SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray

 

 

 

Por Oficio N° 2005-72 del 2 de marzo de 2005, el Juzgado  Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta el 13 de octubre de 2003, por el abogado Omar Alberto Corredor V., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 6.728, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano BART LEOPOLDO NAVARRO CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° V-3.091.998, contra la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2002, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la apertura del procedimiento de tacha incidental propuesto por el accionante en el juicio que por cobro de bolívares por vía ejecutiva ejerció Ana María Ronzulli, contra los ciudadanos Bart Leopoldo Navarro Castillo y Mildred Celina Díaz Bermúdez, por la presunta violación de los derechos constitucionales previstos en los numerales 1, 3 y 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Dicha remisión obedece a la consulta de ley, prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2003, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional.

 

El 7 de marzo de 2005, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

           

            El 13 de octubre de 2003, el apoderado judicial del ciudadano Bart Leopoldo Navarro Castillo, interpuso ante el Juzgado Superior Noveno       en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas –Distribuidor- acción de amparo constitucional, contra de la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2002, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la referida Circunscripción Judicial, que declaró improcedente la apertura del procedimiento de tacha incidental propuesto por el accionante en el juicio que por cobro de bolívares por vía ejecutiva, interpuso Ana María Ronzulli, contra los ciudadanos Bart Leopoldo Navarro Castillo y Mildred Celina Díaz Bermúdez, el cual le fue asignado al Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

            El 24 de octubre de 2003, el mencionado Juzgado Superior mediante auto ordenó al accionante ampliar la solicitud de amparo. De tal modo que, el 31 de octubre de 2003, fue consignado el escrito reformado.

 

            Alegó el accionante que, el órgano jurisdiccional incurrió en “evidente desviación de poder y manifiesto abuso del derecho y conducción irregular del proceso de tacha de falsedad”, y por ende, le vulneró el derecho constitucional a ser oído dentro del proceso de tacha de falsedad, lo que le impidió formular sus alegatos y defensas dentro del plazo legalmente establecido. Asimismo señaló que,  incurrió en un grave error judicial “al dar por demostrado y convalidado un hecho con instrumentos y pruebas viciadas de nulidad radical, en virtud de su falsedad”.

                       

            Señaló que “no pudo disponer del tiempo ni de los medios adecuados de defensa (la promoción de las pruebas en la no realizada sustanciación de la tacha), para ejercer una efectiva defensa de sus derechos vulnerados por tal decisión judicial”, y por tanto que, la decisión impugnada violentó los artículos 438, 439 y primer aparte del artículo 440 del Código de Procedimiento Civil y los derechos constitucionales previstos en los ordinales 1, 3 y 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente solicitó, medida cautelar innominada consistente en la suspensión de los efectos de la transacción y el convenimiento realizado con el poder tachado de falsedad.

 

            El 5 de noviembre de 2005, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió el amparo y negó la medida cautelar. El 3 de diciembre de 2003, se realizó la audiencia constitucional en la cual se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional, cuyo fallo fue publicado el 10 de diciembre de 2003.

           

II

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

El Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2003, declaró sin lugar la acción de amparo en los siguientes términos:

 

“De la revisión de la sentencia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, se evidencia que el tribunal presuntamente agraviante, resolvió el punto central de la denuncia del quejoso, al establecer que al haber las partes celebrado un convenimiento, a la espera de su homologación, hasta la presentación de los poderes para verificar las facultades de los apoderados otorgantes, de conformidad con el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, es improcedente abrir la tacha incidental de un documento anterior que en nada va a afectar el convenimiento, Ciertamente el presunto agraviante decidió o desecho (sic)  la tacha instaurada, mediante decisión de fecha 15 de noviembre de 2002, providencia que tiene su sustento legal en el cardinal 2° del artículo 442 de la Ley Adjetiva Civil, al establecer el mencionado numeral que el tribunal podrá desecha de plano, por auto razonado, las pruebas de los hechos alegados, si en su criterio aun probados, no fueren suficientes para invalidar el instrumento.

 

(Omissis...) Este Tribunal juzga, (...) que la accionante no brindó evidencia alguna que la sentencia en el procedimiento de ejecución de hipoteca (...) fue dictada por una autoridad judicial ‘actuando fuera de su competencia’...”.     

 

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia N° 01 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer de las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (excepto los contencioso administrativos), Cortes de lo Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

En el caso sub iudice la sentencia consultada fue dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2003, actuando como tribunal en funciones constitucionales, en primera instancia, de la acción de amparo interpuesta por el apoderado judicial del ciudadano Bart Leopoldo Navarro Castillo, contra la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2002, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la apertura del procedimiento de tacha incidental propuesto por el accionante en el juicio que por cobro de bolívares por vía ejecutiva, interpuso Ana María Ronzulli, contra los ciudadanos Bart Leopoldo Navarro Castillo y Mildred Celina Díaz Bermúdez.

 

             Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, la misma resulta competente para conocer de la presente consulta, y así se declara.

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

            El ciudadano Bart Leopoldo Navarro Castillo, identificado supra, ejerció la presente acción de amparo contra la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2002, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la apertura del procedimiento de tacha incidental, la cual -a su decir- le conculcó el derecho a la defensa (artículo 49, numerales 1,3 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), ya que no pudo disponer del tiempo, ni de los medios adecuados de defensa.

 

            El Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2003, declaró sin lugar la acción de amparo al estimar “que el tribunal presuntamente agraviante, resolvió el punto central de la denuncia del quejoso…” así como también que la sentencia en el procedimiento de origen no fue dictada por una autoridad judicial actuando fuera de su competencia.

 

La Sala para decidir hace las siguientes consideraciones:

 

En el caso de autos, el a quo no advirtió que la acción de amparo se encontraba incursa en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que, la decisión impugnada –auto del 15 de noviembre de 2002 que declaró improcedente la tacha incidental- pudo ser objeto del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 442 del Código de Procedimiento Civil, por constituir ésta la vía procesal idónea para la reclamación de las supuestas infracciones que conculcaron sus derechos.

 

Ante tal situación, la Sala estima que se configura la causal de  inadmisibilidad contenida en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que dispone:

 

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo: (Omissis)

 

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes...”.

 

En consecuencia, como el accionante contaba con otros recursos judiciales idóneos, como el recurso de apelación, la acción de amparo debe ser declarada inadmisible de conformidad con el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.

 

Asimismo, no puede obviar la Sala que desde que se dictó el fallo impugnado –15 de noviembre de 2002- hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo –13 de octubre de 2003-  transcurrió con creces el lapso de caducidad previsto en el numeral 4 eiusdem, por lo que se configuró el consentimiento expreso del acto –sentencia- que supuestamente lesionó los derechos constitucionales del accionante.

 

En tal sentido, la norma en referencia dispone:

 

“Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:

(…omissis…)

 4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.

 

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido. (…omissis…)”. (Negrillas de la Sala).

 

 

            En el caso sub iudice, la Sala confirma que, no es cierto lo expuesto por el accionante en su escrito, sobre el conocimiento del procedimiento de ejecución de hipoteca instaurado en su contra, mediante cartel publicado en la prensa el 11 de noviembre de 2003, toda vez que se puede apreciar del auto impugnado –15 de noviembre de 2002- que el mismo estuvo en conocimiento de la causa, al punto de instaurar la tacha incidental de instrumento que originó la decisión impugnada. Lo que a juicio de esta Sala, es suficiente prueba de que el accionante si tuvo conocimiento del procedimiento de ejecución de hipoteca instaurado en su contra y del auto que declaró improcedente la tacha incidental de documento desde el 15 de noviembre de 2002, y por ende dejó transcurrir el lapso de caducidad previsto en la referida norma. Por lo que también, resulta inadmisible la acción de amparo, de conformidad con el artículo con artículo 6 numeral 4 eiusdem.

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Sala revoca la decisión del 10 de diciembre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la acción de amparo de autos y declara inadmisible la acción de amparo de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, así se decide.

 

DECISIÓN

 

Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley,

 

1) REVOCA la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2003, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano BART LEOPOLDO NAVARRO CASTILLO, contra de la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2002, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la apertura del procedimiento de tacha incidental propuesto en el juicio que por cobro de bolívares por vía ejecutiva, interpuso Ana María Ronzulli, contra los ciudadanos Bart Leopoldo Navarro Castillo y Mildred Celina Díaz Bermúdez.

 

2) Declara INADMISIBLE la acción de amparo incoada contra de la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2002, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la apertura del procedimiento de tacha incidental.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 01 días del mes de  julio de dos mil cinco. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

                                                                                                                                 

                                                          El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

    Magistrado                         

 

 
 
Luis Velázquez Alvaray

                                                                                      Magistrado-Ponente

 

 

 

 

Francisco Carrasquero López

                 Magistrado                        

 

 

 

   

       Marcos Tulio Dugarte Padrón

                                                                       Magistrado

 

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

           Magistrado

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

 

José Leonardo Requena

 

 

Exp. N°: 05-0446

LVA/