SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

           

En fecha 3 de marzo de 2000, se recibió en esta Sala Constitucional el oficio n° 511, proveniente de la Sala Político-Administrativa, adjunto al cual se envió el expediente n° 14.130 (nomenclatura de dicha Sala), contentivo de la APELACIÓN  interpuesta por el abogado Agustín Díaz Díaz, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 65.839, en su carácter de apoderado judicial de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 1º de octubre de 1997, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de ampliación del fallo dictado en fecha 18 del mismo mes y año, en el cual se homologó el desistimiento de la acción de amparo constitucional.

 

En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

            El 3 de septiembre de 1997, compareció ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el ciudadano Ignacio Salvatierra, titular de la cédula de identidad nº 3.714.234, en su carácter de Presidente del Banco Unión, C.A. S.A.C.A., asistido por los abogados Allan Brewer-Carías, Armida Quintana Matos, Luis García Montoya, Caterina Balasso y María Alejandra Correa, inscritos en el Inpreabogado bajo los nºs. 3.005, 6.133, 10.580, 44.945 y 51.864, respectivamente, a fin de interponer acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada, contra el incumplimiento de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, al no resolver y responder oportunamente la solicitud formulada el 28 de agosto de 1997, en la cual se requirió la suspensión de la Asamblea Consorcio Unión C.A., convocada para el 4 de septiembre de ese mismo año.

 

En la misma fecha se designó ponente al Magistrado Héctor Paradisi León.

 

En la fecha señalada, compareció ante dicha Corte Primera el abogado Federico Carmona, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº. 1.048, en su carácter de representante judicial estatutario del Banco Unión C.A. S.A.C.A., y desistió tanto de la acción de amparo interpuesta como del procedimiento seguido.

 

El 3 de septiembre de 1997, el ciudadano Ignacio Salvatierra, asistido por los abogados Allan Brewer-Carías, Armida Quintana Matos, Luis García Montoya, Caterina Balasso y María Alejandra Correa, antes identificados, consignó diligencia en la cual expresó que la acción de amparo constitucional fue interpuesta a título personal, en el ejercicio de sus propios derechos como Presidente del Banco Unión C.A. S.A.C.A., y no en representación del Banco, por lo cual solicitó se desestimara en todos sus aspectos el desistimiento formulado por el abogado Federico Carmona.

 

Mediante decisión del 3 de septiembre de 1997, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, admitió la acción de amparo constitucional incoada, declaró improcedente el desistimiento formulado, y declaró con lugar la medida cautelar innominada, por lo cual se ordenó suspender la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Consorcio Unión convocada para el 4 de septiembre de ese año.

 

El 4 del mismo mes y año, compareció el abogado Armando Carmona Ghersi, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº. 22.658, en su carácter de apoderado judicial del Banco Unión C.A. S.A.C.A, y apeló de la anterior decisión en cuanto a la declaratoria de improcedencia del desistimiento formulado.

 

En fecha 5 de septiembre de 1997, el ciudadano Rafael Neptalí Sáez Álvarez, titular de la cédula de identidad nº 982.049, en su condición de Superintendente Adjunto de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, asistido por los abogados María Elena Fumero Mesa y Agustín Díaz, inscritos en el Inpreabogado bajo los nºs. 20.006 y 65.839, respectivamente, consignó informe de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 8 del mismo mes y año, la mencionada Corte Primera, negó la apelación formulada contra la sentencia de fecha 3 de septiembre de 1997.

 

El 9 de septiembre de 1997, se fijó para el 17 de ese mes a las 12:40 p.m. para que tuviese lugar la audiencia oral para oír a las partes.

 

Mediante escrito de fecha 12 del mes y año mencionado, los abogados asistentes del ciudadano Ignacio Salvatierra, desistieron de la acción de amparo constitucional interpuesta por cuanto la Superintendencia había aceptado los hechos incriminados y porque la Junta de Emergencia Financiera había satisfecho el petitorio formulado en la presente acción.

 

En fecha 16 de septiembre de 1997, el Magistrado Federico Leañez Aristimuño, se inhibió de conocer en la presente causa, por lo cual, se convocó a la Dra. Ana Elvira Araujo, en su carácter Quinto Suplente a fin de constituir la Corte Accidental.

 

Posteriormente, el 17 del mismo mes y año, fue diferida la audiencia pautada para ese día, hasta tanto se constituyera la Corte Accidental.

 

En la misma fecha, acudió ante la Corte Primera, el abogado Raúl Arrieta Cuevas, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº. 47.535, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, y presentó escrito en el cual se opuso al desistimiento de la acción de amparo.

Una vez constituida la Corte, el 18 de septiembre de 1997, se declaró homologado el desistimiento de la acción de amparo constitucional interpuesta contra la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.

 

            En fecha 24 del mes y año mencionado, el abogado Agustín Díaz Díaz, apoderado judicial de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, solicitó se ampliara la decisión mediante la cual se homologó el desistimiento de la acción de amparo.

 

            Mediante decisión de fecha 1º de octubre de 1997, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró sin lugar la solicitud de aclaratoria interpuesta.

 

Posteriormente, el 3 del mismo mes y año, el abogado Agustín Díaz Díaz, apeló de la anterior decisión, siendo ratificada el 21 de octubre  de 1997.

 

En fecha 23 de octubre de 1997, se oyó en ambos efectos la apelación interpuesta y se ordenó remitir las actuaciones a la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia.

 

El 29 de octubre del mismo año, fue recibido en la Sala Político-Administrativa el oficio nº 97.3525, adjunto al cual se remitió el expediente nº 97/19628 (nomenclatura de dicha Corte), y se designó ponente a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó.

 

Mediante escrito presentado el 6 de noviembre de 1997, la Magistrada designada para conocer de la causa se inhibió de conocer de la misma. Por lo cual, se convocó en varias oportunidades a los respectivos suplentes para constituir la Sala Accidental, siendo aceptada la convocatoria el 22 de julio de 1999, por el Dr. Manuel Rachadell en su carácter de Tercer Conjuez.

 

En fechas 8 y 9 de septiembre de 1999, los Magistrados Héctor Paradisi León y Belén Ramírez Landaeta, se inhibieron de conocer en la presente causa por encontrarse incursos en la causal prevista en el numeral 15 del artículo 82, del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se ordenó la convocatoria de los respectivos suplentes.

 

En fecha 22 de febrero de 2000, vista la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia se designó ponente al Magistrado Carlos Escarrá Malavé.

 

Mediante sentencia de fecha 29 de febrero de 2000, la Sala Político-Administrativa, declinó la competencia para conocer de la apelación interpuesta, en esta Sala Constitucional.

 

Por oficio nº 511 de fecha 3 de marzo de 2000, se remitió a esta Sala Constitucional el presente expediente, siendo recibido el 21 del mismo mes y año.

           

II

DE LA SOLICITUD DE ACLARATORIA

 

Alegó el apoderado judicial de la parte actora que la sentencia de fecha 18 de septiembre de 1997 fundamentó su decisión en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que consagra la facultad de desistir. Pero ello no impedía que la Corte examinara las razones de la oposición, las cuales eran defenderse de las imputaciones de violación constitucional inferidas en el escrito de desistimiento e, inclusive, poner en conocimiento al Tribunal de hechos ocurridos con anterioridad al desistimiento y a la interposición de la presente acción.

 

Expuso que el desistimiento contiene argumentos del escrito inicial, por lo cual, la Corte estaba obligada a pronunciarse sobre ellos, ya sea desestimándolos de plano, o señalando expresamente que no los consideraba en su decisión de homologar la solicitud, de lo contrario quedaría vulnerada la igualdad procesal de su representada y desprotegida, en el sentido de quedar como agresora a los derechos constitucionales invocados por el accionante.

En virtud de lo anterior solicitó se ampliara la decisión de homologar el desistimiento de la acción de amparo constitucional incoada, ya que la homologación sólo se refiere a la solicitud expresa del desistimiento sin que tal pronunciamiento le diera firmeza al contenido del escrito que la sustenta, por exceder y contrariar ese desistimiento, pues mal pudo desistirse alegando violaciones a derechos constitucionales por parte de la Superintendencia de Bancos, transformando ese alegato y el contenido del asunto financiero involucrado, en materia de orden público.

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

            La sentencia fundamentó la declaratoria sin lugar de la solicitud de ampliación del fallo dictado el 18 de septiembre de 1997, mediante el cual se declaró homologado el desistimiento solicitado en la acción de amparo constitucional interpuesta contra la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, en el hecho de que “el fallo objeto de solicitud de ampliación es claro y preciso, al referirse sólo al planteamiento de homologación del desistimiento que hiciera el accionante de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y visto que los alegatos esgrimidos en la solicitud de ampliación se refieren a aspectos sobre los cuales la Corte no estaba obligada a pronunciarse, por cuanto se trataba de un desistimiento de la acción, debe desestimarse la solicitud de ampliación, (…)”.

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Previa cualquier otra consideración, esta Sala debe pronunciarse sobre su competencia para conocer de la apelación interpuesta, y a tal efecto considera necesario reiterar que en decisión de fecha 20 de enero de 2000, (Caso: Emery Mata Millán. vs. el Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), se dejó sentado que: “… Corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia…”. Ahora bien, por cuanto el presente fallo fue decidido en primera instancia por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el juicio de amparo, corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de la apelación de la misma, de conformidad con la decisión señalada ut supra, en concordancia con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Para decidir sobre la apelación interpuesta esta Sala observa que la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, en decisión dictada el 13 de agosto de 1986, respecto a la solicitud de aclaratorias dejó sentado lo siguiente:

 

“Es doctrina y jurisprudencia constante de la Corte, que la facultad de hacer aclaratorias y ampliaciones está circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad algún concepto ambiguo u oscuro de la sentencia, por que no esté claro el alcance del fallo en determinado punto, o porque se haya dejado de resolver algún pedimento, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia, ya dictada, pues el principio general es que después de dictada la sentencia, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya dictado, a no ser que se trate de una interlocutoria no sujeta a apelación.

 

También es doctrina pacífica, que cada vez que la solicitud de aclaratoria o de ampliación lleve consigo una crítica de la sentencia, argumentándose que ha debido decidir algún punto o cuestión en sentido diverso de cómo lo hizo el sentenciador, la solicitud debe ser denegada, porque con ella lo que se pretendería, sería una revocatoria o modificación de lo decidido, y ello no está permitido. (Auto del 15 de noviembre de 1988)” (subrayado de la Sala).

 

 

Ahora bien, en el caso de autos el apelante estimaba necesario que la sentencia fuera dirigida no sólo a la homologación del fallo, sino también al pronunciamiento de los alegatos formulados en el escrito, mediante el cual se le imputaban violaciones a derechos constitucionales, por lo que esta Sala considera que, efectivamente, debía desestimarse la solicitud de ampliación, pues tal solicitud implicaba la reforma del fallo dictado.

 

Visto lo anterior y de conformidad con lo establecido en la sentencia señalada  ut supra, criterio además acogido por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 17 de mayo de 2000, esta Sala declara sin lugar la apelación formulada por el abogado Agustín Díaz Díaz, en su carácter de apoderado judicial de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y confirma la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo 1º de octubre de 1997. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Agustín Díaz Díaz, en su carácter de apoderado judicial de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y, en consecuencia, CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 1º de octubre de 1997, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de ampliación del fallo dictado en fecha 18 del mismo mes y año, que homologó el desistimiento de la acción de amparo constitucional incoada contra dicha Institución, por el ciudadano Ignacio Salvatierra, en su carácter de Presidente del Banco Unión, C.A. S.A.C.A., asistido por los abogados Allan Brewer-Carías, Armida Quintana Matos, Luis García Montoya, Caterina Balasso y María Alejandra Correa.

 

Publíquese, regístrese, y remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 26  días del mes de  JUNIO          del año dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 
 
IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vicepresidente,      

 

                                                                     

 JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                              JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                           Ponente

 

 

PEDRO RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

JMDO/ns.

Exp. n° 00-1013