SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente Nº 05-1081

 

El 20 de mayo de 2005 fue recibido en esta Sala Constitucional, escrito presentado por los abogados Belia Márquez Perdomo y Maykelin Espinoza, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 70.464 y 97.506, respectivamente, en su carácter de representantes judiciales de la ciudadana MARÍA TERESA VELÁSQUEZ ROJAS, titular de la cédula de identidad N° 2.983.074, contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 17 de enero de 2005, mediante la cual se declaró con lugar la demanda de partición y liquidación de la comunidad conyugal, ejercida por el ciudadano Santos Ruette Yánez, contra la hoy quejosa, sin lugar la reconvención y se condenó en costas a la parte demandada; fundamentando su solicitud en los artículos 27, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

 

El 23 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

 

 

            El 26 de mayo de 2005, la parte accionanate ratificó la solicitud de medida cautelar innominada.

 

Efectuado el estudio individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

 

            El 7 de agosto de 2003, el ciudadano Santos Ruette Yánez interpuso demanda de partición y liquidación de la comunidad conyugal, contra la ciudadana María Teresa Velásquez Rojas. La parte actora fundamentó su demanda en que un bien inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº 52, ubicado en la planta quinta del Edificio Morelos, situado en la Parroquia La Candelaria del Municipio Libertador de la ciudad de Caracas, forma parte de la comunidad conyugal, por lo que solicitó la liquidación del mismo, como único bien que formaba parte de la comunidad de gananciales al momento del divorcio.

 

            El 21 de octubre de 2003, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda y el 28 de octubre de 2003, la parte demandada dio contestación a la misma y reconvino, fundamentando su pretensión en la existencia de otros bienes que conforman la comunidad de gananciales, particularmente, la firma personal Tipografía Al Imprimir.

 

            Transcurridos los lapsos procesales correspondientes, el mencionado Juzgado Segundo de Primera Instancia dictó sentencia el 9 de septiembre de 2004, mediante la cual declaró “(…) que la cuota que corresponde a cada uno de los excónyuges equivale al cincuenta por ciento (50%) del valor del inmueble. En consecuencia, se deberá continuar con el procedimiento de partición a los efectos de dividir, conforme a las cuotas establecidas (…)”.

 

            El 4 de octubre de 2004, la parte demandada apeló de la referida sentencia.

 

            El 17 de enero de 2005, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró parcialmente con lugar la apelación interpuesta, anuló la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, declaró con lugar la demanda, sin lugar la reconvención y condenó en costas a la parte demandada.

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

La presunta agraviada planteó la acción de amparo constitucional en los siguientes términos:

 

            Señaló que en la apelación interpuesta contra la sentencia del 9 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, denunció la falta de “(…) pronunciamiento manifiesto con respecto a la reconvención propuesta (…), respecto al abandono voluntario del derecho de propiedad del apartamento (…), respecto a los alegatos de que mi representada, fue quien sufragó durante todo este tiempo los gastos comunes del inmueble (…)”, ni de los ingresos y maquinarias de “(…) la firma personal Tipografía Al Imprimir (…)”.

 

            Que sobre la base de las anteriores consideraciones solicitó “(…) se declarara con lugar la presente apelación y en consecuencia se acuerde la inclusión, partición y liquidación de la firma personal Tipografía Al Imprimir, es decir, el 50% de su capital indexado, así como el 50% indexado de las ganancias de la misma, según se demostró plenamente en la prueba de informe con la Universidad Nacional Abierta (…)”. 

 

            Denunció que “(…) el vicio de incongruencia negativa delatado ante el juez agraviante, no fue subsanado por éste sino por el contrario fue cometido igualmente dicho vicio, al no pronunciarse de modo alguno con respecto a la prueba de informe de la Universidad Nacional Abierta (…), del cual se desprende a todas luces (…), que  si mantuvo relaciones comerciales con la Tipografía Al Imprimir y que por los contratos que ella mantuvo recibió cantidades de dinero el cual si fuese indexado a la fecha arrojaría un monto superior al allí reflejado y que nunca fue repartido por el ciudadano Santos Ruette Yánez con nuestra representada, es decir, que la prueba de que dicha firma si generó ingresos tal vez no para ese momento, pero si en años anteriores y estos no fueron liquidados y ello es solicitado  por nosotros para que fuese liquidado en su oportunidad, el pronunciamiento sobre dicha prueba fue omitido completamente por el Juez Agraviante (…)”.

 

            Adujo que “(…) con respecto al punto segundo literales B) y C) de los informes por nosotros presentado ante el tribunal agraviante, hubo por parte del Juzgado a quem (sic) una incongruencia positiva, ya que éste incurrió en una evidente ultra petita, debido a que en ningún momento la parte demandante alegó compensación alguna sobre los gastos que había sufragado nuestra mandante sobre el bien inmueble (…), y establece (…) en el dispositivo del fallo lo siguiente: ‘(…) al haber contribuido como comunera de la (sic) mantenimiento del bien, el otro comunero indefectiblemente está obligado a retribuir ésta sobre la cuota parte que le corresponden pagar. En ese sentido, las mejoras que ésta haya hecho a favor del bien común corresponden por partes iguales por ser una comunidad   ordinaria con respecto al otro comunero, pero al estar ella en el uso y goce del bien sin una remuneración o contribución a favor del otro comunero resulta viable la existencia de una compensación de los gastos que fueron hechos al inmueble, razón por la cual se desestima la defensa propuesta (…)’. Es decir, el juez suplió la defensa de la parte demandante y extralimitándose en sus funciones le dio mucho más de lo pedido (ultra petita) y sin que lo hubiese sustentado como se dijo en norma jurídica alguna, estableciendo una compensación que a todas luces es ilegal e impertinente (…)”.

 

            Que “(…) el Código Civil en forma alguna establece dicha compensación, pero si la argumentada en nuestra reconvención (…), con respecto al abandono de su derecho de la cosa común referente al bien inmueble objeto de la cosa de la partición estatuido en el artículo 762 eiusdem, sobre lo cual no dice nada sino someramente el juez agraviante silenciando igualmente lo alegado por alguna de las partes (…)”.

  

            Afirmó que la sentencia resulta contradictoria al declarar “(…) parcialmente con lugar la apelación interpuesta por esta representación judicial, para luego (…) en el particular quinto condenar a nuestra representada en costas ‘por haber resultado totalmente vencida’ (…)”.

 

Fundamentó su pretensión de amparo, sobre la base de los artículos 27, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Igualmente, solicitó como medida cautelar innominada que se suspendan los efectos de la decisión denunciada.

 

Finalmente, pidió se declare con lugar la acción de amparo y se restablezca la situación jurídica infringida.

 

III

DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

 

El Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sentencia del 17 de enero de 2005, realizó las siguientes consideraciones:

 

“(…) De la revisión exhaustiva del fallo recurrido del 9 de septiembre de 2004, se observa que el texto de la sentencia el a-quo no se pronunció sobre todos los hechos alegados como lo sería verbigracia la reconvención propuesta el 24 de octubre de 2003, por el demandado en su contestación de la demanda.

(…)

En efecto, tratándose de la situación planteada de un verdadero punto de orden público, esta Superioridad (…), acuerda la nulidad de la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2004 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en los Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, debiendo este órgano jurisdiccional dictar nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia (…).

En el caso de autos ambas partes no rechazan la existencia de esa comunidad, por el contrario admitieron que dentro del acervo común se encontraba un bien en el cual la demandantes (sic) fundamentó su pretensión.

En el caso que nos ocupa se intentó una acción de partición de un bien habido en comunidad ordinaria (…), teniendo el otro comunero la posibilidad de hacer oposición a la misma lo cual no lo hizo por lo que debe proseguirse a la determinación del partidor respectivo.

En efecto, la partición termina con la división de los bienes comunes, la cual es una atribución exclusiva del partidor de imponer a cada uno de los comuneros (…), la cuota correspondiente sobre la masa de bienes.

En ese sentido, tratándose de una partición de derecho común reconocida por las partes sin que hubiere objeción sobre la misma, lo procedente es declararla con lugar y como consecuencia de ello se ordena al A-quo a la cognición de la etapa ejecutiva y al emplazamiento de las partes en el nombramiento del partidor del único bien que comprende el acervo de la comunidad  conyugal, constituido por un apartamento destinado a vivienda, distinguido con el Nº 52 (…).   

(…)

En el acto de la litis contestatio la representación judicial de la parte demandada propuso reconvención en contra de la parte demandante (…).

(…)

Ahora bien, llegada la oportunidad de (…) pronunciarse sobre cada uno de los puntos este Órgano Jurisdiccional, pasa a dictar su resolución definitiva en los siguientes términos:

Con respecto al abandono por parte de la accionante (sic) del cincuenta por ciento del inmueble que comprende el acervo probatorio, este Tribunal señala que aun cuando se extinguió la comunidad conyugal, la misma cambió su naturaleza a una comunidad ordinaria respecto a los bienes partibles, pero esa comunidad no sufre prescriptibilidad, sino que perdura hasta que no se proceda a su liquidación y adjudicación de la cuota, como lo es el caso bajo examen, de ello se deriva que ninguno de los integrantes de la comunidad pierde su condición de comunero, sino por actos relativos de propiedad y al no haberse realizado ninguno se mantienen en comunidad, razón por la cual se desestima tal defensa.

En relación con las maquinarias de la Tipografía al Imprimir solicitada por la demandada, (…) no demostró el hecho cierto de la propiedad con documentos que avalaran su existencia, ni trajo a los autos otros elementos que configurarán el arraigo de las mismas en el lugar o sitio posible, ya que le correspondía la carga de la prueba para poder traer a colación las mismas y al no haberlo hecho, se desestiman. Asimismo se desestima la inclusión de la liquidación de la firma personal Tipografía Al Imprimir, toda vez que el mismo demandante señaló que renunciaba a favor de la ciudadana María Teresa Vázquez Rojas, todos los derechos que pudiera corresponderle sobre la referida empresa. Igualmente, se declara improcedente la solicitud de liquidación del capital suscrito e indexado y las presuntas ganancias  (…); primero porque el capital pertenece a la empresa y no fue demostrado que la misma posea hasta los momentos relación o actividad comercial, y segundo que no aparece ningún elemento de convicción que aporte que la referida empresa haya tenido ganancias por la presunta actividad comercial y, así se decide.

En relación con los gastos comunes del inmueble, este Tribunal señala, que si bien es cierto que dentro de la comunidad los comuneros tienen el deber de contribuir con la conservación de los gastos necesarios de la cosa común, no es menos cierto que los gastos generados por el inmueble pro-indiviso es carga de los societarios de ese bien.

Ahora bien, en el caso sub-litis la parte demandada señala el inmueble sin especificar en que condición lo recibe, si es a título gratuito u oneroso, o si por el contrario es tenedora legítima mediante justo título. Sin embargo, al haber contribuido como comunera en los gastos de mantenimiento del bien, el otro comunero indefectiblemente está obligado a retribuir a ésta en la cuota parte que le corresponda pagar.

En ese sentido, las mejoras que haya ésta hecho al bien común corresponde en partes iguales por ser una comunidad ordinaria (…), pero al estar ella en el uso, goce y disfrute del bien sin una remuneración o contribución a favor del otro comunero, resulta viable la existencia de una compensación que se equipara a los gastos que fueron hechos al inmueble (…).

Sobre el aspecto de la existencia de la cuenta bancaria a que hace referencia la demandada (…), de las probanzas se infiere que la cuenta bancaria no fue demostrada en la secuela del juicio (…).

En consecuencia, no habiendo demostrado la parte demandada en el desarrollo del juicio los hechos por ella denunciados en la presente reconvención, la misma debe declararse sin lugar (…).

(…)

Se condena en costas a la demandada por haber resultado totalmente vencida (…)”.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Visto que, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la sentencia dictada el 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán”, la Sala se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional que se ejerzan contra las decisiones de última instancia dictadas por los Tribunales Superiores con competencia distinta a la Contencioso Administrativa, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, así como las Cortes de Apelaciones en lo Penal, y dado que en el caso de autos, la solicitud de amparo fue ejercida contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 17 de enero de 2005, esta Sala, congruente con su propia doctrina se declara competente para conocer de la acción propuesta en única instancia, y así se decide.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Analizado el escrito de solicitud de amparo y declarada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, la Sala observa que el mismo cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y lo dispuesto en el artículo 6 eiusdem.

 

No obstante, la parte accionante denunció la falta de “(…) pronunciamiento manifiesto con respecto a la reconvención propuesta (…), respecto al abandono voluntario del derecho de propiedad del apartamento (…), respecto a los alegatos de que mi representada, fue quien sufragó durante todo este tiempo los gastos comunes del inmueble (…)”, ni de los ingresos y maquinarias de “(…) la firma personal (…) Tipografía Al Imprimir (…)”; así como “(…) el vicio de incongruencia negativa (…) al no pronunciarse de modo alguno con respecto a la prueba de informe de la Universidad Nacional Abierta (…), una incongruencia positiva, ya que éste incurrió en una evidente ultra petita (…), debido a que en ningún momento la parte demandante alegó compensación alguna sobre los gastos que había sufragado nuestra mandante sobre el bien inmueble (…)”; que “(…) el Código Civil en forma alguna establece dicha compensación, pero si la argumentada en nuestra reconvención (…), con respecto al abandono de su derecho de la cosa común referente al bien inmueble objeto de la cosa de la partición estatuido en el artículo 762 eiusdem, sobre lo cual no dice nada sino someramente el juez agraviante silenciando igualmente lo alegado por alguna de las partes (…)”; concluyendo que la sentencia resulta contradictoria al declarar “(…) parcialmente con lugar la apelación interpuesta por esta representación judicial, para luego (…) en el particular quinto condenar a nuestra representada en costas ‘por haber resultado totalmente vencida’ (…)”.

 

Al respecto, considera esta Sala oportuno señalar lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:

 

“(…) Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva (…)” (Subrayado de la Sala).

 

Esta Sala Constitucional ha señalado que la anterior disposición normativa debe interpretarse en el sentido de considerar la procedencia del amparo constitucional contra una decisión judicial, cuando: i) el Tribunal haya actuado con abuso de autoridad, usurpación de funciones o que se haya atribuido funciones que la ley no le confiere; y ii) cuando su actuación signifique la violación directa de derechos o garantías constitucionales, siempre que se hayan agotado los medios ordinarios de impugnación.

 

Igualmente, en reiteradas ocasiones se ha definido el alcance que se le ha dado al concepto de incompetencia en estos casos, la cual no debe entenderse en un sentido  procesal estricto (por la materia, valor o territorio), sino más bien en el aspecto constitucional, ya que “obrar fuera de su competencia” como requisito fundamental para la protección constitucional del derecho que se pretende vulnerado, significa usurpar funciones por parte del juzgador que, por la ley, no le han sido conferidas.

 

En este sentido, la Sala estableció en su decisión del 6 de febrero de 2001, caso: “Licorería El Buchón, C.A.”, que la procedencia de la acción de amparo contra sentencia de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, “(…) es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias (…)”.

 

Así las cosas, de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que las violaciones que adujo la parte actora en su libelo, se fundamentan en una inadecuada valoración de pruebas en la que supuestamente incurrió el tribunal de la causa en el proceso de partición. En este sentido, la Sala ha establecido en múltiples fallos que la acción de amparo es un mecanismo que exclusivamente persigue la protección del goce y el ejercicio de los derechos constitucionales, por lo que no puede convertirse en una tercera instancia en la cual se juzgue nuevamente sobre el mérito de una controversia que conocieron y juzgaron los jueces de la causa o se valore el mérito de las pruebas que ya fueron objeto de la soberana apreciación de estos juzgadores.

 

Además, en criterio de la Sala, la valoración y apreciación de las pruebas forma parte de la autonomía que le concede el ordenamiento jurídico a los jueces de instancia y no es susceptible de tutela constitucional, salvo cuando un Juez no valore o no aprecie pruebas fundamentales que se aportaron oportuna y apropiadamente al juicio, pues tal omisión produce indefensión y configura el vicio de silencio de pruebas, cuya consecuencia es la nulidad de la sentencia de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil (Vid. Sentencias de esta Sala Nº 1.489 del 26 de junio de 2002 y Nº 2.073 del 9 de septiembre de 2004).

 

            Al respecto, la Sala en sentencia Nº 2.182 del 12 de septiembre de 2002 (caso: “Wolfgang Sánchez Paredes”), determinó en que casos en sede constitucional el vicio de silencio de pruebas acarrea la nulidad de la sentencia impugnada, al afirmar que: “(…) Si el Tribunal supuesto agraviante, por ejemplo, hubiese dictado la sentencia con desconocimiento de todo el material probatorio, podría considerarse la existencia de violaciones a derechos constitucionales. Sin embargo, en el fallo objeto del presente amparo, se observa que el Tribunal analizó diversas pruebas y las apreció de acuerdo con su sano criterio, sin que esta Sala pueda, con motivo de una demanda de amparo, entrar a discrepar del criterio probatorio que fue aplicado. La admisión de lo contrario sería, sencillamente, la transformación del amparo en una tercera instancia, condición esta totalmente ajena a su naturaleza (…)”.

 

Bajo estas premisas, esta Sala en sentencia Nº 1.211 del 6 de julio de 2001 (caso: “Giuseppe Angelastro Palumbo”), ha considerado lo siguiente:

 

“(…) En la sentencia objeto de apelación, el juez a quo, si bien no se pronunció expresamente sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia de infracción constitucional realizada por el accionante, procedió a analizar conforme a normas adjetivas y a la interpretación que de las mismas han hecho los tribunales de la República, el proceder del tribunal accionado, para concluir que si bien existen vicios en la sentencia cuestionada al no hacer alusión alguna a la prueba efectivamente producida por el ahora accionante, ese hecho en nada afecta la decisión de declarar con lugar aquella otra demanda (…).

Ha dicho esta Sala, y así lo ratifica, que no todo error de procedimiento que cometan los jueces en el ejercicio de sus funciones, ni toda infracción a normas legales constituye infracción de los derechos constitucionales susceptibles de ser amparados mediante la acción de amparo, y que sólo cuando esos errores impidan, o amenacen inminentemente de impedir a un sujeto específico, el goce y ejercicio de algún derecho que le sea constitucionalmente conferido, podrá ser conocido por el juez de amparo. Es decir que no todo vicio procesal puede ser corregido mediante la acción de amparo, pues lo contrario significaría que el amparo, de hecho, constituiría una tercera instancia, siendo de la competencia de los jueces ordinarios la corrección de dichos vicios cuando sean alegados por las partes dentro de los procedimientos establecidos por la legislación adjetiva (…)”.

 

Sobre la base de las anteriores consideraciones, se advierte que no indica la accionante, ni encuentra esta Sala, de qué manera las denuncias alegadas en relación al análisis de las pruebas y la aplicación del derecho, le impiden a la quejosa el ejercicio y goce de alguno de los derechos contemplados en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de qué forma esos errores de juzgamiento afectan el resultado del juicio, por ser determinantes en el dispositivo del fallo. Por el contrario, se evidencia que la actora pretende que mediante el amparo interpuesto se evalúe nuevamente la apreciación de las pruebas que realizó dentro del ámbito de sus competencias el Juez de instancia en el marco de la demanda de partición, lo cual escapa del objeto de este proceso.

 

En cuanto a la denuncia relativa a que la sentencia objeto de la acción de amparo constitucional, resulta contradictoria al declarar “(…) parcialmente con lugar la apelación interpuesta por esta representación judicial, para luego (…) en el particular quinto condenar a nuestra representada en costas ‘por haber resultado totalmente vencida’ (…)”, no se evidencia que dicha declaratoria viole o menoscabe algún derecho constitucional, ya que la condenatoria en costas es consecuencia de la declaratoria con lugar de la demanda de partición interpuesta y sin lugar de la reconvención.

 

Así, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al declarar parcialmente con lugar la apelación, anuló la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana el 9 de septiembre de 2004, lo que le permitió conocer de la controversia ex novo.

 

Al respecto, esta Sala observa que es criterio consolidado en la legislación y la doctrina el principio según el cual en el proceso civil, el juez de alzada al asumir la jurisdicción sobre el asunto apelado, decide la causa ex novo, toda vez que la apelación siempre produce el efecto devolutivo, el cual no sólo hace perder al juez de primera instancia el conocimiento del asunto planteado, sino que permite al juez ad quem adquirir la jurisdicción sobre la cuestión apelada (Vid. Enrico Tullio Liebman. Manual de Derecho Procesal Civil. Tr. Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires. EJEA. 1980. p. 485-483).

 

En consecuencia, esta Sala considera que el amparo interpuesto es improcedente in limine litis, toda vez que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no actuó fuera del ámbito de su competencia, con abuso de poder o extralimitación de atribuciones, vulnerando algún derecho constitucional, aunado a que la parte actora pretende utilizar la acción de amparo constitucional, como una tercera instancia para la obtención de la nulidad del fallo del 17 de enero de 2005, por lo que resulta inoficioso pronunciarse en relación con la medida cautelar innominada solicitada, por su carácter instrumental y accesorio respecto de la acción principal.  Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer el amparo ejercido y declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada, por los abogados Belia Márquez Perdomo y Maykelin Espinoza, en su carácter de representantes judiciales de la ciudadana MARÍA TERESA VELÁSQUEZ ROJAS, ya identificados, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de