SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

Expediente Nº 07-0659

 

 

El 7 de mayo de 2007, fue recibido en esta Sala Constitucional Oficio Nº 2007-A-0197, emanado del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto al cual se remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano TRIFONE ANGIULI, titular de la cédula de identidad Nº 6.971.278, asistido por el  abogado Alí José Navarrete Toro, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 64.631, contra la sentencia dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 18 de abril de 2006, mediante la cual se declaró que  “(…) luego de una revisión de las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal observa que cursa al folio 245, pieza Nº 2 (…), poder otorgado por la parte actora ciudadano TRIFONE ANGIULI, antes identificado, al abogado ALEJANDRO MATA BENÍTEZ, también identificado, del cual se desprende facultad expresa para desistir, asimismo se evidencia que el apoderado judicial de la parte demandada otorgó el debido consentimiento a dicho desistimiento, razón por la cual este tribunal por cuanto observa que tal desistimiento no es contrario al orden público a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, este Tribunal conforme a lo previsto en los artículos 164 y 263 del Código Civil, le imparte su correspondiente homologación (…)” al desistimiento “(…) de la acción y del procedimiento (…)” en el juicio por invalidación seguido por el presunto agraviado contra la “(…) sucesión Mariano Salat Aguiar y FIVEICA, C.A. (…)” y, contra la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Municipio de la mencionada Circunscripción Judicial el 9 de enero de 2003, “(…) en la cual se declaró ha lugar un desalojo inmobiliario a favor de los accionantes: La sucesión Mariano Salat Aguilar y la sociedad Mercantil FIVEICA, C.A., proceso judicial que se produjo a espaldas de su representado Trifone Angiuli (…)”; fundamentando su acción en los artículos 25 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta por la representación judicial de la sucesión Mariano Salat Aguiar y la sociedad mercantil Fiveica, C.A., contra el fallo dictado por el Juzgado Superior mencionado anteriormente el 25 de abril de 2007, mediante el cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta.

 

En virtud de su reconstitución esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

 

El 14 de mayo de 2007, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 23 de mayo de 2007, los abogados Iván Gómez Millán y Laura Piuzzi, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 6.981 y 22.738, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil FIVEICA, C.A., consignaron escrito mediante el cual solicitaron se declarara con lugar la apelación interpuesta.

 

            Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

El presunto agraviado planteó originalmente la pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:

 

Que el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, dictó una decisión en agravio de sus derechos y garantías constitucionales, relativas al debido proceso y el derecho a la defensa, fallo que se produce con ocasión de un recurso de apelación que se interpuso contra una decisión interlocutoria, en una causa en la cual se ventilaba un recurso extraordinario de invalidación, contra una decisión definitiva dictada en un juicio de desalojo inmobiliario, y que según el presunto agraviado, es producto de un proceso viciado de nulidad por fraude en la citación personal.

 

Además de ello, hizo un recuento de lo ocurrido en el juicio que por desalojo intentara la sociedad mercantil Fiveica, C.A., y la Sucesión de Mariano Salat Aguilar, en contra de su representado.

 

Por otra parte, solicitó se revisaran las decisiones dictadas en la presente causa y, muy especialmente el proceso judicial en el cual se originaron, en virtud de que, los agravios a sus derechos y garantías constitucionales como parte en el proceso en comento, constituyen una flagrante vulneración del orden público procesal, puesto que el juicio originario de desalojo se sustanció sin conocimiento de la parte demandada, por la falta de cumplimiento de las formalidades establecidas por la ley para la citación.

 

Asimismo, sostuvo que antes que el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 18 de abril de 2006, decidiera la homologación del desistimiento de la acción y del procedimiento en el recurso de apelación que el ciudadano Trifone Angiuli interpusiera en contra de la decisión que declaró sin lugar el recurso extraordinario de invalidación contra la sentencia del 9 de enero de 2003, mediante la cual el Juzgado Noveno de Municipio de la mencionada Circunscripción Judicial “(…) declaró ha lugar un desalojo inmobiliario a favor de los accionantes: La sucesión Mariano Salat Aguilar y la sociedad Mercantil FIVEICA, C.A., proceso judicial que se produjo a espaladas de su representado Trifone Angiuli (…)”, no se atendió la denuncia formulada por el accionante sobre su inconformidad con la actuación profesional de su apoderado el abogado Alejandro Mata Benítez, en convenir junto con los abogados de su contraparte en el desistimiento de la acción y del procedimiento -a su decir- sin su consentimiento.

 

            Posteriormente, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 20 de noviembre de 2006, procedió a solicitar a la accionante la corrección del libelo, por considerar que el mismo carecía de los requisitos consagrados en los ordinales 3° y 5° del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El 11 de febrero de 2007, consignó escrito de aclaratoria del libelo señalando lo siguiente:

 

            Respecto a los presuntos agraviantes, afirmó que “(…) en relación del (sic) co-querellado Tribunal Noveno de Municipio del Área Metropolitana de Caracas (sic), debe esta representación judicial señalar lo siguiente (…), mediante decisión de fecha 9 de enero de 2003, en la cual se declaró ha lugar un desalojo inmobiliario a favor de los accionantes (…), proceso judicial que se produjo a espaldas de nuestro representado (…) se sustanció por un procedimiento ilegítimo (…)”. De igual forma, aseveró que “(…) en relación con la queja constitucional contra la co-querellada sentencia dictada (sic) por la Juez Duodécima de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial (…) la ciudadana juez no atendió la denuncia formulada por el accionante sobre su inconformidad con la actuación de su apoderado (…), el cual concertadamente con el apoderado de las demandantes en el juicio principal convino en un desistimiento a sus espaldas (…)”.  

 

            Como objeto de su acción de amparo solicitó que se declare “(…) la nulidad de las sentencias impugnadas y repo[nga] la causa principal al estado de que sea declarada inadmisible la acción por desalojo inmobiliario interpuesta por los accionantes: Sucesión Mariano Salat Aguiar y FIVEICA, C.A. (…) por ser contraria al procedimiento que establece (…) la Ley sobre Arrendamientos Inmobiliarios (…)”. 

 

 

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas mediante sentencia del 25 de abril de 2007, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, sobre la base de las siguientes consideraciones:

 

“(…) En suma, cabe afirmar que el contenido esencial del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controvertir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses in concreto.

Visto el artículo que establece lo relativo al genero de las garantías al debido proceso, encontrándose entre ellas, la que configura el derecho a la defensa, este Tribunal pasa a analizar las actuaciones recaídas en instancia, a los fines de verificar si hubo o no violación de los derechos constitucionales que dice el accionante, infringió la Juez a cargo del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En tal sentido, de la revisión que se le hizo a las actas del presente expediente, no se constató poder apud acta otorgado por el ciudadano Trifone Angiuli, al abogado Alejandro Mata Benítez. Solo en relación a este abogado, se verificaron las siguientes actuaciones:

• Diligencia de fecha 21 de marzo de 2005, suscrita por el abogado Alejandro Mata Benítez, apoderado judicial del ciudadano Trifone Angiuli y el abogado Iván Gómez Millán, manifestando el primero de ellos, que con el carácter que lo asiste según poder apud acta otorgado el 19 de julio de 2004, desiste de la apelación interpuesta en fecha 9 de junio de 2004, así como de la acción y del procedimiento; así como también consta, el consentimiento del desistimiento de la contra parte.

• Diligencia de fecha 07 de abril de 2005, suscrita por la abogada Laura Piuzzi, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, en donde ratificó el pedimento realizado el 21 de marzo de 2005 por los abogados Alejandro Mata Benítez e Iván Gómez Millán.

• Diligencia de fecha 26 de abril de 2005, suscrita por el abogado Iván Gómez Millán, apoderado de la parte demandada en donde solicitó se homologara el desistimiento realizado por la representación judicial del ciudadano Trifone Angiuli.
Por otra parte, se observa actuación de fecha 17 de mayo de 2005, suscrita por el ciudadano Trifone Angiuli, debidamente asistido por abogado, en donde revocó el poder apud acta otorgado al abogado Alejandro Mata Benítez.

Consta igualmente, auto de fecha 18 de abril de 2006, dictado por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y que es objeto del presente recurso, en donde procedió a homologar el desistimiento efectuado por la representación judicial de la parte actora ciudadano Trifone Angiuli, de la apelación ejercida en contra de la sentencia dictada el 02 de junio de 2004 dictada por (sic) el Juzgado Noveno de Municipio, que declaró con lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada en el Recurso de Invalidación.

Ahora bien, es menester indicar que el derecho a la defensa y al debido proceso, constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.

En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohibe realizar actividades probatorias.

Precisado lo anterior, se observa del auto que es objeto del presente amparo, varios asientos en donde el Tribunal Duodécimo de Primera Instancia dejó constancia de la oposición del ciudadano Trifone Angiuli, en que se homologara el desistimiento realizado por su abogado Alejandro Mata Benítez, luego de ello, el Tribunal consideró que de la revisión del expediente se observó poder que cursaba al folio 245 pieza Nº 2 de la causa principal, otorgado por la parte actora ciudadano Trifone Anguili (sic), al abogado Alejandro Mata Benítez, del cual se desprendía que el abogado antes mencionado tenía facultad expresa para desistir, y asimismo evidenció que el apoderado judicial de la parte demandada otorgó el debido consentimiento a dicho desistimiento, razón por la cual consideró que el desistimiento no era contrario al orden publico (sic) a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de ley, y procedió luego a homologar el desistimiento de conformidad con los artículos 164 y 263 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.689 y 1.693 del Código Civil.
Cabe agregar que en sentencia Nº 00619, de fecha 15 de julio de 2004, emitida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (…).

Así, el desistimiento es un medio de autocomposición procesal mediante el cual el actor o el interesado en el proceso renuncia o abandona la acción o el procedimiento interpuesto en cualquier grado o instancia del mismo.

Al respecto, el desistimiento de la acción es la declaración unilateral de voluntad del accionante, por medio de la cual éste renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda, dejando canceladas las pretensiones de las partes, en forma tal que el asunto debatido ya no podrá plantearse en el futuro nuevamente, es decir, los efectos de la declaración del actor, se configuran como un derecho potestativo, esto es, como el poder de un sujeto, de producir mediante una manifestación de voluntad, un efecto jurídico el cual tiene autoridad de cosa juzgada.

Por el contrario, en el desistimiento del procedimiento, el actor retira la demanda, es decir, abandona la petición de otorgamiento de tutela jurídica, lo cual conlleva siempre que exista aceptación del demandado la extinción de la relación procesal por falta de impulso, y la omisión de la consiguiente sentencia de fondo. Al desistirse del procedimiento, solamente se está haciendo uso de la facultad procesal de retirar la demanda, sin que tal actitud implique renuncia de la acción ejercida ni mucho menos involucre una declaración de certeza respecto de los hechos debatidos. De tal forma, que el actor conserva el derecho de volver a proponer un nuevo juicio, contra el mismo demandado, por los mismos hechos y persiguiendo el mismo objeto, sin que pueda objetarse en su contra la consolidación de cosa juzgada.

En el caso de autos, se observa que el abogado Alejandro Mata Benítez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Trifone Angiuli, manifestó, en diligencia de fecha 21 de marzo de 2005, lo siguiente ‘(…) Alejandro Mata Benítez en su carácter de apoderado de Trifone Angiuli, según poder Apud Acta de fecha 19 de julio de 2004, DESISTO de la apelación interpuesta en fecha 9 de junio de 2004, así como de la acción y del procedimiento en el presente juicio de Invalidación…’. (Mayúsculas del original).

Advierte además este Tribunal, que existió en la conducta del ciudadano Trifone Angiuli, la voluntad de querer continuar con la apelación que fuera ejercida por él en fecha 9 de junio de 2004, asistido de abogado.

En efecto el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, dispone que, ‘el acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable aun antes de la homologación del Tribunal’, pero también es cierto, que con las distintas diligencias que realizó el ciudadano Trifone Angiuli, en la que solicitó que no se homologara el desistimiento realizado por su apoderado, demostró una voluntad que se contraponía, con la que estableció en un principio su representante judicial. De allí que, el Tribunal conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, relativa al FRADU (sic) PROCESAL, en un principio debió abrir una incidencia de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de esclarecer los hechos, del por que (sic), existían voluntades contrapuestas entre el poderdante y el poderdado, ello con la finalidad de garantizar a la parte el derecho a la defensa que le asiste en un proceso. Así se decide.

Cabe afirmar que el contenido esencial del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controvertir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses in concreto. Por tanto, se configura un supuesto de indefensión cuando, en determinado procedimiento judicial, se causa perjuicio directo e inmediato a un sujeto de derecho sin habérsele dado audiencia, esto es, sin habérsele permitido el ejercicio de su derecho de contradicción. En virtud de ello, este Tribunal considera que, al no permitírsele al ciudadano Trifone Angiuli, ejercer su derecho de contradicción, para defenderse del porque (sic), no se debía homologar el desistimiento que realizó su apoderado judicial abogado Alejandro Mata Benítez, se le causó indefensión, y con ello hubo violación del derecho a la defensa que lo asiste en el proceso. Así se decide.

(…)

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

1) CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL propuesta por el ciudadano TRIFONE ANGIULI (…).

2) Se anula el auto de fecha 18 de abril de 2006 por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en consecuencia, se ORDENA ABRIR una incidencia de conformidad con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de esclarecer con los hechos que se suscitaron en el transcurso del proceso que transcurrió en el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-

3) De conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucional, se condena en costas a la (sic) el tercero coadyuvante en la presente acción de amparo (…)”.

 

III

DE LA APELACIÓN EJERCIDA

 

 

El 26 de abril de 2007, la representación judicial de la sociedad mercantil Fiveica, C.A. y la sucesión Mariano Salat Aguiar, apeló tempestivamente de la sentencia que se conoce en esta Alzada, mediante la cual se denunció que en su criterio, la sentencia objeto de apelación no tomó en consideración el contenido de los artículos 12 y 243, ordinales 3° y 4° y 607 del Código de Procedimiento Civil.

 

            En tal sentido, señaló que “(…) la recurrida sólo analiza y transcribe los argumentos de la parte querellante y de la representación judicial del Ministerio Público, pero ni siquiera menciona cuáles son nuestros argumentos y mucho menos analiza si son válidos o no (…); con lo que (…) incurrió en falta de motivación (…)”.

           

            Adujo que la articulación probatoria que ordenó la sentencia apelada, debió producirse de oficio en el procedimiento de amparo. Asimismo, sostuvo que el tribunal de la causa no advirtió que el presunto agraviado no aportó a las actas del expediente copia del poder que otorgó al abogado Alejandro Mata Benítez, en el cual se le otorgó facultad para desistir.

 

            Denunció que a su representado se le condenó en costas, sin tomar en consideración que “(…) en el caso particular de mis representados, éstos fueron llamados por ese tribunal como tercero interesado pero sin darles el carácter de partes, lo cual hace que el fallo dictado sea totalmente injusto y contrario a la Ley (…)”.

 

            Finalmente, solicita que se declare con lugar la apelación y se pronuncie esta Sala sobre el punto planteado.

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Debe esta Sala, previamente determinar su competencia para conocer del asunto debatido y al efecto observa:

 

En primer lugar, debe esta Alzada pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente apelación, y al respecto observa que en virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala Nº 1 del 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán”, la cual resulta aplicable conforme a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República -salvo los Contencioso Administrativos-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.

 

Conforme lo anterior, visto que la decisión fue dictada en materia de amparo constitucional por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la presente causa. Así se decide.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la apelación ejercida, en los siguientes términos:

 

En el presente caso, la acción de amparo propuesta va dirigida contra decisiones dictadas por tribunales diferentes, a saber, por el (i) Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 18 de abril de 2006, en la cual se homologó el desistimiento de la acción y del procedimiento en el recurso de apelación que el ciudadano Trifone Angiuli interpusiera en contra de la decisión que declaró sin lugar el recurso extraordinario de invalidación contra la sentencia del 9 de enero de 2003, mediante la cual el (ii) Juzgado Noveno de Municipio de la mencionada Circunscripción Judicial “(…) declaró ha lugar un desalojo inmobiliario a favor de los accionantes: La sucesión Mariano Salat Aguilar y la sociedad Mercantil FIVEICA, C.A., proceso judicial que se produjo a espaladas de su representado Trifone Angiuli (…)”.

 

Al respecto, la Sala observa que en el presente caso fue planteada una inepta acumulación de pretensiones, dado que el supuesto agraviado solicitó tutela constitucional respecto de varias decisiones judiciales provenientes de distintos tribunales (Municipio y Primera Instancia), en fallos considerados materialmente distintos, por lo que resulta insostenible darle curso al proceso.

 

Atendiendo a esta circunstancia, la demanda propuesta resultaba ab initio inadmisible, por inepta acumulación de pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a esta materia por remisión del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Al respecto, el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil -de aplicación supletoria a los procesos de amparo constitucional según lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales-, establece que la acumulación procede siempre que “(…) hubiere conexión por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa (…)”.

 

            Por otra parte, el artículo 78 del mismo Código, prevé que:

 

“(…) No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí.

Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí (…)”.

 

Ahora bien, en atención a la normativa referida supra, debe indicarse que toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo allí establecido, denota una inepta acumulación, por lo que en los casos en que dichas pretensiones se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, constituye una causal de inadmisibilidad de las demandas o solicitudes que se intenten ante este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Sobre el particular, ha sido criterio reiterado de esta Sala, que en aquellos supuestos en que se invoque la tutela constitucional contra distintos presuntos agraviantes, cuya competencia esté atribuida a diferentes órganos jurisdiccionales, se verifica una inepta acumulación, lo cual quedó establecido, entre otras, en las sentencias Nros. 2.307/2002, 1.279/2003, 3.192/2003, 1.034/2005 y 2.032/2005.

 

Efectivamente, esta Sala en diversas oportunidades ha advertido sobre la inadmisibilidad en aquellos casos donde se presenta una acumulación inicial de pretensiones en un mismo libelo, de conformidad con lo expuesto supra, por lo que no puede pretenderse que un mismo órgano jurisdiccional resuelva sobre varias denuncias de presuntas violaciones o amenazas a derechos y garantías de orden constitucional que no pueden atribuirse a un solo agraviante, pues la diversidad de accionados en amparo acarreará la incompetencia del órgano jurisdiccional para conocer respecto de alguno o varios de ellos (Vid. Sentencias de la Sala Nros. 1.279 del 20 de mayo de 2003, caso: “Luis Emilio Ruiz Celis”; 3.192 del 14 de noviembre de 2003, caso: “Aurea Isabel Suniaga” y; 1.605 del 10 de agosto de 2006, caso: “José Ángel Piña Jiménez”).

 

En atención a lo expuesto, se concluye que la representación judicial del accionante en amparo incurrió en una inepta acumulación de pretensiones, al ejercer diversas acciones de amparo en un mismo libelo, dirigidas contra diferentes actuaciones emanadas de dos órganos jurisdiccionales distintos, en consecuencia, la presente acción de amparo debe ser declarada inadmisible por inepta acumulación. Así se declara.

 

Ello así, concluye la Sala que contrariamente a lo que dispuso el juez constitucional de primera instancia, la acción de amparo resultaba inadmisible de conformidad con lo  previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil y, no con lugar como lo declaró erróneamente el a quo en el dispositivo del fallo apelado, por lo cual se declara con lugar la apelación interpuesta y, en consecuencia, se revoca la decisión apelada. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 25 de abril de 2007, que declaró con lugar el amparo ejercido y, en consecuencia, declara Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano TRIFONE ANGIULI, asistido por el  abogado Alí José Navarrete Toro, ya identificados, contra la sentencia dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 18 de abril de 2006, mediante la cual se declaró que “(…) luego de una revisión de las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal observa que cursa al folio 245, pieza Nº 2 (…), poder otorgado por la parte actora ciudadano TRIFONE ANGIULI, antes identificado, al abogado ALEJANDRO MATA BENÍTEZ, también identificado, del cual se desprende facultad expresa para desistir, asimismo se evidencia que el apoderado judicial de la parte demandada otorgó el debido consentimiento a dicho desistimiento, razón por la cual este tribunal por cuanto observa que tal desistimiento no es contrario al orden público a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, este Tribunal conforme a lo previsto en los artículos 164 y 263 del Código Civil, le imparte su correspondiente homologación (…)” al desistimiento “(…) de la acción y del procedimiento (…)” en el juicio por invalidación seguido por el presunto agraviado contra la “(…) sucesión Mariano Salat Aguiar y FIVEICA, C.A. (…)” y, contra la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Municipio de la mencionada Circunscripción Judicial el 9 de enero de 2003, “(…) en la cual se declaró ha lugar un desalojo inmobiliario a favor de los accionantes: La sucesión Mariano Salat Aguilar y la sociedad Mercantil FIVEICA, C.A., proceso judicial que se produjo a espaldas de su representado Trifone Angiuli (…)”.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18 días del mes de julio de dos mil siete (2007). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                           Ponente

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. N º AA50-T-2007-0659

LEML/