SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

 

 

            El 14 de julio de 2000 el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala Constitucional el expediente que contiene la decisión dictada por ese juzgado el 22 de junio de 2000, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Yessy Coromoto Galvis y Pedro José Aquino Rojas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 41.700 y 60.098, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de FABRICA DE TABACOS CORONA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 8 de octubre de 1998, bajo el número 23, tomo 441-A-Sgdo, FABRICA DE TABACOS GATO NEGRO, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 28 de agosto de 1992, bajo el número 24, tomo 6-B, tercer trimestre; FABRICA DE TABACOS GRAN CARIBE DEL SUR, S.R.L., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 11 de septiembre de 1997, bajo el número 42, tomo 23-A, y FABRICA DE TABACOS CASIQUE YARACUY, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 16 de abril de 1999, bajo el número 80, tomo 7-A, contra el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), por la exigencia del pago del impuesto establecido en la Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco a los productores de tabaco ubicados en la región de Los Andes y no a los productores de tabaco de otras regiones del país.

 

            Tal remisión obedece a la apelación ejercida por el abogado Pedro José Aquino Rojas el 26 de junio de 2000.

 

            Por auto del 14 julio de 2000 se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

 

            Sostienen los mencionados apoderados judiciales que, a partir de junio de 1999, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), Región Los Andes, a través de sus funcionarios, exigió a sus representadas el pago del impuesto establecido en el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco, que no fue exigido a las fábricas de tabaco ubicadas en otras regiones del país.

Debido a esa circunstancia, el 31 de mayo de 2000 interpusieron acción de amparo constitucional ante el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y alegaron la existencia de una competencia desleal y la violación de los artículos 2, 317, 133, 21 y 316, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos, respectivamente, al valor de la igualdad propugnado por el Estado, al principio de la legalidad tributaria, al principio de la generalidad de los tributos, al principio de la igualdad y al principio de la justicia tributaria.

 

En este sentido expresaron que el referido impuesto elevó de manera exorbitante el costo de los productos de sus representadas, dificultando su comercialización frente a los producidos por las fábricas situadas en otras regiones del país, lo cual empeoró a partir del 1º de diciembre de 1999, cuando fueron declaradas agentes de percepción del impuesto al valor agregado, carácter que únicamente fue otorgado a los productores de tabaco de la región de San Antonio del Táchira.

 

Igualmente señalaron que el impuesto en referencia “debió ser aplicado a nivel Nacional en un mismo tiempo y espacio, ya que, la Ley especial que rige esta materia, es de alcance Nacional y no regional…” y que el artículo 2 de la Ley que lo establece se refiere al cumplimiento del mismo en todo el territorio nacional.

 

Finalmente, solicitaron el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, para lo cual requirieron que se ordenara al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) que estableciera los mecanismos necesarios para que el pago del tributo se realizara a nivel nacional, que se restituyeran los pagos “indebidos” efectuados por sus representadas por ese concepto y que se suspendiera, inmediatamente, su obligación de pago.

 

Tramitado el respectivo procedimiento, el referido juzgado declaró improcedente la acción de amparo mediante la sentencia dictada el 22 de junio de 2000.

 

El 26 de junio de 2000 el abogado Pedro José Aquino Rojas apeló de esa decisión.

 

El 3 de julio de 2000 el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas oyó la apelación en un solo efecto y ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

 

II

COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:

Conforme a lo señalado en las decisiones del 20 de enero del año 2000, casos Domingo Ramírez Monja y Emery Mata Millán, corresponde a esta Sala Constitucional conocer todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo contencioso administrativo cuando actúan en esta jurisdicción), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.

 

En el caso que nos ocupa, corresponde conocer y decidir a esta Sala la apelación de una decisión emanada del Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional incoada contra el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), motivo por el cual esta Sala, congruente con los fallos reseñados ut supra, se declara competente para conocer de la presente apelación, y así se decide.

 

III

LA SENTENCIA APELADA

 

El Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante la sentencia apelada, declaró improcedente la referida acción de amparo constitucional.

Como fundamento de esta decisión advirtió que no se verificaba relación de causalidad entre el ciudadano Francisco José Alvarado Pinto, Superintendente Nacional Tributario Adjunto del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), señalado por las accionantes como agraviante, y las actuaciones presuntamente lesivas, supuestamente emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del referido organismo, razón por la cual, en su criterio,  el mencionado funcionario, quien no emitió acto alguno dirigido a las accionantes, carece de cualidad para ser sujeto pasivo de la acción de amparo interpuesta por éstas.

 

También expresó que las accionantes, de manera contradictoria, afirmaron que aceptaban la procedencia del tributo y solicitaron que se les reintegrara el monto pagado por ese concepto, y observó que, en el supuesto que no estuvieran conformes con los actos administrativos que determinaran tributos o de cualquier forma afectaran su esfera de intereses como contribuyentes, debían ejercer los recursos previstos en el Código Orgánico Tributario y no acudir a la acción de amparo, que solo procede cuando no existan vías procesales ordinarias, eficaces e idóneas para el restablecimiento de los derechos subjetivos de rango constitucional, por lo que no podía el tribunal constitucional suspender la exigencia del impuesto ni ordenar la repetición de los pagos efectuados por ese concepto.

 

Igualmente, resaltó que, para determinar si existía o no la violación denunciada, debía acudirse a normas de rango legal y sublegal, así como a investigaciones complejas, lo cual resultaba inaceptable e inoficioso para la  jurisdicción constitucional.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la apelación ejercida y para ello observa:

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en el texto de esa Carta Fundamental o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

 

Así, la acción de amparo constitucional constituye el mecanismo judicial para la protección de los mencionados derechos y garantías, mediante un procedimiento breve, orientado al restablecimiento de la situación jurídica infringida, cuya procedencia requiere la confrontación directa del  hecho, acto u omisión presuntamente lesivo, con la norma constitucional que se denuncia como conculcada.

 

En este orden de ideas, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que lo realmente determinante para resolver acerca de la violación que se denuncia a través de ese medio, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, porque, de ser así, el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.

 

Igualmente ha resaltado que, frente a la dificultad de deslindar si las violaciones que se alegan son de orden constitucional o legal, el órgano jurisdiccional debe examinar si la resolución del conflicto requiere el análisis de la legalidad de las actuaciones que constituyen la fuente de dichas violaciones, supuesto en el cual éstas, evidentemente, no serán de orden constitucional, y ha concluido que, para decidir sobre el amparo solicitado, debe bastar al juez la confrontación de la situación de hecho planteada con el derecho o garantía que se pretenden lesionados y, si de ella se evidencia la efectiva existencia de la violación que se alega, será procedente la protección constitucional.

 

En el presente caso los apoderados judiciales de las accionantes, quienes son compañías productoras de tabaco en la región de Los Andes, denunciaron la violación de los principios de la legalidad tributaria, de la generalidad de los tributos, y de la justicia tributaria, consagrados en los artículos 317, 133, y 316,  respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el desconocimiento del contenido de los artículos 2 y 21 eiusdem, relativos al derecho a la igualdad,  por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), debido a que este organismo, a través de la dependencia ubicada en la referida región, exigió a aquéllas el pago del impuesto establecido en la Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco y no procedió de igual forma con respecto a las sociedades productoras de tabaco situadas en otras regiones del país.

 

Observa la Sala que los aludidos principios tributarios se refieren a la imposibilidad de cobrar impuestos, tasas o contribuciones que no estén establecidos en la ley y de conceder exenciones y rebajas u otras formas de incentivos fiscales, fuera de los casos previstos por las leyes; a la obligación de todas las personas de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de tributos; y a la orientación del sistema tributario a la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población.

 

Por su parte, el derecho a la igualdad de las personas ante la ley alude a la prohibición de realizar discriminaciones fundadas en su raza, sexo, credo o condición social y otorgar un trato desigual a quienes se encuentran en idéntica situación.

 

Siendo así, la circunstancia descrita por las accionantes como fundamento de su acción de amparo, relacionada con la exigencia por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) del cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en una ley, no puede considerarse violatoria de las normas constitucionales que consagran los referidos principios y derechos, y la supuesta falta de exigencia de cumplimiento de tales obligaciones a otros contribuyentes, dedicados a la producción de tabaco en otras zonas del país, aun cuando pudiera significar un incumplimiento de los deberes de recaudación, control y fiscalización que le impone el Código Orgánico Tributario a la administración tributaria, en su artículo 109 numerales 1, 2 y 3,  no implica que dicha administración esté creando o extinguiendo la obligación tributaria, ni significa el establecimiento de discriminaciones o desigualdades entre los sujetos pasivos del impuesto, habida cuenta que, aun en el supuesto de que otros sujetos no cumplan con tal obligación, ello en modo alguno excusa a los accionantes de cumplir con un pago impositivo fijado por la Ley.

 

De esta forma, concluye la Sala que, de los hechos narrados por las accionantes, los cuales, por cierto, no se encuentran comprobados plenamente en el expediente, aunque pudiera deducirse alguna violación de disposiciones legales, no se evidencia la vulneración de los derechos y garantías denunciados como conculcados ni de ningún otro derecho de rango constitucional, razón por la cual, tal como se señaló en la sentencia objeto de esta apelación, el amparo resulta improcedente, y así se declara.

 

 

 

 

DECISION

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, en los términos expuestos en esta sentencia, la decisión dictada el 22 de junio de 2000 por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Yessy Coromoto Galvis y Pedro José Aquino Rojas, en su carácter de apoderados judiciales de FABRICA DE TABACOS CORONA, C.A., FABRICA DE TABACOS GATO NEGRO, FABRICA DE TABACOS GRAN CARIBE DEL SUR, S.R.L. y FABRICA DE TABACOS CASIQUE YARACUY, C.A., contra el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), y declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra ese fallo.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

 

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los 12 días del mes de JUNIO de dos mil uno. Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                       

                                                                    El Vicepresidente,

 

                                                          Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

Antonio García García

         Magistrado

 

 

                                                                        José Manuel Delgado Ocando

                                                                                          Magistrado

 

 

 

Pedro  Rondón Haaz

Magistrado

           

 

 

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. 00-2161

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