SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 

 

 

El 13 de noviembre de 2001 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, el oficio distinguido con el alfanumérico cs-1214/01 del 1° de noviembre de 2001, por el cual se remitió el expediente signado con las letras y números CA-939/01 (nomenclatura de dicha Corte), contentivo de la acción de amparo interpuesta por el abogado CESAR JOSÉ CURIEL H., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 3.959, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano JUAN EDUARDO ISEA DÍAZ, titular de la cédula de identidad número 4.175.818, contra la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2001, por el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Punto Fijo, que decretó la ejecución inmediata de la parte dispositiva de dicho fallo.

Dicha remisión obedece a la consulta de ley a que está sometida la sentencia dictada el 18 de octubre de 2001, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón.

            En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala, y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

            Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

           

            El 26 de septiembre de 2001, el Juzgado Segundo de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, extensión Punto Fijo, dictó sentencia condenatoria en contra del ciudadano JUAN EDUARDO ISEA, imponiéndole la pena de tres (3) años de prisión más sus accesorias, por la comisión del delito de defraudación previsto en el ordinal 1º del artículo 465 del Código Penal; asimismo, ordenó el arresto domiciliario con apostamiento policial según lo dispuesto por el Tribunal Segundo de Juicio, “hasta tanto le sea tramitada alguna medida por ante el Tribunal de Ejecución respectivo”.  

            El 9 de octubre de 2001, el abogado CESÁR JOSÉ CURIEL HERNÁNDEZ, procediendo con el carácter de defensor privado del ciudadano JUAN EDUARDO ISEA DÍAZ, interpuso la presente acción de amparo.

            El 15 de octubre de 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón admitió la acción de amparo y, en consecuencia, ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público, y del Juzgado Segundo de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal,  para que informase en un plazo de veinticuatros (24) horas, la fecha en que se publicó la sentencia condenatoria en la causa seguida al ciudadano JUAN EDUARDO ISEA DÍAZ, y si contra la misma había sido ejercido recurso de apelación.

            Por decisión del 18 de octubre de 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón declaró con lugar el amparo constitucional interpuesto y, en consecuencia, ordenó que se librara oficio al Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales, a fin de que procediera a dejar sin efecto la medida de arresto domiciliario con apostamiento policial que cumplía el ciudadano JUAN EDUARDO ISEA DÍAZ.

II

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

            El defensor privado del accionante fundamentó la acción de amparo constitucional con base en los siguientes argumentos:

            Arguyó, que el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Punto Fijo, en la causa seguida al ciudadano JUAN EDUARDO ISEA DÍAZ, una vez dictada la dispositiva del fallo accionado, ordenó “...la ejecución inmediata de dicha dispositiva...”  y la remisión del expediente al Juez de Ejecución competente, a fin que procediera a ejecutar el arresto domiciliario con “apostamiento judicial”, lo que ocasionó que su defendido estuviese ilegítimamente privado de su libertad.

            Adujo, que en razón de lo expuesto se le habían vulnerado a su defendido los derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad personal, consagrados en los artículos 49 y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la sentencia no se encontraba definitivamente firme lo que hacía imposible su ejecución, además, que no había sido publicada dentro de los diez (10) días siguientes a la celebración del juicio oral, oportunidad en la cual comenzaría a correr el plazo para interponer el recurso de apelación, con el que se producía el efecto suspensivo de dicho fallo.

            Por último, solicitó fuera admitida la presente acción de amparo constitucional y declarada con lugar en la definitiva.

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

Mediante sentencia del 18 de octubre de 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por el abogado CESÁR JOSÉ CURIEL, en nombre de su defendido, teniendo como fundamento para ello, lo siguiente:

            Estableció que el delito por el cual se condenaba al accionante era de mínima criminalidad y por ende su pena era mínima también, y siendo primario el condenado, en su criterio, éste debió seguir en libertad hasta tanto el juez de ejecución procediera a ejecutar la sentencia definitivamente firme, ya que no se trataba de un delito grave en donde pudiera ser burlado el ius puniendi del Estado, por lo que consideró que si bien el arresto domiciliario con apostamiento policial no constituía una detención ilegal, puesto que el mismo devenía de un juicio oral y público, el Juez de Juicio debió apreciar las circunstancias establecidas en el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente al principio de afirmación de libertad, más aún cuando la sentencia dictada no había adquirido firmeza.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

            Esta Sala debe previamente determinar su competencia para conocer de la presente consulta y, a tal efecto, observa que en sentencias dictadas por esta Sala, el 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja) estableció que la misma era competente para conocer de las apelaciones y consultas de las sentencia que emanen de la Corte de Apelaciones en lo Penal, Juzgados Superiores y Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, visto que en el presente caso, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional, esta Sala, congruente con los fallos mencionados supra, se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se declara.

            Determinada la competencia, esta Sala observa de los alegatos esgrimidos por el defensor del ciudadano JUAN EDUARDO ISEA DÍAZ, que la acción de amparo se ejerció contra la orden de ejecución contenida en la parte dispositiva del fallo dictado por el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que lo condenó a cumplir la pena de tres (3) años de prisión por la comisión del delito de defraudación, ordenando provisionalmente el arresto domiciliario con apostamiento policial, hasta tanto obtuviera el beneficio que acordara el Juez de Ejecución.

             Al respecto, la consultada estimó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se debió mantener en libertad al ciudadano JUAN EDUARDO ISEA DÍAZ, hasta tanto existiese una sentencia firme, por lo que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta.

            En tal sentido se debe señalar que esta Sala en sentencia del 27 de noviembre de 2001 (caso: Víctor Giovanny Baron), estableció:

“...el juez que resuelva la restricción de la libertad del imputado debe atender al principio pro libertatis, es decir, tal y como básicamente lo señalaba el artículo 265 del anterior Código Orgánico Procesal Penal y ahora lo establece el artículo 256, ‘siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada’ alguna de las medidas previstas en ese mismo artículo.  La presunción de inocencia y el principio de libertad, tal y como se afirmó ut supra, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esta Sala y por los restantes tribunales de la República por imperativo del propio texto constitucional y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal.  No obstante, ello no implica que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance de las finalidades del proceso, pues lo contrario sería admitir una interpretación que, en casos concretos, podría favorecer la impunidad.

omissis

“...no puede implicar, de suyo, que todas las decisiones definitivas que acuerden una pena privativa de la libertad de un imputado traigan consigo que el juez deba dictar una medida preventiva privativa de libertad.  Es no sólo deseable, sino consecuente con el espíritu garantista del Código Orgánico Procesal Penal, que los jueces, al proveer sobre la medida cautelar en la oportunidad de dictar sentencia definitiva, explanen su motivación sobre la necesidad de la misma de acuerdo a los extremos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”.

 

            Se desprende entonces de la sentencia citada que, el juez de juicio competente puede dictar una medida de privación preventiva de libertad, cuando no se pueda satisfacer razonablemente los supuestos de dicha privación con una medida menos gravosa. Siendo ello así, en el caso de autos no se encontraba presente la presunción de peligro de fuga, conforme lo dispuesto en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la oportunidad en que se dictó la decisión, ni tampoco se encontraba bajo examen un delito grave, agregándose a ello que el sujeto contra la cual obró dicha sentencia poseía buena conducta predelictual. 

            Razón por la cual el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Punto Fijo, efectivamente, incurrió en violación de los derechos constitucionales a la defensa y a la libertad personal, al haber ordenado la ejecución inmediata de la parte dispositiva del fallo accionado, sin haber lugar a ello, ya que la excepción al principio pro libertatis no se encontraba satisfecha, por lo que esta Sala comparte el razonamiento expuesto por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón al declarar con lugar la acción de amparo interpuesta y, por tanto, confirma la decisión dictada el 18 de octubre de 2001, por la referida Corte. Así se decide.

V

DECISIÓN

            Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el defensor privado del ciudadano JUAN EDUARDO ISEA DÍAZ, contra la actuación del Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial del Estado Falcón, extensión Punto Fijo.

            Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 09 días del mes  de  julio del año dos mil dos (2002). Año 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

JOSÉ M. DELGADO OCANDO                         ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

                                                                                                 Ponente

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp.- 01-2589

 

AGG/cml