SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente Número 13-0190

 

El 25 de febrero de 2013, el abogado Freddy J. Bruzual, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 64.727, en su carácter de defensor privado del ciudadano ORLANDO GULLOSO MELÉNDEZ, de nacionalidad colombiana y titular de la cédula de identidad número E-83.037.540, interpuso ante esta Sala Constitucional, solicitud de avocamiento “… de la causa Nro 4C-4983-12…”.

 

El 28 de febrero de 2013, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 8 de mayo de 2013, en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, esta Sala Constitucional quedó conformada de la siguiente forma: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

 

I

DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

El defensor privado del ciudadano Orlando Gulloso Meléndez, a quien se le sigue proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia sexual ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en la población de Guarenas, en su solicitud de avocamiento planteó que esta Sala que “…tenga a bien considerar la posibilidad (previo estudio del caso), de AVOCARSE al (sic) mismo e impartir las instrucciones necesarias, distribuyendo el mismo a otro tribunal de la misma jurisdicción; a los fines de preservar la buena imagen del Poder Judicial y lograr que se imparta una justicia transparente, gratuita, equitativa y expedita en la presente causa. Por lo que una vez recabado y analizado el expediente en cuestión, se podrá evidenciar las ventajas y prebendas de las que goza en dicho tribunal la representación de la Fiscalía 21° del Ministerio Público (LOPNA) de Guarenas, en detrimento de la justicia y en perjuicio de la defensa Privada…” (mayúsculas del escrito).

 

            Que el “…09 de octubre del año 2012; el ciudadano ORLANDO GULLOSO MELÉNDEZ, previa presentación en flagrancia, a instancia de la Fiscalía 21 del Ministerio Público (en materia de LOPNA), con sede en la población de Guarenas, quedó imputado y privado de libertad, por el delito de VIOLENCIA SEXUAL, según lo previsto en el artículo 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con el artículo 80, 2do aparte del Código Penal. Es decir, VIOLENCIA SEXUAL EN GRADO DE TENTATIVA, en perjuicio de su hijastra, la niña [cuya identidad es omitida en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes] hija de (…) su concubina; quien funge como denunciante, con quien tiene en la actualidad dos hijos varones, de 05 y 06 años…” (mayúsculas y negritas del escrito).

 

Que “…su concubina lo denuncia bajo esta premisa 'encontrándome en mi casa, llegó mi concubino ORLANDO GULLOSO MELÉNDEZ, el día sábado 06-10-12, como a las 07:00 horas de la noche, borracho (…) le prendió fuego a la casa y luego agarró a la niña por el brazo y le dijo 'me gustas te voy a hacer mía, como ayer, que hice mía a otra mujer' y la llevo a la cama y se quitó los pantalones, enseguida le caí a palazos (…) y mi hermano lo agarró por el cuello'…” (mayúsculas del escrito).

 

Que en “…entrevista sostenida con mi defendido (…) este [le] manifestó lo siguiente: 'Dr. en qué cabeza cabe que yo voy a quemar mi propia casa, cómo pueden decir que yo puedo abusar de mi hijita'…”.

 

Que “…el examen médico legal practicado a la niña presuntamente agraviada, no arrojó daño de ningún tipo en su integridad física…”.

 

Que “… Basándome en mi condición de DEFENSOR PRIVADO (…) entre otras diligencias solicité (…) que los Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (…) practicaran una inspección técnica en la morada de esta familia (…) Esta diligencia me fue negada (…) pedí (…) recabaran el palo de escoba con el cual presuntamente habían golpeado a mi defendido; así como la botella de cerveza y la botella de ron (…) esta diligencia me fue negada (…) la testigo principal (…) vive muy lejos (…) y no pudo presenciar lo que eventualmente hubiere ocurrido (…) solicité un levantamiento planimétrico (…) esta diligencia también me fue negada (…) En virtud [de] que (…) golpearon y lesionaron a mi patrocinado (…) solicite (sic) que se le practicara examen médico-legal (…) esta diligencia tampoco fue realizada (…) propuse un testigo (…) diligencia que igualmente me fue negada (…) solicité que la ciudadana (…) ampliara su declaración (…) esta diligencia igualmente me fue negada…” (mayúsculas del escrito).

 

Que “… Negadas como fueron las diligencias propuestas (…) solicité al Tribunal de la Causa que instara a la Fiscalía 21 del Ministerio Público (…) a darle cumplimiento a todas y cada una de las diligencias propuestas (…) el tribunal nunca se pronunció (…) En virtud de Prueba Anticipada propuesta por la Representación Fiscal (…) en la cual se le recibió declaración (…) a la niña (…) esta expuso (…) 'mi papa no me hizo nada' (…) motivo por el cual solicité una revisión de medida (…) hasta la presente fecha el tribunal no se ha pronunciado (…) se me ha hecho tan difícil el acceso al expediente (…) solicité copia de todos y cada uno de los folios que conforman la causa (…) hasta la presente no he logrado obtener tales copias…” (mayúsculas del escrito).

 

Que “…recibida la acusación fiscal, el tribunal fijó la Audiencia Preliminar para el 12-12-12 (…) hice acto de presencia (…) me dijeron que esa audiencia quedó diferida (…) fijada la audiencia para el día 16-01-13 la misma no pudo celebrarse (…) fijada la audiencia preliminar para el fecha 15-02-2012, la misma no pudo celebrarse (…) me negué a firmar el acta (…) tercer diferimiento imputable al tribunal de la causa (…) no se fijó nueva fecha para la celebración de la próxima audiencia…”.

 

Que así queda “…demostrado igualmente el poco interés que tiene el tribunal de la causa en atacar el retardo judicial y especialmente en llevar a cabo la presente Audiencia preliminar…”.

 

Por último, en virtud de lo anterior, el defensor privado de la parte solicitante pidió que esta Sala Constitucional avoque el conocimiento de la causa “… Nro 4C-4983-12…”.

 

II

COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente solicitud de avocamiento; a tal efecto, observa:

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, cardinal 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala podrá “Avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”.

 

En este orden de ideas, los artículos 106 y 107 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establecen, lo siguiente:

 

“Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.”

 

 

De conformidad con lo establecido en estas normas, el avocamiento, es una facultad de este Alto Tribunal para asumir el conocimiento de algún juicio que curse ante un tribunal de inferior jerarquía, a fin de corregir graves desórdenes procesales que vulneren los derechos de los justiciables.

 

Esta Sala Constitucional en sentencia núm 2147 del 14 de septiembre de 2004, Caso: Eugenio Manuel Alfaro, estableció: “…es necesario advertir que la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha justificado el ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia. En efecto, esta figura procesal exige tal tratamiento en virtud de su naturaleza excepcional, que permite excluir del conocimiento de una causa al juez que esté llamado ordinariamente a hacerlo y con ello limita los recursos que la ley le otorga a las partes para impugnar las decisiones que de este último emanen…”.

 

Asimismo, el artículo 109 de la mencionada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece:

 

 “Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

 

 

De lo anterior se colige, que las solicitudes de avocamiento deberán ser conocidas y decididas por aquella Sala a cuya competencia esté atribuido el conocimiento de la materia propia de la controversia y sea objeto del avocamiento. Ello así, para el conocimiento del caso sub lite, debe hacerse un examen de la naturaleza propia de la pretensión y las materias que forman parte de la competencia de cada una de las Salas que constituyen este Máximo Tribunal.

 

En consonancia con lo expuesto, esta Sala ha sostenido que en determinados casos puede reservarse su conocimiento con carácter de exclusividad, siempre y cuando se verifiquen “ciertos desórdenes procesales que ameriten su control por la presunta vulneración de principios jurídicos fundamentales; es decir, la competencia de la Sala establecida […] en virtud de la situación de relevancia nacional que afecte de una manera grave al colectivo, y a la Sala le conviene regular en virtud de uniformar un criterio jurisprudencial, en aras de salvaguardar la supremacía del interés general” (vid. sentencia núm. 750 del 5 de abril de 2006, Caso: Representaciones Renaint C.A.).

 

Ahora bien, en el presente caso, se solicitó el avocamiento de esta Sala respecto de la causa contenida en el expediente signado 4C-4983-12, llevado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en la población de Guarenas, que se encuentra actualmente conociendo en primera instancia del proceso penal incoado contra el ciudadano Orlando Gulloso Meléndez, por la presunta comisión del delito de violencia sexual.

 

En efecto, la Sala observa que en el caso bajo estudio la solicitud de avocamiento se circunscribe a una serie de presuntas irregularidades cometidas por la representación del Ministerio Público y el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, alegando falta de experticias y retardo procesal, en contra del imputado Orlando Gulloso Meléndez; de manera que, la Sala precisa, que el avocamiento solicitado se refiere a un proceso penal que no involucra competencias atribuidas a esta Sala de forma exclusiva, no se encuentran involucrados intereses colectivos o difusos, ni se advierte una grosera violación de principios jurídicos fundamentales.

 

Así las cosas, la Sala advierte que no están llenos los extremos exigidos para que esta Sala Constitucional ejerza su facultad de avocar el caso de autos, toda vez que, al tratarse de una causa penal de la que se pretende el avocamiento, tal potestad queda circunscrita al ámbito penal, de modo que, conforme al cardinal 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, conocer sobre la procedencia o no de la presente solicitud de avocamiento.

 

En tal virtud, esta Sala Constitucional se declara incompetente para conocer de la solicitud de avocamiento, solicitada por el abogado Freddy J. Bruzual, en su carácter de defensor privado del ciudadano Orlando Gulloso Meléndez, y declina el conocimiento en la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, a la cual se ordena remitir las presentes actuaciones; y así se declara.

 

Decisión

           

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara INCOMPETENTE para conocer la solicitud de avocamiento solicitada por el abogado Freddy J. Bruzual, en su carácter de defensor privado del ciudadano ORLANDO GULLOSO MELÉNDEZ, ya identificados, y DECLINA el conocimiento en la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 13 días del mes de junio de dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.                                               

…La

…Presidenta,

 

 

 

Gladys Gutiérrez Alvarado

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

    

     Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

                Magistrada

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

                                                                                       Magistrado

 

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

                Magistrada

 

                                                                                             

 

Arcadio Delgado Rosales

                                                                                       Magistrado-Ponente

                                                                  

                            

 

Juan José Mendoza Jover

   Magistrado

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

                                  José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp. 13-0190

ADR/