SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 21 de julio de 2000, los ciudadanos MANUEL MUÑOZ, JHONY POLO, ASDRÚBAL LOPEZ, CARLOS RODRÍGUEZ, OSWALDO JARAMILLO, CRUZ LINARES, RAFAEL MARTINEZ y FREDDY PAIVA, titulares de la cédulas de identidad nos 8.863.433, 9.862.647, 7.873.908, 8.942.521, 8.534.090, 4.939.906, 8.562.844 y 4.056.220, respectivamente, en sus caracteres respectivos de Secretario General, Secretario de Finanzas, Secretario de Reclamos, Secretario de Empleo, Secretario de Disciplina, Secretario de Deportes, Primer Vocal, Segundo Vocal y Tercer Vocal del Sindicato Único de Trabajadores de la Presa Caruachi (Sutracaruachi), constituido según documento inscrito en la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, el 30 de junio de 1999, en el Libro n° 2 de Registro bajo el n° 474, folios 54, con la asistencia del abogado Jorge Salamanca, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 33.480, intentaron, ante el Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, amparo constitucional contra el auto que dictó, el 29 de junio de 2000, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a causa de la supuesta violación de sus derechos a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la defensa que acogieron los artículos 95, 96 y 49, cardinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 25 de agosto de 2000, el Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró con lugar.

El 28 de agosto de 2000, la ciudadana Marlene Rondón, Jueza provisoria del tribunal supuesto agraviante, apeló contra la sentencia del citado Juzgado Superior, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.

De igual manera el 29 de agosto de 2000, el ciudadano Omar José Sánchez Rodríguez, en su carácter de apoderado judicial del Sindicato Único de la Construcción del Estado Bolívar (SUTIC-BOLÍVAR) (tercero interviniente), ejerció el recurso de apelación contra la referida decisión.   

Luego de la recepción del expediente de la causa se dio cuenta en Sala por auto del 06 de septiembre de 2000 y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis V.

El 27 de diciembre se reconstituyó la Sala y se reasignó la ponencia al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. El 9 de enero de 2001 se ratificó la reasignación de la ponencia.

 

I

DE LA CAUSA

El 25 de julio de 2000, el referido Juzgado Superior Segundo del Estado Bolívar admitió la demanda de amparo y acordó la notificación del juez a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y la participación al Fiscal del Ministerio Público de la apertura del procedimiento; en la misma decisión desestimó las medidas innominadas que se solicitaron en la demandada de amparo, por cuanto éstas tenían el mismo contenido de la pretensión principal.

El 01 de agosto de 2000, el ciudadano Omar José Sánchez Rodríguez, apoderado judicial del Sindicato Único de la Construcción del Estado Bolívar (SUTIC-BOLÍVAR), parte actora en el juicio que motivó el auto que se impugnó, solicitó que se admitiera a su representada en calidad de tercero adhesivo, participación que se admitió el 01 de agosto de 2000, y alegó, entre otras cosas:

1. Que los demandantes de amparo debieron agotar la vía judicial preexistente antes de la utilización de la jurisdicción constitucional.

2. Que el amparo no es la vía idónea, que los quejosos podían incorporarse al proceso ordinario como terceros intervinientes con la posibilidad de hacer valer todos los medios de defensa y ataque de que disponen las partes ya constituidas en el proceso, entre ellos, la oposición a las medidas que disponen los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

3. Que el procedimiento para la oposición de las medidas preventivas es breve.

4. Que los actores carecen de derechos que puedan verse afectados.

5. Que no se acompañó, en el momento oportuno, la copia certificada de la sentencia que se impugnó, razón por la cual debe desecharse la demanda de amparo por falta de prueba de los hechos sobre los que se fundamentó.

El 01 de agosto de 2000 se realizó la audiencia oral y pública, en la cual se dejó constancia de la comparecencia de los representantes del sindicato demandante, del tribunal supuesto agraviante mediante la ciudadana Jueza Marlene Rondón, de la representación judicial del tercero interesado y de la falta de comparecencia de la representación del Ministerio Público. En el transcurso de la referida audiencia, la Jueza de la causa, en razón de hechos que allí se sucedieron, se inhibió con fundamento en la causal que contiene el cardinal 20 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

El 8 de agosto de 2000, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar declaró con lugar la inhibición.

El 9 de agosto de 2000, el nombrado Juzgado Superior Primero acordó, nuevamente, la realización de la audiencia oral en cumplimiento del principio de la inmediación; asimismo, solicitó al supuesto agraviante copia certificada de la totalidad del expediente en el cual se tramita el juicio donde se produjo el auto que se impugnó, las cuales fueron agregadas al expediente del amparo el 14 del mismo mes y año.

El 24 de agosto de 2000 se realizó nuevamente la audiencia oral, con la comparecencia del apoderado judicial de la demandante de amparo, del apoderado judicial del tercero interviniente y de la Jueza del Juzgado supuestamente agraviante.

La Jueza de la causa constitucional, cuando rechazó la demanda de amparo, argumentó:

1. Que los quejosos poseen una vía ordinaria que debe ser agotada antes de la utilización del amparo.

2. Que el tribunal a su cargo acordó la medida innominada por cuanto se llenaron los extremos de Ley para su procedencia, sin la violación de ningún derecho de rango constitucional.   

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1. Los representantes de la demandante alegaron:

1.1     Que intentan la demanda de amparo sub examine contra el auto “...dictado supuestamente dentro de un juicio de Cobro de Cotizaciones Sindicales y Otros Conceptos derivados de la Relación Laboral” (sic), que incoaron los representantes judiciales del Sindicato Único de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar), que acordó medida cautelar contra la “...empresa CONSORCIO DRAVICA consistente en que ‘Las cantidades de dinero descontadas a partir de la presente fecha a los trabajadores por conceptos de cuotas sindicales hasta que dicte sentencia definitiva en el juicio ya indicado, sean remitidas al Tribunal y asimismo se acordó cautelarmente que la Convención Colectiva celebrada entre la  Cámara Venezolana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción (sic),  Madera, Conexos y Similares de Venezuela sea administrada por el Sindicato Unico de los  trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar)’ (...) (sic)”.

1.2     Que, como es un procedimiento de cobro de cotizaciones y otros conceptos que se derivaron de la relación laboral, la jueza debió decretar la medida cautelar contra el Consorcio Dravica, quien es el demandado, y no una medida que de ninguna manera asegura la ejecución del fallo con su patrimonio, sino que, por el contrario, afecta las finanzas del Sindicato Sutracaruachi al cual representan, quien no es parte de ese proceso.

1.3     Que el juicio, en el cual se dictó el auto que se impugnó, no tiene que ver ni con las cotizaciones sindicales que aportan a su representada los trabajadores afiliados a ésta ni, mucho menos, con la administración del contrato vigente, que la ejerce su representada por ser el sindicato mayoritario en la obra.

1.4     Que “...indubitablemente nos encontramos frente a una medida judicial arbitraria dictada por un tribunal actuando fuera de su competencia y en franca contradicción con la Carta Magna”.

1.5     Que el auto que se impugnó “lo que tiende es a sustituir la administración y dirección de un Sindicato, mediante el decreto de una medida cautelar que perjudica notablemente a  SUTRACRUACHI (sic) sin ser parte en ese juicio”, es decir, violó el derecho de terceros y el poder soberano de la asamblea de trabajadores, quienes tienen el derecho de afiliarse y cotizar al sindicato de su preferencia.

1.6     Que la decisión del tribunal “excede de largo las atribuciones que le otorga la Ley y la Constitución” e incurre en un supuesto de abuso de autoridad y de extralimitación de funciones.

1.7     Que en autos no se evidencia el medio de prueba, que debió aportar SUTIC-BOLÍVAR, de donde la jueza pudo evidenciar el derecho que se reclama y que debió exigirles a los demandantes el acta de asamblea donde los trabajadores le autorizaban el cobro de cotizaciones sindicales.

1.8     Que la medida preventiva que otorgó el tribunal no impide que quede ilusoria la ejecución de algún fallo porque no existe fallo que salvaguardar, ya que el juicio, donde fue dictado el auto que se impugnó, está dirigido, exclusivamente, al logro de un pronunciamiento judicial de cobro de bolívares, que nada tiene que ver con la administración de la convención colectiva y de las cotizaciones sindicales que recibe su representada como contribución de sus afiliados.

1.9     Que existe una total desconexión entre la medida cautelar que se otorgó y el procedimiento dentro del cual fue dictada, por cuanto nada tiene que ver la suspensión de un sindicato de la administración de la convención colectiva y de las cotizaciones sindicales, con una solicitud de cobro de bolívares.

1.10    Que “...la orden que emana del auto de fecha 29 de junio del 2.000, está dirigido al CONSORCIO DRAVICA, para que cumpla con lo ordenado en la cautelar, como que si (sic) las cotizaciones sindicales y la administración del contrato fueran (sic) propiedad del CONSORCIO, como que (sic) formara parte del patrimonio del mismo. Es una orden de cumplimiento sobre unos derechos que le pertenecen única y exclusivamente a la organización sindical Sutracaruachi”.

1.11    Que el auto que se cuestionó es de imposible cumplimiento de parte del Consorcio Dravica, porque estaría disponiendo de un derecho que no tiene; que el referido Consorcio tiene la obligación, por vía contractual, de retención de las cotizaciones sindicales y de su entrega al sindicato al cual se encuentren afiliados los trabajadores que, en este caso, es su representada y, en cuanto a la administración de la convención colectiva, no le está dada la decisión de a quien se la entrega, sino el pronunciamiento sobre cuál sindicato tiene que sentarse a negociar, en este caso con Sutracaruachi porque tenga la representatividad.

1.12    Que su sindicato tiene afiliada la mayoría de los trabajadores y goza de la representatividad que fue ratificada mediante un referéndum que organizó el Ministerio del Trabajo el 23 de mayo de 2000.

1.13    Que contra el auto que fue impugnado no existen recursos idóneos para la protección de sus derechos constitucionales, ya que frente a ese tipo de medidas innominadas la ley sólo concede el recurso de oposición, el cual está limitado a las partes en el proceso y su representada no es parte en el mismo; que, además, el tercero no tiene la posibilidad de la suspensión de la medida, ya que solo pueden hacerlo las partes.

1.14    Que en el supuesto negado de que hubiese otros medios, éstos son inutilizables por el hecho de que serían recursos demasiado lentos e inoperantes y, por tanto, ineficaces en este caso, de allí que sea necesaria, de todas formas, la vía del amparo constitucional.

1.15    Que el acto que se impugnó conculca el derecho que tiene su organización sindical a la recepción de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias provenientes de sus afiliados que voluntariamente decidieron otorgarle, lo que afecta, de tal manera, los fondos sindicales y la realización de los objetivos sociales para los cuales fue creado el sindicato.

1.16    Que, con esa medida innominada, se pretende la entrega de un dinero a un sindicato que no tiene afiliados, con lo que se violó el derecho de decisión que tiene el trabajador sobre a quién se afilia y, por ende, a quién cotiza, tal como lo dispone el artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como en qué momento revoca su autorización, lo que le causa, de esta manera, un grave daño al sindicato Sutracaruachi y la violación del derecho a la libertad sindical colectiva, en uno de sus contenidos el cual es la acción sindical que acogió el artículo 401 de la Ley Orgánica del Trabajo.

1.17    Que si el sindicato Sutic-Bolívar pretende administrar la Convención Colectiva vigente, debió presentar prueba fehaciente de que posee la representatividad que exige la Ley y la Jueza debió hacer la verificación de este requisito antes del decreto de la cautelar; que ese sindicato perdió el derecho a la administración de la Convención Colectiva Vigente por voluntad de la mayoría de los trabajadores de la obra, quienes voluntariamente decidieron desafiliarse de ese sindicato y afiliarse al sindicato Sutracaruachi.

1.18    Que el auto que se impugnó violó el derecho que tiene el sindicato Sutracaruachi a la administración de la convención colectiva vigente, en virtud del derecho que le concedió la Asamblea General de Trabajadores; 

2. Denunció:

2.1     La violación del derecho a la libertad sindical que establece el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el auto que se impugnó conculcó el derecho que tiene su organización sindical a la recepción de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias que voluntariamente decidieron otorgarle sus trabajadores afiliados, lo que afectó los fondos sindicales y la realización de los objetivos sociales para los cuales fue creado el sindicato. Además, el referido auto pasó por encima de la voluntad del trabajador de decidir cotizar al sindicato al que está afiliado y en qué momento revoca su autorización, lo que provocó un estado de indefensión, causó graves daños al sindicato Sutracaruachi y violó “el derecho a la Libertad Sindical Colectiva en uno de sus contenidos, cual es la acción sindical”.

2.2     La violación del derecho a la administración de la Convención Colectiva que establece el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el auto que se impugnó ordena que la Convención Colectiva sea administrada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar), sin la determinación de la legitimidad de ese sindicato para la administración de la mencionada convención, con lo cual se violó el derecho que tiene el sindicato Sutracaruachi a la administración de la Convención Colectiva vigente, en virtud del derecho que le concedió la asamblea general de trabajadores, ya que posee la legitimidad porque tiene la mayoría de los miembros afiliados, tal y como se demostró en el referéndum que convocó y organizó el Ministerio del Trabajo y que celebró el 23 de mayo de 2000.

2.3     La violación del derecho a la defensa que establece el artículo 49, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto los demandantes del proceso que motivó el auto que se impugnó fundamentan su demanda, de cobro de cotizaciones sindicales y otros conceptos que derivaron de la relación laboral, en unos hechos donde mencionan a Sutracaruachi y reproducen actas donde reconocen a ésta como el sindicato más representativo de la obra y como el que tiene el derecho a la administración de la Convención Colectiva,  por lo que, al evidenciarse que en ese proceso existía un tercero interesado como lo es Sutracaruachi, la Jueza debió ordenar la notificación de este sindicato para que se hiciera parte en el juicio, ya que la medida que acordó los perjudicó gravemente aún cuando la pretensión va dirigida al Consorcio Dravica. 

3. Pidió:

Que se deje sin efecto el auto impugnado y en consecuencia:

“a) [se] restablezca el pago al Sindicato Sutracaruachi de las cotizaciones sindicales descontadas a los trabajadores, como regularmente se venía haciendo.

b) Se ordene mantener al sindicato Sutracaruachi en la administración de la Convención Colectiva vigente, tal y como lo venía haciendo.

d) (sic)Que se ordene al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción judicial del Estado Bolívar revocar el oficio enviados (sic) al Consorcio Dravica” (sic).

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, la apelación fue ejercida contra la decisión que dictó, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, esta Sala declara su competencia para el conocimiento del recurso en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN

El juez de la decisión que fue recurrida decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“(...) En merito de lo expuesto este TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO (...) DECLARA:

1.-  CON LUGAR el AMPARO CONSTITUCIONAL (...) por haber actuado el Tribunal recurrido con abuso de poder y lesionado el derecho a la libertad sindical colectiva del accionante, así como el derecho a la defensa, previstos en los artículos 95 y 48 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respectivamente.

2.- REVOCA y DEJA SIN EFECTO  la medida cautelar dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, (...)

3.- A los fines de restablecer la situación jurídica infringida  a la parte accionante se decide: a) Ordenar al Tribunal Segundo (...), reintegre a la empresa CONSORCIO DRAVICA, los montos que por cuotas sindicales descontadas a los trabajadores, ésta empresa haya remitido a dicho Tribunal (...) b) Ordenar a la empresa CONSORCIO DRAVICA, restablezca el pago de las cuotas sindicales pertenecientes a SUTRACARUACHI (...)” (sic).

 

A juicio del juez de la sentencia que fue recurrida, los accionantes actuaron adecuadamente cuando interpusieron la demanda de amparo, porque es el único medio breve, sumario e idóneo de que disponían para lograr el restablecimiento de la situación jurídica que alegaron se les infringió.

Sostuvo, además, que la pretensión de Sutic Bolívar cuando demandó a Consorcio Dravica, es que éste ultimo “le cancele” doscientos millones de bolívares, por concepto de cuotas sindicales que se le adeudan desde junio de 1999 a junio de 2000, y de daños que, según alegaron, le fueron causados por el Consorcio Dravica porque no pudo administrar la Convención Colectiva que fue suscrita; que, del análisis de la pretensión de Sutic-Bolívar, en relación a la medida innominada que acordó el supuesto agraviante se hace evidente la falta de instrumentalidad y la inidoneidad de la cautela, lo que excedió el propósito de garantía de la sentencia que se dicte en el juicio, por cuanto las cuotas sindicales no son propiedad del Consorcio Dravica y mal pueden garantizarse las resultas del juicio con los bienes de un tercero, con lo cual se omitió lo que establece el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil. Que, en lo que se refiere a la medida en la cual se acordó que la Convención Colectiva fuese administrada por Sutic Bolivar, ésta precave un derecho que el actor no postula en su pretensión, lo cual la hace inidónea para el cumplimiento de su fin de aseguramiento de las resultas del juicio. 

Según la sentencia que fue recurrida, el tribunal agraviante incurrió en abuso de poder, cuando utilizó el poder cautelar con finalidades distintas al aseguramiento del cumplimiento del fallo judicial.

Señaló, además, la decisión que se apeló, que consta, en el folio 283 del Acta de Asamblea que se celebró el 08 de julio de 1999, que en esa Asamblea se decidieron, entre otros puntos, la desafiliación de los trabajadores al Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar) y, a su vez, su afiliación al Sindicato Único de Trabajadores de la Presa Caruachi (Sutracaruachi) y la autorización para la entrega de la respectiva cuota sindical para éste último, para lo cual acompañaron firmas de los trabajadores que aprobaron lo que se trató en la Asamblea. De igual manera, comprobó en autos la participación que emanó de la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar y que dirigió al Consorcio Dravica, donde ordenó a ésta darle cumplimiento a lo que se acordó en la Asamblea, razón por la cual la decisión que fue apelada consideró que el tribunal agraviante, cuando ordenó que las cuotas sindicales que retuvieron a los trabajadores le fueran remitidas, afectó los fondos sindicales y la administración del Sindicato Sutracaruachi, lo que vulneró su derecho constitucional a la autonomía sindical y, consecuencialmente, a la libertad sindical, que reconoció el artículo 95 de la Constitución, cuando pretendió que las cuotas sindicales aseguren la ejecución de un fallo que eventualmente se dicte contra Consorcio Dravica, quien no es propietaria de las mismas, intervino, además, en los fondos sindicales del sindicato demandante, con lo cual impidió el cumplimiento de sus fines sociales y económicos.

Por otro lado, sostuvo, además, la decisión, que la medida que dictó el agraviante no sólo es inidónea, sino que, además, ignoró que la administración de una Convención Colectiva no depende de la potestad del patrono, sino de la voluntad de los trabajadores, quienes deciden, en ejercicio de la democracia sindical, quienes materializarán dicha voluntad de administrarla; en razón de ello consideró que el agraviante se excedió en el ejercicio de su poder cautelar, con lo cual infringió el derecho constitucional a la libertad sindical colectiva de Sutracaruachi.

Por último, indicó el fallo que fue recurrido, que el agraviante omitió la existencia de la demandante de amparo (Sutracaruachi) y de las propias afirmaciones de la demandante de ese juicio (Sutic-Bolívar), cuando dictó las medidas que se impugnaron, las cuales afectaron directamente bienes y derechos patrimoniales de Sutracaruachi, sin su notificación previa, con lo cual se vulneró su derecho a la defensa y, en consecuencia, el derecho al debido proceso.

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

La demanda de amparo que motivó el presente procedimiento se incoó contra el auto que dictó, el 29 de junio de 2000, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito, Trabajo y Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante el cual, además de que se admitió la demanda que interpusieron los apoderados judiciales del Sindicato Único de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar) contra el Consorcio Dravica C.A., se acordaron las siguientes medidas innominadas: a) que la Convención Colectiva que se suscribió entre la Cámara Venezolana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Conexos y Similares de Venezuela sea administrada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar); y b) ordenó a Consorcio Dravica C.A. la remisión a ese tribunal de las cantidades de dinero que se descontaron a los trabajadores por concepto de cuotas sindicales, a partir del día cuando se dictó el referido auto hasta cuando se dictase sentencia definitiva.

Ahora bien, observa la Sala que la pretensión, en la presente demanda de amparo, está circunscrita a la Convención Colectiva producto de una Reunión Normativa Laboral que convocó el Ministerio del Trabajo según Resolución n° 2.860 del 10 de marzo de 1998 y que se publicó en la Gaceta Oficial de la República n° 36.418, que suscribieron la Cámara Venezolana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Conexos y Similares de Venezuela, cuya administración acordó el auto que se impugnó a Sutic-Bolívar.

La Sala observa que el uso reiterado, de parte de las Confederaciones o Federaciones, del establecimiento, en una de las cláusulas de las convenciones colectivas que surgen producto de una Reunión Normativa Laboral, de menciones por las cuales pretenden atribuirle a sus directivos de manera invariable la exclusividad de la representación de los trabajadores, es violatorio del derecho -por demás irrenunciable- a la libertad sindical individual el cual, además de que es de rango constitucional, constituye la génesis del derecho sindical colectivo y tiene como único titular a los trabajadores quienes lo ejercen, entre otras formas, con la  escogencia -sin ningún tipo de interferencias- del sindicato más representativo, lo cual se logra con la afiliación, de manera voluntaria, de por lo menos la mitad más uno de los trabajadores, a una determinada organización sindical.

De lo anterior se colige que los únicos que pueden otorgar la legitimación para la administración de las convenciones colectivas de trabajo son los trabajadores, mediante la afiliación de la mayoría de ellos (representatividad) a un determinado sindicato y, en razón de ello, carecen de efectos las cláusulas por las cuales las organizaciones firmantes se pretenden atribuir, de manera exclusiva y por la vigencia de la convención la administración de ésta, en clara violación de los derechos de los trabajadores para la escogencia de la organización sindical que deseen, para que administre, en su representación, los referidos convenios.

Como corolario de todo lo que fue expuesto, debe esta Sala,  antes de que decida la presente causa, cumplir con la imperiosa necesidad de hacer una serie de consideraciones con la finalidad de formarse criterio con respecto a la constitucionalidad de tales cláusulas.

El derecho a la libertad sindical está contenido en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone:

“Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley...”(Resaltado añadido).

 

Del artículo en referencia se deduce que los trabajadores tienen, además del derecho a la constitución de las organizaciones sindicales que crean necesarias, el de afiliarse o no a las que ya estén formadas y, por extensión, a la desafiliación de aquella de la cual formaban parte (libertad sindical negativa), todo ello cuando lo  consideren conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Esa facultad de los trabajadores constituye la manifestación de la libertad individual sindical, por cuanto “Nadie podrá ser obligado ni constreñido directa o indirectamente a formar parte o no de un sindicato” (ex artículo 401 de la Ley Orgánica del Trabajo). De allí que si nadie puede ser obligado a formar o no parte de un  sindicato, desde luego que tampoco puede ser constreñido a la permanencia en él (ex artículo 143 letra a –III del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo). De lo contrario se atentaría contra el derecho a la libertad sindical, que tiene rango constitucional, como ya se expresó ut supra. A partir de tal desafiliación pueden los trabajadores ejercer libremente su derecho a la constitución de sindicatos o a afiliarse a cualquiera de los ya existentes.

Corolario de todo lo que se expuso y en atención a una correcta aplicación de los principios que informan el Derecho del Trabajo, dentro de los cuales se encuentran el principio de favor (regla de la norma más favorable) y el in dubio pro operario, debe tenerse como sindicato con mayor representatividad a aquel que agrupe a la mayoría absoluta de los trabajadores, esto es, por lo menos a la mitad más uno de ellos en una determinada empresa, explotación, establecimiento, industria o corporación, en la cual presten sus servicios, para lo cual debe, necesariamente, tomarse en cuenta a todos los trabajadores, sindicalizados o no, que participen en el proceso mediante el cual se pretenda la verificación de la representatividad (referéndum sindical) y que se encuentren bajo una misma situación de dependencia o subordinación, dentro de la cual esté en duda la representatividad de los sindicatos existentes. Resultará el más representativo quien tenga la legitimidad necesaria para que sea el interlocutor de todos ellos ante el respectivo patrono, sobre todo en lo referente a la negociación colectiva que tenga por finalidad la celebración de la convención colectiva, todo lo cual se deriva del artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo cuando establece:

“El patrono estará obligado a negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo con el sindicato que represente la mayoría absoluta de los trabajadores bajo su dependencia...”.

 

El derecho a que se ha hecho referencia se ejerce sin el soslayo del ejercicio del derecho a la negociación colectiva que la Ley Orgánica del Trabajo otorga a los trabajadores no sindicalizados ex artículo 396, y de todas aquellas actuaciones colectivas que la referida Ley prevé y que puedan perfectamente ser  desarrolladas por los trabajadores no sindicalizados.

Sobre la facultad negociadora de los trabajadores no sindicalizados sostiene Humberto Villasmil Prieto:

 “...[S]i bien la LOT ha negado a la coalición de trabajadores nó (sic) sindicalizados la posibilidad de negociar y suscribir convenciones colectivas de trabajo – lo que autoriza a hablar de una sindicalización de la negociación, del conflicto y hasta de la petición colectiva, no prohibe (sic) que otros modos de negociación distintos al convenio colectivo de trabajo o que no pretendan culminar con él, puedan ser adelantados por trabajadores no sindicalizados. La convención colectiva es, apenas, un modo de negociación, no el único, por tanto ésta no se agota con el convenio colectivo de trabajo, aunque sin duda sea su manifestación más relevante...” (“Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo”, 1999, pp.499).

 

En definitiva, el sindicato más representativo (mientras posea tal legitimidad) es a quien corresponde la negociación con el patrono de todas las actuaciones tendientes a la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, incluso de aquellos que no sean sus afiliados, y la administración de la convención colectiva vigente, aun cuando no la haya suscrito, así como todas aquellas que se celebren, con lo cual puede desplazar (de darse el caso) al sindicato deslegitimado porque esa sea la voluntad de los trabajadores, todo ello, en virtud  del derecho que éstos tienen de escoger en cualquier tiempo el sindicato que los represente, en expresión del derecho a la libertad sindical que establece el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y como expresión ampliada del ejercicio de la democracia sindical que dispone el último acápite del referido artículo.

Por otro lado, aún cuando esta Sala reconoce la facultad del sindicato más representativo de los trabajadores a la administración de la convención colectiva vigente, a pesar de no haberla suscrito, no puede, en atención a su legitimidad, exigir al patrono la celebración de una nueva convención mientras exista una, pues de lo contrario, se atentaría contra la seguridad jurídica de las relaciones colectivas del trabajo, con una situación de desventaja para el patrono, quien tendría la obligación de la negociación de las condiciones de trabajo cada vez que surgiese un nuevo sindicato que se atribuyese la representatividad, con evidente perjuicio para la actividad productiva y para la estabilidad de las condiciones laborales que se hubieren acordado; por tanto, debe respetarse la convención colectiva hasta la expiración del lapso de su vigencia. En cuanto al respeto a la vigencia de una convención colectiva este máximo Tribunal, en Sala Político Administrativa, sostuvo:

“...Por otra parte, no debe dejar de advertir la Sala, la relevante consecuencia jurídico-practica que se presenta en directo aumento de situaciones conflictivas en las relaciones colectivas del trabajo y en detrimento de la seguridad jurídica de éstas, cuando, una vez que se encuentra aún vigente una convención o contrato colectivo de trabajo, una agrupación sindical pretenda compeler a la negociación y celebración de otra, aduciendo una  representativad sobrevenida.

 

 Tal situación amerita relevante tratamiento, toda vez que, la seguridad jurídica de las partes que celebraron una convención aún vigente se haría nugatoria, pues, resulta evidente que cualquier organización obtendría apoyo y representatividad de forma sobrevenida mediante cualquier mecanismo y, entre estos la consulta refrendaria, al difundir entre los trabajadores la expectativa de la suscripción de una nueva convención, pues, el artículo 511 de la Ley Orgánica del Trabajo consagra la válida  conquista de la reformatio in melius, esto es, la garantía de que cada nueva convención colectiva deberá propender al aumento de los beneficios laborales, desechando toda posibilidad de desmejora o reforma in peius, cuyo único supuesto se encuentra circunscrito a la excepcional situación contemplada en el artículo 525 eiusdem...” (sic. s. S.P.A. n° 861, 13.04.2000).

 

La libertad sindical tiene dos enfoques, uno individual y otro colectivo. El individual se manifiesta, entre otras, de las siguientes formas: a) el derecho a adherirse o afiliarse a un determinado sindicato; b) el derecho a no afiliarse o adherirse a él; y, por último, c) el derecho a desafiliarse a la organización sindical de la cual se forme parte (ex artículo 143 del Reglamento de la Ley Sustantiva Laboral). Estas tres formas de manifestación de la libertad sindical individual, a las que antes se hizo referencia, pueden materializarse en cualquier tiempo y sin ningún tipo de limitaciones o interferencias, provenientes bien de las organizaciones representantes de los trabajadores, de los empleadores o sus organizaciones sindicales, que puedan menoscabar su pleno ejercicio.

Observa esta Sala que las cláusulas por las cuales las organizaciones sindicales pretenden atribuirse, de manera exclusiva, la administración de las convenciones colectivas que suscriben en representación de los trabajadores, es violatoria de la libertad sindical a la que se ha venido haciendo referencia, por cuanto, “...el titular primigenio de la libertad sindical es el individuo, o sea el trabajador por su condición de hombre que trabaja y que, por hacerlo en relación de dependencia, ofrece mayores riesgos de que su dignidad se vea ofendida por parte del empleador, o de otros sujetos...” (Rodríguez Mancini Jorge, “Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Editorial Astrea Buenos Aires, 1999. Tercera Edición, pp. 457 y 458).  Así, si la defensa a la dignidad y derechos de los trabajadores, constituye el fin último de las agrupaciones sindicales de trabajadores, es lógica la determinación de que, sean éstos, los trabajadores, quienes, en definitiva, decidan y determinen cuál es la asociación sindical que debe representarlos, no sólo en lo que respecta a la administración de la convención colectiva vigente, sino en todo los actos que tengan por norte la mejor defensa de sus derechos e intereses.  

Ahora bien, el fundamento para el señalamiento de que son los trabajadores quienes tienen el derecho de decisión sobre cuál es el sindicato que debe administrar la convención colectiva vigente, sin que interese, en definitiva, qué organización sindical lo suscribió, está íntimamente ligado con la cualidad o titularidad del derecho a la celebración de convenciones colectivas. La Constitución de Venezuela de 1961 no determinaba a quién correspondía la titularidad de tal derecho, como sí lo hizo con respecto a la titularidad del derecho a huelga, en su artículo 92 en el cual se expresaba que Los trabajadores tienen el derecho a la huelga, dentro de las condiciones que fije la ley...”  (añadido de la Sala); por otro lado, el artículo 90 eiusdem disponía:

La ley favorecerá el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo y establecerá el ordenamiento adecuado para las negociaciones colectivas y para la solución pacífica de los conflictos. La convención colectiva será amparada...”.

 

La anterior disposición nada señalaba con respecto a la titularidad del derecho a la negociación colectiva y, menos aún, a la titularidad del derecho a la celebración de convenciones colectivas. Tal omisión fue salvada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 96 que, a tal efecto, establece:

Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los  que establezca la ley (...) Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad” (Resaltado añadido).

 

Como se puede observar, la anterior disposición otorga, con meridiana claridad, la titularidad de los derechos a la negociación colectiva y a la celebración de convenciones colectivas de trabajo a los trabajadores y establece, además, como finalidad de las convenciones, la del amparo a todos los trabajadores, incluso a los que adquieran tal carácter con posterioridad a su suscripción, todo ello en razón de que son los trabajadores los titulares primigenios de tales derechos.    

Por otro lado, la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 408, otorgó a los sindicatos la facultad de ejercicio de tales derechos en representación de sus titulares, cuando, en establecimiento de sus atribuciones, dispone:

“Los sindicatos de trabajadores tendrán las siguientes atribuciones y finalidades: a) omissis; b) Representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo, y especialmente en los procedimientos de conciliación y arbitraje; c) Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento; (...)”  (Resaltado añadido).

 

Ahora bien, con respecto a la letra c), es necesario hacer el siguiente señalamiento: como antes se expresó, la Constitución de 1961 no señalaba expresamente quien era el titular del derecho a la celebración de convenciones colectivas, lo que dio pie para que distintas organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado, estableciesen, en las convenciones colectivas que celebraban, cláusulas por las cuales se atribuían la titularidad de tal derecho cuando se acordaban, de manera exclusiva, la administración de las convenciones colectivas que celebraban, en una errónea interpretación de la aludida letra c); errónea, por cuanto, la letra b) cuando señala claramente “...Representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo...”, atribuye la titularidad del derecho a la negociación colectiva, a los trabajadores, el cual, además, se garantiza en el único aparte del artículo 396 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por tanto, la ley no atribuyó tal titularidad a los sindicatos, éstos debían hacer la negociación en nombre de sus afiliados, de allí que, aún bajo la vigencia de aquella Constitución, debió enten-derse a los trabajadores como titulares del derecho a la negociación colectiva, y por extensión, como los titulares del derecho a la celebración de convenciones colectivas, debido a que son éstas el principal producto de aquélla, ya que no puede existir convención colectiva sin una negociación colectiva que la preceda.

Con fundamento en las motivaciones que anteceden, esta Sala considera que las cláusulas con las cuales pretenden los sindicatos, de cualquier grado, atribuirse de manera exclusiva la administración de las convenciones colectivas que suscriban, son violatorias de los derechos constitucionales a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la celebración de convenciones colectivas a que se refieren los artículos 95 y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se declara.

Por otro lado, en el caso sub examine, se observa que los representantes del demandante de amparo pretenden la impugnación de la decisión interlocutoria del 29 de junio de 2000, con la cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito, Trabajo y Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar -en un juicio en el cual no es parte el supuesto agraviado-, además de la admisión de la demanda que intentaron los apoderados judiciales de la junta directiva del Sindicato Único de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar) -tercero interviniente- contra el Consorcio Dravica C.A., acordó dos medidas preventivas innominadas que, a su decir, no aseguran la ejecución del fallo que se pudiese dictar en ese juicio, ya que con las referidas medidas no se afecta al patrimonio de la demandada sino que, por el contrario, se afectó las finanzas de su representado.

El demandante de amparo, como se puede observar, es un tercero y, por tanto, ajeno al proceso laboral en el cual surgió la decisión interlocutoria que se impugnó mediante la demanda que dio inicio al presente procedimiento; es por ello, que esta Sala determinará antes de que conozca el fondo, si la vía de amparo que se escogió era la idónea para el restablecimiento de la situación jurídica supuestamente infringida o si, por el contrario, existía otra vía idónea distinta a ésta, capaz de la restitución de la situación jurídica constitucional supuestamente violentada antes de que ésta se haga irreparable.

Esta Sala ha afirmado, en reiterados fallos, que la demanda de amparo constituye un medio adicional a los otros existentes, y que por tanto, no entraña un monopolio procesal en cuanto a las denuncias sobre violaciones a la regularidad constitucional; de allí que, en cuanto a la procedencia de la demanda de amparo, se haya sostenido que:

“...2.- En consecuencia, es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:

 

a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o

 

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

 

La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

 

La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. En consecuencia, por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.

 

 De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.

 

Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal como en vía de recurso...” (s.n° 1496, S.C.-T.S.J. 13-08-2001. Resaltado añadido).

 

Los terceros en un determinado juicio en el que se produzcan decisiones actos u omisiones que los afecten directa o indirectamente, tienen, en primer término, la posibilidad de lograr su intervención en el proceso con tal carácter (terceros) de la manera que establece el artículo 370 de la Ley Adjetiva Civil, por lo que, en atención a la decisión que se transcribió, habrá que determinar, en el caso concreto, si existe la posibilidad de que la situación jurídica que se infringió por el agravio constitucional pueda hacerse irreparable, en caso de que se empleen los mecanismos que dispone la referida ley en resguardo de los derechos de los terceros, para que, de esta manera, se pueda acudir a la vía de la demanda de amparo.

Para la determinación de la situación jurídica del demandante de amparo con respecto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, debe analizarse la decisión interlocutoria que se impugnó, así como los alegatos que esgrimió el demandante de amparo y el tercero interviniente. El acto jurisdiccional que se impugnó corre en copia certificada en el folio 522 del presente expediente  y, al acordar las medida, señaló:

“...En cuanto a la medida cautelar solicitada, de que se mantenga el Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar) como el administrador de la Convención Colectiva suscrita por el mismo con la Camara Venezolana de la Construcción, y que las cantidades de dinero por conceptos de cuotas sindicales pudieran (sic) corresponder desde el momento de interponer de la presente demanda hasta que sea decidida, es decir que a partir del momento de la interposición de la presente demanda se oficie a la empresa CONSORCIO DRAVICA  a fin de que remita a este Tribunal las cantidades de dinero por concepto de cuotas sindicales mensuales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Observa este Tribunal la seriedad de los argumentos y planteamientos esgrimidos por la parte demandante, en lo cual (sic) resulta suficiente para dar por demostrado uno de los requisitos que requiere este Tipo (sic) de cautela, cual es la presunción de un buen derecho. Igualmente aparece demostrado en autos que la Convención Colectiva fué (sic) suscrita entre la Cámara Venezolana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera, Conexos y Similares de Venezuela, y la misma en su cláusula 70 parágrafo (sic) único menciona lo siguiente: Los montos de dinero correspondiente a estas deducciones, serán entregados inmediatamente al Secretario Tesorero de la Federación o a la persona que este autorice(...), y demostrada en autos la condición de Representantes de los actores de la Federación de Trabajadores de la Industria (...), éste Tribunal considera de que (sic) se encuentra cubierto los (sic) requisitos para el decreto de esta cautela, (...), el Tribunal acuerda medida cautelar y ordena que la convención aludida (...), sea administrada por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic- Bolívar), y así mismo ordena a la Empresa DRAVICA remitir a éste (sic) Tribunal las cantidades de dinero descontadas a partir de la presente fecha a los trabajadores por conceptos de cuotas sindicales mensuales hasta que se dicte sentencia definitiva en el presente juicio...”(Destacado añadido).

 

Se desprende de la decisión que fue parcialmente transcrita que las medidas innominadas que se acordaron son dos; por un lado se acordó que la referida convención colectiva sea administrada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar), tercero interviniente en el presente procedimiento y, por el otro, que las cantidades de dinero que fueron descontadas por concepto de cuotas sindicales se remitieran al tribunal que dictó la referida decisión (supuesto agraviante), desde el día cuando se dictó el auto que fue impugnado hasta cuando se produzca sentencia definitiva en el juicio donde se produjo tal decisión.   

Ahora bien, contra las medidas que se acordaron, el demandante de amparo alegó:

que “...tratándose de un procedimiento de cobro de cotizaciones y otros conceptos derivados de la relación laboral, (calificación dada por el juez de la causa, ya que la demanda interpuesta no tiene pretensión, es decir no se menciona el objeto de la causa), la juez debió decretar la medida cautelar contra el CONSORCIO (sic) Dravica, quien es el demandado, pero nunca una medida que de ninguna manera asegura la ejecución del fallo con el patrimonio del CONSORCIO, sino que afecta las finanzas del Sindicato Sutracaruachi que represen[tan], que no es parte en ese proceso(...), [al] ordenar al CONSORCIO Dravica remitir al tribunal las cotizaciones que aportan los trabajadores afiliados a Sutracaruachi en virtud supuestamente en el buen derecho que alega a SUTIC-BOLÍVAR, pero que no ha probado en autos. El Sindicato Sutic-Bolívar, no tiene afiliados, no tiene representatividad, no tiene autorización de los trabajadores (...). Además, el juicio de cobro de bolívares por concepto de cuotas sindicales y otros conceptos derivados de la relación laboral (...) no tiene que ver ni con las cotizaciones sindicales que aportan a su sindicato los trabajadores afiliados a éste, ni menos aún con la administración del contrato vigente, que la ejerce Sutracaruachi por ser el sindicato mayoritario en la obra. (...) (su) sindicato tiene afiliado la mayoría de los trabajadores y goza de la representatividad que fue ratificada mediante un REFERÉNDUM (sic) que organizó el Ministerio del Trabajo el día  23 de mayo del año en curso, (...) frente a este tipo de medidas preventivas innominadas la ley sólo concede el recurso de oposición, recurso que además está limitado a las partes en el proceso, (...). Además esta ‘oposición de parte’ debe sustanciarse de conformidad a lo previsto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil y siguientes, que comienza con la citación, lo cual no procedería contra terceros. (...) Además en el supuesto negado de que hubiesen medios ordinarios son inutilizables, por el hecho de que en sí mismos –en el supuesto también negado de que los mismos fuesen a tramitarse- son recursos demasiado lentos e inoperantes como para ser efectivos en el caso bajo examen. Ciertamente no se trataría de un medio procesal idóneo dada su lentitud y su estructura, siendo necesario de todas formas la vía del amparo constitucional. (...)” (sic).

 

Por otro lado, en la demanda que dio inicio al procedimiento en el cual se dictó la decisión objeto de impugnación, la cual consta en el folio 484 y siguientes del presente expediente, los apoderados judiciales del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar), tercero interviniente en el presente procedimiento, alegaron:

“ ...Ahora bien ciudadano juez en fechas anteriores se formó dentro del CONSORCIO DRAVICA una organización sindical llamada SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE PRESA CARUACHI (SUTRACARUACHI) quienes usurpando atribuciones y funciones que solo correspondian (sic) a nuestra organización sindical hicieron pedimentos a la empresa CONSORCIO DRAVICA, pedimentos (sic) que fueron admitidos y aceptados por la mencionada empresa (...). Ciudadano Juez, la empresa CONSORCIO DRAVICA intencionalmente le entregó desde el mes de junio de 1.999, la administración de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la Cámara Venezolana de la Construcción y las Federaciones de Trabajadores de la Industria de la  Construcción, Maderas, Conexos y Similares de Venezuela al SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE PRESA CARUACHI (SUTRACARUACHI). El único sindicato que puede administrar la convención colectiva es el SINDICATO  UNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO BOLIVAR (SUTIC-BOLÍVAR), por ser parte integrante y firmante de la misma, según consta en las cláusulas de la Convención Colectiva de la Construcción Vigente (...)” (Destacado añadido)

 

Observa la Sala que, en lo que respecta a las medidas que acordó la decisión objeto de este amparo, éstas están referidas a la administración de la convención colectiva que celebraron la Cámara Venezolana de la Construcción y las Federaciones de Trabajadores de la Industria de la  Construcción, Maderas, Conexos y Similares de Venezuela, en las cuales se acordó, específicamente en lo que se refiere a la cláusula referente a las cuotas sindicales que se descuentan a los trabajadores, que éstas sean remitidas al tribunal supuesto agraviante hasta cuando se dicte la decisión definitiva. Ahora bien, en lo que respecta a las cuotas sindicales, el artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo preceptúa:

Los patronos deberán descontar de los salarios de los trabajadores afiliados a un sindicato las cuotas ordinarias o extraordinarias que el sindicato haya fijado de conformidad con sus estatutos. A los demás trabajadores beneficiados por una convención colectiva celebrada por el sindicato y que no pertenezcan a otra organización sindical, se les descontará el monto de la cuota extraordinaria establecida para miembros, por concepto de solidaridad y por motivo de los beneficios obtenidos en dicha convención colectiva. Las sumas recaudadas las entregará el patrono a los representantes autorizados del sindicato tan pronto haya hecho la recaudación.”(Destacado añadido)

 

 

De la anterior disposición se desprende que el patrono tiene dos obligaciones en lo que respecta a las cuotas sindicales; por un lado, descontarlas del salario de los trabajadores afiliados a un determinado sindicato y, por la otra, la entrega de la suma que recaude a los representantes autorizados del sindicato del cual es miembro el trabajador, una vez hecha la recaudación. Lo que quiere decir que el patrono no puede disponer de las cuotas sindicales que descuente, porque no le pertenecen; de allí que no puede dirigirlas al sindicato que desee, sino a aquel al que esté afiliado el trabajador, quien, como titular del derecho a la libertad sindical individual -como se expresó supra-, es quien decide a cuál sindicato desea pertenecer y, como consecuencia del ejercicio de tal derecho, debe contribuir con el sindicato que escoja mediante las referidas cuotas, para que éste pueda cumplir con su finalidad de protección y resguardo de sus derechos. En lo que respecta a la administración de los convenios colectivos, es -como ya se explicó- el sindicato más representativo quien, en definitiva, deberá encargarse de su administración, y esa representatividad sólo la atribuyen los trabajadores, sin presiones ni interferencia de ningún tipo, al sindicato que deseen. 

De los alegatos que se hicieron tanto por el demandante de amparo como por el tercero interviniente, se desprende que ambos se adjudican el derecho a la administración de la convención colectiva sobre la cual recayeron las medidas que se acordaron en la decisión que se impugnó, lo que quiere decir que existe un conflicto de representatividad o legitimación, de allí que se desprenda que las situaciones jurídicas del demandante de amparo y la del tercero interviniente no están  perfectamente definidas, pues cada uno de ellos se atribuye la representatividad o facultad de administración, en nombre de los trabajadores, de la convención colectiva.

Respecto a la situación jurídica de los terceros respecto de un juicio en el cual no es parte, la Sala ha establecido que:

“Surge así, una contradicción entre la tercería de dominio, prevenida específicamente para que los terceros afectados por un secuestro o una prohibición de enajenar y gravar, hagan valer sus derechos sobre los bienes de su propiedad, y el amparo constitucional que de aceptarse como vía útil para lograr el mismo efecto que la tercería contemplada en el ordinal 1° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, vaciaría de contenido a dicho ordinal, ya que siempre el amparo resultaría un proceso más célere, capaz de restablecer de inmediato el derecho del propiedad del tercero.

(...)

Cuando un tercero, propietario de un bien, en un proceso donde no es parte y con el cual carece de toda conexión, se le priva de una propiedad o de los atributos de dicho derecho, mediante el secuestro, la prohibición de enajenar o gravar u otra medida preventiva, ese tercero está siendo víctima de una pérdida o disminución de su propiedad, sin que exista un juicio en su contra; y ante tal infracción, que no le cercena el derecho a la defensa –ya que él tiene las vías judiciales como la tercería, para defenderse- pero si le menoscaba el derecho de propiedad al desmejorarle su situación jurídica de propietario, la acción de amparo es la vía más idónea para restablecer su situación jurídica.

 

Pero, cuando los bienes del tercero tienen algún ligamen con la causa y ellos son objeto de la medida, esa conexión que hace posible que la medida erradamente se haya practicado sobre esos bienes, debe ser aclarada por el tercero, cuya situación jurídica no es diáfana, y la vía correcta para ello es la tercería prevista en el ordinal 1° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, a fin de que dentro del “procedimiento ordinario” por el cual se tramita la tercería y que procura la plena prueba, se logre aclarar sin duda la posición del tercero.

(...)

Pero, el amparo -y de allí lo casuístico- no puede a su vez obrar como un ariete lesivo contra otra persona, motivo por el cual, si la posición del tercero no parece clara respecto al juicio, el amparo perjudicaría a las partes de un proceso, lesionándoles igualmente su situación jurídica, y por ello la lesión con posibilidad de reparabilidad sería tema de discusión para todos, y ante esa realidad, es la vía ordinaria y no el amparo, la correcta. Por ello, esta Sala en anteriores fallos ha sentado que sólo cuando el uso de las vías ordinarias se hace ineficaz por retardo judicial inexcusable procede el amparo ante la omisión, ya que es ella la que pone en peligro de que la lesión se haga irreparable.” (sic. s. S.C. n° 401 del 19-05-2000. Exp. 00-0295. Resaltado añadido).

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden la Sala concluye que la vía correcta para la determinación, con todos los medios de pruebas y con un conocimiento más profundo de los hechos, de a quién corresponde la representación de los trabajadores, es la tercería, con la cual se puede determinar, sin menoscabo de los derechos de ninguno de los sujetos colectivos que se adjudican tal representación, máxime si se toma en cuenta que cualquier decisión que se pronuncie con respecto al fondo, en el caso sub examine, necesariamente deberá tener presente la representatividad de los derechos de los trabajadores que cada uno de los sindicatos se atribuye para precisar la existencia de la violación de la situación jurídica supuestamente infringida.

En efecto el pronunciamiento en cuestión tendrá una vinculación directa e influyente en el proceso dentro del cual se produjo la decisión que se impugnó, razón por la cual no puede el juez constitucional decidir en el presente caso sin tomar en cuenta la representatividad del demandante de amparo y, con ello, inmiscuirse ilegítimamente en el fondo del juicio donde se produjo el auto objeto de impugnación.

En consecuencia esta Sala, en atención a lo que preceptúa el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara con lugar las apelaciones que se interpusieron y, por ende, inadmisible la demanda de amparo. Así se decide.   

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de la apelación que fue dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar el 25 de agosto de 2000 y declara INADMISIBLE la demanda de amparo que ejercieron los ciudadanos MANUEL MUÑOZ, JHONY POLO, ASDRÚBAL LOPEZ, CARLOS RODRÍGUEZ, OSWALDO JARAMILLO, CRUZ LINARES, RAFAEL MARTINEZ y FREDDY PAIVA, en su carácter, respectivamente, de Secretario General, Secretario de Finanzas, Secretario de Reclamos, Secretario de Empleo, Secretario de Disciplina, Secretario de Deportes, Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal, del Sindicato Único de Trabajadores de la Presa Caruachi (Sutracaruachi), contra el auto que dictó, el 29 de junio de 2000, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. En consecuencia, declara CON LUGAR las apelaciones que interpusieron la ciudadana Marlene Rondón, Jueza provisoria del tribunal supuesto agraviante, y el ciudadano Omar José Sánchez Rodríguez, apoderado judicial del Sindicato Único de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar) contra la decisión que se mencionó.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 13 días del mes de febrero de dos mil tres. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Magistrado          

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 00-2569