SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

El 14 de abril de 2003, los abogados EUCLIDES MATILDE RODRÍGUEZ y JOSÉ RAMÓN ROSAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los N°s 56.451 y 14.621, respectivamente, en su carácter de Contralor Interino del Municipio Antolín del Estado Nueva Esparta y Concejal Vicepresidente de la Cámara Municipal del mismo Municipio, respectivamente, intentaron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra “...el Acto de Omisión del JUZGADO SUPERIOR CIVIL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN NORORIENTAL, BARCELONA, ESTADO Anzoátegui, de no acordar las copias certificadas solicitadas, del expediente N° 6.103, conducta la cual denunciamos, que viola y mantiene latente la violación real y actual al debido proceso y nuestro derecho a la defensa...”.

 

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

ÚNICO

 

La Sala pasa a dilucidar su competencia para conocer del asunto, y al respecto observa:

 

La presente solicitud de amparo constitucional se ejerce contra la “...Omisión del JUZGADO SUPERIOR CIVIL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN NORORIENTAL, BARCELONA, ESTADO Anzoátegui, de no acordar las copias certificadas solicitadas...”.

 

Ahora bien, respecto de la competencia para conocer de acciones de amparo constitucional ejercidas contra omisiones, actuaciones o decisiones de los Juzgados Superiores de la República, en las que actúan como Tribunales última instancia, la Sala, en su decisión n° 1/2000, del 20 de enero, caso: Emery Mata Millán, estableció que:

 

“Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales” (Subrayado de este fallo).

 

 

De acuerdo con el criterio jurisprudencial antes señalado, corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra las decisiones dictadas en última instancia por los Juzgados Superiores de la República cuando éstos conozcan de la materia civil, mercantil, de niños y adolescentes, laboral, agraria, del tránsito, de familia, etc, pero no cuando éstos conozcan de la materia contencioso-administrativa, ya que en tales casos, con independencia de que hayan conocido en primera o en segunda instancia, existe un órgano jurisdiccional superior en jerarquía a los Juzgados Superiores que conocen de la materia contencioso-administrativa, que es el competente para conocer de las acciones de amparo ejercidas contra sus decisiones, como es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

 

En efecto, desde el fallo parcialmente citado, y en diferentes decisiones (ver, por ejemplo, sentencia n° 826/2002, del 24 de abril, caso: Genesio Mario Orsini) esta Sala ha reconocido y reiterado la competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer de las acciones de amparo que se ejerzan contra actuaciones, omisiones y  decisiones judiciales de los Juzgados Superiores que tienen atribuida provisionalmente la competencia contencioso-administrativa, ya que éstos, se encuentran por su ubicación dentro de la organización contencioso-administrativa en Venezuela, sometidos al control judicial, por vía de apelación, de la consulta y del amparo constitucional, de la mencionada Corte Primera, cuyas sentencias son las que en todo caso, a través de las vías procesales antes mencionadas y de la revisión extraordinaria contemplada en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran sujetas al control judicial de esta Sala Constitucional.     

 

            Así las cosas, visto que la presente acción fue ejercida contra la “...Omisión del JUZGADO SUPERIOR CIVIL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN NORORIENTAL, BARCELONA, ESTADO Anzoátegui, de no acordar las copias certificadas solicitadas...”, en un juicio correspondiente a la jurisdicción contencioso administrativa, esta Sala Constitucional, congruente con su doctrina al respecto, se declara incompetente para conocer de la misma y, con fundamento en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara que el Tribunal competente para conocer de la presente causa es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional, incoada por los abogados EUCLIDES MATILDE RODRÍGUEZ y JOSÉ RAMÓN ROSAS, en su carácter de Contralor Interino del Municipio Antolín del Estado Nueva Esparta y Concejal Vicepresidente de la Cámara Municipal del mismo Municipio, respectivamente, contra “...el Acto de Omisión del JUZGADO SUPERIOR CIVIL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN NORORIENTAL, BARCELONA, ESTADO Anzoátegui, de no acordar las copias certificadas solicitadas, del expediente N° 6.103, conducta la cual denunciamos, que viola y mantiene latente la violación real y actual al debido proceso y nuestro derecho a la defensa...” y, en consecuencia, ORDENA remitir el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por ser éste el órgano jurisdiccional competente para conocer del referido amparo constitucional.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de  junio de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

 

     El Vicepresidente,

 

    Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

           

 

José Manuel Delgado Ocando                                       

    Magistrado                                                            

 

                                                                        Antonio José García García

                                                                                         Magistrado

 

           

Carmen Zuleta de Merchán

Magistrada

 

 

  El Secretario,

 

                              José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. 03-1009

IRU/