SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 

El 30 de enero de 2002 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el oficio N° 0098-02 del 28 de enero de 2002, por el cual se remitió el expediente N° 00745 (nomenclatura de dicha Sala), en virtud de la consulta de ley a que se encuentra sometida la sentencia dictada el 22 de enero de 2002, por esa Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS, actuando con el carácter de defensora pública penal del ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, contra actuaciones proferidas por el Tribunal Quinto de Ejecución de ese Circuito Judicial Penal.

En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al  Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

 

El 17 de mayo de 2000, el Tribunal Décimo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas otorgó el beneficio de “Destacamento de Trabajo” al ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, quien había sido condenado a cumplir la pena de cinco (5) años y cuatro (4) meses de presidio, por ser autor del delito de robo agravado, tipificado en el artículo 460 del Código Penal.

El 28 de noviembre de 2000, el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas revocó, previa solicitud del Ministerio Público, el referido beneficio y ordenó la inmediata detención y reclusión del penado en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I. Igualmente, libró boleta de notificación a la defensora pública septuagésima séptima, para informarle sobre esa decisión.

El 13 de febrero de 2001, el referido Tribunal Quinto de Ejecución ordenó el traslado del ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO a la sede del Juzgado, a los fines de que se diera por notificado de la revocatoria del beneficio de “Destacamento de Trabajo”. Asimismo, libró boleta de notificación a la defensora pública septuagésima novena para informarle sobre ese traslado.

El 21 de febrero de 2001, el ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, al ser trasladado a la sede del referido Tribunal de Ejecución, interpuso recurso de apelación contra la decisión que revocó el beneficio de “Destacamento de Trabajo”.

El 29 de marzo de 2001, el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió las actuaciones a la Corte de Apelaciones, para que se decidiese sobre el recurso de apelación interpuesto.

El 16 de abril de 2001, la Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó, en “beneficio del reo”, la devolución de las actuaciones al Tribunal Quinto de Ejecución, para que su defensa técnica fundamentara la apelación interpuesta y se cumpliera con el entonces artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable ratione temporis.

El 7 de junio de 2001, el Tribunal Quinto de Ejecución ordenó la notificación a la defensora pública septuagésima novena, para que tuviese conocimiento de que el ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO había interpuesto recurso de apelación contra la decisión que le revocó el beneficio de “Destacamento de Trabajo”. Esta notificación se hizo efectiva el 11 de junio de 2001.

El 27 de junio de 2001, el Tribunal Quinto de Ejecución declaró desistida la apelación interpuesta por el ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, en virtud de que habían transcurrido doce (12) días hábiles, contados a partir de la notificación hecha, sin que la defensora pública penal hubiese fundamentado el recurso.

El 8 de enero de 2002, la abogada MARYNELLA HERNÁDEZ ROJAS, actuando con el carácter de defensora pública penal del ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, interpuso la presente acción de amparo ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El 14 de enero de 2002, el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó, de conformidad con lo previsto en los artículos 190, 191 y 192 del Código Orgánico Procesal Penal, la nulidad absoluta del auto dictado el 27 de junio de 2001, que declaró desistida la apelación interpuesta por el penado, y conforme lo dispuesto en el artículo 449 eiusdem, ordenó emplazar al Ministerio Público para que diese contestación a dicho recurso.

El 22 de enero de 2002, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, previa admisión de la acción y celebración de la audiencia constitucional, declaró inadmisible la demanda de amparo, siendo esta decisión la que se encuentra sometida a consulta.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La defensora pública penal del ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, alegó que se cercenaron los derechos al debido proceso, a la defensa, a tener acceso a la justicia, y al principio de igualdad ante la ley, lo que la motivó a interponer la acción de amparo bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Señaló, que el 28 de noviembre de 2000 el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas le revocó a su defendido el beneficio de “Destacamento de Trabajo”, dado que se le había encontrado una “presunta droga”, y ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I.

En tal sentido, indicó que no se conocía si los Fiscales del Ministerio Público iniciaron una investigación al respecto y, además, que no existía acusación contra su defendido por algún delito. Por ello, consideró que no procedía la revocatoria del beneficio que le había sido otorgado.

Arguyó también, que no se le permitió a su patrocinado defenderse del hecho que ocasionó la revocatoria del beneficio, ya que fue notificado de esa una vez que habían transcurrido tres (3) meses. Asimismo, que no se le informó a un defensor público penal que dicho ciudadano había interpuesto recurso de apelación y, además, que se le notificó al penado de la revocatoria del beneficio sin la presencia de su defensor. Sostuvo igualmente, que el recurso de apelación interpuesto por su defendido fue remitido inmediatamente a la Corte de Apelaciones, sin que la defensa hubiese fundamentado la apelación, en virtud de  esa falta de notificación.

Indicó, que la Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones ordenó, al recibir las actuaciones de la apelación, que se diese cumplimiento a lo establecido en el entonces artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, pero que el Tribunal Quinto de Ejecución notificó de esa decisión de la Corte de Apelaciones a la defensora pública penal suplente, sin informarle el deber que tenía de fundamentar el recurso, ya que sólo le participó en la boleta de notificación que el penado había apelado en el mes de febrero de 2001.

Sostuvo, que la defensora pública penal suplente, ciudadana YADIRA TORRES, acababa de encargarse de la defensoría pública septuagésima novena y que por ello desconocía la situación. Además, que dicha ciudadana no podía actuar en el proceso penal, debido a que fue secretaria del Tribunal de Ejecución que dictó la revocatoria del beneficio. Señaló igualmente, que se encontraba de permiso pre y post natal, hasta el mes de noviembre de 2001, y que por tal motivo la defensoría estaba en manos de su suplente en ese momento.

Manifestó, que el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas consideró desistida, el 27 de junio de 2001, la apelación interpuesta por su defendido, por no haber sido fundamentada la misma, lo que a su juicio era inadecuado, en razón a que como defensora pública penal no podía desistir del recurso interpuesto sin autorización expresa del penado. Por tanto, consideró que el Tribunal Quinto de Ejecución actuó fuera de su competencia al declarar desistida la apelación, sólo por el hecho de que no fue fundamentada.

Arguyó igualmente, que no se notificó ni al ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO ni a su defensa, sobre esa decisión que declaró el desistimiento de la apelación.

Por último, solicitó que se anulase “la decisión recurrida” y que se restableciese el beneficio de “Destacamento de Trabajo” que gozaba su defendido.

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

La sentencia objeto de la presente consulta, dictada el 22 de enero de 2002, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, teniendo como fundamento para ello, lo siguiente:

Que de los autos se observaba que el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas anuló el auto dictado el 27 de junio de 2001, mediante el cual había declarado desistido el recurso de apelación que interpuso el ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO.

Indicó, que había cesado la violación del derecho constitucional denunciado y que, además, el agraviado había optado por recurrir a la vía judicial ordinaria de apelación.

En virtud de lo anterior, declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

           

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente consulta, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa:

            En el presente caso, la decisión sujeta a consulta emanó de la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte del Tribunal Quinto de Ejecución de ese Circuito Judicial Penal.

Por tales motivos, esta Sala, congruente con los criterios establecidos en los fallos del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y del 8 de diciembre de 2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se decide.

Determinada la competencia, se observa, según se constata de los alegatos esgrimidos por la defensora pública penal del ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, que la acción de amparo fue interpuesta en primer lugar contra el auto dictado el 28 de noviembre de 2000, por el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que revocó el beneficio de “Destacamento de Trabajo”, que gozaba el referido accionante, y ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I. En tal sentido, se sostuvo que el referido Juzgado cercenó derechos fundamentales al revocar dicho beneficio, ya que a juicio de la defensa del quejoso, no se había iniciado una investigación penal por los motivos que se tomaron en cuenta en esa declaratoria y, además, por cuanto no existía acusación por parte del Ministerio Público respecto a esos motivos. Asimismo, se sostuvo que no se le permitió a su patrocinado defenderse de esa revocatoria, dado que se le había notificado de la misma, una vez que habían transcurrido tres (3) meses.

Igualmente, se interpuso la acción de amparo contra la falta de notificación a la defensa pública penal de la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Ejecución, que revocó el beneficio de “Destacamento de Trabajo”, lo que a juicio de la abogada del accionante, permitió que el penado interpusiera recurso de apelación sin la presencia de su defensor.

Además, se propuso la demanda de amparo contra la notificación que hizo el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a la defensa pública penal, sobre la devolución de las actuaciones que había ordenado la Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal, para que el abogado del ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO procediese a fundamentar el recurso de apelación que se había interpuesto contra la revocatoria del beneficio de “Destacamento de Trabajo”, todo a la luz del entonces artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal.

Señaló la abogada del accionante, que esa boleta de notificación no evidenció el deber de fundamentar la apelación ejercida por el penado, sino que sólo se limitó a informar que se había interpuesto dicho recurso, lo que sumado a la circunstancia que en ese momento era una defensora pública penal suplente la que estaba encargada del caso, no permitió que se hiciese efectiva la fundamentación requerida por la Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones.

Por último, se interpuso la acción de amparo contra la decisión dictada el 27 de junio de 2001, por el referido Tribunal Quinto de Ejecución, que declaró desistida la apelación interpuesta por el ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, en razón a que dicho Juzgado no podía decretar dicho desistimiento, al observar la falta de fundamentación de la apelación, dado que sólo el penado podía hacerlo.

 Ahora bien, esta Sala observa, respecto a la decisión que revocó el beneficio de “Destacamento de Trabajo” que gozaba el penado ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO y que ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I, que el Código Orgánico Procesal Penal, aplicable para el momento, permitía la interposición del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 439 eiusdem, cuando el afectado considerase que la misma no era ajustada a derecho.

En ese sentido, se hace notar que el quejoso interpuso, una vez que fue trasladado a la sede del Tribunal de Ejecución, el recurso de apelación contra la anterior decisión, por lo que no podía acudirse a la acción de amparo pretendiéndose que se analizara si esa decisión cercenó derechos fundamentales, cuando se optó por recurrir a los medios ordinarios de impugnación que ofrecía el legislador penal adjetivo, circunstancia que permitía que la Corte de Apelaciones pudiera, en caso de ser procedente, restituir o reparar situaciones jurídicas cercenadas por violaciones de derechos y garantías constitucionales, al ser, como lo ha sostenido en varias oportunidades este Máximo Tribunal, todos los jueces tutores del cumplimiento de la Carta Magna. Esto implicaba la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo, como lo sostuvo el Tribunal a quo, amén de que igualmente había transcurrido el lapso de seis (6) meses para que operase el consentimiento tácito como otra causal de inadmisibilidad de la demanda de amparo.

Por otro lado, respecto a la falta de notificación de la defensora pública penal de la decisión que revocó el beneficio de “Destacamento de Trabajo”, se observa, de las actas que integran el expediente, que el 29 de noviembre de 2000 se dio por notificada de dicha decisión la defensa pública penal y, el 30 de noviembre de 2000, la defensora pública septuagésima novena –suplente- solicitó al Tribunal de Ejecución que le expidiera copia simple de la decisión dictada, lo que evidencia que lo alegado en este sentido por la abogada del accionante carece de verosimilitud.

Igualmente, esta Sala observa, en relación a que el Tribunal Quinto de Ejecución no notificó sobre el deber de la defensa pública penal de fundamentar el recurso de apelación que interpuso el penado, que el 7 de junio de 2001 se le informó, dado que la Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones había ordenado la devolución de las actuaciones para que se cumpliera con el entonces artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, que el ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO había apelado de la decisión dictada el 28 de noviembre de 2000. Ante tal notificación y visto que tal circunstancia la conocía la defensoría pública septuagésima novena, máxime cuando era el deber de acudir al Tribunal de Ejecución para verificar el contenido del expediente, se acota que igualmente carece de verosimilitud lo alegado por la abogada del accionante respecto a este punto.

Por otro lado, respecto a que el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal declaró desistida la apelación interpuesta por el ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, lo cual a juicio de la abogada del accionante era violatorio de derechos constitucionales, esta Sala observa que el 14 de enero de 2002, después que se interpuso la presente acción de amparo, el referido Tribunal de Ejecución declaró,  conforme lo previsto en los artículo 190, 191 y 192 del Código Orgánico Procesal Penal, la nulidad de ese auto, ordenando el emplazamiento del Ministerio Público para que contestara dicho recurso.

En ese sentido, esta Sala observa que la violación de derecho constitucional denunciada cesó, por lo que igualmente tal circunstancia era motivo para declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo, como lo sostuvo el Tribunal a quo.

En consecuencia de todo lo anterior, esta Sala debe confirmar la decisión dictada el 22 de enero de 2002, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensora pública penal del ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO, conforme lo previsto en los numerales 1 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

V

DECISIÓN

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 22 de enero de 2002, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensora pública penal del ciudadano ELIO SEGUNDO ÁLVAREZ BARCO.

 Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase con lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de julio  de dos mil dos (2002).  Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                                                  El Vicepresidente,

                       

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

JOSÉ M. DELGADO OCANDO                  ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

Ponente

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. 02-0258

AGG/jarm