SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

 

Consta en autos que el 28 de septiembre de 2000, el ciudadano JUAN CARLOS FAJARDO CARÍAS, titular de la cédula de identidad nº 14.532.158, representado por el abogado José Gregorio Palomo, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 26.171, intentó, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, amparo constitucional contra la sentencia dictada el 17 de enero de 2000, por el Juzgado de Control n° 3 del referido Circuito Judicial Penal, a causa de la presunta violación de sus derechos al debido proceso y a la defensa, con fundamento en las disposiciones contempladas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 18 de octubre de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda juzgó sobre la pretensión interpuesta y la declaró con lugar.

Recibido el expediente de la causa, que fuere enviado en consulta, se dio cuenta en Sala por auto del 2 noviembre de 2000 y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis Villarreal. Reconstituida la Sala el 27 de diciembre de 2000, le correspondió la presente ponencia al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

El 28 de septiembre de 2000, el ciudadano JUAN CARLOS FAJARDO CARÍAS, representado por el abogado José Gregorio Palomo, intentó, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, amparo constitucional contra la sentencia dictada por el Juzgado de Control N° 3 del referido Circuito Judicial Penal el 17 de enero de 2000.

El 10 de octubre de 2000 la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda admitió el amparo intentado y fijó la audiencia constitucional respectiva.

El 16 de octubre de 2000, se celebró la audiencia constitucional con la presencia de las partes y del Ministerio Público. En el acta de audiencia se dejó constancia del fallo mediante el cual se declaró con lugar el amparo incoado.

El 18 de octubre de 2000, se dictó sentencia definitiva y el 24 de octubre de 2000 se acordó compulsar el expediente al Tribunal Supremo de Justicia para la consulta de Ley.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.     Alegó:

1.1   Que la sentencia impugnada evidencia error judicial, omisiones y vicios de forma y de fondo, donde se violó el debido proceso y se dejó en estado de indefensión al ciudadano Juan Carlos Fajardo Carías.

1.2     Que el Juzgado de Control nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda condenó al mencionado ciudadano a cumplir una pena de ocho años y seis meses de presidio por la comisión del delito de homicidio intencional, cuando:

“...una sentencia ajustada a derecho y a nuestro ordenamiento jurídico vigente, en cuanto a la condena del procesado debió fundamentarse como a continuación sigue: La comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, tipificado en el artículo 407 del Código Penal Venezolano, establece una pena de DOCE (12) A DIECIOCHO (18) AÑOS DE PRESIDIO, siendo su término medio conforme el artículo 37 ejusdem de QUINCE (15) AÑOS DE PRESIDIO. Ahora bien, a favor del referido acusado, obra la circunstancia atenuante, de ser menor de veintiún años, de la buena conducta predelictual confirme al artículo 74 ordinales 1° y 4° del Código Penal Vigente, la sanción se disminuirá a su límite inferior, vale decir, DOCE (12) AÑOS DE PRESIDIO. Y, por cuanto el imputado solicitó el Procedimiento por Admisión de los Hechos, conforme al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, la sanción se disminuirá en un tercio (1/3), resultando OCHO (8) AÑOS DE PRESIDIO, que en definitiva será la penal a imponérsele al acusado FAJARDO CARIAS JUAN CARLOS.

 

1.3      Que:

“...cuando el Tribunal de Control N° 3, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, (...) establece en la sentencia que ‘…la sanción se disminuirá a su límite inferior…’, se está refiriendo al límite inferior de la norma con la cual está condenando al procesado, vale decir, al artículo 407 del Código Penal y, el límite inferior del citado artículo es doce (12) años, aquí se evidencia la omisión de la situación jurídica lesionada y, a eso añadimos que el sentenciador omite establecer en esa parte del cuerpo de la sentencia, que el procesado de autos se acogió al procedimiento por admisión de los hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal y, que de los doce (12) años, límite inferior de la norma aplicada al rebajarle un tercio (1/3), la pena a sufrir por el condenado es de ocho (8) años.

 

1.4             Que al incurrir el sentenciador en: “error judicial con las omisiones injustificadas señaladas”, violó el derecho a la defensa del procesado, al verse éste impedido de solicitar el beneficio de suspensión condicional de la pena, “beneficio éste que hubiera podido solicitar si en la sentencia en cuestión, se hubiera aplicado el debido proceso.”

2.     Denunció:

2.1   La violación de los derechos al debido proceso y a la defensa, previstos en las disposiciones contempladas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

3. Pidió:

 

“… (se) acuerde el restablecimiento de su Derecho Constitucional a la Defensa, se declare la nulidad de la sentencia condenatoria, donde el Tribunal de Control N° 3, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, con sede en Ocumare del Tuy, a cargo del Juez de Control N° 3 Dr. Armando Antonio Arratia, condenó al ciudadano FAJARDO CARIAS JUAN CARLOS a sufrir la pena de OCHO (8) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRESIDIO, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, tipificado en el artículo 407 del Código Penal Venezolano, el 17 de enero de 2.000, y el Tribunal Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda. Los (sic) Teques, a cargo de la Juez de Ejecución Dra. DAYVA SOTO VALLENILLA, en fecha 29 de marzo del 2.000, acordó su ejecución, quedando así definitivamente firme y ejecutoriada la referida sentencia. En tal virtud se ordene condenar a (su) representado con la pena de ocho (8) años, objeto del presente Amparo Constitucional, para que (su) representado, en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda solicitar el Beneficio de Suspensión Condicional de la Pena.”

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Visto que, con fundamento en las disposiciones previstas en los artículos 266, numeral 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declaró competente para conocer de los recursos de apelación y consultas que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, la consulta fue ejercida contra sentencia dictada en materia de amparo constitucional por la Corte de Apelaciones del Circuito judicial Penal del Estado Miranda, esta Sala se declara competente para conocer de la consulta en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

El juez de la consultada decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

 

“Por todo lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se DECLARA CON LUGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE GREGORIO PALOMO en representación del ciudadano JUAN CARLOS FAJARDO CARIAS, por violación de la Garantía Constitucional del derecho a la Defensa, por error judicial y omisión injustificada, de conformidad con los artículos 49, ordinal (sic) 1ro. y 8vo. de la Constitución Nacional en relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

SEGUNDO: por cuanto se evidencia que el vicio denunciado solo (sic)incide sobre la cantidad de la pena, esta Corte de Apelaciones de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 449 del Código Orgánico Procesal Penal procede a rectificar la misma, siendo la pena a imponer al ciudadano JUAN CARLOS FAJARDO CARIAS, la de OCHO (8) AÑOS DE PRESIDIO, de conformidad con los artículos 407 y 74 numerales 1ro. y 4to. del Código Penal y 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

TERCERO: Se declara la NULIDAD del auto de la ejecución de la sentencia y demás actos subsiguientes de conformidad con los artículos 207 y 213 del Código Orgánico Procesal Penal y se ORDENA que esta decisión sea acatada por todas las autoridades de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Se declara CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto.”

 

A juicio del juez de la consultada, el Tribunal de Control n° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, al declarar firme la sentencia en el procedimiento incoado contra el imputado Juan Carlos Fajardo Carías, por la comisión del delito de homicidio intencional y remitir el expediente al Tribunal de Ejecución sin haber transcurrido el lapso de apelación respectivo, “incurrió en Omisión injustificada” e infringió el derecho al debido proceso del imputado Juan Carlos Fajardo Carías, “cercenando así el Derecho a la Defensa de ejercer cualquier recurso ordinario o extraordinario contra la sentencia proferida.”

Igualmente consideró la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda que el derecho a la defensa del antes identificado ciudadano fue vulnerado por la decisión del Juez de Control n° 3 del referido Circuito Judicial Penal, al serle impuesta –“por ERROR JUDICIAL”- una pena de ocho años y seis meses de presidio, cuando lo que le correspondía era una pena de ocho años de presidio. En consecuencia, determinó que: “...la pena impuesta en la sentencia condenatoria objeto del presente Recurso resulta viciada de nulidad, a tenor de lo previsto en el artículo 25 de la Constitución Nacional.

Por último, “a los fines de evitar las reposiciones inutiles y no sacrificar la justicia por formalidades no esenciales”, modificó la pena a ocho años de presidio.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Sala observa que el demandante en amparo, ciudadano Juan Carlos Fajardo Carías, denunció la violación de sus derechos al debido proceso y a la defensa, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República, presuntamente vulnerados por el Juez de Control n° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, quien condenó al demandante a cumplir la pena de ocho años y seis meses de presidio por la comisión del delito de homicidio intencional, pena que se excedía a la que le correspondería de acuerdo con la normativa penal aplicable y que, por ende, impidió al quejoso solicitar el beneficio de suspensión condicional de la pena.

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda declaró con lugar la demanda de amparo interpuesta por considerar que, efectivamente, al quejoso se le violaron, “por error judicial y omisión injustificada”, sus derechos al debido proceso y a la defensa, pero por razones distintas a las alegadas por el demandante en amparo: el no haber esperado el agraviante que transcurriese el lapso de apelación establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y haber dictado –dos días después de pronunciado su fallo- auto declarando definitivamente firme la sentencia y acordando su ejecución; impidiéndosele al imputado Juan Carlos Fajardo Carías, en consecuencia, el ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes.

Determinó asimismo el juez de la consultada que, por cuanto: “tal y como ha sido solicitado por el accionante, el vicio objeto del presente recurso de amparo sólo incide sobre la cantidad de la pena” y en razón de evitar reposiciones inútiles y no sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, debía modificarse la pena que debía cumplir el citado procesado en ocho años de presidio, de conformidad con los artículos 407 y 74 numerales 1 y 4 del Código Penal, 376 y 449 del Código Orgánico Procesal Penal y 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En efecto, el Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“ARTÍCULO 439. Decisiones recurribles. Son recurribles ante la Corte de apelaciones las siguientes decisiones:

1° Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación.

…[omissis].”

 

“ARTÍCULO 440. Interposición: El recurso de apelación se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el tribunal que dictó la decisión, dentro del término de cinco días.

Cuando el recurrente promueva prueba para acreditar el fundamento del recurso, deberá hacerlo en escrito de interposición."

 

De acuerdo a las citadas disposiciones, el procesado Juan Carlos Fajardo Carías tenía derecho a apelar de la sentencia dictada en su contra si consideraba que la pena aplicada por el Juzgado de Control n° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda no estaba ajustada a derecho.

En razón de lo anterior, comparte esta Sala los argumentos esgrimidos por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, al considerar que, efectivamente, le fueron violados al demandante sus derechos constitucionales al no dejar transcurrir el lapso de Ley para la ejercer el recurso de apelación por medio del cual podía denunciar el vicio en el que consideraba había incurrido el sentenciador. Así se declara.

Como consecuencia de lo anterior, se impone confirmar la decisión de la referida Corte de Apelaciones que declara con lugar la demanda de amparo interpuesta; y, en razón de que, vistos los dichos del demandante, su disconformidad respecto de la sentencia dictada por el Juzgado de Control n° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, radicaba exclusivamente en el error del cálculo de la pena y de lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se confirma también que la pena a imponer al ciudadano Juan Carlos Fajardo Carías es de ocho años de presidio, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 407 y 74 numerales 1 y 4 del Código Penal y 376, 435 y 449 del Código Orgánico Procesal Penal. Queda en estos términos resuelta la consulta ordenada. Así se declara.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de amparo interpuesta por el abogado José Gregorio Palomo en representación del ciudadano JUAN CARLOS FAJARDO CARÍAS contra la sentencia dictada por el Juzgado de Control nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda el 17 de enero de 2000 y CONFIRMA la sentencia consultada.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los       19 días del mes de       JULIO de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

 

El Presidente Encargado,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

    El Vicepresidente Encargado,

 

                     

                          

                            JOSÉ M. DELGADO OCANDO

 

 

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

    Magistrado

 

 

 

 

 

                                                                                     PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ

       Magistrado-Ponente

 

 

 

 

 

PEDRO BRACHO GRAND

Magistrado Suplente

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

EXP. 00-2918

PRRH.sn.fs.