SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

 

Mediante escrito del 14 de junio de 2001, fue presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por el ciudadano BELTRÁN JOSÉ FERMÍN MARCANO, titular de la cédula de identidad nº 4.648.698, asistido por el abogado Loecadio Ramón Fermín Marcano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 19.813, recurso extraordinario de revisión contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta del 27 de marzo de 2001.

 

 En esa misma fecha se dio cuenta en Sala, y se designó ponente al Magistrado doctor JOSÉ M. DELGADO OCANDO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Realizada la lectura individual del expediente, pasa esta Sala a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

           

            El ciudadano ante identificado fundamenta el recurso de revisión incoado en los siguientes argumentos:

           

1.- Indica que 17 de febrero de 2000, interpuso acción de amparo constitucional contra la empresa Seguros Horizonte, C.A., “...por haberme violado mi Derecho al Trabajo y a mi libre ejercicio profesional como Médico Cirujano, realizando actividades discriminatorias contra mi persona y lesionando mi reputación como profesional de la medicina...”.

 

2.- Manifiesta que el 13 de noviembre de 2000, el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada, “...restableciendo la situación jurídica infringida y ordenando a la agraviante abstenerse en lo sucesivo de impedir u obstaculizar mi Derecho al Trabajo y libre ejercicio profesional como Médico Cirujano, y de realizar cualquier actividad discriminatoria que pudiera dañar  mi reputación profesional de la medicina...”.

 

3.- Señala que en virtud de la apelación interpuesta por los apoderados judiciales de la empresa Seguros Horizonte, C.A., contra el fallo antes indicado, se remitió el expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el cual mediante decisión del 27 de marzo de 2001, declaró con lugar la apelación interpuesta y, en consecuencia, revocó el fallo apelado y declaró inadmisible la acción de amparo incoada, conforme con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

4.- Expresa que el fundamento esencial que consideró el indicado Juzgado Superior para declarar inadmisible la acción de amparo constitucional, es la inexistencia de la relación laboral entre su persona y la empresa Seguros Horizonte C.A.; interpretación ésta que “...por demás de absurda, ilógica y antijurídica, viola expresas Garantías Constitucionales y configura un desacato a la recta interpretación de nuestra Carta Fundamental contenida en sentencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República de fecha: (2) DE NOVIEMBRE DE 2000 (Juicio de CARMEN JUDITH LÓPEZ y Otros)...”.

 

5.- Advierte que “...el material probatorio acompañado con la solicitud de Amparo demuestra claramente que la agraviante ‘Seguros Horizonte, C.A.’, repetidas veces negó la Carta Aval a sus asegurados que la otorgaría con la condición de que mis pacientes fueran intervenidos por otro cirujano menos por mi persona, (...) violando así mi Derecho al Trabajo consagrado por el Artículo 87 de la Constitución Nacional, habiendo sido objeto de discriminación por parte de dicha empresa agraviante, lo cual prohíbe la Carta Fundamental en el ordinal 5º del Artículo 89, por cuanto la aludida aseguradora imponía a mis pacientes (sus asegurados) que les podía otorgar la Carta Aval con la condición de que los inteviniera cualquier otro cirujano menos mi persona, lesionando igualmente de esa manera mi reputación como médico cirujano conocido ampliamente en Jurisdicción del Estado Nueva Esparta...”.

II

DE LA SENTENCIA RECURRIDA

 

El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, mediante sentencia dictada el 27 de marzo de 2001, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Graciela Calcaño Lastra, actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa Seguros Horizonte, C.A., contra el fallo dictado el 13 de noviembre de 2000, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial.

 

En consecuencia, el Juzgado Superior aludido revocó el fallo apelado, y declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano Beltrán José Marcano (hoy recurrente) contra la señalada empresa Seguros Horizonte, C.A.. Para ello, fundamentó su pronunciamiento en los siguientes argumentos:

 

“...el fundamento central de la denuncia que se contrae el recurso interpuesto, es la violación derecho constitucional al trabajo en que supuestamente incurrió la querellada en contra del presunto agraviado, mediante la negativa de otorgarle la carta aval a los pacientes del querellante que ameritaban ser intervenidos quirúrgicamente, cuando el cirujano que iba a practicar la intervención era el presunto agraviado; de donde surge, para este tribunal, la necesidad de la determinación de la existencia de la relación laboral entre quien dice vulnerado en su derecho constitucional al trabajo, y quienes supuestamente se lo violentaron o conculcaron, toda vez que, tal situación (negativa de la carta aval), de ser cierta, solo afectaría el derecho constitucional al trabajo, ‘en la medida en que pueda apreciarse la concurrencia de los elementos esenciales que configuran una relación de trabajo, a saber, la prestación de un servicio bajo subordinación o dependencia, y su contraprestación mediante un salario’ (Sent. Nº 204, Sala Constitucional TSJ); elementos éstos que no se encuentran demostrados en autos, toda vez que nada prueba al respecto el querellante con el justificativo de testigos que corre en autos, ni con las comunicaciones por el dirigida a los Directores Médicos de los establecimientos hospitalarios que aparecen en autos (...). Es evidente, en, consecuencia, que no existe relación laboral entre el querellante y la querellada que permita considerar que los alegatos del presunto agraviado constituyan una conculcación del derecho constitucional al trabajo.

(...)

De todo lo cual, se concluye que no estando demostrado en autos la relación laboral necesaria para que la negativa de SEGUROS HORIZONTE C.A. a otorgar la carta aval en los términos supra señalados, se pueda considerar atentatoria contra el derecho constitucional al trabajo del querellante, el presente recurso debe declararse inadmisible, de acuerdo con la causal 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la violación denunciada, no sólo no es inmediata, sino que tampoco es posible ni realizable por la imputada, habida cuenta, como se dejó expuesto que no quedó demostrado en el juicio que ésta sea patrono del querellante, única manera de que una acción u omisión de ésta pueda afectar el derecho constitucional al trabajo del sedicente agraviado (...)”.

 

IIi

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión de sentencia y a tal efecto observa que en su decisión del 20 de enero de 2000 (Caso Emery Mata Millán), señaló, en relación con la potestad de revisión de las sentencias definitivamente firmes que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 336, numeral 10, que a pesar de no haberse dictado la ley orgánica que desarrolle la misma, podía, por vía excepcional, aplicarla en forma discrecional sobre las sentencias de amparo dictadas en segunda instancia que no sean susceptibles de consulta y sobre cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta Sala en materia constitucional.

 

Asimismo, en sentencia del 6 de febrero de 2001 (Caso: Corporación Turismo de Venezuela, CORPOTURISMO), destacó su potestad para revisar, entre otras, las sentencias definitivamente firmes emanadas de las demás Salas de este Tribunal y de los Tribunales de la República en materia de amparo constitucional o de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas y aquellas que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala Constitucional, en un error craso en cuanto a la interpretación de la Constitución o hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.

 

La sentencia del 6 de febrero de 2001, supra referida, reza:


“En lo que respecta a la norma contendida en el numeral 10 del artículo 336, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es expresa en cuanto al límite de la potestad de revisión de esta Sala a sólo dos tipos de sentencias definitivamente firmes: las sentencias de amparo constitucional; y las sentencias de control de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas. En este sentido, a pesar de la posible violación de derechos fundamentales que se verifiquen en sentencias diferentes a las taxativamente indicadas en el numeral 10 del artículo 336 de la Carta Magna, esta Sala se encuentra constreñida expresamente por la Constitución en lo que respecta específicamente a esta norma, así como por la garantía de la cosa juzgada de conformidad con lo establecido en numeral 7 del artículo 49 del Texto Constitucional”.

 

En el caso que nos ocupa, la presente solicitud de revisión ha sido interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta del 27 de marzo de 2001, emanada con ocasión de un juicio de amparo constitucional, en el cual intervino el solicitante de la presente revisión en su condición de parte accionante.

 

Siendo ello así, en ejercicio de la facultad discrecional y extraordinaria de revisión otorgada a la Sala en forma exclusiva, conforme al citado artículo 336, numeral 10 del Texto Constitucional, la misma resulta competente para conocer de la presente solicitud de revisión, y así se declara.

 

Iv

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Una vez asumida la competencia, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de la solicitud de revisión efectuada y, al respecto, estima conveniente aclarar, tal  como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, que esta facultad revisora, que le ha sido otorgada en la Constitución de 1999, viene dada con la finalidad de garantizar la uniformidad en la interpretación de normas y principios constitucionales, pues en ningún momento debe ser considerada como una nueva instancia, debido a que la misma sólo procede en los casos de sentencias firmes. En este sentido la Sala, mientras se dicta la ley especial que regule los parámetros en los cuales procederá o no esta figura, estableció, en sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001 (Caso Corpoturismo),  que sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala tiene la potestad de revisar lo siguiente:

 

“1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

 

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

 

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

 

Observa esta Sala que el caso bajo examen versa sobre la revisión de una sentencia, emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la empresa Seguros Horizonte, C.A., contra el fallo dictado el 13 de noviembre de 2000, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano Beltrán Fermín Marcano (hoy recurrente) contra la señalada empresa de seguros.

 

La decisión del señalado Juzgado Superior tuvo como fundamento la consideración de que la presunta lesión constitucional denunciada por el accionante resultaba imposible e irrealizable por la empresa Seguros Horizonte C.A., toda vez que entre el ciudadano Beltrán Fermín Marcano y la empresa señalada, no existía relación laboral alguna que permitiese que se le conculcara el derecho constitucional al trabajo, razón por la cual declaró la inadmisión de la acción propuesta, con base en la causal prevista en el artículo 6, numeral 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

 

Ahora bien, la Sala considera oportuno destacar que, solamente resulta conveniente la injerencia de la Sala y el correspondiente control posterior que tenga como objetivo subsanar la violación producida, cuando se evidencie en una actuación jurisdiccional una infracción a las reglas o principios constitucionales o si la misma resulta contraria a la doctrina sentada por esta Sala Constitucional en la interpretación de tales normas.

 

En tal sentido, de la lectura del fallo recurrido se evidencia que el sentenciador, para declarar inadmisible la acción de amparo constitucional, señaló: “Es evidente, en, consecuencia, que no existe relación laboral entre el querellante y la querellada que permita considerar que los alegatos del presunto agraviado constituyan una conculcación del derecho constitucional al trabajo”; y concluyó que “...no estando demostrado en autos la relación laboral necesaria para que la negativa de SEGUROS HORIZONTE C.A. a otorgar la carta aval en los términos supra señalados, se pueda considerar atentatoria contra el derecho constitucional al trabajo del querellante, el presente recurso debe declararse inadmisible, de acuerdo con la causal 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la violación denunciada, no sólo no es inmediata, sino que tampoco es posible ni realizable por la imputada, habida cuenta, como se dejó expuesto que no quedó demostrado en el juicio que ésta sea patrono del querellante, única manera de que una acción u omisión de ésta pueda afectar el derecho constitucional al trabajo del sedicente agraviado...”.

 

            Ahora bien, resulta imperativo destacar que esta Sala Constitucional ha expresado categóricamente que “...la violación del derecho constitucional al trabajo no se verifica exclusivamente respecto de una relación laboral o de dependencia entre patronos y trabajadores, pues la misma puede configurarse en el momento en que toda persona se vea obstaculizada o impedida por actos, que podrían provenir incluso de terceros, que menoscaben el ejercicio de este derecho. En estas situaciones el Estado debe adoptar las medidas tendientes a garantizar la protección y el pleno ejercicio del derecho quebrantado” (Sentencia nº 42 del 2 de marzo de 2000, Caso: Carmen Judith López, Víctor Velázquez y otros).

 

En virtud de lo antes expuesto esta Sala juzga que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta se apartó del estándar decisorio de esta Sala Constitucional, respecto a la interpretación del derecho constitucional al trabajo, expuesto en el fallo antes señalado, dado que no confrontó el derecho denunciado como conculcado con la norma constitucional supuestamente infringida y el hecho que causaba tal lesión, con independencia del sujeto agraviante, sino que justificó la inadmisibilidad del amparo en la inexistencia de este vínculo de dependencia, que a su juicio constituía un elemento fundamental para la existencia de la violación del derecho constitucional antes referido.

 

La Sala considera que, para garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, es necesario observar lo establecido en sentencia del 10 de mayo de 2001 (Caso Juan Adolfo Guevara y otros), cuyo texto parcial es del siguiente tenor:

 

“El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 o 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.

En este orden de ideas, considera esta Sala, que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva”. (Negrillas de esta decisión).

 

Así, pues, conforme a las razones antes expuestas, esta Sala, en ejercicio de las potestades que tiene atribuidas en materia de revisión, en los términos indicados en el presente fallo, debe forzosamente declarar con lugar el presente recurso de revisión, anular la decisión del 27 de marzo de 2001 emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, y ordenar se dicte una nueva decisión con prescindencia del vicio que acarreó la nulidad del presente fallo, y así se declara.    

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

 

1.- CON LUGAR al recurso de revisión interpuesto por el ciudadano BELTRÁN JOSÉ FERMÍN MARCANO, asistido por el abogado Loecadio Ramón Fermín Marcano, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta del 27 de marzo de 2001.

 

 2.- Se ANULA la referida decisión del 27 de marzo de 2001, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Graciela Calcaño Lastra,  actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa Seguros Horizonte, C.A., y, en consecuencia, revocó el fallo dictado el 13 de noviembre de 2000, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, y se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano Beltrán José Marcano contra la señalada empresa Seguros Horizonte, C.A..

 

3.- ORDENA al referido Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la abogada Graciela Calcaño Lastra,  actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa Seguros Horizonte, C.A., contra el fallo dictado el 13 de noviembre de 2000, por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, con estricta sujeción a lo decidido en el presente fallo.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de junio dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                              El Vicepresidente,

 

 

                                                   JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO 

Los Magistrados,

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                             

JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                       Ponente 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

  

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

JMDO/ns.

Exp. nº 01-1291