SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente Número 12-0315

 

El 13 de marzo de 2012, el abogado Ismael Silvestre Casquetia Córdova, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 60.894, en su carácter de defensor del ciudadano RUBÉN DARÍO FONSECA MONSALVE, titular de la cédula de identidad número 6.198.281, interpuso ante esta Sala acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 28 de febrero de 2012 por la Corte de Apelaciones No.8 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la apelación interpuesta por el Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión dictada el 21 de octubre de 2011 por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, que declaró con lugar la solicitud de la defensa y modificó la medida privativa de libertad por una menos gravosa; en el marco del juicio que se le sigue al accionante por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, ocultamiento de arma de fuego, asociación para delinquir y aprovechamiento de objetos provenientes del delito.

 

El 16 de marzo de 2012, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

 

De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el expediente, y del escrito que contiene la acción de amparo, se desprende lo siguiente:

 

El 21 de octubre de 2011, el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la solicitud de la defensa en los siguientes términos:

 

“…se evidencia que se le dio inicio al juicio oral y público, no logrando la comparecencia de los funcionarios ni testigos promovidos por la Representación Fiscal, lo cual genera un atraso en el proceso (…) a las actas procesales, se evidencia la existencia de una persona sobre la cual pesa una medida de coerción personal; como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad, medida se encuentra en vigencia desde el 15/07/2010, transcurriendo hasta la presente fecha un (01) año, cinco (05) meses y seis (06) días, aunado a que el debate del Juicio Oral y Público aperturado (sic) en su oportunidad, se interrumpió por causas no imputables a este Órgano Jurisdiccional (…) es por lo que considera el suscrito que hasta ese momento procesal, han variado las circunstancias que sirvieron de fundamento para el decreto de la medida del Juicio oral y público por un lapso superior a cinco (5) meses, en donde este Órgano Jurisdiccional además de librar las respectivas notificaciones a los expertos, y testigos, le solicitó la colaboración al Ministerio Público, a objeto de lograr la comparecencia de los Órganos de Prueba ofrecidos por esa Representación Fiscal lo cual resultó infructuoso, por lo que a juicio de este Juzgador, lo procedente y ajustado a derecho es declarar CON LUGAR la solicitud del defensor (…) y en consecuencia MODIFICA la medida Privativa de Libertad, por una menos gravosa, de las establecidas en el artículo 256 ordinales 3° y 8° de la Ley Adjetiva Penal…”.

 

 

El Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas interpuso recurso de apelación contra la referida decisión dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de esa misma Circunscripción Judicial, de conformidad con lo previsto en el cardinal 4 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

El 28 de febrero de 2012, la Corte de Apelaciones No. 8 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la apelación interpuesta por el Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas contra la decisión dictada el 21 de octubre de 2011 por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, revocando la decisión recurrida y decretó medida judicial preventiva privativa de libertad al acusado hoy solicitante.

El 13 de marzo de 2012, el abogado Ismael Silvestre Casquetia Córdova, en su carácter de defensor del accionante, interpuso ante esta Sala acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 28 de febrero de 2012 por la Corte de Apelaciones No. 8 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

 

El abogado Ismael Silvestre Casquetia Córdova, en su carácter de defensor del accionante Rubén Darío Fonseca Monsalve, fundamentó la presente acción de amparo constitucional en la violación de “…lo dispuesto en los artículos 44 Ord 1ro (sic), y 49 de la Constitución de la república (sic) Bolivariana de Venezuela, que establece el derecho que tiene todo ciudadano a ser Juzgado en Libertad, y la Presunción de Inocencia (…) al debido proceso (…) a la defensa y a la Asistencia Jurídica…”.

 

En tal sentido, señaló lo siguiente:

 

Que el accionante fue presentado ante “…el tribunal de Control Cuadragésimo Cuarto (44°) (…) por parte de la Fiscalía Vigésima Quinta del Área Metropolitana de Caracas por la presunta comisión de los delitos de Ocultamiento de Arma de Fuego previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, Aprovechamiento de Cosas Provenientes del delito, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal y el delito de Robo Agravado, sancionado en el artículo 458 ejúsdem (sic), y una vez oído al imputado el referido Tribunal lo privó preventivamente de libertad por considerar que se encontraban llenos los extremos exigidos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.”.

 

Que, “…en fecha 30 de junio del año 2010, el Representante del Ministerio Público Vigésimo Quinto (25°) del Área metropolitana de Caracas, presentó formal acusación en contra del Acusado…”.

 

Que “…en fecha 11 de enero de 2011 se celebró (…) el acto de Audiencia Preliminar de acuerdo al artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual el Juez admitió totalmente el Escrito Acusatorio (…) mantuvo la Medida Preventiva Privativa de Libertad por los delitos mencionados así como los Órganos de Prueba promovidos por la Fiscalía, alegando para ello la Juez de Control que no habían variado las circunstancias de modo tiempo y lugar para decretar la Medida de Coerción personal en contra del Acusado acordándose en dicha fecha el pase a Juicio Oral y Público…”.

 

Que “…se acordó constituir el tribunal Unipersonal, toda vez que no se pudo constituir el tribunal Mixto…”.

 

Que, luego de una suspensión del acto de juicio oral y público, “… en fecha 10 de octubre del año 2011 se encontraba fijado el Acto de continuación del Juicio Oral y Público siendo que en esta misma fecha era el Undécimo día sin que se haya podido reanudar el presente juicio por lo que se considera interrumpido el mismo. Es por lo que la Defensa del Acusado de Autos solicitó la Revisión de la medida (…) en virtud de que a la Audiencia Oral y Pública no había acudido ningún Órgano de prueba incluyendo la única víctima en el presente caso…”.

Que “…el Tribunal de la causa procedió a admitir la Revisión de la medida solicitada por la defensa otorgándole al Acusado de Autos una medida Sustitutiva de Libertad la cual consistió en la presentación periódica ante el tribunal cada 8 días y la presentación de 2 fiadores…”.

 

Que “…a la presentación de dicha solicitud de Acción de Amparo Constitucional, la decisión de la Corte de Apelaciones, Sala No. 8 de este Circuito Judicial Penal en la cual Revocó la Medida Sustitutiva de Libertad que venía gozando el Acusado RUBEN (sic) DARIO (sic) FONSECA MONSALVE por la Medida de Privación Preventiva de Libertad hasta los actuales momentos la misma no se ha hecho efectiva en virtud de que el mencionado Expediente se encuentra en la Sede de la Corte de Apelaciones Sala No. 8 esperando ser remitida al tribunal de Origen…”.

 

En virtud de lo anterior, la parte accionante solicitó que se “…decrete la procedencia de la presente Acción de Amparo Constitucional…”.

 

III

DE LA SENTENCIA ACCIONADA

 

El 28 de febrero de 2012, la Corte de Apelaciones No. 8 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la apelación interpuesta por el Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en los términos siguientes:

 

“…(omissis)… el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, previa distribución recibe las actuaciones, correspondiéndole fijar el acto de sorteo ordinario de escabinos, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 en concatenación con el artículo 163, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, siendo el 22 de marzo en que se constituyó Tribunal Unipersonal, toda vez, que fue infructuosa la constitución del tribunal Mixto, aperturando (sic) el juicio oral y público, de conformidad con lo establecido en el artículo 344 ejúsdem (sic), en fecha 14 de abril de 2011 y encontrándose pautado (sic) la continuación del debate en once (11) oportunidades, sin que se haya podido reanudar el presente proceso.

Como consecuencia de lo anterior, la defensa técnica del acusado(…) requirió del Juzgado Aquo (sic) la revisión de la medida privativa de libertad, a tenor de lo preceptuado en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que el Tribunal de Primera Instancia de Juicio acordó la medida cautelar sustitutiva de libertad al prenombrado subiudice (sic) al estimar que el debate oral y público se encuentra interrumpido, considerando que sobre el encausado de autos pesa una medida de coerción personal, como lo es la privación judicial preventiva de libertad, desde el 15 de mayo de 2010 transcurriendo para la fecha del fallo recurrido un lapso de un (1) año, cinco (5) meses y seis (6) días, sin que se haya dictado sentencia alguna.

Así las cosas observa esta alzada que el tema (sic) decidendum en el caso sometido a la consideración de esta Alzada, se circunscribe a determinar si la revisión y concesión de medidas cautelares sustitutivas de libertad a favor del encausado se ajustan a la normativa penal adjetiva y a las actuaciones que conforman la presente causa penal, en el entendido [de] que las circunstancias que dieron origen a su inicio se mantienen vigentes a la presente fecha.

En este sentido es de observar que el único elemento que consideró el Juzgado de la Primera Instancia para revisar la medida judicial privativa de libertad y otorgar medidas cautelares sustitutivas al acusado (…) es que ha transcurrido más de un (1) año, sin que el precitado ciudadano haya tenido sentencia firme, siendo que los demás elementos tomados por ese administrador de justicia a los efectos del inicial decreto de privación judicial preventiva de libertad han permanecido incólumes; incluso al extremo de estar acusado formalmente por la Vindicta Pública a la presente fecha y fijado el debate contradictorio (…)observa esta Alzada, que el razonamiento jurídico que conllevó al tribunal de la recurrida a los efectos de la concesión de las medidas de coerción personal que fue otorgada al encausado de marras, es manifiestamente contraria a la situación fáctica del caso que hoy nos ocupa, pues las circunstancias iníciales (sic) de la investigación con la ulterior presentación del acto conclusivo no han sido enervadas y se mantienen a la fecha presentes, por lo que resulta improcedente la imposición de medidas cautelares sustitutivas de libertad al subiudide (sic), toda vez que no se ajusta a las normas adjetivas penales que regulan la presunción del peligro de fuga a que alude el numeral 3 del artículo 250, cuya especificación está claramente delimitada en el artículo 251 y en el parágrafo primero de la misma norma (…) todo lo cual atenta contra los principios ya señalados y que tutelan las medidas de coerción personal referidos a la provisionalidad, temporabilidad, variabilidad, juridiccionalidad e instrumentalidad (…) conforme al parágrafo primero del referido artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, el peligro de fuga se presume en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, siendo que en el caso de autos la calificación jurídica por la cual se impuso inicialmente la medida privativa judicial preventiva de libertad y por la que se (sic) acusó el Ministerio Público, es, entre otras, la de robo agravado, ocultamiento de arma de fuego, asociación para delinquir y aprovechamiento de objetos provenientes del delito…(omissis)…” (mayúsculas del fallo).

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

En forma previa, esta Sala debe establecer su competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Ismael Silvestre Casquetia Córdova, en su carácter de defensor del ciudadano Rubén Darío Fonseca Monsalve, contra la decisión dictada el 28 de febrero de 2012 por la Corte de Apelaciones No. 8 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Al respecto, el cardinal 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que esta Sala Constitucional es competente para conocer las demandas de amparo constitucional autónomas contra las decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo las que se incoen contra los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

 

Siendo ello así, y tomando en cuenta las disposiciones legales mencionadas supra, la misma resulta competente para conocer y decidir el presente amparo constitucional; y así se declara.

 

 

 

 

 

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Una vez analizado el contenido de la acción de amparo constitucional propuesta a partir de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala estima que no se encuentra prima facie incursa en ninguno de los supuestos del referido artículo, y cumple con los requisitos exigidos en el artículo 18 eiusdem.

 

Ahora bien, en el presente caso, la tutela constitucional invocada está referida a la sentencia dictada el 28 de febrero de 2012 por la Corte de Apelaciones No. 8 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la apelación interpuesta por el Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión dictada el 21 de octubre de 2011 por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal que declaró con lugar la solicitud de la defensa y modificó la medida privativa de libertad por una menos gravosa al imputado -hoy accionante-.

 

La parte accionante denunció la violación a sus derechos constitucionales “…dispuesto en los artículos 44 Ord 1ro (sic), y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el derecho que tiene todo ciudadano a ser Juzgado en Libertad, y la Presunción de Inocencia (…) al debido proceso (…) a la defensa y a la Asistencia Jurídica…”.

Así, considera esta Sala que de los alegatos expuestos por la parte accionante en su escrito, con relación a los hechos en los que pretende fundamentar las violaciones constitucionales, se desprende que los mismos van dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que supuestamente incurrió la sentencia accionada.

 

En este sentido, la Sala considera pertinente advertir que en sentencia del 20 de febrero de 2001, Caso: Alimentos Delta C.A., se ratificó el criterio expuesto en sentencia del 27 de julio de 2000, Caso: Seguros Corporativos C.A., Agropecuaria Alfin S.A. y el ciudadano Fernando Cárdenas, en los siguientes términos:

 

“…en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del Poder Público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución”.

 

En este caso se puede constatar que la representación judicial del accionante, al hacer uso de la acción de amparo constitucional, pretendió impugnar el fondo de la decisión, para así lograr su revisión en otra instancia.

 

En efecto, mediante la acción de amparo, la parte accionante está atacando la motivación de la Corte de Apelaciones No. 8 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para revocar la sustitución de la medida privativa preventiva de libertad por las menos gravosas contenidas en los cardinales 3 y 8, del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que fue otorgada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal.

 

Esta Sala observa, en el caso de autos, que la decisión de la Corte de Apelaciones No. 8 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se basó, fundamentalmente, en que el Tribunal de Juicio no tomó en cuenta lo establecido acerca del peligro de fuga en el cardinal 3 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal y consideró que ese aspecto no fue analizado suficientemente pues la situación fáctica del caso y las circunstancias iniciales de la investigación, con la ulterior presentación del acto conclusivo, no fueron enervadas y hasta la fecha en que dictó la decisión se mantenían las mismas circunstancias que dieron lugar a la imposición de la medida preventiva privativa de libertad, valoración esta que forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole derechos o principios constitucionales.

 

En este orden de ideas, debe destacarse que esta Sala, en la sentencia núm. 492 del 1 de abril de 2008, caso: “DIANA CAROLINA MORA HERRERA”,  estableció lo siguiente:

 

“…esta Sala debe reiterar que al Juez Constitucional no le corresponde determinar en cada caso si concurren o no los presupuestos contemplados en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de la adopción -o mantenimiento- de la medida de privación judicial preventiva de libertad, toda vez que tal facultad le corresponde exclusivamente a la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, dado el papel nuclear que posee el derecho fundamental a la libertad personal en el modelo de Estado consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la medida de coerción personal antes indicada debe ser dictada con todas las garantías, de manera razonada y sometida al control de las Cortes de Apelaciones, siendo que éstas deberán revisar si la medida resultó o no inadecuada o desproporcionada. De igual forma, advierte esta Sala que la vía por la cual la alzada penal efectuará tal revisión es fundamentalmente el recurso de apelación (sentencia n° 1.998/2006, de 22 de noviembre)…”.

 

 

Precisado lo anterior, observa la Sala, que la parte accionante pretende utilizar la vía del amparo constitucional como una tercera instancia, a fin de lograr una revisión adicional sobre la pretensión de revocar la medida preventiva de privación de libertad decretada en su contra.

 

Asimismo, estima la Sala que en el caso sub júdice, no se dan los presupuestos establecidos en el mencionado artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y no se verificaron violaciones a los derechos constitucionales denunciados, por lo que la acción de amparo ejercida resulta improcedente in limine litis; y así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Ismael Silvestre Casquetia Córdova, en su carácter de defensor del ciudadano RUBÉN DARÍO FONSECA MONSALVE, ya identificados, contra la decisión dictada el 28 de febrero de 2012 por la Corte de Apelaciones No. 8 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 10 días del mes de julio de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.                                   

La Presidenta,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

     Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

                Magistrado

 

 

 

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

                                                                                       Magistrada

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

    Magistrado-Ponente

 

                                                                                             

 

        

 

 

 

 

 

        Juan José Mendoza Jover

                                                                                                           Magistrado

                                                                  

                

Gladys Gutiérrez Alvarado

   Magistrada

 

 

 

El Secretario,

 

 

                                 

     José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp. 12-0315

ADR/