SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente Nº 2011-0236

 

El 14 de febrero de 2011, la ciudadana FRANCELIZA DEL CARMEN GUÉDEZ PRINCIPAL, titular de la cédula de identidad N° 14.675.099, asistida por el abogado Carlos Hidalgo Guevara, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado  bajo el N° 28.247, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida el 18 de octubre de 2010 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada por la accionante contra la Asociación Civil Caja de Ahorro y Préstamos de los Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Miranda (CAPEM), al negarse a cumplir la providencia administrativa N° 108-2010 del 22 de marzo de 2010 dictada su favor por el Inspector del Trabajo del Municipio Guaicaipuro  del Estado Miranda, a través de la cual ordenó el reenganche a su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos a la mencionada ciudadana.        

 

El 16 de febrero de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Mediante diligencia presentada el 20 de mayo de 2011, la ciudadana Franceliza del Carmen Guédez Principal, asistida por el abogado Carlos Hidalgo Guevara, solicitó pronunciamiento sobre la admisión de la acción de amparo incoada.

 

                                                   I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La accionante en amparo esgrimió como fundamento de la presente acción, las siguientes razones:

 

Que “…la Ley Orgánica del Trabajo respecto a la relación laboral consagra dos tipos de estabilidad, a) La estabilidad absoluta, concebida como una garantía de permanencia en el empleo que origina, a favor del trabajador, el derecho a no ser despedido del trabajo sino por las causales establecidas en la ley y con la autorización de la Inspectoría del Trabajo y b) la estabilidad relativa que establece como obligación primaria, ante todo despido injustificado, la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo y la cancelación de los salarios dejados de percibir, solo (sic) que tal obligación resulta facultativa para el patrono, dado que la ley lo autoriza a liberarse de dicha carga resarciendo pecuniariamente el daño generado, a través del pago de una indemnización por despido. Nuestro ordenamiento jurídico prevé cuatro situaciones en las que el patrono requiere calificación previa para el despido, a saber: El fuero maternal, fuero sindical, la suspensión de la relación laboral y los Decretos de Inamovilidad Laboral establecidos por el Ejecutivo Nacional, estableciéndose una inamovilidad absoluta que no le permite al patrono proceder al despido mediante el pago de la indemnización prevista en los artículos 125 y 126 de la Ley Orgánica del Trabajo…”.

 

Que “… el Ejecutivo Nacional con el Decreto N° 7.154, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.334 de fecha 23 de diciembre de 2009, que prorrogaba la inamovilidad laboral, desde el 1 de enero de 2010, hasta el 31 de diciembre de 2010, contenida en el Decreto 6.603 de fecha 29-12-2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.090 de fecha 02-01-2009, así como los anteriores, estableció un régimen de ˈestabilidad especialˈ, y en el cual (su) persona se encontraba amparada por lo que previo al procedimiento administrativo el Inspector del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda el 22 de marzo 2010 decretó mediante Providencia Administrativa N° 108-2010 (su) reenganche y pago de salarios caídos; y sobre dicha Providencia Administrativa (su) patrono ni su representante legal jamás ejercieron recurso de nulidad, ni tampoco, ningún Tribunal de la República suspendió sus efectos legales…”.

Que “…la decisión del Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, (…)  , así como la dictada por el Juzgado de Primera Instancia, (…) , vulnera(ron) el orden público laboral, el derecho a la defensa y al debido proceso, al tenerse en la sentencia apelada como válido el pago vía indemnización que hiciera la querellada, Caja de Ahorro y Préstamos de los Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Miranda, CAPEM, aplicando lo previsto en los artículos 125 y 126 de la Ley Orgánica del Trabajo, como si ello constituyera una autentica (sic) transacción que cumple con los requisitos de legalidad, siendo la misma contrario (sic) a derecho…”.     

 

Señaló que la Caja de Ahorro y Préstamos de los Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Miranda (CAPEM) “…argumentó en el procedimiento administrativo por ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda como en el juicio de amparo constitucional llevado por ante el Juzgado Tercero de Juicio del Trabajo del Estado Miranda, que procedió a pagarme una indemnización con el fin de terminar con la relación laboral, y que por ello habría operado (su) renuncia a la continuidad de la relación laboral…”.

 

Al respecto indicó que “…en el marco del ordenamiento jurídico patrio los derechos laborales son irrenunciables, los acuerdos celebrados entre trabajadores y patronos que impliquen renuncia de estos derechos laborales se consideran como no válidos. No obstante al término de la relación de trabajadores se puede (sic) celebrar convenimientos o transacciones para disponer de tales derechos, siempre y cuando se garanticen los extremos que prevé la legislación del trabajo a tales fines…”.  

 

Que la irrenunciabilidad de los derechos laborales representa una garantía constitucional, que se encuentra desarrollada en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual dispone “…En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores. Parágrafo Único.- La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada…”.

 

Que “…los documentos transaccionales deben cumplir con unos requisitos, los cuales están expresamente señalados en la ley, y desarrollados en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, estableciendo en el artículo 11 ejusdem (sic), la consecuencia jurídica de su homologación…”.

 

Precisó que, en su caso, el abogado Rosalio Torrealba en su carácter de Presidente de la Caja de Ahorro y Préstamos de los Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Miranda (CAPEM) le “…salió con un cheque para dar por terminado (su) relación laboral, no se realizó una transacción por escrito, ni mucho menos contenía una relación circunstanciada de los hechos que lo motivaran y de los derechos comprendidos, no se dio ante un funcionario competente del trabajo, ni estuv(o) asistida por un profesional del derecho o sindicalista conocedor de la materia para que (la) orientara…”.

 

  Alegó que el fallo impugnado vulneró de manera flagrante el derecho al debido proceso, a la defensa y al principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales previstos en los artículos 49, cardinal 1 y 89, cardinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En atención a las anteriores consideraciones, solicitó que la presente acción de amparo constitucional fuese admitida, sustanciada y declarada con lugar en la definitiva.

 

II

DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

 

El 11 de noviembre de 2010, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida el 18 de octubre de 2010 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, con base en las siguientes consideraciones:

 

“…A los efectos del juzgamiento que debe proferir este Juzgado por la apelación interpuesta con motivo de la decisión de un Amparo Constitucional, debe dejarse precisado los siguientes puntos: En primer lugar, de la revisión a la Audiencia Constitucional realizada ante el Juzgado de Primera Instancia, pudo observarse, que la trabajadora agraviada reconoce, en ese acto público, que cobro (sic) sus prestaciones sociales y las indemnizaciones por despido establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, hecho este que configura una confesión de que recibió el dinero que le debía la empresa por esos conceptos y antes de haber publicado la providencia administrativa.


Segundo: La trabajadora solicita por la vía de acción de amparo constitucional, que se cumpla con la providencia administrativa emanada del órgano administrativo competente, que no fue acatada por la demandada y que sea reinstalada a su puesto de Trabajo; sin embargo, la cuestión que debe examinarse en este caso, es la consecuencia que produce el hecho de haber recibido el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones por despido (artículo 125 Ley Orgánica del Trabajo), que se debe interpretar como la renuncia tácita a continuar con la relación de Trabajo, por cuanto dichos derechos son producto de la terminación de la misma, tal como ha sido reiterada la jurisprudencia en esta materia, en tal forma, que así se debe dejar establecido.

 
Tercero: El fin inmediato de los administradores de justicia en el proceso laboral, debe ser la búsqueda de la verdad, para así emitir un pronunciamiento justo y equitativo para las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.


Cuarto: La jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en casos análogos, ha dejado establecido, que en el caso de que el trabajador reciba sus prestaciones sociales y más aún las indemnizaciones por despido, es una manifestación tácita del trabajador de romper la relación laboral, pues estos conceptos solo se pagan al final de una relación laboral.


En consideración a los puntos anteriormente expuestos, es forzoso para esta alzada, transcribir extractos de sentencia, donde se deja establecido la consecuencia de recibir, el trabajador, el pago de sus prestaciones sociales e indemnizaciones:

(…)

 

Es imperativo para este juzgador dejar precisado el hecho de que al recibir las prestaciones sociales e indemnizaciones, la trabajadora aceptó la terminación de la relación laboral por causa injustificada y por ende la ruptura de todo vinculo (sic) laboral con el empleador, en tal forma podemos afirmar que no se observa que a la trabajadora se le haya causado la violación a su derecho al Trabajo , ya que, tal como lo manifestó en audiencia constitucional haber recibido el pago libre de coacción y de constreñimiento, con lo cual aceptó la terminación de la relación laboral y así se decide.


DEL ORDEN PUBLICO
(sic)  E IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES


Se hace necesario para este juzgador, al hablar de orden público, transcribir un extracto de la sentencia Nº 1207 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06 de julio de 2.001la cual establece textualmente:


ˈEs pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen.ˈ


En este orden de ideas debe precisar esta alzada, que en la sentencia dictada en primera instancia en ningún momento se violó el orden publico
(sic) de las leyes laborales, en todo caso, se dio cabal cumplimiento al pago establecido en la Ley Orgánica del Trabajo por los conceptos de prestaciones sociales e indemnización por despido, respetando en todo momento los derechos que se le deben al trabajador, el caso es que la indemnización la paga el patrono cumpliendo así con la exigencia legal, salvaguardando la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, pero si el trabajador considera que no desea continuar en su Trabajo, debe evitar recibir el pago de sus acreencias laborales y las indemnizatorias, que solo y únicamente deben ser canceladas al final de la relación laboral, por ello la conducta asumida por la trabajadora al aceptar libre de constreñimiento el pago de sus prestaciones sociales e indemnizaciones, dejo (sic) saber al orden publico (sic), es decir al interés general, que daba por aceptado el pago de sus acreencias tal como lo establecen las leyes, y con el pago de la indemnización, es la manifestación tácita e implícita de no querer continuar la relación laboral que existía entre las partes, caso contrario, como un asunto que compete al orden público le interesa que se realizó el pago por el patrono, respetando los derechos que le correspondían al trabajador, y al haberlo recibido satisfactoriamente la trabajadora, se consumó la terminación de la relación laboral, no como se pretende, que aún (sic) cuando se recibió el pago y la indemnización, también debe el empleador reengancharla, pues ese no es el interés legal y no se acatan los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a estos casos, ya que entonces, estaría el pago indemnizatorio sujeto a repetición, y generaría un caos, ya que el interés general no es dañar a una de las partes, sino aplicar la justicia que debe impartirse en igualdad a las partes, por lo que esta alzada no considera que hubo violación alguna al orden publico (sic) y nunca se irrespeto (sic) la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y así se decide.


Hechas las anteriores reflexiones y señalamientos jurisprudenciales, no puede dejar de advertir quien juzga, el hecho del cobro de las prestaciones sociales e indemnizaciones, que es sin ninguna duda un motivo para declarar sin lugar la apelación en esta acción de amparo constitucional, confirmando así la decisión de primera instancia, dejando sentado que tanto el Juzgado A Quo y esta superioridad siguen los criterios jurisprudenciales que se transcribieron en la presente decisión, tal y como lo establece el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y así se decide.


Finalmente debe señalarse, que el procedimiento de multa propuesto por la Sala de Fuero Sindical, constituye una actividad autónoma de la administración, que no puede ser vinculada ni mucho menos produce algún efecto legal en la acción de Amparo Constitucional, que se tramitó en la presente acusa
(sic) y así se deja establecido...”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

El artículo 25, cardinal 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece como una de las competencias de esta Sala Constitucional “conocer de las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo las que se incoen contra los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo”; criterio este que ya había sido reconocido por esta Sala en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), a través de la cual delimitó su competencia en materia de amparo en los mismos términos.   

 

En el presente caso, se ejerce la acción de amparo constitucional contra la decisión emitida el 11 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, motivo por el cual, esta Sala, congruente con la disposición transcrita y con el fallo mencionado supra, se declara competente para conocer de la presente acción; y así se decide.

 

IV

DE LA ADMISIBILIDAD

 

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del asunto sometido a su conocimiento, para lo cual observa:

 

En el presente caso, la acción de amparo va dirigida contra la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a través de la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida el 18 de octubre de 2010 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada por la accionante contra la Asociación Civil Caja de Ahorro y Préstamos de los Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Miranda (CAPEM), al negarse a cumplir la providencia administrativa N° 108-2010 del 22 de marzo de 2010 dictada a su favor por el Inspector del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, a través de la cual ordenó el reenganche a su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos a la mencionada ciudadana.       

 

   Por su parte, la accionante en amparo denunció que el fallo impugnado vulneró de manera flagrante su derecho al debido proceso, a la defensa y al principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales previstos en los artículos 49, cardinal 1 y 89, cardinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al desconocer el contenido de los decretos de inamovilidad laboral dictados por el Ejecutivo Nacional que le otorgaban estabilidad absoluta, lo que impedía que el patrono pudiese proceder “…al despido mediante el pago de la indemnización prevista en los artículos 125 y 126 de la Ley Orgánica del Trabajo…”.

 

En tal sentido, solicitó mandamiento de amparo constitucional con la finalidad de obtener la nulidad de la sentencia impugnada y con ello el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

 

Ahora bien, luego del examen de la acción de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y encuentra que ella cumple con los mismos; y así se declara. 

 

En lo concerniente a la admisibilidad de la acción de amparo sub examine, a la luz de las causales de inadmisibilidad que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala concluye que, por cuanto no se halla incursa prima facie en tales causales, la misma es admisible; y así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley:

 

1.- ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por  la ciudadana FRANCELIZA DEL CARMEN GUÉDEZ PRINCIPAL, asistida por el abogado Carlos Hidalgo Guevara, ya identificados, contra la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

 

2.- ORDENA la notificación del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a fin de que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos la última de las notificaciones que fueron acordadas, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. Igualmente se ordena remitir al referido Juzgado copias certificadas de la presente decisión y del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación ordenada. 

 

3.- ORDENA la notificación de la Fiscal General de la República, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

4.- ORDENA al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la notificación del Presidente de la Asociación Civil Caja de Ahorro y Préstamos de los Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Miranda (CAPEM), como tercero interesado en la presente acción, debiendo el referido Juzgado Superior, una vez practicada la misma, notificar de inmediato a esta Sala, so pena de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

 

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional  del Tribunal  Supremo  de  Justicia, en  Caracas, a los 26   días del mes de  julio  de dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.     

La…/

Presidenta,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

    El Vicepresidente,

 

 

 

                     Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

            Magistrado

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

                                                            Magistrada                                                                         

 

 

Arcadio Delgado Rosales

     Magistrado-Ponente

 

 

Juan José Mendoza Jover

                                                                            Magistrado

Gladys Gutiérrez Alvarado 

              Magistrada

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp. Nº 11-0236

ADR/