SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: JOSE M. DELGADO OCANDO

 

 

Mediante decisión publicada en fecha 29 de mayo de 2000, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos ELÍAS SANTANA y LILIANA ORTEGA, titulares de la Cédulas de Identidad nos. 4.349.290 y 6.925.767, respectivamente, actuando en nombre propio y en el de las organizaciones “QUEREMOS ELEGIR” y el “COMITÉ DE FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LOS SUCESOS DE FEBRERO-MARZO DE 1989” (“COFAVIC”), contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; en consecuencia, suspendió íntegramente el acto electoral fijado por la Asamblea Nacional Constituyente para el 28 de mayo de 2000 y ordenó remitir el presente fallo a la COMISIÓN LEGISLATIVA NACIONAL a fin de que proceda con la urgencia que impone el caso,  previa subsanación también perentoria de los vicios y fallas técnicas denunciados, con vista de los informes que le sean suministrados por el Consejo Nacional Electoral, a fijar una nueva fecha para la realización del acto electoral.

 

El 29 del mismo mes y año, el abogado Michel Brionne, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº  52.897, alegando tener la condición de parte coadyuvante en el presente juicio de amparo, apeló de la decisión que le negó su pretensión de acceder al proceso en tal condición, lo cual había solicitado en la audiencia oral celebrada el 25 de mayo de 2000, y de la decisión de fondo antes referida.

 

 En igual fecha, el abogado Sabino Garbán Flores, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº  22.933, alegando actuar en su propio nombre y representanción y en su “...cualidad de elector para sufragar en las Mega-Elecciones que se encontraban fijadas para el 28 de mayo del (sic) 2000 y que fueron suspendidas por disposición de esta Sala...” solicitó aclaratoria del referido fallo, en los siguientes términos:

 

“En efecto, la palabra perentoria si bien significa prontitud y brevedad, no constituye un lapso determinado y exacto en el cual debe cumplirse lo resuelto, pues, al no fijarse una fecha determinada no se podrá saber sí se cumplió la orden emanada del órgano jurisdiccional, ni se podrá exigir la misma.

(...omissis...)

Obviamente que este Alto Tribunal, ordenó al Congresillo (sic) cumplir una obligación de hacer como lo es fijar la nueva fecha de las elecciones para relegitimar las autoridades del Poder Público, sin embargo no le fijó un plazo determinado para cumplir dicha obligación, pues, sólo se estableció un lapso perentorio, lo cual es contrario a la disposición contenida en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo...”

 

Corresponde a este Alto Tribunal pronunciarse sobre las solicitudes planteadas respecto del fallo dictado en fecha 29 de mayo de 2000 y, a tal efecto, observa:

 

            Con relación al recurso de apelación ejercido por el abogado Michel Brionne, debe precisarse que en la audiencia oral celebrada el 25 de mayo de 2000, la solicitud de intervenir con el carácter de tercero coadyuvente fue negada “...en virtud de la existencia de un recurso de amparo interpuesto por el mencionado ciudadano...”  No existiendo alzada respecto de esta Sala Constitucional, resulta inadmisible el recurso de apelación planteado. Así se declara.    

 

Por lo que respecta a la solicitud de aclaratoria planteada por el abogado Sabino Garbán Flores, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº  22.933, alegando actuar “... en su propio nombre y representanción y en mi (su) cualidad de elector para sufragar en las Mega-Elecciones...” , esta Sala observa:

 

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

 

“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

 

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente” (Subrayado de la Sala).

 

 

            La norma jurídica antes transcrita, establece el derecho que tienen las partes de solicitar aclaratoria cuando consideren que existieren puntos dudosos, o para salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, o pedir ampliación, siempre y cuando dicha aclaratoria o ampliación la soliciten en el “día de la publicación o en el siguiente” del mencionado fallo.

 

No obstante encontrar la Sala que la solicitud de aclaratoria en referencia ha sido interpuesta en lapso útil, no aparece en los autos evidencia alguna que acredite cualidad procesal para actuar al solicitante en el actual estado del proceso. Al respecto, la Sala juzga que, si bien la realización de elecciones conforme al sistema normativo aplicable es de claro interés general y afecta al cuerpo social en su conjunto, el trascendente propósito al cual sirve, que no es otro que definir la integración del Poder Público y ser fuente originaria de atribución de autoridad, impone la obligación de tratar y conducir los asuntos que a tales procesos de elecciones conciernen, con base en principios de pulcritud y eficiencia. Lo primero para garantizar que la organización del Poder Público sea la genuina  manifestación de la voluntad popular; lo segundo, para salvaguardar la regularidad institucional y la paz social. De allí que sean en especial aplicables a la materia in commento, los principios y disposiciones generales atinentes a los conceptos de cualidad y representación que rigen el proceso judicial, de los cuales depende la realización de la justicia y la seguridad jurídica.

 

            Admitir, de manera indiscriminada, que cualquiera persona pueda actuar o intervenir en el proceso, sin importar cualidad o calificación ni estado o grado de la causa, sería conculcar la justicia y propiciar la anarquía y la inseguridad jurídica,  con lo cual se transgredirían valores que de manera esencial están vinculados al bien común y cuya relación de instrumentalidad con dicho principio, en el caso concreto,  es tangible y trascendente. Legitimar la posibilidad de que alguien concurra en las postrimerías del proceso, fuera de todo lapso establecido, en particular después que se ha dictado sentencia, y sin acreditar, en condición alguna, representación de las personas y organizaciones que en forma legítima adoptaron la iniciativa procesal y han concurrido en la conducción de la causa, sería contribuir a la incertidumbre y propiciar los efectos de todo orden, siempre indeseables, que de ella pudieran derivarse en materia de trascendencia nacional.

 

            No aparece  acreditada en autos condición alguna de que el abogado Sabino Garbán Flores, solicitante de la aclaratoria en consideración, pueda actuar en propio nombre en razón del estado en que se encuentra el proceso o en el de las personas y organizaciones legitimadas en el mismo, por no haber producido elemento alguno que evidencie debida representación de los referidos entes. Así se declara.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los  26   días del mes    de  JULIO  del año dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                            El Vicepresidente,

                                                                                       

                                                                      JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

                       

                                    

HÉCTOR PEÑA TORRELLES                                                                                  JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                                                                         Ponente

 

 

MOISÉS A. TROCONIS  VILLARREAL

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

JMDO/ns.-

Exp. nº 00-1642