SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE:  JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

El 7 de agosto de 2000, los abogados José E. Rodríguez Noguera y Blanca M. Escalante Orozco en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos RUGGIERO DECINA y FARA CISNEROS DE DECINA, interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 21 de junio de 2000, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas conociendo en apelación de la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

El 7 de agosto de 2000, se dio cuenta en Sala y designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE REVISION EXTRAORDINARIA

 

            Los recurrentes afirman que, en la oportunidad de celebrarse la audiencia constitucional en el proceso de amparo llevado en primera instancia por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, éstos no pudieron asistir “por razones de fuerza mayor”. Expresan, igualmente, los recurrentes que el apoderado de la compañía INVERSIONES C-5-15 S.A., actuando como tercero interesado en dicho proceso de amparo y quien fuere parte actora en el juicio que dio origen a la sentencia objeto de la acción de amparo constitucional, invocó la jurisprudencia de esta Sala y solicitó del Tribunal que declarara concluido el proceso en virtud de la inasistencia del presunto agraviado a la audiencia oral. Asimismo, señalan los recurrentes, que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a pesar de que los accionantes no acudieron a la audiencia oral, decidió conocer del fondo del asunto fundamentando su decisión en que “...los derechos y garantías constitucionales denunciados como conculcados, constituyen derechos y garantías donde está interesado el orden público...” y, en base a ello, desestimó la solicitud del tercero interesado, declarando con lugar la acción de amparo constitucional incoada.

 

            Alegan los recurrentes que la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, revocó la sentencia de amparo constitucional dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, basando su decisión en el desistimiento de la acción de amparo constitucional por parte de los accionantes en virtud de la inasistencia de estos a la audiencia oral. Arguyen los recurrentes que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas incurrió en error al interpretar la jurisprudencia de esta Sala Constitucional en el sentido de que cuando existen violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso no está interesado el orden público.

 

            Efectivamente, la sentencia impugnada (folio 116 del presente expediente) expresa que esta Sala Constitucional “...ha calificado que en los supuestos de violación al derecho a la defensa y al debido proceso, no está interesado el orden público...” y, para tal afirmación, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, se basa en la sentencia del 24 de marzo de 2000 (caso: Transporte Frangar C.A.), a través de la cual se consideró terminado un procedimiento de amparo por supuestas violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso como consecuencia de la inasistencia del presunto agraviado a la audiencia oral. En la sentencia referida, se asume el criterio que dejó sentado esta Sala en la decisión del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía Batancourt) mediante la cual se estableció quela falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias.”

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

            En sentencia del 6 de febrero de 2001 (Caso: Corpoturismo), esta Sala dejó sentado que “sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional” esta Sala posee la potestad para revisar sentencias definitivamente firmes y, partiendo de tal principio, se estableció que pueden ser objeto de revisión:

 

“1.   Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2.      Las sentencias definitivamente firmes de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3.      Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado.

4.      Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional".

 

De conformidad con el criterio expuesto en la sentencia citada, en este caso la sentencia impugnada se trata de una sentencia de amparo constitucional definitivamente firme, y los recurrentes pretenden demostrar mediante el presente recurso extraordinario de revisión un supuesto error por parte del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, en cuanto a la interpretación que dicho tribunal asumió en relación con un criterio jurisprudencial previamente establecido por esta Sala.