SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Antonio J. Garcia Garcia

 

El 7 de marzo de 2002, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el abogado Jesús E. Natera Pérez, quien actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano FRANK ENRIQUE ESCORCHE RODRÍGUEZ, solicitó aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el 6 de marzo de 2002. La referida aclaratoria fue solicitada por el prenombrado abogado en los términos siguientes:

“... es bueno mencionar que la consecuencia inmediata de la reposición acordada en el presente caso, es la NULIDAD  de las actuaciones posteriores al auto atacado, es decir, el de fecha 02 de Octubre del 2000 efectuado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Monagas, o sea que, todo lo actuado por el Juzgado Segundo de Ejecución de aquel Circuito Judicial Penal, es NULO, destacándose la orden de aprensión (sic) que originó de (sic) detención de mi defendido, y la correspondiente boleta de encarcelación. Siendo ello de esta manera, no existe ninguna otra medida de Privación de Libertad en contra de FRANK ESCORCHE que mantener, por lo que, en virtud de haber sido declarada con lugar la Acción de Amparo Constitucional en referencia, es humilde criterio de este defensor, que debe restituirse la LIBERTAD  a mi defendido, al igual que le fue restituido su Derecho al Debido Proceso. (...). De modo que, declarada Con Lugar la Acción de Amparo en comento, debe entenderse como efecto de ello, la nulidad de las actuaciones realizadas por el Juzgado Segundo de Ejecución actuante, y en consecuencia la restitución de los derechos vulnerados, entre los que destaca el de la Libertad. En tal virtud, estando dentro del lapso legal contenido en el Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, con todo respeto acudo por ante esta Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de solicitar, como en efecto lo hago, una Aclaratoria de la Sentencia dictada en el presente caso, respecto a la restitución de la Libertad de mi representado, no incluida en la misma, la cual solicito se le conceda...”. 

           

 I

De la sentencia cuya aclaratoria se solicita

La sentencia cuya aclaratoria se solicita fue dictada por esta Sala el 6 de marzo de 2002, con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta contra el auto del 2 de octubre de 2000, proferido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que acordó la remisión del expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del mismo Circuito Judicial.

La Sala se pronunció acerca de la referida acción de amparo, en los términos siguientes:

“... resulta forzoso para esta Sala ordenar la reposición de la causa al estado en que se notifique personalmente al ciudadano Frank Enrique Escorche Rodríguez de la decisión del 9 de junio de 2000, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, quedando vigente la medida privativa de libertad; por ende, esta Sala debe confirmar su decisión del 14 de diciembre de 2001, que negó la solicitud efectuada por el accionante de que se le otorgara una medida cautelar, (...).

          Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jesús E. Natera Pérez, defensor privado del ciudadano Frank Enrique Escorche Rodríguez, contra las actuaciones jurisdiccionales dictadas por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas y, en consecuencia, se ordena la REPOSICIÓN de la causa al estado en que se notifique al penado Frank Enrique Escorche Rodríguez de la decisión del 9 de junio de 2000 dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que declaró sin lugar la apelación interpuesta, para que ejerza el respectivo recurso de casación si así lo considera necesario”.

 

 

 

II

Consideraciones para decidir

a) De la admisibilidad de la  solicitud.

La materia en relación con la cual debe pronunciarse esta Sala versa sobre la solicitud de aclaratoria del fallo antes mencionado, dictado el 6 de marzo de 2002. Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la citada figura, cuyo contenido es del tenor siguiente:

Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.   

 

Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, ya esta Sala se ha pronunciado en sentencia del 26 de diciembre de 2000 (Caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, S.R.L.), donde se señaló: “(...) que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar (...)”.

En lo que respecta a la oportunidad para solicitar la aclaratoria, en dicha sentencia esta Sala indicó que: “(...) la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente”.

Sin embargo, es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido, y que no amerite, por tanto, que la misma sea notificada.  De manera que, lo anterior conlleva a afirmar que en el caso de que la sentencia haya sido dictada fuera del lapso establecido para ello, las oportunidades indicadas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, deben entenderse que son el día de la notificación de la sentencia o el día siguiente al que ésta se haya verificado.

En el caso de autos, la sentencia fue publicada el 6 de marzo de 2002 y en la oportunidad hábil siguiente fue solicitada la presente aclaratoria, es decir, por escrito presentado el 7 de ese mismo mes y año. En consecuencia, esta Sala Constitucional, estima que la misma se hizo tempestivamente, esto es, dentro del lapso legal correspondiente. Así se declara.

b) Del objeto de la solicitud de aclaratoria.

El instituto de la aclaratoria del fallo persigue principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquél contenido, orientada a su correcta ejecución. De ello se colige que, no puede pretenderse un pronunciamiento distinto al thema decidendum que fue objeto del proceso ni que procure una solución a problemas que puedan surgir en la futura ejecución del fallo.

Debe acotarse, por otra parte, que la aclaratoria que pronuncie el juez no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente, un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a los fines de su correcta comprensión y ejecución,  o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia.

En tal sentido, estima esta Sala que la solicitud realizada por el abogado Jesús E. Natera Pérez, desborda la finalidad perseguida por dicha figura procesal, pues, al examinar los términos en que ha sido planteada la solicitud de aclaratoria, se puede constatar que, con la misma, el solicitante pretende que se le otorgue la libertad de su defendido, circunstancia que fue dilucidada en la sentencia cuya aclaratoria se solicita, cuando indicó que quedaba vigente la medida privativa de libertad”; y por ende, confirmaba su decisión del 14 de diciembre de 2001, “que negó la solicitud efectuada por el accionante de que se le otorgara una medida cautelar....

De manera que, visto que lo que pretende el abogado Jesús E. Natera Pérez es un reexamen de lo controvertido, esta Sala declara improcedente la solicitud de aclaratoria realizada. Así se decide.

III

Decisión

Por todos los motivos anteriormente señalados, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara improcedente la solicitud de aclaratoria de la sentencia Nº 365 dictada por esta Sala el 6 de marzo de 2002 en la presente causa, efectuada por el abogado Jesús E. Natera Pérez, defensor privado del ciudadano Frank Enrique Escorche Rodríguez. Téngase la presente decisión como parte integrante de la sentencia antes identificada.

Publíquese, regístrese y comuníquese.  Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05  días  del mes  de  JUNIO de dos mil dos (2002). Años 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                                                El Vicepresidente,           

 

                                       Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                                      JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                  Ponente

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. Nº: 01-2441

 

AGG/jcea