SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente Nº 07-0772

 

Mediante Oficio número VP01-O-2007-000021, del 14 de mayo de 2007, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo Justicia, el expediente relativo al conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción del Estado Zulia, con motivo de la acción de amparo constitucional presentada por el abogado Alberto Salas inscrito en el Impreabogado bajo el número 28.326, en su carácter de apoderado de la ASOCIACIÓN CIVIL TAXI SAMBIL MARACAIBO, inscrita por ante el Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia el 16 de enero de 2007, bajo el número 27 del protocolo 1, tomo 6, contra las actuaciones realizadas por la Administradora y el Departamento de la Gerencia General del Centro Comercial Sambil Maracaibo.

                                                                                                                     

El 31 de mayo de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

 

De los autos del expediente se desprenden los siguientes antecedentes:

 

Desde el año 2005, un grupo de aproximadamente 25 automóviles trabajaban como taxis en el Centro Comercial Sambil Maracaibo teniendo acceso al área del lobby de dicho centro comercial, para carga y descarga de pasajeros, pagando la cantidad de dos mil bolívares (Bs. 2.000) diarios al fiscal de parada, permitiendo la circulación de otra líneas de taxis sólo en el área denominada de las banderas, la cual forma parte de la áreas comunes del centro comercial.

 

A mediados de 2006, la línea de taxi Libertaxi y las líneas de taxis paralelas fueron creciendo y se les cedió el área de la bandera; los taxis de la línea Libertaxis pagaban veinticinco mil bolívares (Bs. 25.000) semanales más los dos mil bolívares (Bs. 2.000) diarios para el fiscal de parada que se ubica en el lobby del Centro Comercial Sambil Maracaibo.

            Posteriormente, se pretendió el pago de una tarjeta mensual de noventa mil bolívares (Bs. 90.000) por parte de la gerencia del estacionamiento del Centro Comercial Sambil Maracaibo, siendo imposible dicho pago, por lo que se fijó para los taxistas del mencionado centro comercial el pago de una tarjeta mensual de veinte mil bolívares (Bs. 20.000).

 

El 16 de enero de 2007, un número aproximado de 37 taxistas se constituyeron como Asociación Civil cuya razón social es Taxi Sambil Maracaibo, hecho que fue aceptado por el Centro Comercial Sambil Maracaibo, exigiéndole a los miembros de esta asociación el uso de camisas de color celeste con el logotipo que identifica a dicho centro comercial, prestándoles publicidad de manera gratuita.

 

El 15 de marzo de 2007, la Gerencia General del Centro Comercial Sambil Maracaibo envió dos comunicaciones a la mencionada Asociación, una en la cual le solicitó la eliminación de la palabra Sambil de su razón social y de los uniformes de los conductores, alegando que dicha palabra es exclusiva del Grupo Sambil y estableciendo como fecha tope para tal modificación el 31 de marzo de 2007; y la segunda comunicación requiriendo un listado de las unidades que forman parte de la mencionada asociación civil y el nombre de los conductores de cada vehículo, convocando además a una reunión a celebrarse el 11 de abril de 2007.

 

El 17 de marzo de 2007, la Gerencia General del Centro Comercial Sambil Maracaibo envió un escrito a la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo, en el cual le informó que la única línea de taxi autorizada para operar en el lobby de dicho centro comercial era la Asociación Civil Libertaxis, S.A., consintiendo sólo su funcionamiento en el área peatonal de la entrada La Goajira.

 

El 26 de marzo de 2007, la directiva de la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo emitió una comunicación dirigida al Centro Comercial Sambil Maracaibo, en la cual dicha Asociación manifestó su intención de mejorar la calidad del servicio prestado, realizando inversiones para mejorar su imagen, adquiriendo lámparas publicitarias que llevarían el logo Sambil Maracaibo y serían instaladas en los vehículos, previa autorización del Centro Comercial Sambil Maracaibo.

 

El 25 de abril de 2007, el Juzgado Undécimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, realizó una inspección judicial en el lobby del Centro Comercial Sambil Maracaibo, solicitada por la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo.

 

El 27 de abril de 2007, el abogado Alberto Salas Díaz en representación de la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo, interpuso acción de amparo contra las actuaciones de la Gerencia General del Centro Comercial Sambil Maracaibo.

 

El 4 de mayo de 2007, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declinó la competencia para conocer de la acción de amparo en el Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

El 11 de mayo de 2007, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción del Estado Zulia planteó un conflicto negativo de competencia, razón por la cual remitió el expediente a esta Sala Constitucional.

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

El abogado Alberto Salas en representación de la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo, interpuso acción de amparo ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en los siguientes términos:

 

Que la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo actúa bajo el amparo del artículo 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma ésta que reconoce el derecho de sus miembros a desarrollar dicha asociación de carácter social, que atiende a un servicio público como lo es el servicio de transporte de pasajeros.

 

Que el Grupo Constructora Sambil Maracaibo C.A. violó los derechos a la igualdad, al trabajo, no discriminación, a la libertad de desempeñar la actividad económica de su preferencia, y la prohibición del establecimiento de monopolios, establecidos en los artículos 21, 87, 88, 89, 112 y 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Que la palabra Sambil no es exclusiva del Grupo Sambil, lo que es propio es el nombre “Constructora Sambil C.A.”.

 

Que la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo realizó una serie de gastos de inversión económica, en aras de mejorar la calidad del servicio prestado, por lo que procedió a rotular los vehículos con el logo “Taxi Sambil Maracaibo” y colocó publicidad alusiva al centro comercial Sambil, sin obtener beneficio de pago por concepto de publicidad.

 

Que la Gerencia del Centro Comercial Sambil Maracaibo, pretendió adueñarse de un servicio público que corresponde al Estado, afectando a los miembros de la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo.

 

Que la obstaculización del acceso de los vehículos al área del lobby del centro comercial, evitando la carga y descarga de pasajeros y la prestación del servicio, acarreó la violación del derecho al trabajo establecido en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Que en la inspección realizada por el Juzgado Undécimo de los Municipios Maracaibo Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se dejó constancia que la administración del centro comercial manifestó que sólo opera la línea de taxis Libertaxis Sambil e igualmente que el grupo Sambil ejerce un control monopólico de un servicio que es público.

 

Que en esa misma oportunidad el referido Juzgado dejó constancia de que en el área del lobby se encontraban estacionados taxis rotulados con el nombre Libertaxis Sambil y, de igual modo, observó en el andén del lobby un vehículo con el rótulo Taxi Unión Fátima y otro con el nombre Taxi San Martín; igualmente constató que a las afueras del centro comercial se encontraban estacionados vehículos con el distintivo Taxi Sambil Maracaibo y se encontraban varias personas portando camisa de color celeste con el logo Sambil Maracaibo.

 

Por estos motivos solicitó se declare con lugar la acción de amparo interpuesta y se restituya el derecho al trabajo infringido y reclamado por la accionante contra el Centro Comercial Sambil Maracaibo.

 

Finalmente, requirió se declare la nulidad de la comunicación del 15 de marzo de 2007 y se permita el acceso de la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo a las instalaciones públicas del centro comercial.

 

III

DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA

 

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en sentencia del 4 de mayo de 2007, declinó la competencia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo las siguientes consideraciones:

 

Que resulta innegable que las presuntas violaciones se derivan de la conducta de la Gerencia del Centro Comercial Sambil Maracaibo, ante la negativa de ésta de permitirle el acceso a las instalaciones públicas del centro comercial, específicamente al área del andén, a los fines de dejar y recoger pasajeros de taxis con destino a distintos puntos de la ciudad, de lo cual se infiere que la acción de amparo está dirigida al supuesto agravio del derecho al trabajo y, en consecuencia, ese juzgado es incompetente para conocer la acción de amparo.

 

Por su parte, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción del Estado Zulia, una vez recibido el expediente el 11 de mayo de 2007, planteó un conflicto negativo de competencia bajo los siguientes términos:

 

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que son competentes para conocer la acción de amparo los tribunales de primera instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación.

 

Que el criterio fundamental utilizado por el legislador para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de amparo constitucional, es la afinidad o identidad entre las materias que están atribuidas a los jueces y los derechos y garantías constitucionales amenazados de violación. En tal sentido, el legislador buscó que fueran los jueces que más conocieran y estuvieran más familiarizados con los derechos constitucionales denunciados como lesionados o bajo amenazas de violación, los que tuvieran la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional, esto con el fin de conseguir la mayor eficacia y el mayor desarrollo de la institución.

 

Que “para determinar la competencia por afinidad en la materia, no basta solamente con examinar la naturaleza misma del derecho o garantías  que se dicen lesionados, sino que hay que ir más allá, escudriñar y precisar en cuál de las esferas con las cuales éstos se encuentran relacionados puede provocarse esa lesión o gravamen”.

 

            Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en sentencia Nº 1535 del 8 de julio de 2002 que, en materia de amparo constitucional, lo que determina la afinidad entre la naturaleza del derecho al trabajo invocado y la competencia de los juzgados laborales es la existencia de la relación laboral con sus tres elementos constitutivos a saber: subordinación, prestación personal y salario, entre el ente agraviante y el accionante en amparo.

 

Que se evidencia que entre la presunta agraviada y el presunto agraviante no existe ningún elemento que pudiera conducir a precisar la afinidad entre la materia que ésta conoce y los supuestos hechos que condujeron a la presunta agraviada a ejercer su acción, pues ésta señala que el Centro Comercial Sambil Maracaibo le violó el derecho al trabajo.

 

Que se incurriría en un error jurídico si se considera que todas las controversias que se susciten entre las personas, con ocasión de acciones, manifestaciones u omisiones de los mismos, en las que se alegue la lesión del derecho al trabajo, deban plantearse necesariamente ante los juzgados laborales, en virtud de que esencialmente toda persona tiene constitucionalmente derecho al trabajo, más aún si de los elementos que envuelven los hechos o los supuestos hechos violatorios de garantías y normas constitucionales no se desprenden los elementos fundamentales para determinar o precisar la existencia de la relación laboral; tal como la ha señalado la Sala Constitucional.

 

Que, al examinar los hechos alegados por el presunto agraviado y que lo condujeron a intentar la presente acción de amparo constitucional, surgen aspectos de carácter civil que subyacen en la relación de hecho existente entre las partes.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente conflicto de competencia y, a tales efectos, debe señalar que el artículo 5, cardinal 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (…) Decidir los conflictos de competencias entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido”.

 

En el caso sub júdice, en virtud del conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, esta Sala Constitucional, con fundamento en la mencionada norma y los hechos expuestos, se declara competente para conocer el conflicto planteado en materia de amparo constitucional. Así se decide.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

            Revisadas las actas del presente expediente se observa que el presente caso trata de un conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con ocasión del conocimiento de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Alberto Salas Díaz, actuando como apoderado judicial de la Asociación Civil Taxi Sambil Maracaibo.

 

En efecto, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual conoció en virtud de la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, estimó en su decisión del 11 de mayo de 2007, que tampoco era competente, pues, luego de analizar el contenido del libelo de demanda, concluyó que no existían los tres elementos de la relación laboral, a saber: subordinación, prestación personal y salario, motivo por el cual, planteó ante esta Sala conflicto negativo de competencia.

Ahora bien, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 7, determina cuál es el tribunal competente para conocer de las acciones de amparo constitucional, de la siguiente forma:

 

“Artículo 7: Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.”

 

Del análisis del mencionado artículo se impone colocar en relación de afinidad o proximidad dos elementos: la materia de competencia del tribunal, especial u ordinaria, y la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violada o amenazada de violación; en otras palabras, se trata de atribuirle la competencia de las acciones de amparo a los Tribunales que se encuentren más familiarizados por su competencia con los derechos o garantías constitucionales que sean denunciados (vid. sentencia 2583/2004, caso: Rafael Isidro Troconis Durán).

 

De esta forma, queda establecido claramente que la intención de la Ley fue la de atribuirle competencia en materia de amparo a aquel Juez que tuviera mejor conocimiento del derecho o garantía constitucional a ser debatido durante el proceso de amparo constitucional (afinidad).

 

Ahora bien, al tratarse, la de autos, de una acción de amparo contra las actuaciones de la Gerencia General del Centro Comercial Sambil Maracaibo, esta Sala, sin prejuzgar acerca de la existencia o no de una relación laboral, considera, que en virtud de haberse denunciado la violación de los derechos a la igualdad, al trabajo, no discriminación, de desempeñar la actividad económica de su preferencia, al no establecimiento de monopolios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara que el tribunal competente para conocer de la acción de amparo es el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al cual se remitirá el presente expediente; y así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que:

 

1. ACEPTA la declinatoria de competencia que hizo el 11 de mayo de 2007 el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción del Estado Zulia, para resolver el conflicto de competencia de autos.

 

2. DECLARA COMPETENTE para el conocimiento de la acción de amparo constitucional que ejerció, el 27 de abril de 2007, el abogado Alberto Salas Díaz en representación de la ASOCIACIÓN CIVIL TAXI SAMBIL MARACAIBO, contra las actuaciones de la Gerencia General del Centro Comercial Sambil Maracaibo, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al cual deberán remitirse los autos inmediatamente.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 13 días del mes de julio de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Pedro Rafael Rondón Haaz 

          Magistrado

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López 

                                                                               Magistrado                     

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Magistrado

 

 

                                                                                  Carmen Zuleta de Merchán

                                                                                      Magistrada

 

 

Arcadio Delgado Rosales

   Magistrado-Ponente

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. 07-772

ADR/