SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente No. 07-0508

            El 12 de abril de 2007, el abogado JUAN RAÚL REYES LOZANO, titular de la cédula de identidad Nº 5.736.204 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 45.387, actuando en su propio nombre, presentó ante esta Sala Constitucional solicitud de revisión de la sentencia Nº 539, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia el 28 de marzo de 2006, que declaró con lugar el recurso de control de legalidad intentado contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 22 de febrero de 2005, mediante la cual revocó la sentencia dictada el 9 de junio de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, e inadmisible la demanda de estabilidad laboral ejercida contra la Alcaldía del Municipio José Ángel Lamas del Estado Aragua.

            El 16 de abril de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. 

I

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

            Luego de un detenido análisis de la solicitud de revisión, esta Sala observa los siguientes argumentos que justificaron su interposición:

            Comenzó por señalar el ciudadano Juan Raúl Reyes Lozano que la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia del 28 de marzo de 2006, declaró con lugar el recurso de control de legalidad intentado por el Síndico Procurador Municipal del Municipio José Ángel Lamas del Estado Aragua, contra la decisión dictada el 22 de febrero de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que declaró con lugar la demanda de reenganche y pago de salarios caídos intentada por el precitado ciudadano.

Indicó además que la sentencia de la Sala de Casación Social del 28 de marzo de 2006, declaró inadmisible la demanda de reenganche y pago de salarios caídos, por considerar que había inepta acumulación, al haber reclamado conjuntamente el pago de prestaciones sociales, ello en aplicación del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, “pues la calificación del despido pretende la continuación de la relación laboral y el cobro de prestaciones sociales pretende el pago de los derechos del trabajador al terminar la relación laboral”.

Sostuvo que “nunca se demandó (sic) dos peticiones a la vez, a saber, reenganche y el pago de prestaciones sociales, todo lo contrario, se peticionó sólo una de ellas, el reenganche y en una especie de cascada o condición, en los términos que instruye el único aparte del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil”.

Señaló que a pesar de haber solicitado de manera “condicionada” el pago de prestaciones sociales, “el Juez de Sustanciación, sopena (sic) en admitirla, mediante despacho saneador, ordenó corregir entre otros particulares, el objeto demandado”.

En tal sentido, afirmó que en el libelo de demanda pretendió lo siguiente:

“Primero: el reenganche y el pago de los salarios caídos hasta la fecha de la efectiva incorporación a las funciones laborales asignadas al ASESOR LEGAL de la Alcaldía.

Segundo: en caso de que, realizada la audiencia preliminar y el patrono insiste en el despido, la instancia lo califique como un despido injustificado y en consecuencia lo condenen al pago de las respectivas prestaciones sociales y la indemnización de conformidad a lo establecido en los artículos 108 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo”.

 

Resaltó que, por auto del 15 de marzo de 2004, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua se abstuvo de admitir la demanda y ordenó corregir el libelo; particularmente en el punto 3 del referido auto, ordenó: “El demandante debe precisar el objeto de la demanda, ya que de su escrito libelar surgen una serie de solicitudes sin fundamentación alguna, en tal sentido el libelo de la demanda debe reunir con verdadera precisión todas las pretensiones del actor, en el se debe hacer mención de todos los elementos relevantes para el proceso, y a los cuales tiene derecho el trabajador”.

Es así como, por escrito presentado el 22 de marzo de 2004, el abogado Juan Raúl Reyes Lozano, subsanó el libelo de la demanda; en lo particular, respecto de la pretensión, sostuvo: “Ordinal 3º. Objeto de la demanda: calificación de despido y ordene su reenganche y el pago de los salarios caídos, todo de conformidad a lo establecido en el primer aparte del artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”.

Por auto del 29 de marzo de 2004 el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, admitió la “solicitud de calificación de despido” y ordenó las citaciones correspondientes.

Señaló que durante la fase de conciliación y en la audiencia preliminar se dejó constancia de que la pretensión era de calificación de despido.

El 13 de diciembre de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaró sin lugar “la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos”.

Ejercido recurso de apelación por parte del ciudadano Juan Raúl Reyes Lozano contra la anterior decisión, subieron los autos al Juzgado Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el cual, por decisión dictada el 22 de febrero de 2005, revocó la decisión apelada y declaró con lugar “la solicitud de calificación de despido y procedente el reenganche y pago de salarios caídos”.

El 28 de marzo de 2006, la Sala de Casación Social del tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso de control de legalidad intentado contra la referida decisión del juzgado Superior, mediante la sentencia objeto de la solicitud de revisión.      

Denunció el solicitante la violación del derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a obtener un fallo justo y al acceso a la justicia, consagrados en los artículos 26 y 257 constitucionales y en la sentencia del 10 de mayo de 2001, dictada por esta Sala Constitucional, por haber interpretado erróneamente el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, dejando a un lado el mérito de la pretensión deducida.            

Finalmente, solicitó la declaratoria de procedencia de la solicitud de revisión.

II

DEL FALLO CUYA REVISIÓN ES SOLICITADA

El fallo, cuya revisión es solicitada, declaró con lugar el recurso de control de legalidad intentado contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 22 de febrero de 2005, mediante la cual revocó la sentencia dictada el 9 de junio de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, e inadmisible la demanda de estabilidad laboral ejercida contra la Alcaldía del Municipio José Ángel Lamas del Estado Aragua, sobre la base de la siguiente argumentación:

 

“El artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que en caso de ausencia de disposición expresa en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Juez podrá aplicar analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de las normas laborales y los principios que informan el proceso laboral.

El artículo 78 del Código de Procedimiento Civil establece que no podrán acumularse en un mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí.

En sentencia N° 1.371 de 2005 estableció la Sala que los objetivos a los cuales está orientada la acción de estabilidad laboral y la relativa al cobro de prestaciones sociales, son totalmente diferentes y excluyentes.

En la sentencia referida se explicó que: ´Ambas acciones derivan de la relación laboral que se genera entre los sujetos que en ella concurren -trabajador y patrono-, sin embargo, las prestaciones sociales son causadas, se deben y son exigibles en función del término de la relación laboral, sin importar cual (sic) haya sido la razón para que finalice; mientras que los juicios de estabilidad laboral fueron concebidos para procurar la permanencia y continuidad en las relaciones de trabajo, siendo que su objetivo primordial no es el pago de las prestaciones sociales, en virtud a que precisamente lo que se trata de evitar en este procedimiento es la cesación de la relación laboral.`

En el caso concreto, verificó la Sala que el actor en su libelo pretende la calificación del despido y el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones previstas en los artículos 108 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, las cuales, de conformidad con la doctrina de esta Sala, antes trascrita; son acciones cuyos objetivos son diferentes y se excluyen entre sí, razón por la cual, es inadmisible la acumulación de estas pretensiones y así debió decidirlo la Alzada.

Por las razones expuestas, se declara procedente el recurso de control de la legalidad, anulándose por ende el fallo recurrido por la infracción de los artículos 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 78 del Código de Procedimiento Civil.

La Sala en conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, anula la sentencia recurrida y procede a decidir el fondo de la controversia, con base en las siguientes consideraciones:

DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA

Alega la parte actora que fue contratado por la demandada en fecha 1° de agosto de 1997 como asesor legal del despacho del Alcalde; que recibía un salario mensual de un millón quinientos mil bolívares (Bs. 1.500.000,00); que desde el 8 de marzo de 2004 no le han asignado trabajos y el comentario en la Alcaldía es que fue despedido, lo cual coincide con la falta de pago del mes de febrero de ese mismo año.

Con base en estos hechos pretende la parte actora el reenganche y pago de los salarios caídos hasta la fecha efectiva de reincorporación y el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones previstas en los artículos 108 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En la contestación de la demanda, la demandada admitió la prestación de servicios pero negó que el servicio tuviera carácter laboral alegando que se trató de servicios profesionales independientes, prestados inicialmente por un escritorio jurídico y luego por el actor en calidad de especialista en Derecho Administrativo; que el monto de los honorarios profesionales era variable de acuerdo con la relación de honorarios presentada por el actor en la cual detallaba los servicios prestados; que a los pagos se le descontaba el porcentaje de retención de impuesto sobre la renta establecido para los honorarios profesionales; que el actor ejercía libremente su profesión y asistió judicialmente a otras personas durante el tiempo que alega trabajaba para la Alcaldía; y que no hubo despido porque no era trabajador de la Alcaldía.

En el caso concreto, del análisis del libelo se constata que el actor solicitó la calificación del despido y el pago de las prestaciones sociales derivadas de la terminación de la relación laboral, acciones que son excluyentes por su objeto, como ya lo ha explicado la Sala en sentencia N° 1.371 de 2005, pues la calificación del despido pretende la continuación de la relación laboral y el cobro de prestaciones sociales pretende el pago de los derechos del trabajador al terminar la relación laboral.

Como consecuencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil que establece que no podrán acumularse en un mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, se declara inadmisible la demanda por inepta acumulación de pretensiones”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que, conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la facultad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Por su parte, el artículo 5, cardinal 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala;”

 

Por otra parte, en el fallo n° 93/2001 del 6 de febrero (caso: Corpoturismo), doctrina aplicable en atención a la letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala determinó su facultad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:

“1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia emanada de la Sala de Casación Social a la que se atribuye la violación del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, esta Sala se considera competente para conocerla; y así se declara.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Una vez asumida la competencia, esta Sala reitera que la facultad revisora que ha sido otorgada en la Carta Magna de 1999, viene dada con la finalidad de garantizar la uniformidad en la interpretación de normas y principios constitucionales, pues en ningún momento debe ser considerada como una nueva instancia, debido a que la misma sólo procede en los casos de sentencias firmes.

 

Esa revisión constitucional la ejerce esta Sala de manera facultativa, siendo discrecional entrar al análisis de los fallos sometidos a su conocimiento. Por ello, se encuentra, pues, la Sala en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de concederla y proceder a realizarla, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes.

 

En el caso examinado, el acto judicial sometido a revisión de esta Sala es la sentencia Nº 539 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el 28 de marzo de 2006, que declaró con lugar el recurso de control de legalidad intentado contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 22 de febrero de 2005, mediante la cual revocó la sentencia dictada el 9 de junio de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, e inadmisible la demanda de estabilidad laboral ejercida contra la Alcaldía del Municipio José Ángel Lamas del Estado Aragua.

 

La labor revisora a que se contrae el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ejerce de manera facultativa, siendo discrecional para esta Sala entrar a conocer de todos los fallos cuya revisión se solicite. Es necesaria la aclaratoria de que esta Sala, al momento del ejercicio de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de sentencias que hayan adquirido el carácter de cosa juzgada judicial.

 

Precisado lo anterior, debe esta Sala advertir que por notoriedad judicial conoce de la existencia de otra solicitud de revisión constitucional, intentada por el abogado Juan Raúl Reyes Lozano, contra la misma decisión hoy cuestionada, siendo declarada inadmisible por decisión Nº 1195 del 16 de junio de 2006, bajo el argumento de falta de consignación de copia certificada de la decisión cuya revisión fue requerida, conjuntamente con el libelo de la demanda.

No obstante lo anterior, estima esta Sala que el pronunciamiento emitido con ocasión de la declaratoria de inadmisibilidad de la primigenia solicitud de revisión, no conduce per se a la inadmisibilidad por cosa juzgada del caso de autos, pues en aquella solicitud no se entró a conocer del fondo del asunto sometido a su conocimiento, motivo por el cual, no está impedida de emitir pronunciamiento respecto de la segunda de las solicitudes de revisión. Así se decide.

 

            En otro orden de ideas, la razón fundamental de la solicitud de revisión constitucional radica en la violación del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva en que incurriera la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia del 28 de marzo de 2006, por medio de la cual declaró con lugar el recurso de control de legalidad ejercido contra la decisión dictada por un juzgado superior laboral, y al entrar al fondo del asunto controvertido declaró inadmisible la demanda de calificación de despido, estimando que había inepta acumulación de pretensiones, al haber sido demandado conjuntamente el reenganche, el pago de salarios caídos y las prestaciones sociales, conforme lo prevé el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, pues éstas se excluyen mutuamente.

 

              Ahora bien, a juicio de esta Sala y luego de un detenido análisis de las actas procesales acompañadas a la presente solicitud de revisión constitucional, la sentencia dictada el 28 de marzo de 2006 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia incurrió en violación al derecho a la tutela judicial efectiva, particularmente al derecho a obtener una sentencia apegada a las pretensiones y alegaciones deducidas y aportadas por las partes.

 

            En efecto, la sentencia cuya revisión es solicitada, incurrió en violación a la tutela judicial efectiva, cuando al entrar al fondo de la demanda de calificación de despido la declaró inadmisible por inepta acumulación de pretensiones, con fundamento en el petitorio de la demanda inicialmente presentada el 10 de marzo de 2004, donde fue demandado el reenganche, pago de salarios caídos y pago de prestaciones sociales, omitiendo pronunciarse acerca de la reforma del libelo de demanda presentada el 22 de marzo de 2004, donde sólo se estableció como objeto de la demanda la calificación de despido, con el consecuente reenganche y pago de salarios caídos, la que, de haber sido analizada, hubiese conducido a una decisión distinta a la sometida a conocimiento por esta Sala.

 

            Resulta pertinente citar la doctrina sentada por esta Sala Constitucional en sentencia Nº 2465 del 15 de octubre de 2002, caso: José Pascual Medina Chacón, respecto del vicio de incongruencia omisiva, en la que precisó:

 

“Ahora bien, esta Sala estima que en el caso de autos se ha denunciado la violación del derecho al debido proceso y al derecho a la tutela judicial efectiva, por “omisión injustificada”, en los términos a que hace alusión el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del análisis de una prueba que a juicio de la accionante es “fundamental, decisiva, veraz y pertinente para la solución de la controversia planteada”. 

Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como “incongruencia omisiva” del fallo sujeto a impugnación.

La jurisprudencia ha entendido por “incongruencia omisiva” como el “desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distinta de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia” (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).

Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.

Constada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.

Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una ´omisión injustificada`.

Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado”.

 

A juicio de esta Sala, en el caso de autos se produjo el vicio de incongruencia omisiva, al omitirse la valoración de la reforma del libelo de demanda ordenada por el juzgado de sustanciación y mediación respectivo  -cuyo análisis era esencial-, generando una afectación al derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto el análisis del fallo cuya revisión es solicitada se limitó a declarar la inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones que se excluyen –como serían la de calificación de despido y pago de prestaciones sociales- con base en el libelo original de la demanda, situación también significativamente decisiva para la determinación del fallo, generando en consecuencia la transgresión a los referidos derechos y con ello una vulneración a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, motivo por el cual se declara ha lugar la solicitud de revisión constitucional, nulo el fallo y sin que pretenda esta Sala prejuzgar sobre el alegato de inepta acumulación opuesto en el proceso principal, debe reponerse la causa al estado de que la Sala de Casación Social emita nueva decisión con sujeción a las directrices establecidas en el presente fallo. Así se decide.  

 

            En razón de lo expresado, debe esta Sala declarar ha lugar la solicitud de revisión constitucional propuesta por el abogado Juan Raúl Reyes Lozano, actuando en su propio nombre; y así se decide.

 

 

DECISIÓN

 

Por lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:

 

1.- HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional intentada por el abogado JUAN RAÚL REYES LOZANO, actuando en su propio nombre, de la sentencia Nº 539 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia el 28 de marzo de 2006.

 

2.- SE ANULA el fallo cuya revisión fue solicitada.  

 

3.- SE REPONE la causa al estado de emitir nueva decisión con sujeción a los lineamientos establecidos en el presente fallo.

 

            Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 01 días   del mes de  junio de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

      Magistrado

 

Francisco Antonio Carrasquero López

Magistrado

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

      Magistrado

 

Carmen Zuleta de Merchán

       Magistrada

 

 

Arcadio Delgado Rosales

     Magistrado-Ponente

 

El Secretario,

 

 

 

 

José Leonardo Requena

 

 

Exp. 07-0508

ADR