Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Exp. 11-1351

 

 

El 03 de noviembre de 2011, el abogado José Antonio González Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el n.°: 29.657, actuando en su carácter de apoderado judicial de SOLIVER SV1 C.A., sociedad mercantil, inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 13 de abril de 1994, anotada bajo el n.°: 3, Tomo A-42, y modificada el 30 de abril de 2004, bajo el n.°: 29, Tomo 30 A-Cto, presentó ante esta Sala escrito contentivo de acción de amparo constitucional, contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 05 de agosto de 2011, que declaró competente para conocer de un juicio por cobro de prestaciones sociales a “los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui”, con ocasión a una solicitud de regulación de competencia solicitada por la hoy accionante en amparo.

 

El 07 de noviembre de 2011, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la acción ejercida, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:

 

 

 

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

 

El abogado José Antonio González Pérez, actuando en su carácter de apoderado judicial de Soliver SV1 C.A., expuso, entre otras cosas, lo siguiente:

 

 

 

Ni en la parte narrativa, ni en la expositiva como tampoco en el dispositivo del fallo, fue apreciada la grave denuncia que realizara el trabajador Félix Lezama, por lo que la Juez Superior Primero, violenta el dispositivo 55 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, negando de esa manera la posibilidad de apertura de la incidencia que envuelve en sí mismo un fraude o colusión, ya que el denunciante mediante documento que personal y expresamente consigna, manifiesta que fue dolosamente involucrado en falsificaciones y adulteraciones documentales que él no hizo y que van a tener una definición de la acción planteada. El esclarecimiento de ese fraude o colusión denunciada, estamos seguro que hubiese permitido definir la competencia por el territorio de los Tribunales a los que le corresponde dirimir la causa, ya que  los contratos en que se basa la demanda para establecer la competencia, que dicen haberse celebrado en la ciudad de Barcelona, se encuentran otorgados por el trabajador Félix Lezama en representación de la empresa, lo que manifiesta que esos contratos y demás documentos de órdenes médicas no fueron firmadas por él, de manera que estamos en presencia de documentos forjados en detrimento de la empresa y del trabajador denunciante, lo que además hace que la empresa y el trabajador denunciante queden en estado de indefensión.

 

 

 

Por otra parte, el accionante destacó en su escrito que:

 

 

 

En la presente acción de amparo hemos señalado como hecho constitutivo de la infracción constitucional, lo que pudiera considerarse un error judicial en la interpretación y aplicación de la Ley. Como consecuencia del cual, la presunta agraviante obvió y no le dio importancia a la denuncia que formulara el trabajador Félix Lezama, al precisar dicho sujeto de derecho violaciones y adulteraciones de documentos que soportan írritamente la competencia por el territorio de la acción que se ha intentado contra la empresa SOLIVER C.A, y que esa denuncia tiene una incidencia en la Regulación de Competencia por el Territorio propuesta, pues, esos documentos adulterados y forjados refieren a presuntas contrataciones de trabajadores que mi representada nunca llegó a realizar o celebrar, como tampoco nunca llega a otorgar los  soportes de recibos médicos, en todos esos documentos aparece firmando en representación de la empresa el trabajador denunciante Félix Lezama, ésta interesante situación no llamó la atención al Juez Primero Superior del Trabajo, pasando por alto además lo normado en el artículo 55 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, impidiendo la verificación de los hechos que emanan de esa denuncia, así como impidió la posibilidad que tienen las personas  de hacer sus derechos, se agrava la situación procesal planteada al considerar la norma antes indicada “… siempre que se presuma fraude…”, y en el presente caso no estamos hablando ni indicando posible presunción, sino de evidente y formal denuncia del fraude o colusión cometido, en detrimento además de la administración de justicia quien se ha visto sorprendida al ser utilizados dolosamente los Tribunales para ese funesto objetivo, lo que hace que se configure un delito de orden o naturaleza pública (sic).

 

 

Finalmente, el abogado de la parte accionante señaló lo siguiente:

 

 

 

En el caso o sentencia que abordamos y contra la cual recurrimos en Amparo, no se pretende sacar al Juez Superior Laboral de la aplicación del artículo 30 de la LOPTRA de las posibilidades que tiene que atender para determinar la competencia territorial, dado que es absolutista la determinación del legislador adjetivo laboral, sino de que al establecer el artículo 55 de la LOPTRA, que ante la existencia de una presunción de fraude o colusión en el proceso, el Tribunal de Oficio ordenará la Notificación de las personas que puedan ser perjudicadas, para que éstas hagan valer sus derechos. En el presente caso y específica circunstancia existe una denuncia expresa de uno de los coodemandantes, diciendo que le fue falseada la firma en documentos fundamentales de la misma, a saber Contratos de Trabajadores y órdenes de Servicios Médicos de Pre-Empleo, que es la prueba fundamental  que va a determinar la vinculación de estos trabajadores con la empresa Soliver SV1, que evidencian un fraude procesal por haberse producido forjamiento de documentos, lo que el Tribunal Superior Primero Laboral no valoró ni le dio importancia, constituyéndose un procedimiento sobre la base de un delito, mediante la utilización de los órganos jurisdiccionales, lo que constituye un delito de orden público (sic).

 

 

 

II

DE LA DECISIÓN OBJETO DE LA ACCIÓN

 

 

El 05 de agosto de 2011, el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, decidió declararse competente para conocer de una solicitud de regulación de competencia planteada por la parte demandada, hoy accionante del amparo, y declaró competente para conocer de la demanda por prestaciones sociales a los Juzgados Laborales de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, basándose en las consideraciones siguientes:

 

 

 

En fecha 15 de octubre de 2010, la abogada JACQUELINE ANTONIETA BARRIOS MOY, apoderada judicial de los ciudadanos FELIX JAVIER LEZAMA PONCE, PEDRO PABLO STREDEL MARTINEZ, CARLOS ALBERTO LONGART RIVERA, JOSE LUIS LONGART RIVERA, MANUEL JESUS LA ROSA MOYA, JORGE LUIS ALCANTARA GONZALEZ, GENARO DEL VALLE GONZALEZ VALDERRAMA, CARLOS JAVIER MENDOZA, JESUS EDUARDO ROJAS SOSA, ORLANDO JOSE SALAZAR HERNANDEZ, LUIS RAFAEL ROJAS ARRIETA, ISAIAS JOSE DIAZ, ANDRES AGUSTIN MENDOZA y MARCOS RAMON SALAZAR, presentó demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, contra la sociedad mercantil SOLIVER, S.V.1., C.A., (folios 01 al 10 y su vuelto, primera pieza).

En fecha 27 de octubre de 2010, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, admitió la demanda, ordenando la notificación de la empresa demandada y concediendo un (01) día como término de la distancia (folios 85 al 89, primera pieza).

Notificada debidamente la empresa demandada, la secretaria del Tribunal de la causa, certificó las resultas del correo certificado, dejando constancia que la empresa fue notificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; a partir de la referida certificación comenzó a computarse el lapso de diez (10) días hábiles para la instalación de la audiencia preliminar (folio 133, primera pieza).

En fecha 06 de abril de 2011, fue instalada la audiencia preliminar ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, dejándose constancia de la comparecencia de las partes, quienes solicitaron al Tribunal la prolongación de dicho acto para el día 26 de abril de 2011; llegado el día y la hora para la prolongación, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la comparecencia de las partes y siendo que no fue posible una mediación entre las partes se dio por concluida la audiencia preliminar, ordenándose la incorporación de las pruebas al expediente para su admisión y evacuación ante el Tribunal de Juicio correspondiente (folios 136 y 137, 187 y 188, primera pieza).

 

 

 

Asimismo, el Tribunal Superior destacó  que:

 

 

 

En fecha 04 de mayo de 2011, el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Juicio que corresponda por distribución; el cual fue recibido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial en fecha 10 de mayo de 2011 (folios 47 al 49, tercera pieza).

En fecha 13 de mayo de 2011, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, admitió las pruebas promovidas por las partes y en fecha 17 de mayo de 2011, fijo la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública para el vigésimo segundo (22º) día hábil siguiente a las nueve de la mañana (09:00 a.m.) (folios 50 al 52, tercera pieza).

En fecha 18 de mayo de 2011, los profesionales del derecho JOSE ANTONIO GONZALEZ y LIVIAN NATACHA MARQUEZ VARGAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los números 29.657 y 124.987, respectivamente, en su condición de apoderados judiciales de la parte demandada, interpusieron recurso de regulación de la competencia por el territorio, señalando que la solicitud de declinatoria de competencia se ha venido planteando sistemáticamente en las actas procesales, no obteniendo pronunciamiento alguno ni por parte del Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución, ni por el Juzgado Cuarto de Juicio, por lo que señalan que visto que el domicilio de la empresa se encuentra ubicado en el Estado Sucre, por lo que consideran competentes a los Juzgados Laborales ubicados en la ciudad de Cumaná del referido Estado (folios 54 al 56, tercera pieza).

En fecha 20 de mayo de 2011, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, dictó auto mediante el cual se desestima la tramitación del recurso de regulación de competencia planteado por la representación judicial de la empresa SOLIVER S.V.1., C.A., por cuanto no se ha emitido pronunciamiento expreso respecto a su competencia; por lo que señala que visto el requerimiento realizado respecto a la incompetencia de los Tribunales del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Anzoátegui para conocer del presente juicio, al considerar que la competencia es materia de orden público que puede ser alegada y decidida en cualquier etapa del proceso, se emitirá decisión expresa en la causa principal (folio 58, tercera pieza).

En fecha 25 de mayo de 2011, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, se declaró competente para conocer del presente asunto, al considerar que la parte actora manifestó en su escrito libelar que la relación de trabajo finalizó en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, uno de los supuestos contemplados en el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (folios 59 al 62, tercera pieza).

En fecha 22 de junio de 2010, la representación judicial de la parte demandada solicita la regulación de competencia; en virtud de que, de las pruebas aportadas al expediente se evidencia claramente que la empresa demandada tiene su domicilio en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre; por lo que, considera competentes para conocer el presente asunto a los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre (folios 65 al 91, tercera pieza).

En fecha 06 de junio de 2011, Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior del Trabajo que corresponda por distribución, a los fines de la resolución del recurso de regulación de competencia planteado por la representación judicial de la parte actora (folios 93 y 94, tercera pieza).

En fecha 22 de julio de 2011, este Juzgado Primero Superior del Trabajo, recibe la presente causa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se reservó el lapso de diez (10) días hábiles para publicar la sentencia correspondiente (folio 125).

 

 

 

Finalmente, el referido Juzgado Superior, fundamentó su decisión en lo que se transcribe a continuación:

 

 

 

II

Para decidir con relación a la presente solicitud de regulación de competencia se advierte lo siguiente: Dispone el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, textualmente lo siguiente:

Artículo 30: “Las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente por el territorio que corresponda. Se consideran competentes, los Tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del demandado, a elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya a los señalados anteriormente.” (Subrayado de este Tribunal Superior).

De la norma transcrita se concluye, fundamentalmente, un aspecto que se debe tener en cuenta para resolver el presente caso:

En materia laboral, el demandante elige, entre las cuatro (04) opciones que le brinda la Ley, el lugar en el cual desea interponer su acción y ello es así para permitir, el debido cumplimiento de la garantía constitucional de acceso a la justicia, pues obviamente que, si el trabajador tiene la posibilidad de escoger, entre distintos lugares en los que puede interponer su acción, lógicamente lo hará en el lugar que le resulte más accesible a sus posibilidades, tanto económicas como geográficas para obtener la tutela judicial efectiva; razón por la cual, basta con que afirme en su escrito libelar que, en el lugar donde tiene competencia territorial el escogido Tribunal, ocurrió cualesquiera de los cuatro (04) supuestos que prevé la disposición contenida en el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para que, el Juzgado escogido por el accionante resulte competente territorialmente.

Desde siempre, la competencia territorial responde a la necesidad de crear diversos órganos jurisdiccionales de una misma competencia objetiva, para evitar la aglomeración de causas en un único Tribunal, para facilitar el acceso a los órganos jurisdiccionales y evitar las molestias de traslado de las personas desde lugares lejanos hasta la sede del Tribunal para defender allí sus derechos, con la carga onerosa que ello implica.

En el presente caso, de la revisión de las actas procesales se observa que, tal como lo estableció el Tribunal de Instancia en su sentencia, los actores en su escrito libelar reseñaron que la relación de trabajo que mantenían con la empresa demandada finalizó en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, afirmación contemplada en los supuestos que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; en tal sentido, considera esta sentenciadora que ello es suficiente para considerar competentes a los Juzgados Laborales de esta Circunscripción Judicial, no siendo ésta la oportunidad procesal correspondiente para valorar las pruebas en las cuales la parte recurrente fundamenta su solicitud de regulación de competencia, motivo por el cual, se reitera, son competentes para conocer del presente asunto los Juzgados del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y así se establece.

III

Por todas las consideraciones anteriores, este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara COMPETENTE para sustanciar el presente asunto a los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui; en consecuencia, se CONFIRMA, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, en fecha 25 de mayo de 2011. Remítase el asunto al Juzgado declarado competente a los fines legales pertinentes. Así se decide.- Regístrese, publíquese, déjese copia certificada de esta decisión y líbrese oficio con copia de la presente decisión al Tribunal declinante.

Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En Barcelona, a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos mil once (2011).

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

  

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, lo cual realiza de conformidad a lo siguiente:

 

Según la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 25, numeral 20, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala es competente para el conocimiento de las acciones autónomas de amparo constitucional, contra las decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en materia contencioso administrativa.

 

Por lo antes expuesto, en virtud de que la presente pretensión se ejerce contra una decisión que fue dictada por un Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, esta Sala Constitucional resulta competente para el conocimiento y decisión en primera y única instancia de la misma. Así se declara.

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del asunto sometido a su conocimiento, para lo cual observa lo siguiente:

 

La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 05 de agosto de 2011, que conociendo de una de regulación de competencia solicitada por la parte demandante, hoy accionante del amparo, declaró competente para conocer de un juicio por cobro de prestaciones sociales a “los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui”.

 

Ahora, esta Sala observa que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y no está incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad, previstas en los artículos 6, eiusdem, y 133 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En efecto, corresponde entonces a esta Sala pronunciarse acerca de la procedencia de la presente acción de amparo, a cuyo fin observa que la misma se encuentra dirigida a denunciar la violación de los derechos constitucionales relativos a: la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa, previstos en los artículos 21, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el Juzgado Superior en su sentencia no valoró unas pruebas aportadas por los trabajadores demandantes, en las cuales se evidenciaba que los mismos habían incurrido en un fraude procesal contra Soliven SV1 C.A., y; en consecuencia, dicho Juzgado Superior, ordenó que serían los Tribunales Laborales de la Circunscripción Judicial del Anzoátegui, los que conocerían de la demanda que, por prestaciones sociales, se interpuso en contra de la referida empresa, lo que a juicio del accionante le viola sus derechos, en virtud que la misma se encuentra domiciliada en el Estado Sucre.

En este sentido, la parte actora alegó lo siguiente:

 

 

 

Ni en la parte narrativa, ni en la expositiva como tampoco en el dispositivo del fallo, fue apreciada la grave denuncia que realizara el trabajador Félix Lezama, por lo que la Juez Superior Primero, violenta el dispositivo 55 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, negando de esa manera la posibilidad de apertura de la incidencia que envuelve en sí mismo un fraude o colusión, ya que el denunciante mediante documento que personal y expresamente consigna, manifiesta que fue dolosamente involucrado en falsificaciones y adulteraciones documentales que él no hizo y que van a tener una definición de la acción planteada.

 

 

 

Asimismo, señaló que:

 

 

 

(…)no se pretende sacar al Juez Superior Laboral de la aplicación del artículo 30 de la LOPTRA de las posibilidades que tiene que atender para determinar la competencia territorial, dado que es absolutista la determinación del legislador adjetivo laboral, sino de que al establecer el artículo 55 de la LOPTRA, que ante la existencia de una presunción de fraude o colusión en el proceso (…).

 

 

Ahora, esta Sala observa que a través del amparo se impugna una decisión judicial, por lo cual es preciso atender al contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece:

 

 

Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.

 

 

 

En tal sentido, la Sala ha señalado que la anterior disposición normativa debe interpretarse en el sentido de considerar la procedencia del amparo constitucional contra una decisión judicial, cuando: 1) el Tribunal haya actuado con abuso de autoridad, con usurpación de funciones o que se haya atribuido funciones que la Ley no le confiere, o; 2) cuando su actuación signifique la violación directa de uno de los derechos o garantías constitucionales.

 

Por tanto, es requisito indispensable que en la interposición de un amparo contra sentencia judicial, deban verificarse los requisitos ut supra mencionados, para determinar la procedencia de la acción propuesta.

 

Asimismo, se observa que la empresa demandada por cobro de prestaciones sociales, y hoy accionante de la presente acción de amparo, solicitó una regulación de competencia ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, alegando que los Tribunales competentes para conocer del referido juicio de prestaciones, son los pertenecientes a la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, ya que Soliven SV1 C.A., se encuentra domiciliada en dicha Circunscripción Judicial y no en el Estado Anzoátegui, como fue señalado por los trabajadores demandantes.

 

Ahora, la Sala pudo constatar que el juez presuntamente agraviante tomó como referencia para resolver la solicitud de regulación de competencia, el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y; en consecuencia, determinó que la competencia territorial se determinará conforme al último lugar donde finalizó la relación laboral de las partes.

 

En consecuencia, el Juzgado Superior, conforme a la valoración sobre los medios probatorios y las actas consignadas por las partes, determinó que son los Tribunales laborales de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, los competentes para conocer del juicio que, por prestaciones sociales, se interpusiera contra la empresa accionante, en virtud de la comprobación del último domicilio de la empresa demandada, con ocasión a la relación laboral de las partes.

Por ello, resulta oportuno referir que, en reiteradas oportunidades, la Sala ha establecido que en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración sobre los medios probatorios y del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlos y ajustarlos a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole, notoriamente, derechos o principios constitucionales, supuesto que, en el presente caso, no se observa.

 

Igualmente, esta Sala observa que la parte actora pretende que el Juzgado Superior se pronuncie sobre unas pruebas que determinarían un presunto fraude procesal, y en este sentido señaló lo siguiente:

 

 

 

Ni en la parte narrativa, ni en la expositiva como tampoco en el dispositivo del fallo, fue apreciada la grave denuncia que realizara el trabajador Félix Lezama, por lo que la Juez Superior Primero, violenta el dispositivo 55 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, negando de esa manera la posibilidad de apertura de la incidencia que envuelve en sí mismo un fraude o colusión, ya que el denunciante mediante documento que personal y expresamente consigna, manifiesta que fue dolosamente involucrado en falsificaciones y adulteraciones documentales que él no hizo y que van a tener una definición de la acción planteada

 

 

 

De esta manera, la Sala observa que el Juzgado Superior se pronunció sobre el alegato de la empresa demandada, señalando que: “no siendo ésta la oportunidad procesal correspondiente para valorar las pruebas en las cuales la parte recurrente fundamenta su solicitud”.

 

En consecuencia, esta Sala pudo constatar que el Juzgado Superior, actuó conforme a derecho, por cuanto efectivamente no podía la parte demandada promover y solicitar pronunciamiento sobre unas pruebas que debían ser objeto de estudio en el juicio principal, por tanto, el juez presuntamente agraviante no abusó ni se extralimitó en sus funciones, por lo que la presente acción de amparo resulta a todas luces improcedente in limine litis. Así se decide.

 

En razón de ello, y visto que en el presente caso no se han constatado las violaciones constitucionales alegadas por los accionante, esta Sala declara improcedente in limine litis la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.

 

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley se declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Antonio González Pérez, actuando en su carácter de apoderado judicial de SOLIVER SV1 C.A, contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 05 de agosto de 2011, que conociendo de una solicitud de regulación de competencia de la parte demandada, hoy accionante del amparo, declaró competente para conocer de un juicio por cobro de prestaciones sociales a “los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui”.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de febrero de dos mil doce (2012). Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.

        

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente,

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                                                             Carmen Zuleta de Merchán

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

                                                                              Juan José Mendoza Jover

                                                                                              Ponente

 

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

EXP. N.°: 11- 1351

JJMJ/