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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

El 19 de mayo de 2004, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Corte de Apelaciones Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el oficio N° 018, del 27 de abril de 2004, adjunto al cual se remitió el expediente N° 125-04 (nomenclatura de ese Tribunal) contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta el 9 de marzo de 2004, por el ciudadano Atilano José Mendoza Mujica, titular de la cédula de identidad número 4.053.310, en su carácter de Fiscal Superior del Ministerio Público del Estado Miranda actuando en nombre de un adolescente cuya identificación se omite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, contra la omisión de pronunciamiento que atribuye al Juzgado Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial del Estado Miranda.

 

Dicha remisión obedece a la consulta a que se encuentra sometida la sentencia dictada por dicha Corte el 25 de marzo de 2004, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional intentada.

 

En la misma ocasión, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.

 

El 4 de febrero de 2005, en virtud de la jubilación del mencionado Magistrado, se reasignó la Ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe el presente fallo

 

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones.

 

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

 

Alegó la parte actora, cuya identificación se omite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en su libelo de amparo presentado el 1 de marzo de 2004, que solicitó el 18 de febrero de 2004 ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control, Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda le fuera concedido a un adolescente cuya identificación se omite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el resguardo de “protección a la víctima”.

 

Narró la parte actora que otro adolescente cuya identificación se omite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente el 16 de febrero de 2004 “sin motivo justificado intentó con un arma de fuego cegarle la vida; motivo por el cual considera estar amenazado por parte del adolescente, ya identificado, y que teme por su integridad física y la de su grupo familiar”.

 

A tal efecto la parte actora anexó “hoja de audiencia levantada al ciudadano (...), ya identificado en fecha 17-02-2004, donde solicita PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA, según lo narrado por el mismo en dicha audiencia. Remisión que hago a usted, conforme a la atribución que me confiere el artículo 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que dice textualmente: ‘El Fiscal Superior, por intermedio de la Oficina de Protección a la Víctima, por iniciativa propia o por solicitud del interesado o su representante, solicitara al juez competente que tome las medidas conducentes a garantizar la integridad de la víctima y su libertad o bienes materiales’, asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo 119, ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 23, 118 y 120, ordinal 3 e(i)usdem e igualmente de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

Expuso la parte actora que del acta contentiva de la audiencia reseñada por la Unidad de Atención a la Víctima adscrita a la Fiscalía Superior del Estado Miranda se indicó que “en fecha 17-02-04, al ciudadano (...), en la cual expreso ‘El día de hoy interpuse denuncia en el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas sub-delegación Miranda a los Teques según denuncia Nro G-671.249 en contra del adolescente (...) de 15 años de edad (...) quien sin motivo justificado intentó con un arma de fuego cegarme la vida, por lo que salí corriendo y este adolescente pasó toda la noche buscándome. No haciendo uso de las misma, ni golpeándome, ni robándome, en virtud de que no me pudo localizar no sabiéndome(sic) el motivo por el que se me acercó con un arma de fuego como consecuencia de ello me considero amenazado por parte del denunciado hoy señalado como imputado y es por lo que solicitó protección a la víctima en virtud de que temo por mi integridad física y la de mi familia, conoce la fiscalía décima quinta del Ministerio Público por ser de su competencia” (minúsculas de la Sala).

 

Narró la parte actora que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección Adolescentes “al recibir la solicitud en referencia se negó (h)a darle ingreso a la misma y tramitarla de conformidad con lo pautado en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Inexplicablemente devuelve el escrito y los recaudos presentados por esta Fiscalía Superior mediante oficio Nro. 108 de fecha 25 de febrero de 2004, con una motivación absolutamente impertinente, colocando en negrillas que el Ministerio Público no puede delegar en ningún órgano jurisdiccional sus funciones y que el adolescente supuestamente incurso en el hecho que se le atribuye no aparece registrado en los archivos que a tales efectos lleva el tribunal. Manifestando finalmente en dicho oficio que la persona tiene que tener condición de víctima”.

 

 Denunció la parte actora que la devolución de la solicitud de protección a la víctima al despacho del Ministerio Público, coloca al adolescente “en un estado de absoluta indefensión, violando flagrantemente el derecho de acceso a la justicia que tiene todo ciudadano, el cual está consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consistente en el derecho que tiene toda persona de acceso a los Órganos de Administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses” (sic).

 

Igualmente denunció que al absolver la instancia, la Juezademás, viola el derecho constitucional de protección de los Derechos Humanos consagrados en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público. Indicó que se infringió “el debido proceso previsto en el encabezamiento del artículo 49 e(i)usdem en concordancia con lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, normas estas que disponen de un procedimiento para acordar las medidas de protección. La Juez desaplica expresamente dicha normativa, no dicta decisión alguna y devuelve con oficio la solicitud de protección y demás recaudos a esta Representación Fiscal”.

 

En el petitorio de su libelo la parte actora indicó que ejerce la presente acción de amparo constitucional conforme al “contenido del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contra la negativa de cumplimiento del debido proceso (...) de admitir, sustanciar conforme al debido  proceso contenido en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y resolver conforme a derecho la solicitud de protección a la víctima (...) Presentada por esta Fiscalía Superior en fecha 18-02-2004”.

 

El 15 de marzo de 2004 la Sección Especial Accidental de Responsabilidad Penal del Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda admitió la presente acción de amparo constitucional e igualmente “fija para el día 22 de marzo de 2004 a las 11:00 a.m. la Audiencia Constitucional a que se contrae el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

 

El 22 de marzo de 2004, se celebró la audiencia constitucional y a final de la misma se declaró con lugar la presente acción de amparo constitucional.

 

El 25 de marzo de 2004, se publicó el texto íntegro de la decisión y el 27 de abril de 2004 se remitieron las presentes actuaciones a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

II

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

La sentencia sometida a consulta, dictada el 25 de marzo de 2004 por la Corte de Apelaciones Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda declaró con lugar la acción de amparo intentada por el Fiscal Atilano José Mendoza Mújica, en nombre de un adolescente, cuya identificación se omite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, contra la omisión del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control, Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda en pronunciarse respecto de la solicitud que intentó el 18 de febrero de 2004 donde solicitó le fuera   concedido a un adolescente el resguardo de “protección a la víctima”.

 

Señaló la Corte de Apelaciones, que en el presente caso la acción de amparo constitucional debe ser declarada con lugar, “al haber quedado acreditada la violación de los derechos constitucionales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la defensa con relación al derecho de protección a la víctima por parte del Estado toda vez que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el artículo 26 expresamente que:  Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

 

Igualmente, la Corte de Apelaciones antes referida transcribió extractos del  autor Allan R. Brewer Carias en el texto “La Constitución de 1999” (Editorial Arte Caracas- Venezuela 2000 pag 163), referidos al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e indicó que “(a)pareciendo en franca relación con el derecho de acceso a la justicia, el de dirigir peticiones ante cualquier funcionario público y obtener oportuna respuesta, reconocido este derecho en el artículo 51 e(i)usdem” en los siguientes términos: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.

 

 De la misma manera, la Corte de Apelaciones antes referida señaló que el constituyente en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoció el deber indeclinable del Estado de proteger a las víctimas de delitos comunes, procurando que los culpables reparen los daños causados y transcribió la disposición del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Indicó igualmente que el “derecho de rango constitucional referido a la protección de las personas víctimas de delitos comunes, el cual constituye un deber a cargo del estado, encuentra su desarrollo y los mecanismos necesarios para su materialización en el Código Orgánico Procesal Penal, cuando en el artículo 23 dispone expresamente: ‘Protección de las víctimas. Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o acusados. La protección de la víctima y la reparación del daño a que tenga derecho serán también objetivos del proceso penal. Los funcionarios que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecten su derecho de acceso a la justicia, serán acreedores de las sanciones que les asigne el respectivo Código de Conducta que deberá dictarse a tal efecto y cualesquiera otros instrumentos legales”.

 

Igualmente, la primera instancia constitucional transcribió extractos del “autor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento en su libro Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal Vadell Hermanos  editores, 4ta edición, Valencia Venezuela 2002, pág 74 referidos al artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal e indicó que en el caso sometido a su consideración “quedó probado que la ciudadana Juez Temporal de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de es(e) Circuito Judicial Penal de la misma Jurisdicción (...) una vez recibida la solicitud de decretos de medidas de protección a favor del ciudadano (...) en fecha 18-02-04, vulneró el derecho de este de acceder a los órganos de administración de justicia, en desconocimiento del deber de los Jueces de la República de constituirse en garante de la constitucionalidad y de la legalidad, en virtud de que, una vez recibida dicha solicitud, procedió a devolverla al requirente en el oficio N° 108, que fue incorporado por(sic) su lectura, el cual se aprecia al no haber sido desconocido ni impugnado en el proceso, resultando idóneo para acreditar la negativa de la precitada inadmisibilidad, procedencia o improcedencia de la solicitud fiscal en acatamiento al artículo 26 e(i)usdem”.

 

La Corte de Apelaciones apreció que la Juez agraviante actuó en contravención a lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 546 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Indicó que por mandato expreso de los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Juez de Control debía pronunciarse en torno a las medidas de protección de la víctima que fueran requeridas por el Ministerio Público en virtud de las atribuciones que confiere el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Indicó la Corte de Apelaciones que el Juez de Control erró al pretender que se trataba de una delegación por parte del Ministerio Público la solicitud de protección de la víctima y éste tenía la obligación de conformidad al artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal de emitir el correspondiente pronunciamiento en torno a lo planteado por el Ministerio Público. Igualmente apreció “el juzgador que el Juez de Control incumplió en la obligación que le impone el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal de emitir un pronunciamiento fundado bien sea mediante auto o sentencia”.

 

El juzgador señaló que conforme al artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y citó a tal efecto decisión número 828 del 27 de julio de 2000 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para concluir que el mecanismo idóneo para el restablecimiento de la situación jurídica infringida era mediante la acción de amparo constitucional.

 

Finalmente, el juzgador indicó que la conducta de la agraviante al impedir el acceso de la accionante a la administración de justicia “y por lo tanto a las vías judiciales ordinarias para lograr la materialización de protección de sus derechos, de ser posible impidiendo ello, incluso, la interposición de recursos, con vista a lo decidido, que permitieran el ejercicio del derecho al doble grado de jurisdicción, resultando así adecuado el ejercicio de la acción de amparo incoada, por lo que habiendo quedado aprobado con base a las consideraciones que preceden la violación del derecho de acceso a la administración de justicia, y por ende, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, en consecuencia considera este Tribunal Colegiado que lo procedente y ajustado a derecho en este caso, es DECLARAR CON LUGAR la acción de amparo intentada, de conformidad con los artículos 26, 49, 51 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en concordancia con los artículos 1, 6, 23 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal, 82 y 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 546 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por lo que ORDENA al Juzgado de Control que haya de conocer de la solicitud de medidas de protección a favor del ciudadano (...) previo recibimiento de la misma dictar el pronunciamiento que corresponda Y ASÍ SE DECIDE EXPRESAMENTE”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa:

 

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

 

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala la competente para conocer de las apelaciones contra las sentencias de amparo constitucional dictadas por los tribunales superiores, en sus respectivas competencias, cuando decidan como tribunales de primera instancia.

 

En el presente caso, se sometió al conocimiento de la Sala la consulta de una sentencia emanada de la Sección Especial Accidental de Responsabilidad Penal del Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, motivo por el cual, esta Sala, congruente con lo antes señalado, se declara competente para resolver la presente consulta, y así se declara.

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En el presente caso, la decisión sujeta a consulta emanó de la Corte de Apelaciones Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, la cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte de la omisión del Tribunal Primero de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal en pronunciarse sobre la solicitud de protección a la víctima presentada por el Ministerio Público en nombre de un adolescente.

 

La Corte de Apelaciones, Sección de Responsabilidad Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda  declaró con lugar la acción de amparo constitucional al verificar que la omisión del Juez de Control del referido Circuito Judicial Penal infringió los derechos de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la garantía del debido proceso de un adolescente cuya identidad es omitida en cumplimiento del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

 

Las medidas de protección para víctimas, testigos y expertos son una forma de garantizar la seguridad y la integridad de dichas personas por la relación en que se encuentran respecto de un hecho punible o su investigación.

 

Dentro de los derechos de las víctimas, contemplados en los artículos 23 y 117 del Código Orgánico Procesal Penal, existe la posibilidad de que éstas soliciten tal protección de los órganos auxiliares de justicia. No obstante, en nuestra legislación interna no está preceptuado cuáles son esas medidas, quedando de parte del juez, como rector del proceso, establecer aquéllas que considere pertinentes para el caso concreto.  Por otra parte, las únicas normas que disponen un procedimiento para acordar las referidas medidas de protección son los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que disponen:

 

Artículo 82.- El Fiscal Superior, por intermedio de la Oficina de Protección de la Víctima, por iniciativa propia o por solicitud del interesado o su representante, solicitará al Juez competente que tome las medidas conducentes a garantizar la integridad de la víctima y su libertad o bienes materiales.

 

Artículo 83.- El juez, en atención al grado de riesgo o peligro, adoptará en decisión motivada las medidas necesarias para preservar la identidad de la víctima, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio del derecho de defensa del imputado”.

 

Por su parte, el artículo 86 eiusdem establece que las normas antes citadas serán igualmente aplicadas a los testigos y a los expertos, por lo que una vez que el Ministerio Público cumple con su obligación de solicitar las medidas de protección, el juez determinará su procedencia y la forma como deben ser ejecutadas.  Ahora bien, puesto que no existe otra disposición al respecto, contra la decisión que acuerde o no la procedencia de una medida de esta naturaleza no está previsto en el ordenamiento jurídico mecanismo de impugnación alguno.

 

Siendo esto así, la única vía disponible para atacar los vicios denunciados por la parte accionante es a través de la acción de amparo constitucional consagrada en el artículo 27 de la Constitución tal y como lo apreció la Corte de Apelaciones en la decisión sometida a consulta de la Sala.

 

Ahora bien, el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

 

“Protección de las víctimas. Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas  o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o acusados.  La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal. Los funcionarios que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecte su derecho de acceso a la justicia, serán acreedores de las sanciones que les asigne el respectivo Código de Conducta que deberá dictarse a tal efecto, y cualesquiera otros instrumentos legales”.

 

El artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal es una norma programática la cual consagra el derecho de las víctimas de los hechos punibles a acceder a los órganos de administración de justicia, y va dirigida a quienes corresponda tal función, en este caso la solicitud de protección fue interpuesta por el Ministerio Público ante el Juzgado Primero de Control, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda. El Juez antes referido remitió mediante oficio número 108 del 25 de febrero de 2004  dirigido al Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda comunicación en la cual le indicó que “el Ministerio Público no puede delegar en ningún Órgano Jurisdiccional sus atribuciones” y que el adolescente “carecía de tal cualidad” de víctima.

 

Observa la Sala que, la legislación procesal penal consagra una serie de derechos a las víctimas, independientemente de que se hayan constituido o no en parte del proceso que se tramita contra el imputado, tal y como lo ha sostenido esta Sala, al afirmar que “(...) la víctima no necesariamente debe querellarse para intervenir en el proceso, ya que la misma, tal como lo dispone el artículo 117 (actual artículo 120) del Código Orgánico Procesal Penal y la norma antes reproducida (artículo 115 eiusdem, actual artículo 118), puede participar dentro del juicio” (Sentencia n° 69 de esta Sala, del 9 de marzo de 2000, caso: Antonio José Varela).

 

Ahora bien, si el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente confieren a la víctima el derecho de intervenir en el proceso y ser informada de los resultados del mismo, aun cuando no ostente el carácter de parte procesal, debe concluirse que igualmente tiene tales derechos de invocar la protección a través del Ministerio Público y de obtener una decisión motivada por parte de los tribunales penales en cuanto a su solicitud.

 

Ahora bien, esta Sala observa que con independencia del carácter de víctima, el adolescente tenía efectivamente el derecho a una tutela judicial efectiva y de acceso a los órganos de administración de justicia. Igualmente cursa en autos la denuncia que formuló ante el Ministerio Público y de la misma se evidencia que otro adolescente  “(...) de 15 años de edad (...) quien sin motivo justificado intentó con un arma de fuego cegarme la vida, por lo que salí corriendo y este adolescente paso toda la noche buscándome. No haciendo uso de l(a) misma, ni golpeándome, ni robándome, en virtud de que no me pudo localizar no sabiéndome(sic) el motivo por el que se me acerco con un arma de fuego como consecuencia de ello me considero amenazado por parte del denunciado hoy señalado como imputado y es por lo que solicitó protección a la víctima en virtud de que temo por mi integridad física y la de mi familia, conoce la fiscalía décima quinta del Ministerio Público por ser de su competencia” (Minúsculas de la Sala).

 

Así las cosas, se precisa que al alegar la parte actora tener carácter de víctima, el Tribunal de Control debió garantizar sus derechos en el proceso penal, el cual consistía en oírlo antes de tomar la determinación, que podía afectar su integridad física y proporcionar una decisión motivada mediante auto o sentencia respecto de su solicitud.

 

De manera que, cuando la víctima se encuentra individualizada en el proceso penal, el Juez debe oírla antes de emitir cualquier pronunciamiento que pueda afectar sus intereses, aunque la misma no haya querellado, como lo ha señalado esta Sala en sentencia del 9 de marzo de 2000 (caso: Antonio José Varela) y el 9 de octubre de 2001 (caso: Oswaldo Cancino y otro).

 

Por tanto, se precisa que el Tribunal Primero de Control cercenó el derecho al debido proceso, el cual a su vez incide en la tutela judicial efectiva, dado que al recibir la solicitud del Ministerio Público, para que se pronunciase sobre la solicitud de protección conforme a la ley, tuvo que oír a la víctima antes de emitir el pronunciamiento respectivo, el cual afecta directamente al adolescente.

 

Estima la Sala procedente la denuncia de violación del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso consagrados en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que, a pesar de que el referido juzgado respondió mediante oficio del 25 de febrero de 2004 al Ministerio Público, el mismo no dictó decisión en torno a la solicitud de protección a la víctima, no dio respuesta adecuada al planteamiento formulado, puesto que se limitó a indicarle al Ministerio Público que el mismo no podía delegar sus funciones y que el adolescente no ostentaba la cualidad de víctima, motivo por el cual, se declara la violación del derecho de petición y a la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 51 y 26 Constitucionales. Así se declara.

 

Como consecuencia de lo anterior esta Sala confirma la sentencia sujeta a consulta y en tal sentido se declara con lugar la violación del derecho de petición y a la tutela judicial efectiva, derivada de la omisión de pronunciamiento en que incurriera la jueza accionada.

 

Por tanto, esta Sala debe confirmar la decisión proferida el 25 de marzo de 2004 por la Corte de Apelaciones Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró con lugar  la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.

 

 

DECISIÓN

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 25 de marzo de 2004 por la Corte de Apelaciones Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por el Fiscal Atilano José Mendoza Mújica, actuando en nombre de un adolescente cuya identificación se omite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, contra la omisión de pronunciamiento que atribuye al Juzgado Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial del Estado Miranda.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los   22 días del mes de febrero de dos mil cinco. Años: 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                                                                                             

   El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado

                       

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

   Magistrado

 

 

FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ

             Magistrado

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

Magistrado-Ponente

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

                        Magistrado

 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. 04-1284

MTPD.