REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

            El 13 de mayo de 2003, los abogados Hugo Albarran, Carlos David González y Eusebio Azuaje, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 19.519, 52.055 y 52.533, respectivamente, actuando en su carácter de defensores de la ciudadana GILDA GIAMUNDO DE LUCIA, titular de la cédula de identidad No. 4.881.894, interpusieron, ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra “el retardo injustificado en que ha incurrido la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda, al no proseguir con el trámite de la acción por la inhibición de sus Magistrados Titulares...”.

            En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó como Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

            Los defensores de la accionante narraron y fundamentaron la acción de amparo interpuesta en los hechos que transcribiremos a continuación:

            1.- Que “En fecha 10 de julio de 2002, se produjo la detención de nuestra defendida por funcionarios de la División Contra Extorsión y Secuestro adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, en la ciudad de Catia La Mar, Estado Vargas, por estar presuntamente relacionada con unos hechos investigados por ese despacho Judicial”.

            2.- Que el 12 de julio de 2002, fueron presentados, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, los ciudadanos Ovirma Chacon, Yesenia Sánchez, Maximiliano Perdomo, Julio Pérez, Alex Tovar y la accionante, por la Fiscal Auxiliar No. 58 del Ministerio Público, a fin de que se celebrara la audiencia oral para oír a los imputados, por su presunta participación en la comisión de los delitos de ocultamiento de arma de fuego y de secuestro en grado de complicidad, tipificados en los artículos 278 y 462 en relación con el artículo 84, ordinal 3°, del Código Penal. En esa misma oportunidad, el referido Juzgado acordó la continuación del procedimiento ordinario, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal e igualmente decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad, acogiendo la precalificación fiscal.

            3.- Que el 30 de julio de 2002, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se declaró incompetente para conocer el recurso de apelación ejercido contra la decisión referida anteriormente y, en consecuencia, declinó el conocimiento de la causa en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas.

 

            4.- Que, el 5 de agosto de 2002, la Fiscal No. 58 del Ministerio Público presentó escrito, ante el referido Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control, en el que solicitó una prórroga para la presentación del acto conclusivo, por faltar los resultados de diligencias importantes que permitan esclarecer el caso.

            5.- Que, en esa misma oportunidad, fue recibido el oficio No. 711-02 contentivo del expediente signado bajo el No. 1345-02, proveniente del Juzgado Décimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el que informó al referido Juzgado Sexto, que en ese despacho, se encontraban actuaciones que se relacionaban con el secuestro de las ciudadanas Karelys y Dyana  Matrofilipo, las cuales tenían relación con la causa llevada en ese Juzgado Sexto. Además, señaló que en el Juzgado Décimo Séptimo, ya se había celebrado el primer acto de procedimiento en la causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Código Orgánico Procesal Penal.

            6.- Que el 7 de agosto de 2002, el Juzgado Sexto, de Primera Instancia en Funciones de Control acordó la acumulación de ambas causas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Código Orgánico Procesal Penal.

            7.- Que el 12 de agosto de 2002, los defensores de la accionante, solicitaron al referido Juzgado Sexto su libertad, en virtud de que ya había transcurrido el lapso previsto para la presentación del acto conclusivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

            8.- Que el 13 de agosto de 2002, el referido Juzgado Sexto acordó la prórroga de quince días solicitada por la Fiscal No. 58 del Ministerio Público, a fin de que se presentara el acto conclusivo. En esa misma oportunidad declaró sin lugar la solicitud de libertad presentada por la accionante.

            9.- Que el 23 de agosto de 2002, los defensores de la accionante, presentaron ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de radicación del juicio.

            10.- Que el 29 de agosto de 2002, el Juzgado Sexto remitió las actuaciones a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas.

            11.- Que el 4 de octubre de 2002, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró  con lugar la solicitud de radicación de juicio ejercida y, en consecuencia, lo radicó en el Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

            12.- Que el 7 de octubre de 2002, el Juzgado Tercero de Control del Estado Vargas, en cumplimiento con lo ordenado por la Sala de Casación Penal, ordenó la remisión del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

            13.- Que el 5 de noviembre de 2002, le fue asignado el conocimiento de la causa  al Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.

            14.- Que el 8 de noviembre de 2002, los defensores de la accionante solicitaron al referido Juzgado Segundo de Control la revisión de la medida judicial de privación preventiva de libertad.

            15.- Que el 13 de noviembre de 2002, el referido Juzgado Segundo negó la solicitud de revisión de medida interpuesta.

            16.- Que el 2 de diciembre de 2002, el día y hora fijados para la celebración de la audiencia preliminar de los imputados, no comparecieron ni el representante del Ministerio Público ni algunos de los imputados, razón que motivó al referido Juzgado Segundo a diferir el acto para el 18 de diciembre de 2002, el cual se realizó el 23 de enero de 2003 y en virtud de la no comparecencia de los imputados se difirió el acto para que tuviera lugar el 7 de febrero de 2003, la cual a su vez fue diferida por los mismos motivos,  para que se celebrara el 10 de marzo de 2003.

            17.- Que el 18 de marzo de 2003, los defensores de la accionante interpusieron acción de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, contra el retardo en que incurrió el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, en celebrar la audiencia preliminar.

            18.- Que, posteriormente, los Magistrados integrantes de la referida Corte de Apelaciones procedieron a inhibirse del conocimiento de la causa, ya que, a su criterio, los mismos habían emitido opinión al resolver los recursos de apelaciones interpuestos contra las medidas de privación judicial preventiva de libertad dictadas por el tribunal a quo.

                       

                                                                   II

DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:

 Conforme lo ha señalado esta Sala Constitucional en su decisión del 20 de enero de 2000, (Caso: Domingo Ramírez Monja), le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional interpuestas contra los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como de esta materia como juzgados de primera instancia.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala la acción de amparo constitucional interpuesta contra la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que conoció en primera instancia de un juicio penal seguido contra la accionante, motivo por el cual esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para resolver la presente acción, y así se decide.

III

DE LA ADMISIBILIDAD

Determinada la competencia de esta Sala en el caso de autos, pasa a pronunciarse en torno a la admisibilidad de la acción de amparo interpuesta y, al respecto, observa:

Tal y como ha sido expuesto, los defensores de la accionante alegan que en la tramitación del juicio penal seguido en su contra por su presunta participación en la comisión de los delitos de ocultamiento de arma de fuego y secuestro en grado de complicidad, tipificados en los artículos 278 y 462 del Código Penal, ha ocurrido un retraso indebido, por parte de los Juzgados de Primera Instancia de Control, en celebrar la audiencia preliminar, es decir, que aunque la misma se había acordado para celebrarse en más de cinco oportunidades la misma se fue difiriendo como consecuencia de la no comparecencia de algunos imputados y del representante del Ministerio Público a las mismas, lo cual, a su criterio ha repercutido negativamente contra su defendida, en virtud que la misma ha permanecido detenida por un lapso superior a los siete meses, contraviniendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Posteriormente señalaron que aunado a las anteriores dilaciones, se les debe añadir la conducta en que incurrieron los Magistrados titulares de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, al inhibirse en la acción de amparo constitucional interpuesta, ya que desde entonces la causa quedó paralizada sin que hasta la fecha de la interposición de la presente acción de amparo se haya resuelto la misma, situación que le menoscaba los derechos fundamentales de la accionante.

Ahora bien, es preciso señalar que el escrito objeto de la presente acción sólo fue acompañado con la copia simple de una decisión que dictó la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, el 9 de abril de 2002, la cual resolvió un recurso de interpretación del artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, en relación con la actividad probatoria que deben realizar los accionantes en el proceso de amparo, esta Sala Constitucional en su sentencia de fecha 1º de febrero del año 2000, caso José Amando Mejias dispuso lo siguiente:

“…el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo ésta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral…”.

En este sentido, tal y como ha sido expuesto en el caso de autos, el elemento sobre el cual gira el argumento de la accionante versa sobre la existencia de un supuesto "retardo injustificado” por parte de los magistrados integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en resolver la inhibición planteada para celebrar posteriormente la audiencia preliminar de los imputados.

 Sin embargo, es el caso que la accionante no sólo  incurrió en la grave omisión de no señalar las pruebas que pretendía evacuar para demostrar la existencia del “retardo” cuyo cumplimiento alegan, sino que además la misma no consignó elemento alguno que pudiera servir a esta Sala -si bien no dar por plenamente demostrado- siquiera presumir la existencia del referido retraso, como serían la fecha en que se inhibieron, así como también, las actas que corroboraran los dichos de la accionante en su escrito, incurriendo de esta manera en una omisión que no puede ser suplida por la Sala, y que conduce a afirmar que las violaciones denunciadas no pueden ser posibles ni realizables por el imputado.

En virtud de estas consideraciones debe esta Sala declarar inadmisible la presente acción de amparo constitucional, y así se decide.

 

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara  INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los defensores de la ciudadana  GILDA GIAMUNDO DE LUCIA, titular de las cédula de identidad No. 4.881.894, contra la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 17 días   del mes de  julio del año dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

El Presidente-Ponente,

Iván Rincón Urdaneta

El Vicepresidente,

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Antonio José García García

           Magistrado

 

José Manuel Delgado Ocando

Magistrado

Pedro Rondón Haaz

      Magistrado

 

El Secretario,

José Leonardo Requena Cabello

Exp. 03-1221