SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

Mediante oficio No. 326-02, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, remitió en consulta a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo del fallo dictado el 30 de agosto de 2002, mediante el cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Vestalia Morales de Bencomo y Margoth Gámez, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 10.375 y 20.031 respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana MARITZA JOSEFINA GONZÁLEZ GRATEROL, titular de la cédula de identidad No. 3.937.627, contra la decisión del 25 de marzo de 2002, dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el cual, conociendo en segunda instancia, declaró sin lugar la demanda de cumplimiento de contrato incoada por el ciudadano Zumeikun Solórzano.

 

El 12 de septiembre de 2002, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

El 15 de marzo de 1996, el ciudadano Zumeikun Solórzano interpuso por ante el Tribunal Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda por cumplimiento de contrato, contra la ciudadana Maritza Josefina González Graterol, la cual fue admitida el 21 del mismo mes y año por el Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

 

El 20 de marzo de 1998, el Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta.

 

El 27 del mismo mes y año, el demandante en el juicio de cumplimiento de contrato, apeló de la decisión dictada por el referido Juzgado.

 

El 27 de mayo de 1998, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se abocó al conocimiento de la causa.

El 25 de marzo de 2002, el referido Juzgado declaró con lugar la demanda de cumplimiento de contrato incoada bajo el fundamento que “ En la oportunidad de presentar informes promovió la parte actora instrumento autenticado ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Libertador del Distrito Federal... otorgado por el ciudadano Eduardo Peña A., persona con firma autorizada...del Banco Venezolano de Crédito en el cual certificó que en los registros del banco aparecen los cheques en que él se identifica emitidos por Un Millón Cien Mil Bolívares (1.100.000,00) a la orden de Maritza González Graterol. Dicha prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1357 este Tribunal le da pleno valor probatorio”.

 

Igualmente sostuvo el referido juzgado que fueron consignados en  esa  “instancia comprobantes de canje de cheques de gerencia a favor de la demandada, suscritos y certificados por la entidad bancaria las cuales al encontrarse selladas y emanadas de una entidad bancaria...este Tribunal las aprecia como indicio el cual debe ser relacionado con las demás pruebas  que cursan a los autos”.

 

Agregó, que consideraba que la parte actora cumplió con su carga de probar la existencia de la obligación a cargo de la demandada de otorgar el respectivo documento de propiedad, “lo cual consta en el instrumento privado, el cual la parte demandada en ningún momento desconoció ni en su contenido ni en su firma, por lo cual debe tenerse como reconocido”.

 

Asimismo, consideró que “la parte actora cumplió con su carga de probar el cumplimiento de su obligación de pagar el precio convenido para la venta del inmueble... mientras que la demandada no probó el cumplimiento de su obligación... que consistía en el otorgamiento del respectivo documento de propiedad, sin que se desprenda de los autos ningún elemento que permita comprobar que la vendedora accionada cumpliera con las obligaciones a su cargo”. En consecuencia, revocó la sentencia dictada por el  a quo el 20 de marzo de 1998. 

 

El 18 de junio de 2002, la ciudadana Maritza Josefina González Graterol ejerció por ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil  Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional contra la anterior decisión.

 

El 30 de agosto de 2002 el referido Juzgado Superior declaró sin lugar la acción de amparo propuesta.

 

El 6 de septiembre de 2002 la accionante apeló de la anterior decisión.

 

El 10 de septiembre de 2002 el Juzgado Superior Segundo en lo Civil  Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas negó, por extemporánea, la apelación ejercida y remitió a esta Sala Constitucional el expediente en consulta.

                                                                        II

FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO

Narraron las apoderadas judiciales de la accionante como fundamentos de la presente acción de amparo los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

 

Que en modo alguno el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, debió tomar como documento público, el documento autenticado por ante la Notaría Tercera del Municipio Libertador del Distrito Federal, y mucho menos atribuirles pleno valor probatorio, por cuanto era considerar erróneamente como cancelada totalmente la obligación por parte del demandante en el juicio de cumplimiento de contrato, aunado al hecho de que tal circunstancia contraviene  lo dispuesto en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil.

 

Que el valor que le da al referido instrumento en la dispositiva del fallo, “toma de sorpresa y deja en total ESTADO DE INDEFENSIÓNa la accionante, toda vez que contra dicho fallo no operaba recurso de apelación que permitiera rebatir la prueba documental, considerada erróneamente por el ad quem  como documento público, que el aludido fallo atenta contra el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que las parcelas “con el pasar del tiempo fueron habitadas” por la accionante y constituye hoy día su domicilio.

 

Por lo antes expuesto, consideran transgredidos los derechos previstos en los artículos 115 y 49 numerales 1, 3 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Solicitaron se declare con lugar la presente acción de amparo constitucional y se deje sin efecto el fallo objeto de la presente acción de amparo.

 

Igualmente, solicitaron se decretara medida cautelar innominada a fin de que se suspendiera la ejecución de la sentencia dictada el 25 de marzo de 2002, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa:

           

Conforme lo ha señalado esta Sala Constitucional en su decisión del 20 de enero de 2000, Caso: Domingo Ramírez Monja, le corresponde conocer, mediante apelación o consulta, de todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo cuando actúen en esa jurisdicción), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.

 

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala la consulta de una sentencia emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual conoció de una acción de amparo incoada contra una sentencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se decide.

 

IV

DEL FALLO CONSULTADO

El fallo objeto de la presente consulta  fue dictado el 30 de agosto de 2002, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,  mediante el cual se declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por la ciudadana Maritza González Graterol contra la sentencia dictada el 25 de marzo de 2002  por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, por considerar que de los alegatos expuestos por la accionante en su escrito contentivo de la acción de amparo “... se desprende que los mismos van dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que supuestamente incurrió la sentencia accionada en la valoración de las pruebas promovidas en Segunda Instancia, dando carácter de documento público a un documento que a juicio del accionante no lo es ”. Concluyó  la decisión consultada señalando que no podía entrar a analizar las razones de mérito incluidas en ellas la valoración de pruebas, en las que el juez que conoció en apelación, fundamentó su fallo, ya que ello forma parte de la soberana apreciación del juzgador, razón por la cual declaró la improcedencia de la acción de amparo interpuesta.   

  

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Observa esta Sala que corre inserto al folio 318 del presente expediente diligencia presentada ante esta Sala Constitucional, el 11 de mayo de 2004, por la ciudadana Maritza Josefina Graterol, asistida por la abogada Carmen Yosenka Gutiérrez Parra, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 74.859, mediante la cual desistió de la acción de amparo.

 

En el referido escrito la accionante señaló:

voluntariamente, libre de coacción y apremio he decidido formalmente desistir de la apelación ejercida contra la decisión de fecha 30 de agosto de 2002, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, igualmente desisto de la acción y del procedimiento y solicito respetuosamente a este honorable Tribunal Supremo se sirva homologar el presente desistimiento”.

           

En tal sentido, la Sala estima necesario hacer referencia a la disposición legal contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual establece:

“Artículo 25.- Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,oo) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,oo)”.

 

Igualmente, considera esta Sala oportuno referirse a lo asentado en la sentencia Nº 2003 del 23 de octubre de 2001, la cual, señaló:

 

“Atendiendo al contenido de la disposición transcrita, surge evidente que el desistimiento es el único mecanismo de autocomposición procesal previsto ex lege para dar fin a los procesos de amparo, opera como único medio de terminación anormal del proceso, legalmente admitido, cuya homologación por parte del Juez Constitucional es viable, siempre y cuando la violación denunciada no lesione el orden público ni las buenas costumbres o afecte intereses de terceros”.

 

Así pues, conforme a lo expuesto, se evidencia claramente que mediante el desistimiento puede darse fin al procedimiento de amparo, siempre que la violación alegada no sea de eminente orden público o que no afecte las buenas costumbres.

 

Al respecto, estima adecuado esta Sala referirse al criterio establecido en anteriores oportunidades, conforme al cual, se ha señalado que las violaciones que infringen el orden público y las buenas costumbres se dan cuando la infracción a los derechos constitucionales afecte a una parte de la colectividad o al interés general más allá de los intereses particulares de los accionantes, o cuando sean de tal magnitud que vulnere los principios que inspiran el  ordenamiento jurídico (sentencia Nº 1419 del 10 de agosto de 2001).

 

En este sentido, se evidencia del escrito contentivo de la acción de amparo que los derechos denunciados como conculcados sólo afectan la esfera particular de los derechos subjetivos del accionante, y en consecuencia no lesionan el orden público, ni tampoco afectan a las buenas costumbres, por tanto, visto que el desistimiento bajo examen no se encuentra dentro de los supuestos contenidos en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que excluyen la homologación y, como quiera que al accionante le está permitido desistir de la acción en cualquier estado y grado de la causa, según lo establecido en la mencionada norma y en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala, homologa el desistimiento de la acción de amparo interpuesta, y así expresamente lo decide.

 

DECISIÓN

Por las razones expuestas esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, Homologa el desistimiento planteado por la ciudadana MARITZA JOSEFINA GONZÁLEZ GRATEROL, de la acción de amparo interpuesta contra la decisión del 25 de marzo de 2002, dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional    del Tribunal   Supremo   de    Justicia,   en Caracas,     a los 30 días del mes de junio de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                 

              El Vicepresidente,

 

                                                                      Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

José Manuel Delgado Ocando

                 Magistrado

 

 

                                                                              Antonio José García García

                                                                     Magistrado

 

 

 Pedro Rafael Rondón Haaz

             Magistrado

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp 02-2218

IRU.