SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

En fecha 27 de octubre de 1999, el abogado HUGO ALBARRÁN ACOSTA, venezolano, mayor de edad, títular de la cédula de identidad No. V.- 3.380.188, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 19.519, actuando con el carácter de defensor de la ciudadana ANGELA ROMELIA SEMIDEY SANTAMARÍA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 1.509.195, interpuso acción de amparo contra el auto dictado por la Corte de Apelaciones, Sala número 7, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 13 de agosto de 1999, por las presuntas violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y al principio de irretroactividad de la Ley, todo de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961 (vigente para ese momento), y los artículos 1, 2, 4, 39 y 41 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

            El 2 de noviembre de 1999 se dio cuenta del expediente en la Sala de Casación Penal y se designó ponente. Posteriormente, en virtud de la conformación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, el 28 de enero de 2000, la Sala de Casación Penal envió el expediente a esta Sala. En esa misma fecha, se dio cuenta y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

De la admisibilidad de la acción

 

Con fecha 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta Sala Constitucional, determinó su competencia en materia de amparos constitucionales, todo de conformidad con la Constitución vigente y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Así, respecto a las acciones de amparo contra sentencias, resoluciones o actos dictados por un tribunal de la República, que prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sostuvo que corresponde a esta Sala Constitucional la competencia para conocer de la acción de amparo que se intente contra decisiones de última instancia emanadas de los tribunales o juzgados superiores de la República que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.

 

Ahora bien, observa esta Sala que la presente acción de amparo ha sido intentada contra el auto dictado por la  Sala número 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 13 de agosto de 1999, por lo que, aplicando el criterio sostenido en los fallos anteriormente citados, resulta competente esta Sala para conocer de la presente acción y así se declara.

 

Por otra parte, en relación a la admisibilidad de la presente acción, esta Sala debe observar que, según lo establecido en el artículo 18, numeral 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es requisito esencial para la admisibilidad de la acción, los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, así como también la identificación del poder conferido.

 

 Esta Sala ha establecido con anterioridad que el defensor en un juicio penal tiene facultad para hacer valer cualquier medio de defensa  en beneficio de su defendido, incluyendo, el ejercicio de los recursos o acciones que las leyes de la República establecen, siempre que beneficien la defensa, tomada ella en forma integral; por lo tanto, es necesario que el defensor HUGO ALBARRÁN ACOSTA, demuestre en autos su carácter de defensor, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el citado artículo 18. 

 

Ahora bien, de la revisión de las actas del presente expediente, se pudo constatar que en el mismo, no consta, el carácter de defensor del abogado HUGO ALBARRÁN ACOSTA, sino que, según la copia de la decisión del Juzgado Cuadragésimo Quinto Accidental de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el defensor de la ciudadana ANGELA ROMELIA SEMIDEY SANTAMARÍA, es el abogado JUAN ISIDRO MEDINA, por lo que, no se puede constatar con los recaudos consignados con el escrito contentivo de la acción, el carácter de defensor del abogado accionante, y por lo tanto su cualidad para intentar la presente acción.

 

Por otra parte, el accionante menciona un auto emanado del Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 10 de diciembre de 1998, en el cual supuestamente se revoca el auto de ese mismo tribunal de fecha 16 de noviembre de 1998, que ordenaba la remisión del expediente a los fines de la consulta legal. El mencionado auto, no fue consignado con el escrito contentivo de la acción de amparo, y el mismo es de vital importancia para la resolución de la presente acción. De igual manera sucede con el anuncio del recurso de apelación que la parte accionante del amparo hiciera en la causa seguida a ANGELA ROMELIA SEMIDEY SANTAMARÍA, recaudo éste que no fue consignado, y que resulta indispensable para resolver el presente amparo, ya que una de las denuncias está relacionada con la no resolución por parte de la Sala No. 7, de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la apelación anunciada por ser manifiestamente extemporánea.

 

Ahora bien, debido a las circunstancias mencionadas, a saber: que no se consignó copia del auto en el cual el abogado HUGO ALBARRÁN ACOSTA, aceptó su designación como defensor; del auto de fecha 10 de diciembre de 1998 y del anuncio del recurso de apelación, esta Sala Constitucional estima, que la presente solicitud de amparo constitucional incumplió los requisitos contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por ello, la Sala considera deficiente dicha solicitud y, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la parte presuntamente agraviada debe ser notificada a los fines de enmendar sus omisiones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la correspondiente notificación, y en caso que no dé cumplimiento con ello, la acción de amparo será declarada inadmisible. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, Ordena notificar al abogado HUGO ALBARRÁN ACOSTA, para que dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la correspondiente notificación, enmiende la solicitud de amparo constitucional interpuesta. Esta Sala Advierte que, si no se hiciere la correspondiente consignación, la acción será declarada inadmisible.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  el  Salón  de  Audiencias  de la  Sala  Constitucional  del  Tribunal Supremo de Justicia, a los  13  días del mes de Junio  de dos mil (2000). Años: 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

IVAN RINCON URDANETA

 

                                                                   El Vicepresidente,

 

 

JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO

Ponente

 

Los Magistrados,

HECTOR PEÑA TORRELLES

 

 

                                  JOSE MANUEL DELGADO OCANDO

 

 

MOISES TROCONIS

 

El Secretario,

 

 

JOSE LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

EXP. Nº: 00-0199

JEC/BP/av.

Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que asumió la competencia de una acción de amparo constitucional, en contra de una decisión judicial.  Las razones por las cuales me aparto de la decisión de la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las sentencias dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer de las acciones de amparo contra decisiones judiciales, interpuesta de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, atendiendo al contenido del citado artículo 4, se observa que   la referida norma es precisa al indicar que dicha acción se debe interponer   “... por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento”. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendió tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye -a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior,  estima el disidente, que esta Sala Constitucional no debió asumir la competencia de la acción de amparo constitucional interpuesta, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas,  fecha  ut-supra.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

El VicePresidente,

 

 

                                                           Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Magistrados,

 

Héctor Peña Torrelles

            Disidente

José M. Delgado Ocando

 

Moisés A. Troconis Villarreal

                                                                                 

             El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 00-0199, SENTENCIA 539 DEL 13-6-00

HPT/mcm