SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

            En fecha 13 de enero de 2000, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante auto declinó en esta Sala Constitucional el conocimiento de la acción de amparo interpuesta por el abogado Héctor Dayan Balcazar González, actuando en representación del ciudadano Francisco de Jesús González Rivero, en virtud de la consulta de ley realizada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En fecha 26 de enero de 2000, se dio  por recibido el expediente, y en esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al magistrado que con tal carácter suscribe.

De la Acción de Amparo

            Señaló el ciudadano Francisco de Jesús González Rivero, que  la acción de amparo tenía por objeto que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, se abstuviese de ejecutar forzosamente la sentencia mero declarativa de jurisdicción voluntaria de entrega material, situación que ocurría a pesar de haber realizado formal oposición. Indicó que tal decisión vulneraba su derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto se le impidió demostrar a través de un procedimiento judicial contencioso las razones por las cuales posee y ocupa el bien inmueble, así como los derechos que tiene sobre el mismo.

Indicó el accionante que, al procedimiento de entrega material hizo oposición, la cual se formalizó “...mediante la respectiva demanda judicial de procedimiento contencioso de Acción de Simulación de Venta” ante el Juzgado de las Parroquias San Fernando y El Recreo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.

En tal sentido señaló que, no podía ser ejecutado forzosamente el procedimiento unilateral de entrega material de inmueble, ya que no existía sentencia definitivamente firme dictada por órganos con jurisdicción en lo contencioso que origine una cosa juzgada formal, y que por ser mero declarativa era inejecutable, por lo cual denunció el abuso y extralimitación de funciones por parte de quien decrete o acuerde una ejecución forzosa de tal decisión. Le atribuyó tal violación al Juzgado Segundo de Primera Instancia antes señalado, por cuanto al haber éste actuado en procedimientos de jurisdicción voluntaria, “...ha hecho caso omiso a todo el procedimiento procesal (sic), acordando en tal caso de manera irracional la Ejecución Forzosa de la entrega material del inmueble ocupado por mi persona y mi familia...”. Señaló igualmente que, “...con la emisión del fallo interlocutorio de fecha 10-12-1996, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil... (omissis)... se me viola el derecho a la defensa por negárseme el Derecho al debido proceso, por cuanto se me impide demostrar a través de un procedimiento judicial contencioso cuál es la razón por la cual efectivamente poseo y ocupo ese bien inmueble y los derechos que poseo sobre el mismo...”.

Señaló que contra las determinaciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia antes referido, ejerció recurso de hecho, a los fines de agotar la vía procesal acordada en la legislación adjetiva. El anterior recurso fue declarado por el Superior sin lugar “...y como conclusión esta sentencia del Recurso de Hecho se confabula con la decisión que se pretende impugnar mediante este Recurso de Amparo”.

Indicó por otra parte que,  al tratarse de un procedimiento de jurisdicción voluntaria o graciosa,  “...las sentencias debieron haber declarado el sobreseimiento de la causa...(omissis)... así como negado la solicitud temeraria y desleal de ejecución forzosa de esta sentencia mero declarativa”.

Por todo lo anterior, el accionante –en su petitorio- solicitó fuese decretado a su favor el amparo constitucional, y que se ordenase al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Estabilidad Laboral, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure:

            “PRIMERO: Se abstenga de ejecutar abusando de su poder y extralimitadamente y en el ejercicio de sus funciones; la Acción Mero Declarativa de Jurisdicción Voluntaria de entrega material...

            SEGUNDO: Que respete las normas procedimentales, contenidas para los procedimientos de la Jurisdicción Voluntaria...”.

De la Sentencia Consultada

            La sentencia objeto de consulta es la dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, de fecha 25 de febrero de 1997, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Francisco de Jesús González Rivero,  en virtud de que la acción había sido ejercida contra un mandamiento de ejecución forzosa de fallo de Alzada, emanado de un procedimiento de jurisdicción voluntaria “...que no causa cosa juzgada, contra la cual, única y exclusivamente puede estar dirigida el recurso de amparo”.

Consideraciones para Decidir

Esta Sala pasa a pronunciarse –como punto previo- acerca de su competencia para conocer de la presente consulta y, al respecto, observa que en sentencias de fecha 20 de enero del presente año, recaídas en los caso Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, con relación a las apelaciones y consultas de ley que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señaló que, entre sus competencias estaba la de conocer de aquéllas –apelaciones y consultas- que recayeran sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.

Observa esta Sala que, en el presente caso, la sentencia consultada ha sido dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, actuando como tribunal de primera instancia competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para conocer de una acción de amparo ejercida contra decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.

Siendo ello así, esta Sala -aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito- resulta competente para conocer de la presente consulta, y así se declara.

Declarado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la consulta que le ha sido remitida, y al efecto considera necesario, en primer término, realizar una síntesis cronológica de los hechos que dieron lugar a la interposición del amparo ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas.

Antecedentes

            En fecha 29 de noviembre de 1994, el abogado Edgar Esmil Aliza, apoderado judicial del ciudadano Miguel Antonio D’Elias Rodríguez, presentó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Estabilidad Laboral y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, escrito mediante el cual solicitó la entrega material de un inmueble ubicado en la Calle 03; signada con el Nº 10, Sector 2 de la Urbanización “Padre Serafín Cedeño Castillo”, de la ciudad de San Fernando de Apure del Estado Apure, perteneciente al ciudadano Francisco Jesús González, en virtud de haber existido entre ellos una dación en pago.

En fecha 20 de diciembre de 1994, el juzgado a-quo acordó la entrega material, en virtud de que se había cumplido con los presupuestos del artículo 929 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 15 de febrero de 1995, se constituyó el tribunal en el inmueble, y el ejecutado, ciudadano Francisco de Jesús González se opuso a tal entrega, la cual fue ratificada el 16 de ese mismo mes y año, consignando a tal efecto documento de fecha 14 de febrero de ese año, en el cual daba a su acreedor en garantía de hipoteca el inmueble objeto de la entrega.

            El 21 de marzo de 1995, el juzgado a-quo declaró con lugar la oposición, y en consecuencia revocó la entrega material efectuada en fecha 15 de febrero.

El 28 de abril de ese mismo año, el apoderado del ejecutante, apeló de la anterior decisión.

El 14 de agosto de ese mismo año, el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo, Tributario y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y de la Región Sur, declaró con lugar la apelación, y en consecuencia revocó el fallo apelado, y ordenó efectuar la entrega material.

En fecha 8 de enero de 1996, el apoderado de Francisco de Jesús González, anunció recurso de casación contra la sentencia del 14 de agosto de 1995, y el 15 de ese mismo mes y año, el Juzgado Superior Civil (Bienes), se abstuvo de oír tal recurso, señalando que el proceso era de jurisdicción voluntaria, y a la vez, que para su procedencia –según lo pautado por el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil- la cuantía de la acción debía ser superior a Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,oo).

El 22 de enero de 1996, el apoderado de Francisco de Jesús González, interpuso recurso de hecho, y en esa misma fecha, el Juzgado Superior Civil (Bienes), ordenó su remisión a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en fecha 04 de junio de ese mismo año,  lo declaró sin lugar, en virtud de la naturaleza voluntaria del procedimiento de entrega en la cual recayó  el fallo impugnado, por lo cual no era susceptible de ser revisado en casación.

Consta en el folio 149 del expediente, solicitud de suspensión de la entrega material realizada por el apoderado de Francisco de Jesús González, ante el tantas veces mencionado Juzgado Segundo de Primera Instancia, en virtud de la demanda de simulación presentada y admitida por ante el Juzgado de las Parroquias San Fernando y El Recreo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure en fecha 8 de agosto de 1996.

El 10 de diciembre de 1996, el Juzgado Segundo de Primera Instancia, decretó la ejecución de la sentencia del Juzgado Superior, ordenando hacer la entrega material. En esa misma fecha, el Juzgado de las Parroquias San Fernando y El Recreo, dictó medida cautelar innominada de suspensión de la entrega materia y ofició al Juzgado Segundo acatara tal decisión; sin embargo, en esa misma fecha, aparece auto dictado por el mismo Juzgado de Parroquias revocando la medida cautelar decretada, al considerarla por contrario imperio, dejando la medida sin efecto alguno.

El 17 de enero de 1997, el apoderado de Francisco de Jesús González solicitó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, revocar todo lo actuado por ese tribunal, lo cual fue negado, en virtud de la sentencia del Juzgado Superior Civil (Bienes), que revocara el fallo apelado y ordenara la entrega material. En esta misma fecha fue ejercido recurso de hecho por el apoderado del ejecutado, el cual fue declarado sin lugar por el Juzgado Superior Civil, antes identificado, en fecha 06 de febrero de 1997, y se impuso al juez ejecutor practicar los medios  legales para hacer posible la ejecución.

En virtud de lo anteriormente narrado, el apoderado de Francisco de Jesús González, ejerció el 19 de febrero de 1997, la acción de amparo que es del conocimiento de esta Sala mediante la figura de la consulta de ley, establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Análisis de la Situación

            Vistos los hechos narrados y del detenido análisis de la documentación inserta en el expediente, observa esta Sala que el caso presente se relaciona con un proceso que se inició en jurisdicción voluntaria. Tal como lo ha indicado la doctrina patria, en este tipo de jurisdicción o procedimiento, no hay litigio alguno, por lo cual no existen partes, sino interesados. De allí que, toda resolución que se produzca en esta jurisdicción tendría entre las partes el efecto de una presunción juris tantum de la situación jurídica declarada o constituida y también “...es formalmente inmutable por constituir un estado preclusivo, que mantiene la autoridad de la resolución en tanto no cambien los supuestos que le dieron origen” (Rengel-Romberg, Arístides, “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo I, pág. 120). Con base en tales elementos, el autor antes citado señala que la jurisdicción voluntaria podría ser definida como “...aquella función del juez por la cual crea condicionamientos que le dan significación jurídica a la conducta de los solicitantes y que están destinados a mantenerse con validez en tanto no cambien las circunstancias que los originaron o no sean revocados expresamente por el juez”. 

Por su parte, el artículo 896 del Código de Procedimiento Civil señala respecto a las determinaciones que tome el juez en materia de jurisdicción voluntaria, que la mismas son apelables “...salvo disposición especial en contrario”, y el artículo 930 ejusdem, relativo específicamente al procedimiento de la entrega material, señala que:

 “Si en el día señalado el vendedor o dentro de los dos días siguientes cualquier tercero, hicieren oposición a la entrega, fundándose en causa legal, se revocará el acto o se le suspenderá, según se le haya efectuado o no y podrán los interesados ocurrir a hacer valer sus derechos  ante la autoridad jurisdiccional competente.

Si no hubiere oposición o no concurriere el vendedor, el Tribunal llevará a efecto la entrega material.

A los efectos de este artículo, el Tribunal no devolverá los recaudos al peticionario mientras esté pendiente el lapso de oposición”.

            Ahora bien, del análisis de los documentos constantes en autos, se desprende que, una vez que fue ejercida la oposición a la entrega material por el ciudadano Francisco de Jesús González, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, declaró con lugar tal oposición, y en consecuencia, revocó la entrega material. En este estado, una vez declarada con lugar la oposición, la jurisdicción voluntaria cesaba, toda vez que el artículo 930 antes transcrito señala que los interesados podrán “...ocurrir a hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente”. Es decir, la jurisdicción voluntaria termina con la declaratoria con lugar de la oposición y, en consecuencia, deben ventilarse los derechos sobre la cosa en un proceso contencioso, máxime cuando la razón que adujo la alzada, fue la existencia de una dación en pago, cuya existencia, validez, y efectos, no podían ser declarados sin que mediase un proceso contencioso. Es por ello que, al disponer el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, que el acto de entrega material se revocará o se suspenderá una vez interpuesta la oposición, fundada en causa legal,  y que podrán los interesados ocurrir a la jurisdicción contenciosa, constituye dicha normativa una derogatoria expresa en este tipo de procedimiento, de la disposición general contenida en el artículo 896 eiusdem que consagra la apelabilidad de las determinaciones del juez en jurisdicción voluntaria “...salvo disposición especial en contrario”, y así se declara.

Las razones anteriores, no daban lugar a la interposición de recurso alguno (en este caso la apelación) contra la revocatoria de la entrega material de conformidad con la normativa antes transcrita, sino que el juez a quo debía de inmediato dar paso a la jurisdicción contenciosa para que se ventilara el asunto conforme a la normativa correspondiente. Igualmente, el Juzgado Superior, al conocer de la apelación hizo mal uso de las potestades que le otorga la ley, ya que en este tipo de jurisdicción, al no existir contención como tal, mal podía dar entrada a la apelación y decidirla, vulnerando en este sentido el debido proceso que debía seguirse y que presuponía actos para alegatos y términos probatorios en la primera instancia.

Con base a tales consideraciones que, el juez de amparo, al conocer de la acción interpuesta, no sólo debía limitarse al examen de la admisibilidad de la acción propuesta en materia de jurisdicción voluntaria, si no que, como juez protector de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, así como tutor del orden público, debía adentrarse al problema central y verificar si las violaciones que se denunciaban eran procedentes, por cuanto, aun cuando nos encontráramos en un tipo de jurisdicción en el que no existen partes como tales, existe la posibilidad de que se pudiesen vulnerar derechos y garantías constitucionales. La situación jurídica infringida por violación de derechos y garantías constitucionales provenientes de un proceso judicial, a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no hace diferencias sobre los fallos capaces de causar la lesión, los cuales pueden provenir del proceso contencioso o del no contencioso, motivo por lo cual el juez de la segunda instancia aplicó indebidamente el artículo 4 ejusdem, al considerar que no procedía  contra la sentencia, por tratarse de un fallo en jurisdicción no contenciosa.

Con base a lo anterior, esta Sala revoca la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, que declarara inadmisible la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Francisco de Jesús González.

            Asentado lo anterior, debe esta Sala considerar si en los amparos contra sentencia, es posible revocar la decisión in limine litis de la primera instancia que inadmite la acción y pasar a decidir el fondo sin agotar el trámite procesal que correspondía a la primera instancia.

            Durante el desarrollo jurisprudencial de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, hubo una corriente que consideraba que en el amparo contra sentencia no era necesario citar al juez que la dictó; primero, porque el fallo se dicta en nombre de la República, no siendo el juez el representante natural de la República; y segundo, porque todo fallo debe bastarse a sí mismo, y los vicios de inconstitucionalidad que él contenga deben constar en su texto, bastando la verificación de los mismos por el juez del amparo, sin necesidad de oír explicación alguna. Pero la otra corriente, que fue la que se impuso, ordenó que en los amparos contra sentencia se notificara a quien estuviere al frente del tribunal que dictó el fallo para el momento del amparo, a fin que presentase el informe previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Dos razones sustentan la necesidad de tal notificación: Una, que muchas veces el accionante del amparo calla circunstancias del iter de la formación del fallo, que éste no refleja en su texto, y que de ser explicados servirían de fundamentos para rechazar el amparo; así, si la decisión de un tribunal superior atribuyó competencia al que dictó la sentencia impugnada, y ésta, al no referirse en su cuerpo a tal decisión atributiva de competencia, fuera atacada por la incompetencia del tribunal, el juez (si fuere distinto al que suscribió la sentencia), podría explicar la situación, defendiendo el fallo. Otra, de que en caso que la acción de amparo contra sentencia fuese declarada con lugar, el juez que la dictó, a tenor del artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, queda sujeto a averiguaciones de índole disciplinaria, por lo que luce lógico oírlo si aún estuviese a cargo del tribunal, antes que se resuelva el amparo.

            Además, como la sentencia de amparo debe ser acatada por todas las autoridades de la República, por mandato del artículo 29 ejusdem, se hace necesario notificar al representante del Ministerio Público, representante de la sociedad, tal como lo ordena el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

            Estructurado el proceso de amparo bajo esas premisas, se hace impretermitible la doble instancia. Sin embargo, ¿puede existir en la acción de amparo contra sentencia, una excepción a los principios señalados?. Considera esta Sala que ello es posible por excepción, cuando el punto discutido en el amparo es de estricto derecho y el juez de la primera instancia se funda en los argumentos de la sentencia impugnada, para inadmitir in limine litis la acción de amparo incoada contra ella, subrogándose así en los argumentos que podría sostener el juez que la dictó.

            Cuando ello sucede, y el juez constitucional que conoce de la apelación o la consulta, verifica que la inadmisión decretada in limine litis debe ser revocada, porque si era procedente el amparo, al contener el fallo errores de derecho que, a su vez, eran infracciones de índole constitucional, la conclusión sistemática debería ser ordenar la reposición de la causa, para que se tramite el proceso en la primera instancia, con notificación del juez al frente del tribunal que dictó el fallo, y del Ministerio Público, a fin que se cumpla la primera instancia. Tal decisión, ceñida a los principios expuestos, sin embargo, entra en conflicto con otros derechos y garantías constitucionales del accionante, como es tener derecho a que el amparo se ventile por un procedimiento breve, no sujeto a formalidades, y donde la autoridad judicial tiene la potestad de restablecer de inmediato la situación jurídica infringida, tal como lo establece el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También choca la solución sistemática señalada, con el artículo 26 de la vigente Constitución, que ordena una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y reposiciones inútiles. Ante el conflicto entre estos derechos constitucionales, considera esta Sala que si el tiempo transcurrido desde que se inició el proceso de amparo, es desproporcionado con relación al de la fecha del fallo que ordene la reposición, y si además, el motivo del amparo es un punto de mero derecho, que ha sido sostenido por el juez de la primera instancia, subrogándose así en el criterio del juez que dictó el fallo impugnado, en aplicación de los artículos 26 y 27 citados, y de la justicia que constituye un valor del Estado Venezolano según el artículo 2° de la vigente Constitución, el tribunal que conoce de la consulta puede considerar agotada la primera instancia y proceder a decidir el fondo del amparo. Esta situación no es extraña en el derecho venezolano, aunque sí excepcional, desde que existe la figura del avocamiento previsto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (numeral 29 del artículo 42).

            En el presente caso, se está ante un supuesto como el analizado. Se trata de un punto de mero derecho, que en apreciación de esta Sala ha sido erróneamente interpretado por el a quo, al hacer suyo los razonamientos del fallo impugnado, lo que significa que los argumentos del juez que dictó dicho fallo, fueron analizados por la primera instancia, y siendo así, no entiende la Sala qué se ganaría con oír de nuevo al juez, o al Ministerio Público, si se repusiera la causa, lo que sí obraría en grave detrimento del accionante, quien tiene ya más de treinta y cinco (35) meses esperando sentencia en este amparo, y por tanto está lesionado en su situación jurídica, a pesar de que tiene razón en su planteamiento. Por ello, como una cuestión excepcional y básicamente de justicia, esta Sala considera que ya se agotó la primera instancia y procede a sentenciar el fondo, sin necesidad de notificar a nadie, ya que los argumentos que va a juzgar son los mismos que expusiere el juez en el fallo impugnado. Además, es principio en materia de nulidades de sentencias, que la declaratoria de un vicio de la sentencia por el Tribunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de reposición de ésta, y el tribunal deberá resolver también sobre el fondo del litigio (artículo 209 del Código de Procedimiento Civil). Aunque el amparo no está destinado primordialmente a declarar nulidades por vicios en las sentencias, el principio transcrito, tiene por finalidad evitar dilaciones innecesarias,  con reposiciones inútiles, y tal fin se logra en este caso, sentenciando el fondo de la causa, como lo enseña el principio expuesto.

Una vez establecido lo anterior, esta Sala admite la acción de amparo, ya que la misma no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es: 1) no existe recaudo alguno que haga a esta Sala concluir, el que ha cesado la violación de los derechos denunciados como conculcados; 2) la denuncia de violación de los derechos y garantías constitucionales es inmediata, posible y realizable por el imputado en el presente caso, la decisión impugnada; 3) no aparece de los autos, el que sea irreparable la situación jurídica que la parte accionante alega como infringida; 4) de los autos no se desprende el que la parte accionante haya consentido expresa o tácitamente con la denunciada violación, mientras se desprende que la incoó en tiempo hábil; 5) la parte accionante no ha hecho uso de los recursos ordinarios o de los medios judiciales preexistentes; 6) la sentencia contra la cual se ejerce la presente acción, no ha sido dictada por este Tribunal Supremo de Justicia; y, 7) no conoce esta Sala que se encuentre pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta.

Ahora bien, de inmediato, pasa esta Sala a dilucidar el fondo, de conformidad con los argumentos que se expresaron anteriormente.

Tal como se desprende de la narrativa del presente fallo, una vez que fue  realizada la oposición a la entrega material por el ciudadano Francisco de Jesús González y declarada con lugar la misma, llevando como consecuencia de tal declaratoria la revocatoria de dicha entrega, el apoderado del peticionante, apeló de la sentencia que declarara la suspensión; y fue el Juzgado Superior, quien declaró con lugar la apelación, ordenando de esta forma la entrega material. A partir de ese momento, se llevaron a cabo una serie de incidencias, al ejercer el ejecutado entre otros recursos, el de hecho y el de casación, los cuales fueron declarados sin lugar por cuanto –según los tribunales que conocieron de los mismos, inclusive la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia- tales recursos no podían ser ejercidos en jurisdicción voluntaria.

Al efecto, esta Sala estima que -tal como se señalara anteriormente- una vez declarada con lugar la oposición, no cabía contra dicho fallo recurso alguno, según lo dispuesto en el artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, ya que debía ventilarse la confrontación entre peticionante y opositor ante la “...autoridad jurisdiccional competente” para que fuese llevado a cabo la contención entre las partes existentes en la jurisdicción voluntaria. Es por ello que, al seguirse el procedimiento en jurisdicción voluntaria, en la cual, no existen partes como tales, y por tanto fallos ejecutables, se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso contemplados en el artículo 68 de la Constitución de la República de Venezuela, y también, consagrado expresamente en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al someter al hoy accionante a la ejecución de un fallo que sólo podría dictarse en un procedimiento contencioso, con contradicción entre partes, y no en uno de jurisdicción graciosa. Por lo tanto, las decisiones dictadas por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo, Tributario y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y de la Región Sur (que declarara con lugar la apelación en el proceso no contencioso y ordenó ejecutar la entrega material) y la del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure (que ordenara la ejecución del fallo por orden del Superior) fueron dictadas fuera del ámbito de su competencia, y así se declara.

Decisión

             Por las razones precedentemente señaladas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

1)      Revoca la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas en fecha 25 de febrero de 1997;

2)      Admite y declara Con Lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Francisco de Jesús González y, en consecuencia, Ordena la inmediata suspensión de la entrega material del bien inmueble ubicado en la Calle 03; signada con el Nº 10, Sector 2 de la Urbanización “Padre Serafín Cedeño Castillo”, de la ciudad de San Fernando de Apure, del Estado Apure.

3)      Se ordena enviar de forma inmediata copia certificada del presente fallo al  Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure para que acate lo que se establece en el mismo.

4)      En el mismo sentido se ordena enviar copia certificada del presente fallo al Inspector General de Tribunales, a los fines que califique conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, si existen faltas disciplinarias en la conducta de los jueces cuyas decisiones han sido objeto del amparo declarado con lugar.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los DIECISIETE (17)  días del mes de MARZO  de dos mil. Años: 189º de la Independencia y 141º de la Federación.

 

 

El Presidente de la Sala,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

 

El Vice-presidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Ponente

 

 

Los Magistrados,

 

 

HÉCTOR PEÑA TORRELLES

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

 

MOISÉS A. TROCONIS V.

 

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. Nº: 00-0070

JEC/ rmg

 

 

Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que decidió la consulta de una sentencia dictada en materia de amparo constitucional.

Las razones por las cuales me aparto de la sentencia aprobada por la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las decisiones dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna disposición que atribuya a esta Sala Constitucional competencia para conocer de las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo por los Tribunales de la República. En esa oportunidad también disentí del argumento de la mayoría según el cual el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuía a esta Sala competencia para conocer como segunda instancia en acciones de amparo. Por el contrario, desde un primer momento sostuve que en el referido numeral 10 se consagró un mecanismo extraordinario de revisión, cuya finalidad es que esta Sala establezca criterios para lograr uniformidad en la interpretación de la Constitución. A tal efecto, indiqué:

 “(…) quien suscribe considera que la facultad prevista en el numeral 10 del artículo 336 no es asimilable a la consulta o apelación prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por cuanto esta Sala no es un tribunal de alzada ni superior materialmente de ningún tribunal de la República. La aludida competencia de revisión, debe interpretarse como una potestad extraordinaria de revisión de sentencias dictadas por el resto de los tribunales cuando éstos conozcan como jueces constitucionales de amparo o cuando ejerzan el control difuso de la constitucionalidad de las normas, para verificar cuestiones de derecho relativas a la interpretación de las normas y principios constitucionales, a los fines de lograr una uniformidad de criterios”.

En mi criterio, una correcta interpretación en materia de competencias para conocer del amparo debió dejar incólumes las normas atributivas de competencia previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de acuerdo con la evolución jurisprudencial que hasta entonces habían mantenido de forma reiterada tanto la Corte Suprema de Justicia como el resto de los tribunales de la República. La Sala Constitucional solamente debió asumir la competencia prevista en el artículo 3 eiusdem, y en el caso del artículo 8 del mismo texto legal, cuando los actos lesivos fuesen de ejecución directa de la Constitución o tuviesen rango de ley. 

En el caso concreto de las apelaciones o consultas, la norma contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo, es precisa al indicar que el conocimiento de las mismas corresponden al Tribunal Superior respectivo atendiendo a la materia del caso concreto. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendieron tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye –a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Por las razones anteriores, estima el disidente que, esta Sala Constitucional  no debió conocer en consulta la decisión de amparo que cursa en autos, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas,  fecha  ut-supra.

 

 

El Presidente,

 

 

Iván Rincón Urdaneta

 

El Vicepresidente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera  

 

 

Magistrados,

 

 

Héctor Peña Torrelles

Disidente

 

 

José M. Delgado Ocando

 

 

Moisés A. Troconis V.

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

HPT/jlv

Exp. N°: 00-0070, SENTENCIA 119-17-3-00