SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

El 19 de marzo de 2007, fue recibido del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el expediente contentivo de la apelación de la sentencia dictada, el 2 de marzo de 2007, por dicho Tribunal, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el abogado Ricardo Arturo Navarro Urbaez, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 21.085, actuando en nombre propio y en representación de los ciudadanos José Guillermo Frontado e Ingrid Anselmo de Frontado, Joao Silverio Azeredo Cámara, Sandra Pinto de Azeredo, Enrique Nieves Pereira, Rafael Angarita Pérez, Oscar Rojas Martínez, Alves Neri Soto, María Piernavieja de Eseverry y Martín Eseverry, Mariluna de Hernández y César Ramón Hernández, Hélida Salas de Avsec, Augusto Pérez Rendiles, Vicente Irazabal y Mildred Zurita de Irazabal, Marco di Pentima Dionisio, Walter di Pentima Dionisio y Claudia Margarita de Pentima, Javier Macedo, Manuel Reyes Barreto por Francisco Reyes Camejo, Miguel Ángel Díaz Varela Somosa , Simón Díaz Hernández, Pedro José Parra, Kai Siiegel, Giancarlos Volante, Gianni Mazzuca, Antonio Castellet María del Carmen Escalante de Castellet, Diego Funes Ariza e Isable Crespo de Funes; Carlos Antonio Pulido Belisario por Inmobiliaria PLC-C311 C.A; Alexis Dorta Rodríguez, Franck de Bonet y Rosa Vidal de Bonet, Manuel Ledesma Rodríguez, Henry Roeder, Bárbara María Mayandor Cubillán, José Conrrado Pérez Díaz; Orlando Rodríguez de Sousa, por VENCEMOS C.A; el Dr Tomas Polanco Fernández, Lung Wong Lee, Gloria Bohórquez de Castro y Jorge Castro Espinel, Morris Senior, Alberto Alonso Altamira, Reyes Blanchert Arevalo Guzmán y Mora de Reyes Efigenia, Pedro Santos Hernández, Anturia María de Salas y Héctor Eduardo Salas, Thais González Hernández de Manzini; Eduardo Pérez Rendiles, en representación de de Inversiones y Servicios Las Mercedes, C.A; María Elsa Collazo de Villar y Carlos Eduardo Pérez Robaina, en representación de SAVAKE; C.A, Alejandro Kery; Manuel González Fernández, en representación de ORGANIZACIÓN 57, C.A; Omar José Gómez Rivas y Héctor Francisco Rivero Rodríguez, titulares de las cédulas de identidad Nos:3.667.763, 4.086.300, 11.989.349, 7.206.688, 6.093.651, 2.081.400, 2.937.787, 6.818.507, 6.364.701, 6.821.165, 5.003.023, 401.879, 2.934.585, 677.475, 1.732.893, 1.729.353, 5.973.265, 6.449.693, 6.915.247, 3.282.756, 2.098.368, 1.745.548, 2.196.878, 6.852.356, 9.881.918, 9.815.436, 7.757.770, 5.149.650, 2.888.197, 8.476.215, 4.078.029, 11.308.626, 5.978.714, 81.162.159, 12.420.159, 10.063.009, 4.351.714, 7.088.329, 6.556.497, 6.519.960, 4.089.572, 2.749.758, 2.932.133, 2.120.316, 7.306.193, 7.074.311, 1.930.783, 175.008, 6.236.647, 4.613.393, 13.335.067, 2.138.073, 6.070.457, 3.809.141, 4.349.413, 4.770.845, 1.389.601 y 1.257.636, respectivamente, “ (…) contra la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2004…y la sentencia del 12 de diciembre de 2006,… ambas dictadas por el…Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas… en el conocimiento de la causa que por Quiebra siguen Armando Ladilsao Martínez Machado y otros contra Canal Point Resort…”.

 

Dicha remisión obedeció a la apelación ejercida por el abogado Ricardo Arturo Navarro Urbaez, actuando como apoderado judicial de los ciudadanos anteriormente mencionados, contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2007, por el prenombrado Juzgado Superior, en la cual declaró inadmisible la acción de amparo propuesta.

                                                                                                     

Por auto del 27 de marzo de 2007, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio del expediente, esta Sala pasa a pronunciarse, conforme a las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

 

La parte accionante fundamentó su escrito de amparo, basándose en los siguientes argumentos:

 

Que el juicio “(…) se inició con la presentación del correspondiente libelo de demanda, en el cual originariamente se señaló como único demandado a la empresa Canal Point Resort, C.A…”.

 

Que el 17 de diciembre de 2001 “(…) la demanda fue admitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas…”.

 

Que, luego “ (…) de varias vicisitudes procesales, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, eventualmente se desprendió del conocimiento de la causa  y éste quedó finalmente atribuido… al Juzgado Quinto…”.

 

Que el 21 de diciembre de 2004, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en la cual -a juicio de la accionante- se subvirtió gravemente el procedimiento legal establecido, en perjuicio de los acreedores que representa, por cuanto la sentencia declaró sin lugar la demanda de quiebra intentada contra Canal Point, dispuso la admisión de la solicitud del beneficio de atraso peticionado por Canal Point, designó como miembro la Comisión de Vigilancia al ciudadano Ricardo Navarro Urbáez y; ordenó la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta tanto quedara definitivamente firme.

 

Que los acreedores que “(…) represento, tienen una cualidad e interés específico para intervenir en su propio nombre y por sus propios derechos, en procura de la tutela judicial efectiva que requieren frente al Acto Lesivo (sic) (…)”.

 

Que tal “(…) cualidad de los Acreedores, deviene del hecho que todos ellos han adquirido derechos de Canal Point, a título oneroso, para que en bajo ciertas condiciones dicha empresa-cuya quiebra fue demandada en el Juicio – les haga entrega de inmuebles determinados(…)construidos por Canal Point…”.

 

Que “(…) el Acto lesivo, viola en forma grave e inminente el derecho al debido proceso de los Acreedores (sic), expresamente consagrado en el artículo 49 de la Constitución. En este caso, el Acto Lesivo (sic) es el resultado de la errada apreciación procesal por el Juzgado Quinto del efecto que de tener la interposición de una solicitud de atraso por parte de Canal Point frente a la demanda de quiebra intentada en su contra. El Juzgado Quinto confundió el procedimiento y lo subvirtió, mezclando en una misma sentencia, un dispositivo de fondo desestimatorio de la demanda de quiebra, y una decisión interlocutoria o de trámite, por la cual admite y ordena cursar el trámite del beneficio de atraso pedido por Canal Point. Sin embargo, tal razonamiento judicial lo que entraña es una grave confusión sobre lo que ordena de manera expresa y tajante el artículo 934 del Código de Comercio, que es suspender el curso del procedimiento de quiebra, y remitirse al procedimiento de atraso regulado… en los artículos 898 y siguiente de Código de Comercio…”.

 

Que “(…) con el mero hecho de la solicitud del beneficio de atraso, sea que el deudor la presente en forma autonómica o como defensa frente a una demanda de quiebra incoada en su contra, nace para los acreedores en general el derecho  a intervenir y opinar como interesados, de acuerdo a lo que consideren más conveniente a sus respectivos derechos y en obsequio de la verdad…”.

 

Que es “(…) precisamente ese derecho de intervención, el que se ha conculcado de la más grave manera con el Acto Lesivo, en perjuicio de los Acreedores. Más aun, cuando se sujeta su posibilidad de lograr que se cumpla el procedimiento pautado, a que quede definitivamente firme una sentencia que simplemente da inicio al mismo…)”.

 

Que “(…) el Acto Lesivo (sic) se formó en un trámite sumario, sin participación de los Acreedores, a quienes si bien supuestamente se les concedió la oportunidad de opinar, lo cierto es que jamás fueron convocados para ello, ni se comunicó la decisión por la cuales dispuso el brevísimo lapso de tres (3) días para oír opiniones respecto de la petición de honorarios formulada por el Síndico. Tal situación coloca a los Acreedores en un total indefensión, pues ahora se pretende que surta efectos en su contra la Fijación de Honorarios, que es una actuación formada a espaldas de los Acreedores y sin formalidad alguna de comunicación… que asegurara que tuvieran conocimiento de la misma…”.

 

Que el “(…) Acto Lesivo (sic), viola en forma grave e inminente el derecho a la propiedad de los Acreedores, expresamente consagrado en el artículo 115 de la Constitución, al supeditar inconstitucionalmente la liquidación de su deudor común, eso es Canal Point, a la oportunidad en que el Acto Lesivo adquiera firmeza definitiva…)”.

 

Que “(…) los efectos del Acto Lesivo (sic), son graves e inminentemente violatorios del derecho a la propiedad de los Acreedores, expresamente consagrado en el artículo 115 de la Constitución, porque les impide acceder jurídicamente y por las vías legales establecidas, a la liquidación de la garantía común de su crédito, que es el patrimonio de su deudor Canal Point…”.

 

Que “(…) el efecto económico de la Fijación de Honorarios es grave e inminentemente violatorio del derecho a la propiedad de los Acreedores, expresamente consagrado en el artículo 115 de la Constitución, porque merma en su perjuicio, de manera directa e inconsulta, el patrimonio de Canal Point, que es su prenda común y única garantía de la eventual realización de su crédito. En consecuencia, ante la grave lesión aquí denunciada, la única manera de impedir que dichos inminentes efectos inconstitucionales ocurran es anulado la Fijación de Honorarios, disponiendo que la misma se haga de acuerdo con las formalidades prevista en la ley, en la oportunidad procesal para ello…”.

 

Que a los fines “(…) de impedir que en el transcurso de la sustanciación de este amparo constitucional se concreten o agraven las violaciones constitucionales aquí delatadas, pido que con base al párrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Superior decrete medida cautelar innominada prohibiendo al Juzgado Quinto y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva que resuelva sobre el presente amparo constitucional…”.

 

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El 2 de marzo de 2007, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el abogado Ricardo Arturo Navarro Urbaez, actuando como apoderado judicial de los ciudadanos anteriormente citados, contra (…) la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2004…y la sentencia del 12 de diciembre de 2006,… ambas dictadas por el…Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas…”, basándose en las siguientes argumentaciones:

 

(…)

De la solicitud de Amparo Constitucional este Órgano Jurisdiccional se adentra al análisis de la misma y al subsecuente pronunciamiento. El amparo en Venezuela, de acuerdo a la exposición de motivos de nuestra Lex Superior, se reconoce como una garantía-derecho constitucional, cuya finalidad es la tutela judicial reforzada de los derechos humanos, que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. La acción de amparo tiene un carácter extraordinario, (sic) esto es, sólo procede cuando a través de la vía procesal ad hoc, resulte imposible el restablecimiento inmediato de la situación existente con antelación a los hechos que violen, amenacen o vulneren un derecho de rango constitucional, ya provenga de personas naturales, jurídicas o de cualquier ente. En efecto, la acción de amparo tiene un carácter extraordinario, esto es, sólo procede cuando a través de la vía procesal ad hoc, resulte imposible el restablecimiento inmediato de la situación existente con antelación a los hechos que violen, amenacen o vulneren un derecho de rango constitucional, por lo que del estudio de la causa de marras este Juzgado considera que la pretensión de los accionantes a través del Amparo escapan a la naturaleza misma de este procedimiento y de su finalidad, dirigida como está al restablecimiento de la situación jurídica infringida, como resultado de la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucional; contrariamente a lo pretendido por los quejosos al formular su solicitud, de cuyo contenido se deriva que las violaciones denunciadas corresponden a normas legales ordinarias, existiendo o habiendo existido los mecanismos procesales de protección para denunciar las posibles violaciones, completamente distintas a las de la especial vía de amparo. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 09 de fecha 15 de febrero de 2005, estableció: De modo que la acción de amparo no será admisible cuando el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de ejercer recursos ordinarios contra un acto que presuntamente lesiona derechos de rango constitucional, con la finalidad de que esta no se convierta en una acción que haga inoperante el ejercicio de los recursos ordinarios, salvo que éstos hayan sido agotados y persista la violación de los derechos constitucionales invocados (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2581 del 11.12.2001, caso: “Robinson Martínez Guillén”). Por lo tanto, debe concluirse que en el caso in commento la acción de amparo intentada resulta inadmisible, de acuerdo con el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como lo sostuvo el a quo, por cuanto la parte accionante en la presente acción de amparo constitucional disponía de los medios procesales idóneos, como lo es recurso de apelación contra el auto que desestimó la oposición efectuada (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 3517 del 17.12.2003, caso: “Keneth Enrique Scope Leal”). Efectivamente, de la revisión de las actas procesales, se observa que la parte aquí accionante interpuso la presente acción en contra del fallo fechado 21 de diciembre de 2004, proferido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en un procedimiento especial de naturaleza concursal, cuya característica primordial es el concurso de todos las acreencias y deudas pendientes del comerciante para que sean satisfechas en una misma causa, del cual, además, se ordenó notificar a las partes del juicio. Asimismo, se evidencia al folio 04 de la solicitud de amparo constitucional que la parte accionante afirma: “ Hasta la presente fecha, no se ha notificado al acto lesivo ni la Fijación de Honorarios a Canal Point, como tampoco a los acreedores”. De tal manera que, una vez notificadas las partes de la sentencia, éstas cuentan con los recursos ordinarios establecidos en el Código de Comercio para impugnar la decisión dictada en el procedimiento concursal, como sería el recurso de apelación contra la sentencia que declaró Sin Lugar la quiebra que a tenor de lo dispuesto en el artículo 936 del Código de Comercio, tiene apelación en ambos efectos. Por lo tanto, a juicio de quien aquí decide, en el presente caso, el accionante dispone de otros mecanismos ordinarios distintos a la acción de amparo lo suficientemente eficaces e idóneos para justificar su pretensión. Para que el artículo 6.5 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales no sea inconsistente es necesario inadmitir el amparo si el accionante dispone de recursos ordinarios que no ha ejercido previamente. En consecuencia, esta Superioridad actuando en sede Constitucional de primer grado, en apego a jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ut retro citada y de conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales considera que la presente acción deberá ser declarada INADMISIBLE. Así se decide…”.

 

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En principio corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación y, en tal sentido, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

 

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores, con excepción de los contenciosos administrativos, el Tribunal competente para conocer las apelaciones de dichos fallos.

 

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 1° de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía).

 

Por todo ello, siendo un Juzgado Superior el que conoció en primera instancia constitucional, esta Sala se considera competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.

 

En primer lugar, esta Sala observa que la acción de amparo estaba dirigida contra dos sentencias dictadas por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la primera dictada el 21 de diciembre de 2004, que declaró sin lugar la demanda de quiebra, admitió la solicitud de atraso interpuesta por Canal Point Resort y; la segunda, según se desprende del escrito de amparo, dictada el 12 de diciembre de 2006, cuya copia certificada no se encuentra en las actas del expediente.

 

Ahora bien, analizando, la sentencia apelada, esta Sala observa que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró la inadmisibilidad del amparo propuesto, de conformidad con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto consideró que contra la sentencia accionada, la parte actora tenía la vía de la apelación establecida en el articulo 933 del Código de Comercio.

 

Ahora bien, expresa el fallo apelado que declarado el atraso, aun no se han ordenado publicar en el proceso los carteles llamando a los acreedores, previsto en el artículo 900 del Código de Comercio.

 

En consecuencia, la masa de los acreedores (en su totalidad, entre los que están los accionantes) no ha sido llamada al atraso, y mal pueden los acreedores que conozcan del fallo de atraso estar apelando, cuando el lapso para ello no ha vencido, ya que debería comenzar a correr a partir de la notificación del atraso a todos los acreedores, con la publicación del cartel y el vencimiento del término para comparecer.

 

Dada esta circunstancia y al hecho que los acreedores no eran parte en el proceso de quiebra, ellos no tienen aún abierta la vía de la apelación, por lo que la sentencia apelada erró al inadmitir la acción de amparo por el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Estos acreedores están viendo interferidos sus derechos de raíz constitucional, como defensa, propiedad y otros, ante la omisión del Tribunal de la causa de llamarlos al proceso concursal, sin que pueda considerarse que ha caducado el lapso para ejercer la acción de amparo, ya que a esta Sala no consta cuándo conocieron los accionantes el fallo, contra el cual tenían en principio que esperar que se hiciera para ellos apelable, y si esto no ocurría por la falta de notificación judicial de los acreedores, éstos no pueden verse perjudicados por lapsos de caducidad en un fallo dictado en un juicio en que no son partes, pero cuyos efectos lesivos sobre los acreedores, son continuados, mientras el tribunal no ordene su notificación y subsiguiente presencia en el proceso de atraso.

 

La ley otorga gran importancia a los acreedores y le concede el carácter de partes en el proceso de atraso, cuando en sus artículos 899 y 900 del Código de Comercio, establecen que en primer lugar la solicitud no será admitida cuanto el peticionario no presentare un estado nominativo de sus acreedores, con indicación de su domicilio o residencia y del monto de cada acreencia y; en segundo lugar, cuando establece en el artículo 900, que se deberá nombrar una comisión de tres (3) de los principales acreedores residentes de los que figuren en el balance del peticionario, los cuales deberán ser convocados a través de la prensa a una reunión que deberá verificarse en el octavo día.

 

Analizando la sentencia apelada, se observa que el Juzgado Superior, erró al declarar la inadmisibilidad de conformidad con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que aunque se evidencia que el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó la notificación a los acreedores y cumplió con las formalidades que establece el Código de Comercio, no consta en ninguna parte que dicha notificación se hubiere hecha efectiva, siendo así imposible tener certeza de que los acreedores pudieron ejercer cualquier recurso ordinario, en contra de la sentencia accionada en el juicio de amparo.

 

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala considera, que el Juzgado Superior erró al declarar el amparo inadmisible, de conformidad con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por esta razón esta Sala debe revocar la decisión del a quo, y por tanto, ordena reponer la causa al estado de que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo, tomando en consideración lo estipulado en este fallo. Así se declara

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación ejercida por el abogado Ricardo Arturo Navarro Urbaez, actuando en nombre propio y en representación de los ciudadanos José Guillermo Frontado, Ingrid Anselmo de Frontado, Joao Silverio Azeredo Cámara, Sandra Pinto de Azeredo, Enrique Nieves Pereira, Rafael Angarita Pérez, Oscar Rojas Martínez, Alves Neri Soto , María Piernavieja de Eseverry y Martín Eseverry, Mariluna de Hernández y César Ramón Hernández, Hélida Salas de Avsec, Augusto Pérez Rendiles, Vicente Irazabal y Mildred Zurita de Irazabal, Marco di Pentima Dionisio, Walter di Pentima Dionisio y Claudia Margarita de Pentima, Javier Macedo, Manuel Reyes Barreto por Francisco Reyes Camejo, Miguel Ángel Díaz Varela Somosa , Simón Díaz Hernández, Pedro José Parra, Kai Siiegel, Giancarlos Volante, Gianni Mazzuca, Antonio Castellet María del Carmen Escalante de Castellet, Diego Funes Ariza e Isable Crespo de Funes, Carlos Antonio Pulido Belisario por Inmobiliaria PLC-C311 C.A, Alexis Dorta Rodríguez, Franck de Bonet y Rosa Vidal de Bonet, Manuel Ledesma Rodríguez, Henry Roeder, Bárbara María Mayandor Cubillán, José Conrrado Pérez Díaz, Orlando Rodríguez de Sousa, por VENCEMOS C.A, el Dr Tomas Polanco Fernández, Lung Wong Lee, Gloria Bohórquez de Castro y Jorge Castro Espinel, Morris Senior, Alberto Alonso Altamira, Reyes Blanchert Arevalo Guzmán y Mora de Reyes Efigenia, Pedro Santos Hernández, Anturia María de Salas y Héctor Eduardo Salas, Thais González Hernández de Manzzini, Eduardo Pérez Rendiles, en representación de Inversiones y Servicios Las Mercedes, C.A, María Elsa Collazo de Villar y Carlos Eduardo Pérez Robaina, en representación de SAVAKE, C.A, Alejandro Kery, Manuel González Fernández, en representación de ORGANIZACIÓN 57, C.A, Omar José Gómez Rivas y Héctor Francisco Rivero Rodríguez, contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2007 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el abogado Ricardo Arturo Navarro Urbaez, actuando en nombre propio y en representación de los ciudadanos anteriormente mencionados, contra (…) la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2004…y la sentencia del 12 de diciembre de 2006, (…) ambas dictadas por el (…) Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas…”, y en consecuencia, REVOCA la sentencia dictada el 2 de marzo de 2007 y REPONE, la causa al estado que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción de amparo propuesta, tomando en consideración lo aquí expuesto.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal a quo. Cúmplase lo ordenado

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a       los 01 días del mes de junio_ de dos mil siete (2007). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

                                                        Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                                          Carmen Zuleta de Merchán

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. N° 07-408

JECR/