SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

El 16 de agosto de 2001, el abogado César Sánchez Medina, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 39.194, actuando como apoderado judicial de BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., inscrita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el 15 de enero de 1938, bajo el No. 30, cuya última modificación fue inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 20 de junio de 1997, bajo el No. 10, Tomo 30-A-4º, interpuso acción de amparo constitucional en contra de la decisión del 23 de febrero de 2001, dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, mediante la cual ordenó al Juzgado a quo fijar, por un lapso prudencial, una prórroga solicitada a fin de que se evacuaren las pruebas admitidas.

 

En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

El 22 de febrero de 2002, el abogado accionante solicitó celeridad procesal en cuanto a la admisión de la presente acción.

            El 31 de julio de 2002, esta Sala solicitó información al Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas la cual fue recibida el 11 de noviembre de 2002.

 

            El 11 de marzo de 2003, el apoderado judicial del accionante solicitó pronunciamiento en relación a la admisión de la presente acción.

 

El 30 de abril de 2003, esta Sala admitió la acción de amparo constitucional interpuesta y acordó la cautelar solicitada por la parte accionante.

 

Practicadas las notificaciones, por auto del 17 de febrero de 2005, se fijó la oportunidad para celebrar la audiencia oral de las partes, la cual se realizó el 22 de febrero de 2004, y se dejó constancia de que comparecieron los abogados Minelma Paredes Rivera y Elberto Sardi Díaz, en representación del accionante; de la no comparecencia del Juez Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, accionado; de la no presencia del representante judicial de Roque’s Air Land & Sea C.A. y del ciudadano Carlos Eduardo Pacanins. Asimismo se dejó constancia de la comparecencia de la abogada Mónica Rodríguez en representación del Ministerio Público.

 

En la audiencia constitucional, la abogada Minelma Paredes Rivera, apoderada judicial del accionante expuso sus alegatos con relación a la acción de amparo interpuesta, consignando escrito, el cual fue ordenado agregar al expediente. Por su parte, la representación del Ministerio Público, luego de ser oída, consignó de manera escrita los alegatos y opiniones que fueron expresados en dicho acto.

 

Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

            1.-  Por auto dictado el 10 de mayo de 2000, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, admitió las pruebas promovidas por la parte actora, en el juicio por cobro de bolívares (vía ejecutiva) interpuesto por el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. contra Roque’s Air Land & Sea C.A. y los ciudadanos William David Pacanins Cleary y Carlos Eduardo Pacanins. 

 

            2.-  Por auto de la misma fecha, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, negó la prórroga solicitada por la parte demandada, en virtud de que “la evacuación a tiempo de la experticia y de las posiciones juradas no es un hecho imputable al Tribunal, ya que dichas pruebas fueron promovidas en el sexto (6º) día de despacho del lapso de promoción y evacuación”.

 

            3.-  El 19 de mayo de 2000, el referido Juzgado Séptimo de Primera Instancia, negó la solicitud formulada por la parte demandada, en el juicio principal, donde solicitaron que se acordara “un auto para mejor instrucción”, de conformidad con lo previsto en el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil.

 

            4.-  Por sentencia dictada el 23 de febrero de 2001, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, declaró con lugar la apelación interpuesta por el abogado Orlando Suárez Contramaestre, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra el auto dictado el 10 de mayo de 2000 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas; y, en consecuencia, ordenó al Juzgado de Primera Instancia “fijar, por un lapso prudencial, la prórroga solicitada a fin de que se evacúen las pruebas ya admitidas”.

 

            5.-  El 21 de marzo de 2001, la abogada María Srour, en su carácter de apoderada judicial del BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., anunció recurso de casación contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2001, por el referido Juzgado Superior.

 

            6.-  Por diligencia del 3 de abril de 2001, la abogada Anamey Castro, apoderada del BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., en virtud de la negativa de la admisión del recurso de casación anunciado, de conformidad con lo previsto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, recurrió de hecho ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

 

            7.-  El 14 de junio de 2001, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró sin lugar el recurso de hecho propuesto contra el auto del 28 de marzo de 2001, dictado por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, denegatorio del recurso de casación anunciado contra la decisión del 23 de febrero de 2001, dictada por el referido Juzgado Superior.

 

 

 

 

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO

 

En el escrito libelar, fueron señalados por el apoderado judicial del accionante los siguientes argumentos de hecho y de derecho como fundamento de su pretensión de amparo:

 

1.-  Que, el “15 de diciembre de 1998, fue celebrada transacción entre (su) representado BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., la sociedad mercantil ROQUE’S AIR LAND & SEA C.A. y el ciudadano CARLOS EDUARDO PACANINS, la cual fue debidamente homologada por el Tribunal de la causa el 17 del mismo mes y año”.

 

2.-  Señaló que, “en razón del incumplimiento de la referida transacción por parte de los demandados, ...omissis... en fecha 5 de abril del 2000, solicitamos su ejecución, decretando el Tribunal la ejecución voluntaria de la misma, en fecha 11 del mismo mes y año”.

 

3.-  Que, “dentro del lapso concedido a los demandados para el cumplimiento voluntario, éstos se opusieron a dicha ejecución, razón por la cual, el a quo de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, abrió una articulación probatoria de ocho (8) días de despacho, la cual comenzó a correr el primer día de despacho siguiente al 26 de abril del 2000”.

 

4.-  Alegó que, “dentro del lapso de promoción y evacuación de pruebas, ambas partes promovimos las pertinentes, pero es el caso que la parte demandada, las promovió cuando solo faltaban dos (2) días de despacho para culminar el lapso de la articulación, pretendiendo hacer evacuar una serie de pruebas, que en razón de los lapsos que la propia ley establece para su evacuación debieron ser promovidas y evacuadas a partir del primer día de despacho del lapso de Ley, y no al final del mismo, como efectivamente sucedió. Solicitó asimismo la promovente demandada, una prorroga del lapso de pruebas; la cual fue negada por el Tribunal de la causa”.

 

5.- Que, la parte demanda en ese juicio apeló de la decisión que le negó la solicitad