

 

 

1.      Que se anule el fallo emitido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por adolecer de la justeza que ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al partir de un falso supuesto y de la aplicación de la normativa de menor rango, la cual fue declarada nula unos meses después de haberse materializado la remoción.

 

2.      Que ordene a la Gobernación del Estado Miranda, la reincorporación del ciudadano en cuestión a su cargo de Docente de aula Licenciado IV, en la Dirección de Educación del Estado Miranda, u otro de igual o superior jerarquía.

 

3.      Que se proceda al pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de la ilegal destitución hasta la efectiva reincorporación con los aumentos que tengan lugar, y;

 

4.      Que se exhorte a la Gobernación del Estado Miranda a los fines de que se verifique si el ciudadano Andrés Elías Acevedo Tirado, es acreedor del derecho a la jubilación, ya sea por el transcurso del tiempo desempeñando funciones en la administración pública o de acuerdo a su condición física que le representó ejercer sus funciones bajo la modalidad de capacidad laboral reducida.

 

 

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL

 

 

El 27 de noviembre de 2007, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia en la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por el abogado Pedro Manuel Carvajal, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°: 8.409, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Procuraduría General del Estado Miranda, revocó la decisión del 27 de noviembre de 2002, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y declaró sin lugar el recurso administrativo funcionarial, basándose en las consideraciones siguientes:

 

Expresó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en su decisión que:

 

 

 

(…) El presente recurso fue interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 0959 de fecha 24 de noviembre de 2000, dictada por el Gobernador del Estado Miranda, declarando sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 0832 de fecha 13 de septiembre de 2000, mediante la cual se destituyó al recurrente del cargo de Docente de Aula que desempeñaba en la Escuela “ARENALES NER 098”, adscrito a la Dirección General de Educación de la Gobernación del Estado Miranda, por estar incurso en la causal de destitución prevista en el numeral 4 del artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa.

 

 

 

Por otra parte, la referida Corte, en lo atinente a la sanción de destitución, refirió la normativa donde se encuentra contenida y, así, analizó el artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa.

Asimismo, trajo a colación los artículos del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa [110 al 115], en cuanto al procedimiento aplicable en los casos de destitución. Al respecto, expresó:

 

 

 

(…) Dichas normas prevén el procedimiento a seguir para imponer la sanción disciplinaria de destitución, el cual -como ya se dijo- es esencial para que la sanción aplicada tenga validez, ya que su inobservancia vicia al acto administrativo que se dicte de nulidad absoluta. (…)

Así, en el presente caso, el expediente administrativo, constante de ciento cincuenta (150) folios útiles, fue certificado y remitido para su consignación en el expediente judicial por la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Miranda, y del mismo se evidencia el cumplimiento de todas y cada una de las fases del procedimiento administrativo disciplinario instruido contra el ciudadano Andrés Elías Acevedo Tirado, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Carrera Administrativo y su Reglamento General, entre éstas, se constatan en el expediente administrativo los siguientes documentos: la solicitud de apertura de la averiguación administrativa (folio 13); el auto que ordena la notificación del investigado (folio 14); la notificación del funcionario con la respectiva determinación de los cargos (folio 18); la presentación de descargos por parte del funcionario investigado (folios 19 al 41); auto de admisión de pruebas (folio 48); informe jurídico (folios 136 al 140); y, la decisión con su respectiva notificación (folios 141 al 147).

Debe esta Corte concluir que la Administración para destituir al hoy querellante, realizó todas las actuaciones procesales necesarias para tal fin, siendo que además la parte querellante ejerció su derecho a la defensa tal y como se constata de las narraciones antes expuestas, de allí que, esta Corte desestime el argumento bajo estudio. Así se decide.

 

 

 

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, refutó los alegatos respecto a los vicios de silencio de pruebas y de falso supuesto y reiteró que el hoy solicitante incurrió en las faltas injustificadas imputadas por la Administración, cuando expresó:

 

 

 

(…) -tal como se indicó al inicio de la motiva del presente fallo, lo cual se reitera en esta oportunidad-, en el presente caso quedó demostrado en las actas del expediente administrativo que el recurrente incurrió en las faltas injustificadas imputadas por la Administración, siendo así aplicable la causal de destitución prevista en el numeral 4 del artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa, por lo que la Administración basó su decisión en hechos demostrados en el transcurso del procedimiento administrativo.

 

 

 

En cuanto al beneficio de cambio de actividades por razones de enfermedad, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, señaló:

 

 

 

(…) que en el caso de autos se verificaba por el cambio de actividad de docente a actividades administrativas con un horario distinto, lo cierto es que del expediente administrativo se verificó que el ciudadano Andrés Elías Acevedo Tirado no asistió a sus labores de trabajo los días 10, 17, 21 y 24 de enero; 1° de febrero; 1, 8, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30 y 31 de marzo; 3 de abril de 2000; y, 4, 8, 9, 10, 11 y 15 de mayo de 2000; siendo que dichas ausencias no fueron justificadas y, por tal motivo, la Administración actuó ajustada a derecho al imputarle y, luego verificar el supuesto de hecho establecido en el numeral 4 del artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa. De allí que, se desestime el argumento bajo estudio, siendo que ello conlleva además a afirmar que tampoco hubo violación de ‘la cosa juzgada administrativa’ alegada por el recurrente. (…)”.

 

 

 

Sobre la incompetencia alegada por el hoy solicitante, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, expresó:

 

 

(…) Entiende esta Corte que el argumento expuesto por el recurrente [hoy solicitante] como incompetencia indicando que no existe ilación entre los hechos denunciados y la norma aplicada, no se corresponde con la definición de dicho vicio, sino con la definición del vicio de falso supuesto de hecho o de derecho, el cual ya fue analizado y desestimado en la presente sentencia, en el entendido que la Administración sí verificó mediante un procedimiento administrativo que el recurrente incurrió en la causal que le fue imputada; por tal motivo se desestima el argumento bajo estudio. (…)

 

 

 

Finalmente, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hizo referencia al alegato de ilegal ejecución del acto administrativo de destitución, y al respecto, expresó:

 

 

 

(…) Como consecuencia de las violaciones constitucionales y legales denunciadas, se observa que tal como fue analizado, el acto administrativo impugnado no incurre en violación constitucional o legal alguna, toda vez que fue dictado en estricto apego a la Ley, resguardando el derecho a la defensa y al debido proceso del recurrente. Así se decide.

Desechados como han sido los vicios de nulidad denunciados en el presente caso, esta Corte declara válido el acto administrativo de destitución impugnado y, en consecuencia, sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se decide (…)”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

 

El artículo 336, numeral 10 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva”.

            Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, conforme el artículo 25, numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como por los demás Tribunales de la República de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, numeral 10, “eiusdem”, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

Ahora, por cuanto en el caso de autos ha sido solicitada la revisión de la sentencia N°: 2007-002473, dictada, el 27 de noviembre de 2007, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, esta Sala resulta competente para conocer de la presente solicitud. Así se declara.

 

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 

            En la oportunidad para decidir, esta Sala observa:

 

            Que se ha solicitado la revisión de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 27 de noviembre de 2007, que declaró con lugar la apelación interpuesta por la representación judicial del recurrente, revocó la decisión dictada, el 27 de noviembre de 2002, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que había declararado con lugar el recurso contencioso funcionarial interpuesta y; en consecuencia, declaró sin lugar dicho recurso.

 

De esta forma, el solicitante alegó que hubo violación al debido proceso, establecido en el artículo 49 constitucional, y a la jerarquía de las normas al superponer disposiciones emanadas de una simple reunión de directorio, viciando de nulidad el acto administrativo y contraviniendo el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, alegó que le fue vulnerado el beneficio de Capacidad Laboral Reducida, gozando de cambio de actividades por ser beneficiario de la Cláusula 54 de la Convención Colectiva del Trabajo y de la Cláusula 95 del III Contrato Colectivo de los Trabajadores de la Educación en Venezuela, en virtud de presentar Síndrome de Wolff Parkinson White.

 

Al respecto, esta Sala estima pertinente reiterar lo expuesto en la sentencia dictada el 06 de febrero de 2001,  caso “Corpoturismo”, en la cual se señaló que dicha norma constitucional -que consagra la facultad de revisión como discrecional- es: “(…) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (…)”, y que por ello: “(…) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”. Del mismo modo, esta decisión previó que la desestimación de la revisión puede darse aun sin mediar motivación alguna cuando: “(…) en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales” (…).

 

            Por esto, de la lectura del escrito contentivo de la solicitud de revisión, puede evidenciarse que el solicitante se limitó a exponer su inconformidad con la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ya que fueron estimados cada uno de los argumentos alegados, pero no favorables a él; sin aducir hechos violatorios que se deriven directamente del fallo recurrido, con lo cual, en su entendido, busca analizar nuevamente lo ya decidido, pretendiendo con ello una instancia adicional de revisión sobre el mérito del asunto debatido. Además, observa esta Sala que, en este caso, no se dan ninguno de los supuestos para que proceda la revisión constitucional, tal como lo establece el numeral 10 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

            En consideración de lo anterior y visto que la solicitud de revisión es potestativa de la Sala, resulta evidente que el presente caso no contribuirá a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, es por lo que se declaró no ha lugar a la presente solicitud. Así se decide.

 

 

 

V

DECISIÓN

 

 

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional solicitada por el ciudadano ANDRÉS ELÍAS ACEVEDO TIRADO, titular de la cédula de identidad                        N°: V- 3.722.360, asistido por el abogado Eduar Enrrique Moreno Blanco, Defensor Público Segundo (Provisorio) ante las Salas Constitucional; Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, antes identificados, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 27 de noviembre de 2007, mediante la cual declaró con lugar la apelación interpuesta, revocó la decisión dictada, el 27 de noviembre de 2002, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Miranda, y el acto dictado por la misma Gobernación contenida en la resolución N° 0959 de fecha 24 de noviembre de 2000.

 

            Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de febrero de dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 152° de la Federación.

                                                                                                 

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente,

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                                                            

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

                                                                             

 

Juan José Mendoza Jover

                                                                                             Ponente

 

 

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

 

JJMJ

Exp. N° 10-1394