SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

El 3 de mayo de 2004, el ciudadano Jesús Arcángel Márquez Sayago, titular de la cédula de identidad n° 1.514.199, en representación de la Asociación Cooperativa Mixta de Transporte de Carga Táchira, R.L., inscrita ante el Juzgado Primero de los Municipios urbanos de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 11 de septiembre de 1962, bajo el n° 185; asistido por la abogada Soraya Moreno Melgarejo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 53.262, interpuso acción de amparo constitucional en contra de la decisión dictada el 27 de abril de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

Por auto del 18 de mayo de 2004, el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, al cual correspondió el conocimiento del caso en virtud de la distribución de ley, admitió el amparo propuesto y ordenó notificar al tribunal denunciado como agraviante, así como a la contraparte de la accionante en el juicio que dio lugar al amparo intentado, a fin de que acudieran a la audiencia que habría de celebrarse con el fin de escuchar sus alegatos en torno a la acción ejercida.

El 3 de junio del mismo año, tuvo lugar la referida audiencia, a la cual compareció la parte accionante, así como el representante del Sindicato Nacional de Gandoleros, con el fin de oponerse a la pretensión objeto de estos autos.

El 10 de junio del mismo año, fue publicado el fallo mediante el cual el a quo declaró con lugar el amparo intentado y, una vez cumplido el lapso previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin que alguna de las partes ejerciera su derecho a la apelación, ordenó remitir el presente expediente a esta Sala Constitucional, a fin de que evacuara la consulta correspondiente.

El 19 de julio de 2004, se dio cuenta en Sala del recibo de los autos y, en la misma oportunidad, se designó como ponente al magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuado el análisis correspondiente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

De la pretensión de amparo constitucional

En el escrito libelar, la representación del presunto agraviado fundó su pretensión de amparo constitucional sobre la base de los siguientes argumentos:

Que Transporte de Carga San Isidro, C.A. y otras entidades mercantiles, interpusieron ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Segundo Circuito del Estado Bolívar, recurso de nulidad del laudo arbitral dictado por la Junta de Arbitraje designada por el Ministerio del Trabajo el 20 de noviembre de 1996, y publicado en la Gaceta Oficial n° 36.139 del 03 de febrero de 1997.

Que la entidad asociativa accionante, se hizo parte en el referido procedimiento de nulidad, como tercero interesado en el mismo y que, como tal, a ella se extendieron los efectos de la medida cautelar dictada por el a quo, conforme la cual suspendió los efectos del referido laudo arbitral, hasta tanto fuese resuelto en forma definitiva el proceso de nulidad.

Que, el 19 de noviembre de 2001, el Tribunal de la causa declaró la perención de la instancia, por lo que ordenó notificar a todas las partes del proceso sobre el contenido de tal decisión.

Que la representación judicial de la presunta agraviada, se dio por notificada de tal decisión el 10 de abril de 2002 y, en la misma oportunidad, solicitó «[...] se les notifique a otras empresas que son parte en el Juicio a los fines de que se abra el lapso para el ejercicio de la apelación [...]».

Que, el 16 del mencionado mes y año, la ahora accionante diligenció «[...] apelando anticipadamente [...] y en fecha 22 de abril se ratifica por diligencia hecha por [su] apoderado la apelación anticipada antes señalada [...]».

Que «[...] el auto que declara la perención de la instancia, no se encuentra firme, y que este mismo auto es atacable a través del recurso ordinario de apelación, e igualmente es manifiesto [...] que existe interés en apelar de dicho auto por cuanto aún en forma anticipada y a todo evento respetando el criterio del Juez, se anunció recurso de apelación reservándose el derecho de fundamentar la apelación por ante el Juzgado que conozca en alzada, el cual desde ya tiene que admitir el tribunal de la causa en virtud de la decisión proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 01 de junio de 2000 [...]».

Que el ciudadano Roberto Antonio Contreras, en representación del Sindicato Nacional de Gandoleros, interpuso ante el Juzgado Primero del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, demanda por ejecución del referido laudo arbitral en contra de la accionante.

Que, por auto del 22 de noviembre de 2002, dicho Juzgado declaró su falta de jurisdicción para conocer de la solicitud planteada, alegando que el asunto correspondía a la Inspectoría del Trabajo.

Que, frente a tal circunstancia, el apoderado del referido Sindicato ejerció amparo constitucional en contra de tal declaratoria, correspondiéndole el conocimiento del caso al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; siendo desechada la pretensión de tutela constitucional, una vez sustanciada la causa.

Que, posteriormente, la decisión mediante la cual el Juzgado Primero del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró su falta de jurisdicción, fue remitida en consulta a la Sala Político-Administrativa de este Máximo Juzgado, la cual, mediante sentencia del 2 de marzo de 2004, revocó la sentencia proferida por el mencionado Juzgado y le ordenó conocer de la solicitud de ejecución forzosa del aludido laudo arbitral.

Que el 28 de abril del mismo año, el referido juzgado de instancia, notificó a la accionante, Cooperativa Mixta de Transporte de Carga Táchira, S.R.L., que había decretado la ejecución del laudo arbitral en referencia y que concedía un plazo de cinco (5) días de despacho para que cumpliera voluntariamente con las obligaciones derivadas del mismo.

Que tal decisión ejecutoria violó sus derechos al «[...] Debido Proceso, Doble Instancia, inmediatez, celeridad, principio de la rectoría del juez, contenidos en los artículos 26, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 14, 15 16, 17 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente [...] por cuanto no existe sentencia definitivamente firme en el juicio de Nulidad del Laudo Arbitral y por lo tanto [su] representada sigue gozando de la protección que le otorga la Medida Innominada de Suspensión de los Efectos del Laudo Arbitral durante el tiempo que dure el procedimiento; vulnera el principio de la Doble Instancia y el Derecho a la Defensa, ya que no hay firme sobre la Nulidad del laudo Arbitral y la Sentencia que declaro [sic] la Perención puede ser atacada mediante el Recurso de Apelación, como ya anticipadamente se anunció [...]».

Que, «[...] ante la ausencia de un Procedimiento adecuado, eficaz, breve y efectivo para paralizar el ‘Ejecútese’ del laudo arbitral dictado por el a-quo, el cual es violatorio de los preceptos constitucionales antes señalado [sic] y siendo El [sic] derecho debido proceso un derecho fundamental, tendente a resguardar todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva es por lo que [acude] al presente recurso de amparo constitucional [...]».

Por tales razones, el representante legal de la presunta agraviada solicitó que fuera anulado el fallo impugnado, mediante el cual se ordenó ejecutar el laudo arbitral al que se ha hecho referencia.

De la decisión sometida a consulta

Mediante sentencia del 10 de junio de 2004, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional objeto de estos autos, con fundamento en las siguientes consideraciones:

«[...] [L]a Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 2 de marzo de 2004, ordena al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de esta Circunscripción Judicial, conocer de la solicitud de ejecución forzosa del Laudo Arbitral dictado por la Junta de Arbitraje designada por el Ministerio del Trabajo, en fecha 3 de febrero de 1.997, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 36.139.

Consta al folio 325 del presente expediente, que la decisión que declara la perención de la causa, seguida por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, de nulidad del Laudo Arbitral, propuesto por diversas empresas de Transporte, contra el Sindicato Nacional de Gandoleros, y la Junta de Arbitraje de Laudo Arbitral, se encuentra en estado de notificación de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2001, como consta al folio 323 del presente expediente.

En fuerza de lo antes expuesto, forzoso es concluir que no estando firme la decisión del 19 de noviembre de 2001, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción del Estado Bolívar, debe declararse con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Arcángel Márquez Sayago, actuando en su carácter de representante legal de la Empresa Cooperativa Mixta de Transporte de Carga Táchira, S.R.L., contra el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y declararse la nulidad del auto dictado por el Juzgado a quo en fecha 27 de abril de 2004, en lo que respecta al ejecútese del Laudo Arbitral dictado por la Junta de Arbitraje designada por el Ministerio del Trabajo, en fecha 3 de febrero de 1.997, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 36.139, y ordenarse al Tribunal agraviante abstenerse de ejecutar el Laudo Arbitral ya señalado, hasta tanto haya sentencia firme sobre el Recurso de Nulidad del Laudo Arbitral [...]».

Motivaciones para decidir

En primer término, debe la Sala determinar su competencia para conocer el caso de autos, a cuyo fin se observa que la decisión sometida a consulta fue dictada por un Juzgado Superior, cual es el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, actuando como tribunal constitucional de primer grado. Tal y como lo dispone la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto se dicte la ley que regule la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos se rige por las normativas especiales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes que haya dictado esta Sala de conformidad con la atribución a ella conferida por el artículo 335 de la Carta Magna.

Debido a lo expuesto, en materia de amparo no existe necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala al respecto, pues la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no ha sido derogada. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 eiusdem, y en un todo conforme con las interpretaciones vinculantes establecidas en fallos del 20 de enero y 2 de febrero de 2000 (casos: Emery Mata y José Amado Mejías, respectivamente), es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas que recaigan sobre los fallos proferidos por los Juzgados Superiores, actuando como órganos jurisdiccionales de primera instancia en sede constitucional, tal y como sucede en el caso de autos. Así se declara.

Dilucidada su competencia, la Sala observa:

Consta en autos que, el 7 de noviembre de 2002, el ciudadano Roberto Antonio Contreras Ramírez, antes identificado, actuando en su carácter de Secretario General Nacional del Sindicato Nacional de Gandoleros, asistido por el abogado Jorge Enrique Wilches Vivas, demandó ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la ejecución forzosa del Laudo Arbitral dictado por la Junta de Arbitraje designada por el Ministerio del Trabajo, el 3 de febrero de 1997, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.139, a través de la cual se establecieron las condiciones de trabajo que debían regir la relación laboral surgida entre varias empresas dedicadas a la explotación de la rama industrial del transporte de carga pesada y los trabajadores de dichas empresas, específicamente contra la Asociación Cooperativa Mixta de Transporte de Carga Táchira, R.L.

En contra del referido laudo, un grupo de patronos afectados por el mismo, demandó su nulidad ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

El 3 de abril de 1997, la representación judicial de la Asociación Cooperativa Mixta de Transporte de Carga Táchira, R.L., solicitó su intervención como tercero coadyuvante y que le fuera extendida la medida preventiva de suspensión de efectos del laudo, acordada previamente a favor de los demandantes, pedimento que fue acordado el 10 del indicado mes y año (pieza 1, folios 66 al 69).

Posteriormente, el 19 de noviembre de 2001, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, declaró la perención de la instancia, en el recurso de nulidad del Laudo Arbitral, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, en virtud de que desde el 28 de septiembre de 2000, hasta el 19 de noviembre de 2001, transcurrió más de un (1) año sin que se produjera acto procesal alguno. En el mismo auto que declaró la perención, el tribunal de la causa ordenó notificar a las partes, a fin de que tuvieran conocimiento de la decisión dictada y comenzara a computarse el lapso para el ejercicio de los recursos que estimaren pertinentes (Pieza 1, folio 62).

El 16 de abril del mismo año, la asociación cooperativa accionante se dio por notificada de la referida decisión y, en la misma oportunidad, interpuso en su contra el recurso de apelación. Según el dicho de ambas partes, expuesto en la audiencia constitucional (folios 340 al 343) para el momento en que ella se celebró, aún estaban pendientes por efectuarse algunas de las notificaciones respecto de la perención declarada.

Ello, obviamente, supone que tal decisión está desprovista del carácter de firmeza que haría ejecutorio el laudo impugnado en nulidad y, por tal razón, mal pudo el Juzgado denunciado como agraviante, decretar su ejecución voluntaria, hasta tanto no verificara su condición de sentencia definitivamente firme. En este punto, se comparte plenamente lo expuesto por el a quo en sede constitucional, razón por la cual se procede a confirmar la decisión sometida a consulta. Así se declara.

No obstante lo anterior, no puede soslayarse el increíble término durante el cual la controversia laboral que -en definitiva- dio lugar a estos autos, ha permanecido sin resolución alguna; situación frente a la cual esta Sala debe implantar un correctivo. En efecto, se constata que el laudo arbitral cuya ejecución fue solicitada por el Sindicato reclamante, fue publicado en Gaceta Oficial el 3 de febrero de 1997, es decir, que -como consecuencia de su impugnación en sede judicial- han transcurrido más de siete años, lo que -desde luego- ha impedido que una masa laboral importante amparada por tal decisión arbitral, esté facultada legalmente para hacerla valer.

Concretamente, asombra como -desde el 19 de noviembre de 2001, oportunidad en la cual fue decretada la perención de la instancia- aún no hayan sido practicadas las notificaciones de todos los patronos demandantes de la nulidad del laudo, aun cuando su cantidad hubiera sido muy vasta. Con miras pues a solventar tal circunstancia, resulta imperativo exhortar al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, bajo cuyo conocimiento se encuentra la causa de nulidad del laudo a que se ha hecho tanta referencia, para que se aboque a la práctica de las notificaciones correspondientes, acudiendo a la vía de carteles si fuere necesario, u otra pautada en la ley y, en consecuencia, se reanude prontamente la continuación del referido proceso. Así se decide.

 

Decisión

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la decisión dictada el 10 de junio de 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional intentada por el representante legal de la Asociación Cooperativa Mixta de Transporte de Carga Táchira, R.L., en contra de la decisión dictada el 27 de abril de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

Asimismo, se ordena remitir copia certificada del presente fallo al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de que se aboque a la práctica de las notificaciones pendientes en el juicio de nulidad interpuesto por diversos patronos en contra del laudo arbitral dictado por la Junta de Arbitraje designada por el Ministerio del Trabajo el 20 de noviembre de 1996, y publicado en la Gaceta Oficial n° 36.139 del 03 de febrero de 1997.

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de julio de dos mil cinco (2005). Años: 195 ° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

JECR/
n° 04-1933