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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ 

 

El 23 de abril de 2004 se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio n° 112 proveniente del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, y adjuntas las copias certificadas del expediente n° 2.016 (nomenclatura de dicho Juzgado), a propósito de la apelación interpuesta por la abogada Rosario Amparo Pérez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 99.593, contra la decisión dictada el 6 de abril de 2004, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la accionante conjuntamente con el abogado Freddy José Paredes Dugarte, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 104.007, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos SONIA MERCEDES BLANCO ÁNGEL; LOUR NORBER PERDOMO PÉREZ; PEDRO JOSÉ ARANGUREN GONZÁLEZ; ILDEMAR DANIEL COLMENÁREZ PERAZA; AURA SABINA BETANCOURT; MARCOS ANTONIO SEVILLA DUIN; NANCY COROMOTO QUERO MILÁN; WILLENYS BLAGIR PÉREZ PÉREZ; LISBEL CAROLINA LLOVERA GARRIDO; BELKIS JOSEFINA LEAL CORDERO; DORIAN SEVERINO LAZCANO; SÁNDER RAFAEL GALÍNDEZ CAMERO; CARMEN PATRICIA MARTÍNEZ RAMÍREZ; ELENA DEL CARMEN EREU CORDERO; JUAN CARLOS YUSTIZ APONTE; ÁNGELA JENNINA SCIARRINO GARCÍA; LUIS EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ; EDGAR ANTONIO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ; THAYS DEL VALLE GONZÁLEZ FLORES; JOSÉ PASCUAL RODRÍGUEZ; SIXELA ANILETS MEDINA CASTELLANO; YANERY XIOMARA LEÓN DUDAMEL; LUIS FELIPE RANGEL AMARO; XIOMARA DEL CARMEN GARCÍA CASTRO; IURATO JOSÉ BARTOLO; ELSI NAHIRIS QUERO GIL; JOSÉ ISIDRO DÍAZ; LEIDIS DEL CARMEN CASTAÑEDA LAMEDA; MARÍA EDICTA CABEZA; JOSÉ BERNARBE PARRA FLORES; YULIBER ELENA RODRÍGUEZ YEDRA; JAVIER ARTURO SALAS LEÓN; SORA ANGELICA DÍAZ GIL; EDUARDO ENRIQUE JUÁREZ GIL; JOALITZA YAMILET VARELA SUÁREZ; JOSÉ MANUEL HERRERA MEDINA; ÁNGEL ERNESTO TORRES FONSECA; CARMEN VIOLETA MUJICA DE USEA; DANNY DOMINGO ACOSTA DÍAZ; DOMINGO JOSÉ MOSQUERA TIMAURE y ONALDIL DUVERLIS CASU NOGUERA, titulares de las cédulas de identidad núms. 6.054.667; 13.515.357; 12.708.128; 10.055.157; 3.866.756; 10.635.401; 13.555.393; 12.526.339; 12.709.926; 13.035.592; 10.641.180; 16.040.968; 12.263.670; 13.226.321; 10.643.579; 10.806.419; 10.262.166; 11.671.252; 9.561.501; 3.915.482; 13.228.156; 11.851.632; 15.592.707; 9.841.520; 12.526.041; 14.091.803; 9.384.245; 7.598.627; 7.251.652; 5.950.077; 13.073.984; 5.948.239; 10.483.206; 11.545.048; 12.088.054; 12.089.554; 7.368.117; 3.865.772; 8.658.268; 5.948.592 y 13.072.302, respectivamente, contra el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la citada Circunscripción Judicial.

           

En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando. Acordada la jubilación de este último, y en virtud del nombramiento por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, asume la presente ponencia el Magistrado doctor Francisco Carrasquero López y con tal carácter la suscribe.

 

Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES         

 

El 12 de febrero de 2004, comparecieron ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, los abogados Rosario Amparo Pérez y Freddy José Paredes Dugarte, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Sonia Mercedes Blanco Ángel y otros -identificados supra-, e interpusieron acción de amparo constitucional contra el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la citada Circunscripción Judicial.

 

El 13 del mismo mes y año, el Juzgado Superior ordenó a la parte actora subsanara dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes las omisiones habidas en el presente caso, referentes a la identificación del agraviante, conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 18 de febrero de 2004 fue notificada la abogada Rosario Amparo Pérez y el 19 del mismo mes y año, consignó el escrito de subsanación solicitado.

 

El 6 de abril de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta de conformidad con lo establecido en el citado artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 13 del mismo mes y año, la parte actora apeló de la anterior decisión, recurso que fue oído en un solo efecto el 15 de abril de 2004, en consecuencia, se ordenó remitir a esta Sala Constitucional las presentes actuaciones.

 

 II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Indicaron los apoderados judiciales de los accionantes lo que sigue: [A]nte su competente autoridad acudimos a los efectos de exponer la situación que confrontan nuestros representados la cual afecta su condición de POSEEDORES CON EL ANIMUS DOMINI, cumpliendo éstos con los requisitos exigidos en la ley, al poseer por más de dos años, en forma pacífica, continua, no interrumpida, pública no equívoca las parcelas en donde se ubican las viviendas ya mencionadas anteriormente pertenecientes al Desarrollo Urbanístico VILLA REAL. Es el caso ciudadano Juez que en virtud de la SENTENCIA DEFINITIVA dictada por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de esta Circunscripción, en fecha trece (13) de marzo de 2.002, en la causa n° (...), correspondiente al JUICIO DE REINVINDICACIÓN (sic) intentado por la Empresa CONSTRUCTORA ZINCO B.Z.M. C.A., con domicilio en (...), contra la empresa CONSTRUCTORA LA PROVIDENCIA C.A., inscrita (...), este Tribunal declara CON LUGAR la pretensión incoada y condena a la entrega material sin plazo alguno el inmueble objeto de la reivindicación, el cual tiene un área aproximada de ochocientos metros cuadrados (800Mts.2), y se encuentra comprendido dentro de las siguientes coordenadas: (...). Si bien en dicho terreno se construyó una calle de acceso a la Urbanización Villa Real la misma fue ejecutada SEGÚN PROYECTO aprobado por la DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE PÁEZ ESTADO PORTUGUESA de conformidad con el artículo 19420 (sic) de la Ordenanza sobre Arquitectura, Urbanismo y Construcción general vigente, quedando aprobado y anotado (...), para permitir el acceso a las parcelas de nuestros representados quienes son POSEEDORES CON EL ANIMUS DOMINI, por tiempo mayor de dos (02) años, cumpliendo con los requisitos exigido por la ley, al poseer en forma pacífica, continua, no interrumpida, pública no equívoca, las viviendas construidas sobre dichas parcelas, ubicadas en el Desarrollo Urbanístico VILLA REAL. Considerando que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de esta Circunscripción, comisionó en fecha doce (12) de febrero del 2.003 al JUZGADO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PÁEZ, ARAURE, SAN RAFAEL DE ONOTO Y OSPINO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, (...), a los fines de la práctica de la entrega material sobre el terreno objeto de la reivindicación, que es el mismo terreno que constituye la única calle de entrada, paso, circulación y acceso a la Urbanización Villa Real. Considerando que el Tribunal Comisionado puede fijar el día para la entrega material de dicho inmueble, sin realizar la notificación debida a nuestros representados privándolos del libre transito (sic) y acceso a sus viviendas, del goce y el ejercicio de los derechos y Garantías Constitucionales, y al no tener nuestros representados, ningún medio para hacerse presente en dicho acto y lograr que no se ejecute la medida, por parte del Tribunal comisionado, conforme lo establece el Art. 930 del Código de Procedimiento Civil, no nos queda otro camino que hacer valer el derecho previsto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con el Art. 27, 2, 21 ordinal (sic) 2, 26, 51, 75, 78 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Contra el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, para que este TRIBUNAL SUPERIOR, decrete el AMPARO CONSTITUCIONAL, a favor de nuestros representados, sobre el área de terreno (objeto de medida), la cual ha sido y es actualmente la única vía de acceso a la Urbanización Villa Real (...). solicitamos que el presente AMPARO sea admitido, sustanciado conforme a derecho y declarado con lugar con todos los pronunciamientos legales. Juramos la urgencia del caso y pedimos se habilite el tiempo necesario”.

 

En el escrito presentado el 19 de febrero de 2004, en el cual la parte actora debía subsanar la omisión habida respecto a la parte agraviante, se observa que el mismo contiene la misma narración y argumentos referidos supra, y señala: (...) es el caso ciudadana Juez, que en virtud de la SENTENCIA DEFINITIVA, dictada por el Juez Temporal del Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito (sic) del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, ABOG. RAFAEL AUGUSTO DESPUJOS, en fecha trece (13) de marzo del 2002, en la causa n° (...) correspondiente al JUICIO DE REINVINDICACIÓN (sic) (...). Considerando que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (sic) de esta Circunscripción Judicial comisionó en fecha doce (12) de febrero del 2003 al JUZGADO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PAZ, ARAURE, SAN RAFAEL DE ONOTO Y OSPINO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA la cual riela a los folios (...), a los fines de la práctica de la entrega material del terreno objeto de la reivindicación (...). Considerando que en fecha 01-10-03 la parte actora pide al Tribunal de Primera Instancia comisione al Juzgado Ejecutor de Medidas para la ejecución de la sentencia y en fecha 08-10-2003, el Tribunal de Primera Instancia acuerda desglosar el despacho (...) remitiéndolo al Juzgado Ejecutor de medidas a los fines de la practica de la entrega material (...). Considerando que la parte actora puede pedir la ejecución forzosa de la sentencia (...), no nos queda otro camino que hacer valer el derecho previsto en el Art. 1,18, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (...), en contra del convertido indirectamente en agraviante al dictar la sentencia Abog. Rafael Augusto Despujos, que declara CON LUGAR la pretensión incoada, actuando como Juez temporal del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO (sic) DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, representado actualmente por el Juez Temporal Abog. IGNACIO JOSE (sic) HERRERA GONZALEZ (sic)”.

 

III

DE LA DECISIÓN APELADA

 

La decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa se fundamentó en los siguientes argumentos:

 

Indicó que de la revisión del escrito de subsanación presentado por la accionante, abogada Rosario Amparo Pérez el 19 de febrero de 2004, no observó que se haya indicado de manera clara contra qué sentencia y contra qué tribunal solicitaba el amparo tal y como fue ordenado, ya que se menciona una sentencia definitiva dictada el 13 de marzo de 2002, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa; una comisión librada el 12 de febrero de 2003 por el referido Tribunal de Primera Instancia al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez, Araure, San Rafael de Onoto y Ospino del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, así como un auto dictado por el ya mencionado Tribunal de Primera Instancia en lo Civil el 8 de octubre de 2003, en el que se ordenó desglosar el despacho remitiéndolo al Juzgado Ejecutor de Medidas a fin de que se practicara la entrega material.

 

De manera que al no haber subsanado las omisiones indicadas por el Tribunal, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.

 

IV
DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:

 

Conforme lo ha señalado desde su primera decisión del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le corresponde conocer de las consultas y apelaciones de aquellas sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional, dictadas por los Juzgados Superiores de la República, las Cortes de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan de dichas acciones como Tribunales de Primera Instancia.

 

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial n° 37.942 del 20 de mayo de 2004, dicho criterio, permanece vigente conforme a la letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la antedicha Ley Orgánica, que dispone que, hasta tanto sea sancionada la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante esta Sala, se regirá por los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por “las interpretaciones vinculantes, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional”.

 

En el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional la apelación de un fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa; por tanto, congruente con la decisión antes mencionada en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta competente para conocer y resolver la presente apelación. Así se decide.

 
V

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

 

En la diligencia presentada ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, mediante la cual la parte accionante apeló de la anterior decisión, se observa que la misma señaló:

“En virtud de la declaratoria sin lugar en el Recurso (sic) de Amparo Constitucional en la causa 2016, motivado a la poca claridad contra cual actuación, acto o medida se impone dicho recurso, apelo ante esta decisión por considerar que está claro que es contra el auto dictado el doce (12) de febrero del año 2003, cuyo contenido corre a los folios (...), resalto por considerarlo necesario que la solicitud de Amparo Constitucional es para que se ordene al Tribunal Ejecutor de Medidas no practicar la ejecución forzosa de la medida ya que la parte actora puede pedirla en cualquier momento, es una perturbación latente, que afecta el interés colectivo, por infringir Garantías y Derechos Constitucionales de los terceros Adquirentes del inmueble en reivindicación , que son familias humildes ajenas a la pretensión de las partes, y que necesitan una seguridad jurídica que les ampare”.

 

 

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Para decidir la Sala observa que el 13 de abril de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, ordenó a la parte actora corrigiera el escrito presentado e hiciera mención expresa de la parte agraviante, esto de conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Como respuesta a lo solicitado, la parte actora, el 19 del mismo mes y  año, consignó el escrito requerido; no obstante, de la revisión del escrito de amparo presentado y el de subsanación, la Sala constató que efectivamente de los alegatos expuestos en la acción de amparo constitucional, no se puede dilucidar exactamente contra qué sentencia se acciona en amparo, cuales son los derechos y garantías presuntamente vulnerados ni cual es la pretensión o el fin perseguido con el amparo.

 

Tal omisión fue corregida por la parte actora, en la diligencia por medio de la cual apeló de la decisión hoy revisada, pero dado que dicha aclaratoria fue presentada una vez que la pretensión de amparo constitucional fue declarada inadmisible, esta instancia, no puede tomar en consideración tal corrección por intempestiva.

 

En tal virtud, visto que al momento en que el a quo dictó su decisión, los extremos requeridos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no fueron cumplidos por la parte accionante, ya que si bien mencionó que la pretensión de amparo constitucional estaba dirigida contra el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, no especificó contra cual de las decisiones dictadas y señaladas en el escrito eran las impugnadas, a saber, la del 13 de marzo de 2002, 12 de febrero de 2003 u 8 de octubre de 2003; la acción de amparo constitucional, tal como fue declarada, resultaba inadmisible de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En consecuencia, se declara sin lugar la apelación interpuesta por la abogada Rosario Amparo Pérez en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Sonia Mercedes Blanco Ángel y otros -identificados supra-, contra la decisión dictada, el 6 de abril de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, y confirma dicha decisión que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la citada Circunscripción Judicial. Así se declara.

 
VII
DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Rosario Amparo Pérez en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Sonia Mercedes Blanco Ángel y otros -identificados supra-, contra la decisión dictada, el 6 de abril de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa y, en consecuencia, CONFIRMA dicha decisión que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la citada Circunscripción Judicial.

 

Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y con competencia transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de junio dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

                                                                                       LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

EXP. n° 04-1012