SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente:  Iván Rincón Urdaneta

 

El 10 de agosto de 2000, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional presentada el 31 de mayo de 2000, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, por el abogado Antonio Ortiz Landaeta, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 15.235, representante judicial del ciudadano NELSON IBRAHIM GOZAINE AGÜERO, titular de la cédula de identidad Nº 3.533.967, contra la sentencia dictada el 31 de marzo del 2000  por la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el referido abogado contra la decisión del 30 de septiembre de 1999, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara, que declaró con lugar la apelación intentada por la representación judicial de la ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez, contra el fallo dictado el  15 de julio de 1998, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara, con ocasión a una demanda intentada por ésta por cobro de bolívares por intimación de efectos cambiarios intentada.

 

La remisión del expediente obedece al fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores del Estado Lara el 10 de agosto del 2000, a través del cual declinó el conocimiento de la referida acción de amparo constitucional en esta Sala Constitucional.

 

El 16 de agosto de 2000, se dio cuenta en Sala de la presente causa y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

 

I

ANTECEDENTES

 

            De un estudio pormenorizado de las actas que componen las distintas piezas del presente expediente, se desprenden los siguientes antecedentes:

 

            El 6 de mayo de 1996, la ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez, asistida por el abogado Elías Guerra, presentó ante el Juzgado de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, demanda contra la ciudadana Nancy Josefina León, por intimación de cuatro letras de cambio “emitidas en esta Ciudad (Cabudare)  en fecha 27 de diciembre de 1995, con vencimiento el 27 de febrero de 1996, 27 de marzo del mismo año las dos primera (sic) y 27 de abril las dos últimas, por un monto de Bs. 216.000,oo las tres primeras y Bs. 1.800.000,oo la última, libradas a mi favor y aceptadas con la cláusula “sin aviso y sin protesto”, por la ciudadana Nancy Josefina León”.  A través del mismo escrito solicitó a ese tribunal que decretara “prohibición de enajenar y gravar sobre el siguiente inmueble propiedad de la demandada:  Apartamento No. 161-A, ubicado en la esquina Sur-Oeste del décimo sexto piso del Edificio “Metropolitan”, situado este en la Avenida Venezuela, esquina calle 40, teniendo frente también a la calle 41 entre Avenida Venezuela y la carrera 27 (omissis) el cual pertenece a la demandada”.  La demanda fue estimada en “dos millones cuatrocientos cuarente (sic) y ocho mil s/c (2.448.000,oo), monto total de las letras de cambio acompañadas”.

 

            El 16 de mayo de 1996, el referido Juzgado de Municipio dictó decisión por medio de la cual admitió la demanda interpuesta y, por medio de auto separado, profirió decisión interlocutoria a través de la cual ordenó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble mencionado ut supra, sin indicar el monto por el cual dicha medida precautelativa fue concedida.

 

            En vista de que no fue posible practicar la citación personal de la demandada, el Juzgado de los Municipios Palavecino y Simón Planas ordenó la práctica de la citación de la ciudadana Nancy Josefina León por carteles, los cuales fueron debidamente publicados en el Diario “El Informador” del Estado Lara.

 

            El 27 de noviembre de 1996, la ciudadana Nancy Josefina León acudió al prenombrado Juzgado de Municipio para otorgar poder apud acta al abogado Santiago Rafael Medina.  Luego, el 4 de diciembre de 1996, el antedicho abogado expuso mediante diligencia que “me opongo, a todo evento lo expreso para salvar mi actuación de conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil”, sin explanar más argumentaciones para fundamentar su posición.

 

El 20 de diciembre de 1996, el abogado Antonio Ortiz Landaeta, actuando en representación del ciudadano Nelson Gozaine -accionante-, demandó por vía de tercería a las ciudadanas Fabiola Espitia de Ramírez y Nancy Josefina León, ante el Juzgado de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.  El demandante expuso que el 12 de abril de 1996, adquirió un inmueble tipo apartamento, suficientemente descrito en autos, del ciudadano Humberto González, quien, el 3 de noviembre de 1995, lo habría comprado de la ciudadana Nancy Josefina León. 

 

Según manifestó, sobre dicho inmueble fueron dictadas dos (2) medidas de prohibición de enajenar y gravar, una de las cuales fue la proferida por ese mismo Juzgado de Municipio, reseñada ut supra.  En tal sentido, adujo que el inmueble sobre el cual recayó la medida no formaba parte de la prenda común de los acreedores de la ciudadana Nancy Josefina León al momento de suscribir los efectos cambiarios.

 

            En esa misma oportunidad, alegó la representación judicial del tercerista que “el expediente en el cual se dictó la medida cautelar contiene actuaciones llevadas a cabo por la demandada, que evidencian convenio o pasividad que eventualmente pudieran confluir en un convenio expreso o tácito de índole colusorio”.  En tal sentido, expuso que la ciudadana Nancy Josefina León:

 

 “ha realizado una serie de operaciones de tipo dudosa y fraudulenta, tales como:  1) Mediante documento privado celebró un contrato preliminar de compraventa que no cumplió y por ello fue demandada y decretada la primera medida de prohibición de enajenar y gravar que pesa sobre el inmueble (...) 2)  Aún teniendo la referida prohibición lleva a cabo la  venta del inmueble al señor Humberto González, causante de mi mandante, como si estuviera libre de prohibiciones, lo que obligó a mi mandante a negociar por separado con la parte actora de aquél juicio, 3)  Mediante documento autenticado (...) con posterioridad a la operación celebrada con Humberto González, realiza una nueva operación de compraventa con los ciudadanos:  Alexis Lorenzo y Rafael Molina.  4)  La presente demanda por cobro de Bolívares y la forma en que ha venido ocurriendo su trámite, denota similitud que pueden orientar la capacidad inventiva de una persona que en forma continuada ha venido utilizando el inmueble para obtener provechos indebidos que pudieran configurar hechos delictivos, los cuales en todo caso por separado intentaremos acciones respectivas”.

           

De esta manera, solicitó al Tribunal que “suspenda la medida preventiva dictada (...) y consecuencialmente se sirva declarar que el inmueble no responde por el crédito derivado de las letras de cambio”, estimando la acción de tercería en cuatro millones de bolívares (Bs. 4.000.000,oo).

 

            El 20 de diciembre de 1996, el prenombrado Juzgado de Municipio, dictó auto por medio del cual admitió la demanda incoada y, en vista de haber consignado el tercerista caución por la cantidad tres millones cien mil bolívares (Bs. 3.100.000,oo), mediante cheque de gerencia, suspendió la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada sobre el inmueble descrito ut supra. En este orden de ideas, dispuso “aperturar (sic) una cuenta de ahorros a favor de la ejecutante ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez”, mediante el endoso del referido cheque de gerencia.

 

El 16 de enero de 1997, el referido Juzgado de Municipio ordenó el nombramiento de defensor ad litem para la defensa de la demandada en el juicio principal. Fue designada la abogada Josefina Cordero Peraza, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.712. 

 

            El 13 de febrero de 1997, la representación del ciudadano Nelson Gozaine, presentó escrito por medio del cual reformó la demanda interpuesta, estimando en esta oportunidad la acción de tercería en seis millones de bolívares (Bs. 6.000.000,oo).  Por tal motivo, el 5 de marzo de 1997, el Juzgado de los Municipios Palavecino y Simón Planas dictó auto por medio del cual declinó la competencia para conocer de la demanda de tercería en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, remitiéndose el cuaderno separado contentivo del trámite correspondiente el 11 de marzo de 1997.

 

            El 18 de marzo de 1997, la defensora ad litem de la ciudadana Nancy Josefina León, presentó ante el Juzgado de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, escrito por medio del cual manifestó haber realizado “diligencias para localizar a la ciudadana Nancy Josefina León (omissis) con el propósito de proveer mejor defensa, siendo dichas diligencias infructuosas”. De seguidas, contestó la demanda principal en los términos siguientes:  “Niego, rechazo y contradigo la presente demanda en todos y cada uno de sus términos, tanto en los hechos como en el derecho en que se fundamenta la acción”, sin exponer más alegatos al respecto.

 

            El 7 de julio de 1997, la abogada Coromoto del Nogal, apoderada de la ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez, presentó escrito por medio del cual contestó la acción de tercería incoada por el ciudadano Nelson Gozaine y, entre otros alegatos, manifestó que la acción “debe ser declarada sin lugar, por cuanto el tercerista, antes identificado, se presenta como legitimado activo con un documento notariado y no con instrumento público fehaciente”.   

           

El 16 de julio de 1997, la ciudadana Nancy Josefina León, asistida por el abogado Juan Rodríguez Meléndez, en la oportunidad de contestar la tercería propuesta, opuso las cuestiones previas a que hacen referencia los ordinales 2º y 4º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, alegando que el ciudadano Nelson Gozaine “reconoce en el cuerpo de su escrito que carece de la cualidad de propietario (omissis) por cuanto no posee título o documento, debidamente registrado, que le acredite su condición de propietario”

 

            El 21 de julio de 1997 el abogado Antonio Ortiz, representante del ciudadano Nelson Gozaine, expuso mediante diligencia ante el referido Juzgado de Primera Instancia que los documentos contentivos de los contratos de compra-venta del inmueble objeto del litigio, celebrados entre Humberto González y Nelson Gozaine por un lado, y Nancy Josefina León y Humberto González, constan en la Oficina Subalterna de Registro del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara, del 30 de diciembre de 1996.

 

            El 29 de julio de 1997, la ciudadana Nancy Josefina León presentó escrito ante el referido Juzgado de Primera Instancia, por medio del cual rechazó los argumentos ventilados por la representación del ciudadano Nelson Gozaine, contestó al fondo de la demanda de tercería propuesta, y manifestó que acoge “tanto los hechos como el derecho esgrimido por la co-demandada Fabiola Espitia de Ramírez”.

 

            El 22 de septiembre de 1997, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara dictó fallo por medio del cual declaró parcialmente con lugar la cuestión previa opuesta.  En tal razón, el abogado del demandante consignó en fecha 26 de septiembre de 1997, los documentos protocolizados de los contratos de compra-venta a los que se hizo referencia ut supra, de los que, en su criterio, se colige que  la ciudadana Nancy León “se desprendió de la propiedad sobre el inmueble, mediante un negocio celebrado con anterioridad a la emisión de las letras de cambio”. 

 

            El 10 de octubre de 1997, la representante judicial de la ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez consignó ante el tribunal de la causa escrito contentivo de contestación a la demanda, alegando la falta de legitimidad para intervenir como tercero en la causa.

 

El 3 de abril de 1998, el abogado Antonio Ortiz Landaeta, actuando en representación del ciudadano Nelson Gozaine Agüero, en la ocasión de presentar informes, consignó escrito a través del cual afirmó:

 

“La demanda de tercería interpuesta en la presente causa, se funda en el ordinal 1º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, por ser propietario del inmueble sometido a prohibición de enajenar y gravar producto de un juicio colusorio intentado entre las partes del juicio principal y digo que es colusorio por que (sic) indiciariamente (sic) se aprecia a todas luces que existe complicidad y componenda entre las partes del juicio de cobro de bolívares en procura de impedir u obstruir el registro de la venta de un inmueble que previamente había sido objeto de un contrato de compraventa, que finalmente adquirió mi representado en una legítima negociación, cuya cadena documental consta en autos (...) puede apreciarse con claridad que las letras de cambio fueron emitidas con posterioridad a la venta efectuada por la codemandada confesa (Nancy león) cuando ya el inmueble había salido del patrimonio de la demandada en cobro de bolívares.  De igual manera se desprende de las mismas actas la dejadez o abandono de la causa principal por parte de la actora, así como el comportamiento complaciente de la demandada”. 

 

 

De igual manera, alegó que la causa principal se encontraba perimida, “además de constituir un juicio colusorio fingido simulado”.  Además, adujo que la conducta de la ciudadana Nancy León es delictual, pues  “con posterioridad a la venta inicial a Humberto Gonzales (sic), quien es el causante de mi representado, procedió a vender a los ciudadanos:  Rafael Antonio Molina León y Alexis Javier Lorenzo Lorenzo, el mismo inmueble”.

 

El 15 de julio de 1998, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara, emitió fallo por medio del cual declaró sin lugar la demanda de cobro de bolívares intentada por la ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez contra Nancy Josefina León, y con lugar la tercería intentada por el ciudadano Nelson Gozaine Agüero, y ratificó la suspensión de la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble.  En dicha sentencia, el precitado Tribunal declaró que “ninguna de las partes promovió pruebas, razón por la cual este tribunal considera que al no haberse probado la causalidad de la deuda es procedente declarar sin lugar el cobro de Bolívares y así se decide”.  Así mismo, fue del criterio que “hubo efectivamente un cambio de propiedad el 12-4-96, hecho este que pese ha (sic) no haber sido en su oportunidad registrado, en el presente juicio, fue plenamente demostrado por lo que siendo la compraventa un contrato clasificado dentro de las denominadas consensuales no requiere para su perfección de registro”. 

 

El 10 de noviembre de 1998, la representación judicial de la ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez apeló del precitado fallo.

 

El 30 de septiembre de 1999, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara dictó fallo por medio del cual declaró con lugar la demanda de cobro de bolívares interpuesta por la ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez contra la ciudadana Nancy Josefina León, “y se condena a esta última a pagar al (sic) accionante la suma reclamada, consistente en la cantidad de Bs. 2.448.000,oo monto total de la acreencia contenida en las cambiales (sic) que sirvieron de fundamento a la acción más las costas procesales al resultar totalmente vencida, condenatoria ésta garantizada con la caución real constituida a favor de la demandante gananciosa.”

 

De la misma manera, declaró “con lugar la acción de tercería interpuesta por el ciudadano Nelson Gozaine Agüero contra la ciudadana Nancy Josefina León y sin lugar dicha acción de tercería (omissis) contra la ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez.  Como consecuencia de lo anterior se condena en costas al perdidoso de la tercería ciudadano Nelson Gozaine Agüero, a favor de Fabiola Espitia de Ramírez al resultar vencido frente a ésta.  Se condena a la codemandada Nancy Josefina León, a pagar las costas de la Tercería perdida frente a Nelson Gozaine Agüero”.

 

El 11 de octubre de 1999, el abogado Antonio Ortiz Landaeta, representante del ciudadano Nelson Gonzaine, anunció recurso de casación contra la precitada sentencia del Juzgado Superior.  Dicho recurso fue admitido por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por medio de auto de fecha 18 de octubre de 1999.

 

El 29 de noviembre de 1999, el abogado Antonio Ortiz Landaeta formalizó el recurso de casación anunciado ante la Secretaría de la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal.

 

El 31 de marzo de 2000, la Sala de Casación Civil dictó fallo por medio del cual declaró inadmisible el recurso de casación propuesto contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 1999, en razón de que la cuantía de la demanda principal no excedía los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), cuantía mínima dispuesta por la Ley para recurrir en casación.

 

            En fechas 23 y 31 de mayo de 2000, la ciudadana Fabiola Ramírez, asistida por la abogada Josefina Cordero Peraza, solicitó al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, que conoció originalmente de la causa, “la entrega de la suma de Bs. 2.448.000,oo, más los intereses producidos por esta cantidad de dinero, más las costas procesales garantizadas por la caución real constituida”.

 

            El 31 de mayo de 2000, el abogado Antonio Ortiz Landaeta expuso mediante diligencia lo siguiente:

 

la prueba mas elocuente de encontrarnos en presencia de un juicio ficticio, es la anterior diligencia donde la defensora de la demandada (Nancy León) asiste a la parte actora para hacerle el servicio de que reciba el dinero producto del juicio simulado.  También el día 23.5.2000, la misma defensora diligenció asistiendo a la actora, lo cual implica que no se trata de un simple error inadvertido sino la demostración del fraude o estafa procesal.  Todos en el foro larense conocemos que las abogadas Josefina Cordero Peraza y Coromoto del Nogal, son socias o trabajan en conjunto, por razones de estar la Dra. Del Nogal, encargada actualmente del Juzgado 1º  de los Municipios Palavecino y Simón Planas (el tribunal original) entonces al no poder actuar la suple la socia y asistiendo ilegítimamente a la Actora, diligencia para evidenciar finalmente la colusión y simulación .” (Subrayado de la Sala)

 

 

            El 31 de mayo de 2000, el abogado Antonio Ortiz Landaeta, apoderado judicial del ciudadano Nelson Gozaine Agüero, presentó escrito ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, dirigido a esta Sala Constitucional, por medio del cual solicitó amparo constitucional contra la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia dictada en fecha 31 de marzo de 2000, “por violación al artículo 49 ordinales 4º, 6º y 8º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. 

 

            El accionante explanó que el juicio incoado por la ciudadana Fabiola de Ramírez contra la ciudadana Nancy Josefina León por cobro de letras de cambio es “un juicio colusorio”, que no analizó la Sala de Casación Civil, y que esa Sala obstaculizó el ejercicio del derecho de defensa, ya que concluyó que “no se había obstaculizado ni violado algún derecho a las partes (...) sin tan siquiera haber analizado el recurso de casación”.  Así mismo, planteó que la sentencia dictada el 30 de septiembre de 1999 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara concedió la razón a su representado, aún contra uno solo de los litigantes, y “por tanto la colusión de ese juicio no puede afectarle”.

 

            Por otro lado, expuso que la doctrina de la Sala de Casación Civil, conforme a la cual la cuantía para determinar la admisibilidad del recurso de casación contra una decisión que resuelve una demanda de tercería es aquella señalada en el juicio principal, “imposibilita al tercero interviniente señalar la cuantía en cuanto a valor de su acción”.  Según alega el accionante “esa Doctrina violenta el derecho de defensa”. 

 

            De esta manera, solicitó a la Sala Constitucional “que en resguardo del sagrado derecho a la defensa y el debido proceso, se sirva restablecer los derechos vulnerados, en aplicación de la figura del levantamiento del velo jurisdiccional”.  Así mismo, solicitó “la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia, mientras se resuelve el presente recurso (sic) sobrevenido de amparo constitucional”.

 

 

 

El 6 de junio de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara dictó decisión por medio de la cual negó la remisión del expediente al Tribunal Supremo para su conocimiento, por considerar que “el amparo sobrevenido es accesorio a un recurso ordinario ejercido”  y que “no se aprecia de autos interpuesto algún medio de impugnación”.  De la misma manera, negó la solicitud de suspensión de la sentencia. 

 

La anterior sentencia fue apelada por el abogado Antonio Ortiz el 6 de junio de 2000, apelación que fue oida en ambos efectos por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara el 19 de julio de 2000.

 

            El 10 de agosto de 2000, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores del Estado Lara dictó decisión por medio de la cual declinó la competencia en esta Sala Constitucional para conocer de la acción de amparo interpuesta, y ordenó la remisión del presente expediente.

 

 

 

 

 

 

II

COMPETENCIA Y SUBSIGUIENTE ADMISIBILIDAD

DE LA ACCION DE AMPARO

 

 

            En primer término, la Sala precisa su competencia para conocer del presente amparo constitucional, y la admisibilidad de la presente acción de amparo.  Sobre estos particulares, estima:

 

            En el presente caso, el abogado Antonio Ortiz Landaeta, representante judicial del ciudadano Nelson Gozaine, presentó “recurso (sic) sobrevenido de amparo constitucional” contra la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 31 de marzo del año 2000.

 

Aprecia la Sala que, si bien el accionante calificó de  sobrevenida  la acción de amparo constitucional interpuesta, de la lectura de dicha solicitud se deriva con meridiana claridad que, en el caso bajo examen, no estamos en presencia de una acción de amparo constitucional sobrevenida, siendo que lo que se objeta en sede constitucional no es la presunta actuación lesiva de uno de los intervinientes en un proceso judicial, distinta de aquella atribuible al Juez de la causa, sino que se acciona contra un fallo definitivo dictado por la Sala de Casación Civil.  Por tal motivo, esta Sala considera que la acción de amparo constitucional interpuesta es de tipo autónomo, contra decisiones judiciales, por lo que su admisibilidad deberá determinarse conforme a esta apreciación. 

 

En este orden de ideas, en el caso del  amparo constitucional contra decisiones judiciales, la competencia se rige por lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece que estas acciones deben ser interpuestas “por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento”.

 

Ahora bien, en el caso subiudice el accionante ejerce el medio de amparo constitucional contra la decisión de fecha 31 de marzo de 2000, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, instancia judicial contra la cual no cabe acción de amparo constitucional, de conformidad con el numeral 6 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que dispone que “No se admitirá la acción de amparo (omissis) cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia (Tribunal Supremo de Justicia)”.

 

 

            Por ende, de lo previamente expuesto colige la Sala que la presente acción de amparo, en lo que se refiere a su interposición contra la decisión de la Sala de Casación Civil, es inadmisible y así se declara.

 

            Sin embargo, la Sala puede apreciar que el recurso de casación interpuesto no era un medio procesal idóneo y admisible para que el ciudadano Nelson Gozaine pudiera ventilar los alegatos que sostuvo contra el fallo del 30 de septiembre de 1999, emitido por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara.  La Sala de Casación Civil no examinó el fondo del asunto, sólo determinó que la cuantía de la demanda principal no excede los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), y por tal motivo la decisión no era recurrible en casación.  Por lo tanto, la Sala puede apreciar que el accionante carecía de un medio procesal idóneo y expedito para poder objetar la sentencia dictada el 30 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara. 

 

            Prosiguiendo, de la lectura de las actas que conforman el presente expediente, puede constatar esta Sala que la representación judicial del ciudadano accionante, ha sostenido reiteradamente a través de las distintas etapas del proceso que el procedimiento por intimación de efectos cambiarios intentado por la ciudadana Fabiola Espitia de Ramírez contra la ciudadana Nancy Josefina León, se trató, tal y como se lee en el escrito a través del cual formalizó el recurso de casación ejercido “de un juicio colusorio ad hock (sic) para evitar el registro de los documentos por virtud de los cuales la demandada se desprendió de propiedad que inicialmente tuvo.  Nuestro planteamiento en el escrito libelar señaló la maquinación dolosa urdida por las partes del juicio principal”. 

 

 

De esta manera, la solicitud formulada por el accionante tendría como verdadera destinataria, en definitiva, la decisión dictada el 30 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara, que fue verdaderamente la última instancia que decidió el fondo de la presente causa.  Si bien esa decisión fue accionada el 31 de mayo de 2000, cuando ya había transcurrido íntegramente el lapso de caducidad de seis (6) meses que dispone el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica que rige la materia, la Sala entiende que las violaciones denunciadas son de tal importancia que, de comprobarse su veracidad, habrían constituido una violación de tal relevancia que se entendería contraria al orden público, motivo por el cual este requisito de admisibilidad se entiende cumplido.

 

Luego, en vista de que en la acción propuesta no se configura ningún supuesto de inadmisibilidad de los previstos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala resuelve admitir la presente acción, y así se decide. 

 

Entre tanto se dicta sentencia definitiva en la audiencia oral a realizar ante esta Sala, tomando en consideración que la ejecución de la sentencia accionada podría constituir un agravio irreparable contra el accionante, la Sala decide suspender la ejecución del fallo accionado hasta tanto resuelva lo conducente en el pronunciamiento final que recaiga sobre la presente solicitud de amparo.  Así finalmente se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República  por autoridad de la Ley:

 

1)  Declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Antonio Ortiz Landaeta, representante judicial del ciudadano Nelson Ibrahim Gozaine Agüero, contra el fallo proferido el 31 de marzo de 2000, por la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal.

 

2)  ADMITE la acción de amparo interpuesta por el abogado Antonio Ortiz Landaeta, representante judicial del ciudadano Nelson Ibrahim Gozaine Agüero, contra la sentencia del 30 de septiembre de 1999, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara.

 

3)  ORDENA notificar al titular del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara, y a través de éste, a los ciudadanos Nelson Ibrahim Gozaine Agüero, Fabiola Espitia de Ramírez y Nancy Josefina León, para que concurran a la audiencia oral y pública en el día y hora que fije la Secretaría de esta Sala, verificadas como sean sus notificaciones en el presente expediente. El titular del Juzgado antes aludido deberá informar a la Sala sobre el cumplimiento de la orden antes señalada. Igualmente se le advierte que su falta de comparecencia no se entenderá como aceptación de los hechos imputados.

 

4)   ORDENA notificar al Ministerio Público la apertura del presente juicio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

5)  SUSPENDE, mientras se decide la presente causa, la ejecución de la sentencia dictada el 30 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese.  Líbrense las correspondientes boletas de notificación.  Cúmplase lo ordenado.

                       

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  29                        días del mes de  JUNIO  de dos mil uno.  Años:  191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

 

 

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

 

 

 

El Vicepresidente,

 

    Jesús Eduardo Cabrera Romero