SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JESUS EDUARDO CABRERA

 

 

            De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corresponde a esta Sala Constitucional, conocer en consulta, del amparo interpuesto por la ciudadana

AMELIA DOLORES RODRIGUEZ SALCEDO, titular de la cédula de identidad Nº V-624.255, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripcion Judicial del Estado Miranda, contra las decisiones dictadas por el Tribunal del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, y por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, por habérsele violado el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso.

 

            En fecha 21 de enero de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al magistrado que con tal carácter suscribe la presente ponencia.

 

            Realizado el estudio correspondiente, se pasa a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:

 

 

I

 

DE LA ACCION DE AMPARO

 

 

            En fecha 7 de octubre de 1999, la ciudadana Amelia Dolores Rodríguez Salcedo, debidamente asistida de abogado, introdujo ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, escrito contentivo de acción de amparo, en virtud, de habérsele violado su derecho a la defensa y al debido proceso.

 

            La accionante manifiesta que le fueron violados sus derechos constitucionales, puesto que, en fecha 10 de julio de 1996, la ciudadana Yamilet Sánchez solicitó al Tribunal del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, la entrega material de un inmueble ubicado en el Barrio La Matica, calle del mismo nombre, distinguido con el Nº3, y habiendo hecho oposición formal a dicha, el Tribunal del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, declaró Sin Lugar la oposición y fijó la fecha de la entrega material, sin cumplir con el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, por lo que la accionante interpuso recurso de apelación contra tal decisión. De la apelación conoce el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, quien ratifica la decisión del Tribunal de Municipio y declara Sin Lugar el recurso intentado.

 

            Con fundamento en lo antes narrado, la accionante alega, que le violaron

 “el derecho a la defensa y al debido proceso, en razón de que los sentenciadores declararon sin lugar la oposición interpuesta por mi, …., no solamente violentando los Derechos Constitucionales ya mencionados, sino actuando con abuso de poder, extralimitación de funciones y fuera de su competencia, por cuanto las características y naturaleza del procedimiento de entrega  material , es de jurisdicción voluntaria, y al hacer o efectuarse la oposición se debió decidir que la controversia se ventilara en juicio ordinario, de modo que se arrogó cada sentenciador una competencia que no poseían al no circunscribirse a su competencia funcional.”

 

Finalmente la accionante solicitó, se anularan  las sentencias dictadas por el Tribunal del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda y por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

 

 

II

 

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

 

            Mediante sentencia de fecha 9 de diciembre de 1999, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, con sede en Los Teques, declaró Con Lugar el amparo constitucional interpuesto por la ciudadana Amelia Dolores Rodríguez Salcedo y en consecuencia, para restablecer la situación infringida, anuló y dejó sin efecto la entrega material  y los actos posteriores a ella, efectuados por el Juzgado del Municipio Guaicaipuro, así como lo actuado en primera instancia incluyendo la sentencia confirmatoria de dicha entrega.

           

            El Juzgado Superior fundamenta su decisión en las siguientes consideraciones:

 

“Ahora bien, observa ésta Superioridad que en fecha 18-07-96 se fijó el acto de Entrega Material, igualmente se observa que en el mismo acto se realizó la Oposición a la Medida siendo formalizada dicha Oposición el 25-07-96. En fecha 18-07-96 el Tribunal en virtud de la Oposición formulada suspendió la Medida y en fecha 17-09-96 el Juzgado de Municipio declaró Sin Lugar la Oposición, de lo cual apeló la opositora y subieron las actuaciones al Juzgado de la Primera Instancia. Así tenemos que, este Juzgado Superior considera al igual que nuestro máximo Tribunal de la República, que, en el presente caso al haberse formulado la oposición el Juez del Municipio Guaicaipuro ha debido revocar el acto de inmediato y analizar luego de formalizada la oposición tal como lo hizo el oponente, los recaudos y las pruebas consignadas a los efectos; lo cual no hizo ya que sólo se limitó a suspender el acto y sin análisis previo procedió a realizar dicha Entrega Material, se evidencia con meridiana claridad que con ésta actuación se incurrió en un evidente menoscabo al derecho de defensa, al no ajustar el proceso a los términos y condiciones establecidas por la Ley, subvirtiendo el proceso. Igualmente para que la oposición sea eficaz y revoque el acto de entrega material, basta que esté fundada en causa legal. No señala la Ley que deba producir el opositor un título oponible a terceros, o un documento simplemente privado, basta la fundamentación legal basada en el hecho de que el tercero tiene derecho preferente a poseer actualmente la cosa aunque no se acredite en el momento preferente a poseer actualmente la cosa aunque no se acredite en el momento tal derecho. Hecha la oposición, la entrega queda automáticamente revocada, y los intervinientes ventilarán el asunto por el procedimiento ordinario a instancia propia. En consecuencia, al quedar de lo antes establecido bien claro que el Juzgado del Municipio Guaicaipuro incurrió en el menoscabo de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 49 y 68 de la Constitución Nacional, procede a todas luces el presente Amparo Constitucional de conformidad con el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por lo tanto queda ANULADA Y SIN EFECTO ALGUNO LA ENTREGA MATERIAL Y ACTOS POSTERIORES, ASI COMO LO ACTUADO EN PRIMERA INSTANCIA INCLUYENDO LA SENTENCIA CONFIRMATORIA DE DICHA ENTREGA. Así se decide”.

 

 

 

III

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 

            El artículo 930 del Código de Procedimiento Civil indica al juez el procedimiento a seguir en los casos de entrega material, al establecer:

“Artículo 930: Si en el día señalado el vendedor o dentro de los dos días siguientes cualquier tercero, hicieren oposición a la entrega, fundándose en causa legal, se revocará el acto o se le suspenderá, según se le haya efectuado o no y podrán los interesados ocurrir a hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente.

Si no hubiere oposición o no concurriere el vendedor, el Tribunal llevará a efecto la entrega material.”

 

 

Ahora bien, era jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia y así la acoge este alto Tribunal, que “en los procedimientos de entrega material, calificados por el Código procesal como de jurisdicción voluntaria, por no ser de naturaleza contenciosa, al interponerse oposición o aparecer cualquier tipo de controvercia, bien por parte del vendedor, respecto de quien se solicita la entrega, o de un tercero, para no desvirtuar la naturaleza y fines propios que le atribuye la Ley, al juzgador no le queda otra alternativa que desestimar la solicitud misma e indicar a los intervinientes que la controversia entre ellos debe resolverse por el procedimiento ordinario, si el asunto controvertido no tiene pautado un procedimiento especial, en aplicación del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 11 de abril de 1996).

 

En el presente caso, se puede observar que el Tribunal del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, y posteriormente el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma circunscripción, al ratificar la decisión, violentaron el derecho al debido proceso, en razón de que el Tribunal del Municipio referido declaró sin lugar la oposición del tercero y ordenó se procediera a la entrega material del inmueble, y posteriormente el Juzgado de primera instancia que conoce de la apelación ratifica la actuación del Tribunal de Municipio, con lo cual ambos Juzgados han subvertido el procedimiento legalmente establecido y se han extralimitado en sus funciones.

Puesto que, según lo establece el comentado artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, el juez simplemente debía establecer que al haber oposición, tenía que suspender la entrega material del inmueble, sobreseer, y ordenar a las partes en conflicto dirimir tal problemática en la jurisdicción ordinaria.

 

En consecuencia, esta Sala Constitucional considera que si se produjo la subversión del procedimiento, y por lo tanto se violaron los derechos a la defensa y al debido proceso denunciados por la accionante, por lo que se debe confirmar la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

 

Una vez establecido lo anterior, y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Inspector de Tribunales a fin de que resuelva sobre la procedencia o no de medida disciplinaria.

 

 

DECISION

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores, en la acción de amparo constitucional intentada por la ciudadana AMELIA DOLORES RODRÍGUEZ SALCEDO, y ordena se le remita copia certificada de la presente decisión al Inspector de Tribunales  y al Ministerio Público, a los fines legales pertinentes.

 

 

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

 

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA

 

 

                                                                      Los Magistrados,

 

HÉCTOR PEÑA TORRELLES

JOSÉ M. DELGADO OCANDO

             Ponente

 

MOISÉS  A.  TROCONIS  V.

 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

            Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede que, decidió la consulta de la sentencia de amparo constitucional dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario el 18 de enero de 1990.

Las razones por las cuales me aparto de la sentencia aprobada por la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las decisiones dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna disposición que atribuya a esta Sala Constitucional competencia para conocer de las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo por los Tribunales de la República. En esa oportunidad también disentí del argumento de la mayoría según el cual el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuía a esta Sala competencia para conocer como segunda instancia en acciones de amparo. Por el contrario, desde un primer momento sostuve que en el referido numeral 10 se consagró un mecanismo extraordinario de revisión, cuya finalidad es que esta Sala establezca criterios para lograr uniformidad en la interpretación de la Constitución. A tal efecto, indiqué:

 “(…) quien suscribe considera que la facultad prevista en el numeral 10 del artículo 336 no es asimilable a la consulta o apelación prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por cuanto esta Sala no es un tribunal de alzada ni superior materialmente de ningún tribunal de la República. La aludida competencia de revisión, debe interpretarse como una potestad extraordinaria de revisión de sentencias dictadas por el resto de los tribunales cuando éstos conozcan como jueces constitucionales de amparo o cuando ejerzan el control difuso de la constitucionalidad de las normas, para verificar cuestiones de derecho relativas a la interpretación de las normas y principios constitucionales, a los fines de lograr una uniformidad de criterios”.

 

En mi criterio, una correcta interpretación en materia de competencias para conocer del amparo debió dejar incólumes las normas atributivas de competencia previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de acuerdo con la evolución jurisprudencial que hasta entonces habían mantenido de forma reiterada tanto la Corte Suprema de Justicia como el resto de los tribunales de la República. La Sala Constitucional solamente debió asumir la competencia prevista en el artículo 3 eiusdem, y en el caso del artículo 8 del mismo texto legal, cuando los actos lesivos fuesen de ejecución directa de la Constitución o tuviesen rango de ley. 

En el caso concreto de las apelaciones o consultas, la norma contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo, es precisa al indicar que el conocimiento de las mismas corresponden al Tribunal Superior respectivo atendiendo a la materia del caso concreto. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendieron tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas de la forma siguiente: para precisar la afinidad de una Sala con un caso concreto debe establecerse el ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).

De lo anterior se desprende que, la competencia para conocer de las consultas o apelaciones de las decisiones de amparo dictadas por los Juzgados Superiores, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, debe distribuirse, según la materia entre las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia. No existe, -como señalara- en el texto constitucional ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer en segunda instancia de las acciones de amparo, por lo que, hasta tanto no hubiese una modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales o la existencia de otra disposición que atribuyese tal competencia a la Sala Constitucional, ésta no debió asumir tal conocimiento. Por el contrario, debió permanecer inalterado el régimen competencial que se ha seguido en esta materia, el cual es similar al previsto en el resto del ordenamiento jurídico venezolano, en virtud de que, dicho régimen permanece vigente por no contradecir ninguna norma constitucional, tal como lo establece la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de 1999.

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye –a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Por las razones anteriores, estima el disidente que, esta Sala Constitucional  no debió conocer en consulta la decisión de amparo que cursa en autos, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas,  fecha  ut-supra.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                                  El Vice-Presidente,

 

                                                                          Jesús Eduardo Cabrera  

 

Magistrados,

 

Héctor Peña Torrelles

            Disidente

 

                                                                                  José M. Delgado Ocando

 

 

Moisés Troconis

 

                                                                       El Secretario,

 

 

 

                                                           José Leonardo Requena Cabello

 

HPT/jlv

Exp. N°: 00-0035