SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 30 de noviembre de 2001, el MUNICIPIO ARÍSTIDES BASTIDAS DEL ESTADO YARACUY, mediante la representación del abogado Luis Eduardo Domínguez, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 20.918, intentó, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, amparo constitucional         -reformado el 26 de diciembre del mismo año- contra la sentencia que dictó, el 5 de noviembre de 2001, el Juzgado de Primera Instancia Agraria y Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos al debido proceso y a la defensa que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 18 de enero 2002, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró con lugar.

El 21 de enero de 2002, los terceros opositores, ex-trabajadores del Municipio Arístides Bastidas del Estado Yaracuy, mediante la representación del abogado Roberth José Zerpa, apelaron contra la sentencia de dicho Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

El 30 de noviembre de 2001, el Municipio Arístides Bastidas del Estado Yaracuy, mediante la representación del abogado Luis Eduardo Domínguez, intentó, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 5 de noviembre de 2001, el Juzgado de Primera Instancia Agraria y Trabajo de la misma Circunscripción Judicial. El 26 de diciembre del mismo año reformó la demanda.

El 4 de diciembre de 2001 se admitió el amparo y tras la realización de las notificaciones correspondientes, el 11 de enero de 2002 tuvo lugar la audiencia  oral y pública, a la cual asistieron ambas partes.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.        Alegó:

1.1     Que un grupo de veintiséis (26) trabajadores incoó en su contra un juicio de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos.

1.2     Que, cuando la causa estaba en segunda instancia en espera de sentencia, “la Juez provisoria Dra. OLGA NÚÑEZ DE MEZA, fue designada como tal en fecha 31-07-2.001, en virtud de lo cual debía proceder a avocarse (sic) al conocimiento de los juicios, ordenando la notificación de dicho avocamiento (sic) a las partes y de allí continuar el proceso.”

1.3     Que la juez sentenció la causa sin previa notificación del abocamiento, con lo cual vulneró los artículos 14 y 15 del Código de Procedimiento Civil y 103 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

2.         Denunció:

2.1     La violación del derecho a la defensa y al debido proceso que establecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la Juez Olga Núñez de Meza se abocó al conocimiento de la causa sin la notificación, a las partes, del abocamiento .

2.2     La violación del derecho a la seguridad jurídica que establece el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y a la “Uniformidad de la jurisprudencia”, por cuanto el Juez, con abuso de poder, revocó un fallo “por razones de garantizar más allá de lo garantizable los derechos que le da a los Trabajadores la Ley Orgánica del Trabajo...”. Que dicha Ley no estableció el derecho de los trabajadores de abusar de los patronos. Que “...en este caso los Accionantes antes de hacer su solicitud de calificación de despido recibieron de (su) mandante el pago de sus prestaciones sociales, y es con posterioridad a haber recibido el pago y con ello aceptar la terminación de la relación de trabajo, es que en franco abuso de la protección que la Ley Orgánica del Trabajo les da, pretende que a pesar de tal pago tener derecho al reenganche por haber sido despedidos...” Que una vez que el trabajador recibe el pago de sus prestaciones sociales mal puede intentar un juicio por reenganche. Que se demostraron en el juicio dichos pagos, pero tales pruebas documentales no fueron apreciadas ni valoradas.

3.        Pidió:

“...la NULIDAD DE LA SENTENCIA dictada por el Juzgado Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy.”

Además, por cuanto “la ejecución de la sentencia cuya nulidad por vía de esta acción de amparo se pretende, causaría un daño irreparable a (su) representada por lo que por vía del poder cautelar innominado solicit(a) se acuerde una medida cautelar que ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia y con ello asegurar al demandante el resultado final que se propone (su) representada al intentar la presente acción.”

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Visto que, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido contra la sentencia que dictó, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, esta Sala declara su competencia para el conocimiento del recurso en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN

El juez de la sentencia contra la que se recurrió decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“En mérito de las razones anotadas, este Juzgado Superior, actuando en Sede Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la presente ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el abogado LUIS EDUARDO DOMÍNGUEZ, en nombre de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ARÍSTIDES BASTIDAS DEL ESTADO YARACUY, contra la sentencia dictada en fecha 05 de noviembre de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a cargo de la Juez Provisorio, abogado OLGA NÚÑEZ DE MEZA, por falta de apreciación y valoración de pruebas, que pudieran ser relevantes en el procedimiento de Calificación de Despido, Solicitud de Reenganche y de Pago de Salarios Caídos, que como juez de alzada decidió, en el expediente distinguido con el nº 0375 de la nomenclatura de ese Juzgado, conocido en primera instancia por el Juzgado de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastidas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy incoado por los ciudadanos (...) contra la alcaldía accionante, el cual intentó por considerar que tal conducta del tribunal lesionó su derecho al debido proceso y a la defensa, contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tal decisión se fundamenta en que se constató de la sentencia dictada, la mención de las pruebas promovidas en el proceso, pero no cumplió el tribunal a quo, con su apreciación y valoración, encontrando este Tribunal, que de algunas de ellas pueden derivarse elementos determinantes que habrían decidir sobre la procedencia o no del juicio de Calificación de Despido.”

 

El tribunal de la causa desestimó la denuncia de violación al debido proceso y defensa, por la falta de notificación del abocamiento, por cuanto, según jurisprudencia de la Sala Constitucional, para que se configure dicha violación “...es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”.

En cuanto a  la denuncia de violación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, señaló que la notificación  que establece en dicha norma no es necesaria en los juicios de calificación de despido y, además, que constaba la notificación del Síndico Procurador Municipal en la primera instancia y también la constitución de un apoderado que lo representara.

En relación con el alegato de falta de apreciación y valoración de las pruebas, consideró que es jurisprudencia de esta Sala que la omisión en la valoración de las pruebas produce indefensión. En ese sentido, observó que “...algunos de esos documentos traídos al proceso, tales como las cartas de despido, las planillas de cálculos para el pago de prestaciones sociales emanadas de la sala de Consultas, Reclamos y Conciliación de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Yaracuy, las planillas de liquidación de prestaciones sociales de los demandantes, el Decreto nº 008 de la Alcaldía del Municipio Autónomo Arístides Bastidas, la participación del despido (folio 207 al 208), los documentos promovidos en escrito que riela al folio 245, que conforman los folios 246 al 290, el acta del 09 de octubre de 2000 (folios 331 al 334), las transacciones (folios 335 al 408) y el auto que negó la homologación de las transacciones, los cuales pueden ser relevantes para considerar procedente o no, el Juicio de Estabilidad laboral que decidió declarar con lugar, por lo que sin hacer una apreciación y valoración de todas las pruebas, tal falta de valoración privó al accionante de su derecho a la defensa en segunda instancia y así se declara.”

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Para la decisión de la presente apelación, la Sala observa que la sentencia que fue apelada declaró con lugar el amparo que se intentó, con fundamento en que se vulneró el derecho constitucional a la defensa del Municipio Arístides Bastidas del Estado Yaracuy por la omisión del tribunal en cuanto a la apreciación de las pruebas documentales que comprobarían la improcedencia de las demandas laborales que se intentaron en su contra.

Como bien lo señaló el fallo contra el que se recurrió en apelación, esta Sala ha establecido que cuando un Juez no valora o no aprecia pruebas fundamentales que se aportaron oportuna y apropiadamente al juicio, tal omisión produce una indefensión, además de que configura el vicio de nulidad de la sentencia por silencio de pruebas que preceptúa el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, esta Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:

“La falta de apreciación por parte de los jueces de las pruebas que constan en el expediente produjo el vicio de silencio de pruebas, que contiene el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual está relacionado con el derecho constitucional a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

En ese sentido, la Sala considera que todo ciudadano tiene el derecho a ser juzgado y a que la causa sea resuelta con fundamento en los elementos de hecho y de derecho que cursen en el expediente y no puede el Juez silenciar las pruebas, pues esa falta de juzgamiento incide directamente en el derecho a la defensa y en el derecho a ser juzgado con las garantías del debido proceso.

Ahora bien, la Sala precisa que para que se configure la violación del derecho constitucional a la defensa, no basta con la simple falta de valoración de una prueba, sino que se compruebe que la prueba dejada de apreciar era determinante para la decisión, de tal manera que, de haber sido apreciada, la decisión hubiera sido otra.” (s.S.C. del 24-4-02, exp. nº 01-1511).

 

En el caso de autos, se observa que la parte demandante denunció la vulneración del principio de la uniformidad de la jurisprudencia y su derecho a la defensa, por cuanto la demanda de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos que intentó un grupo de veintiséis (26) obreros sería inadmisible y contrariaba la pacífica y reiterada jurisprudencia sobre la materia, la cual consiste en que, una vez  que terminó la relación de trabajo, si al trabajador se le pagan las prestaciones sociales y demás conceptos laborales que le correspondan, él no puede solicitar el reenganche, toda vez que, con dichos pagos, aceptó la culminación de la relación laboral y sólo puede exigir el pago de diferencias de esas cantidades de dinero, debido a un mal cálculo. Para la prueba de que los trabajadores habían sido liquidados y, a pesar de ello, habrían solicitado su reenganche, el demandante en amparo, parte demandada en el juicio laboral, consignó pruebas documentales que respaldaban su posición.

Al respecto, se observa que el tribunal del juicio laboral, Juzgado de los Municipios Sucre, la Trinidad y Arístides Bastidas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en la sentencia, consideró lo siguiente:

“Ahora bien, es criterio de ésta (sic) Juzgadora que la aceptación de las Prestaciones Sociales por los trabajadores solicitantes o demandantes ya identificados, sea total o parcial, supone que el trabajador ha perdido el interés en continuar la relación laboral que lo mantenía unido al patrono y como consecuencia no es lógico pensar que pretendan una sentencia que ordene el reenganche a su puesto de trabajo, ya que tal aceptación puso fin a la relación laboral, en tal sentido no existe despido alguno que calificar, lo cual es el objeto del procedimiento de Estabilidad preceptuado en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo.”

 

En razón de la apelación que ejercieron los trabajadores, la sentencia fue revisada por el tribunal de alzada, el cual revocó el fallo apelado y declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos y ordenó tener el pago realizado como adelanto de prestaciones sociales.

Ahora bien, la Sala estima, como lo denunció la parte demandante, que en un Estado de derecho y de justicia como lo establece el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe respetarse el orden jurídico preestablecido y los órganos de justicia no deben hacer apreciaciones sesgadas con la verdad procesal que deviene de los autos, pues ello no hace más que atentar contra el principio de la seguridad jurídica que reclama todo justiciable.

En este caso, como lo estableció el tribunal de primera instancia laboral, resulta ilógico pensar que un trabajador que recibió el pago de sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales correspondientes, lo cual implica la terminación de la relación laboral, luego pretenda el reenganche y pago de salarios caídos. La Sala observa con preocupación esta conducta de algunos trabajadores con la anuencia de algunos abogados y, más aún, su aceptación por parte de algunos tribunales laborales que, se insiste, lejos del fortalecimiento de la seguridad jurídica, la perjudican.

La Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal señaló que, en casos como el de autos, esa aceptación del trabajador de sus prestaciones sociales debe tenerse como una renuncia tácita que puso fin a la relación laboral.

En efecto, la Sala Político-Administrativa decidió lo siguiente:

“De manera tal que, cuando el trabajador aviene en recibir la totalidad de las prestaciones sociales que le corresponden con ocasión al reconocimiento de la terminación de la relación de trabajo, está abandonando o renunciando a toda posibilidad de entablar un controvertido sólo respecto a la estabilidad, esto es, a obtener un reenganche en su puesto de trabajo; quedando a salvo, no obstante, que pueda intentar acciones judiciales tendentes a reclamar otras cantidades que estime, aún se le adeuden.(s.SPA del 20-11-01, nº 02762).

 

Con fundamento en las razones que fueron antes expuestas, la Sala considera que la falta de apreciación de las pruebas, que demostrarían el pago de las prestaciones sociales de los reclamantes, configuró una violación del derecho al debido proceso del aquí demandante en amparo. Así se decide.

En virtud de lo anterior, la Sala declara sin lugar la apelación que fue ejercida y, en consecuencia, confirma el fallo apelado, anula la decisión objeto del amparo de autos y ordena al tribunal de la sentencia que fue recurrida en amparo que decida de nuevo, para lo cual deberá tomar en consideración las pruebas que no fueron apreciadas. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que fue objeto de apelación que dictó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy el 18 de enero 2002, y declara CON LUGAR la demanda de amparo que interpuso el MUNICIPIO ARÍSTIDES BASTIDAS DEL ESTADO YARACUY, contra el fallo que pronunció, el 5 de noviembre de 2001, el Juzgado de Primera Instancia Agraria y Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, la cual se ANULA y se ORDENA una nueva decisión que tome en consideración las pruebas que se aportaron al proceso laboral. En consecuencia, declara SIN LUGAR el recurso de apelación que se incoó contra la precitada sentencia.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de junio de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

           Magistrado

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Magistrado

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente    

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 02-0295