SALA CONSTITUCIONAL

Exp. N° 10-0659

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Mediante escrito presentado el 16 de junio de 2010, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, las abogadas Isabella M. Vecchionacce Queremel y Yamarilis Yaguaramay Carvajal, en su carácter de fiscales del Ministerio Público, Fiscal Principal y Auxiliar de la Fiscalía Centésima Trigésima Primera (131°) del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con los artículos 16, cardinales 1 y 2; y 37, cardinal 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, “(…) representando los intereses y derechos” de la ciudadana YACXI CAROLINA BRICEÑO PARRA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Núm. 20.027.986 interpusieron acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 9 de marzo de 2010, “[…] por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, la cual declaró la nulidad de la audiencia preliminar (…) por violación de la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decretando en consecuencia el Archivo Judicial de las Actuaciones  […]”; todo ello con ocasión del proceso penal iniciado contra el ciudadano Roque Cabarca Peralta por la presunta comisión del delito de violencia física en perjuicio de la prenombrada ciudadana, quien penalmente ostenta la condición de víctima.

El 23 de junio de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.

El 12 de agosto de 2010, mediante Oficio alfanumérico N° FTSJ-5-2010-001 de la misma fecha, la Doctora Teolinda Ramos, Fiscala Quinta del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia remitió “[…] comunicación N° 01-F131-MM-270-2010, procedente de la fiscalía Centésima Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, relacionada con la acción de amparo constitucional, intentada por el Ministerio Público (…). Asimismo, adjunta copias certificadas de escrito de recurso de apelación, así como de la sentencia recurrida […]”.

El 12 de agosto y 20 de octubre de 2010, la parte actora reiteró su interés en la acción de amparo de autos y solicitó a la Sala celeridad en su admisión y demás trámites subsiguientes.

Vista la designación realizada en sesión del 7 de diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional de nuevos Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia la cual fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.569 del 8 de diciembre de 2010, esta Sala Constitucional quedó reconstituida de la siguiente manera: Luisa Estella Morales Lamuño, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado; ratificándose en su condición de ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Mediante Oficio Nº 01-F131ª518-2011 de fecha 16 de febrero de 2011, la abogada Isabella Vecchionacce Queremel, Fiscala Centésima Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite escrito a fin de impulsar la presente causa.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

Las abogadas Isabella M. Vecchionacce Queremel y Yamarilis Yaguaramay Carvajal, Fiscales Principal y Auxiliar del Ministerio Público, respectivamente, de la Fiscalía Centésima Trigésima Primera (131°) del Área Metropolitana de Caracas, en representación de la ciudadana Yacxi Carolina Briceño Parra, fundamentaron su acción de amparo constitucional bajo los alegatos que a continuación esta Sala resume:

Que “[c]onstituye un acto lesivo la decisión judicial emitida (sic) por considerar que el juzgado agraviante infringió doblemente el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre Derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por errónea aplicación al invadir competencia (sic) atribuidas expresamente por ley al Juzgado de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Violencia Contra la Mujer y por errónea interpretación al entender la frase ‘sin actuación por parte del Ministerio Público’, por haber emitido esta representación fiscal el libelo acusatorio posterior al transcurso de los cuatro meses de la investigación”.

Que la errónea interpretación “[…] se basa en el hecho de que la sala accidental decreto (sic) el archivo judicial de la causa seguida contra el ciudadano Roque Cabarca Peralta, subvirtiendo el orden procesal, lesionando el debido proceso al infringir por errónea aplicación el artículo 103 de la ley orgánica de Género (sic)”.

Que “[e]l artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (sic) establece:

‘Si vencidos los plazos, el o la Fiscal del Ministerio Público no dictare el acto conclusivo correspondiente, el juez o la jueza de Control, Audiencia y Medidas notificará dicha omisión a él (sic) o la fiscal Superior, quien dentro de los dos días siguientes deberá comisionar a un nuevo o una nueva Fiscal para que presente las conclusiones de la investigación en un lapso que no excederá de diez días continuos contados a partir de la notificación o de la comisión, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que sean aplicables a el o a la Fiscal omisivo u omisiva. Transcurrida la prórroga extraordinaria a que se refiere el presente artículo, sin actuación por parte del Ministerio Público, el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas decretará el archivo judicial, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (Subrayado y negrillas fiscal)’.  

 

            Que “[d]e la norma antes transcrita se puede colegir que la atribución específica para decretar el archivo judicial, le está dada exclusivamente al Juzgado de Control, Audiencia y Medidas, y no al Tribunal de alzada, por lo que, opinamos que la sala accidental, usurpo (sic) funciones que no le han sido atribuidas por la ley, es por ello que autores como Rafael Chavero Gazdik se pronuncian a favor de entender éste requisito de procedencia como un error grave en la interpretación del derecho debatido, capaz de vulnerar un derecho constitucional, como lo es el debido proceso, previsto en el artículo 49 constitucional”.

            En cuanto a la errónea interpretación, alegó la parte accionante que “[…] la norma invocada dispone en su último parte: ‘…Transcurrida la prórroga extraordinaria a que se refiere el presente artículo, sin actuación por parte del Ministerio Público, el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas decretará el archivo judicial, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal’ (Subrayado y resaltado fiscal)”.

            Que “[d]e la norma transcrita, se puede observar claramente que el legislador previo (sic) que ante la inactividad del Ministerio Público, el juzgado de control, intervendrá, sin embargo, se evidencia en autos, que esta fiscalía 131 del Ministerio Público con competencia contra la mujer (sic), presento (sic) escrito acusatorio en contra del ciudadano Roque Cabarca, por la presunta comisión del delito de Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42, eiusdem, en consecuencia no hubo omisión fiscal, como erróneamente aduce la sala, visto que corre inserto en autos acusación fiscal, por lo cual, el decreto del archivo judicial viola de forma grosera la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la carta magna, ya que a pesar de que la víctima obtuvo una respuesta positiva en ejercicio de sus derechos con el acto conclusivo (acusación), somete inoficiosamente a la misma a una dilación injustificada por la suspensión de la investigación; investigación que para el Ministerio fiscal está concluida en virtud de la emisión del acto conclusivo, victimizándola doblemente al someterla a la espera de la aparición de nuevos elementos de convicción, arriesgándola a ser víctima nuevamente de violencia y más grave aún es el cese de las medidas de protección a favor de esta (sic), a pesar de que en la fase de investigación el Ministerio Público consiguió elementos de convicción serios que dieron lugar a la presentación del libelo acusatorio, admitido en su totalidad por el Juzgado Quinto con competencia en Violencia contra la Mujer”.

            Que “[…] la Sala decretó dicho ‘Archivo Judicial’ sin que se diera cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 103 de la LOSDMVLV (sic), es decir, fijarle un lapso a ésta representación fiscal para que diera término con la investigación seguida en contra del ciudadano Roque Cabarcas, todo lo contrario la referida Sala Accidental incurrió en ultra petita al decretar el ‘Archivo Judicial’ de la causa, sin haberse agotado efectivamente las fases procesales, como lo sería, lo dispuesto en el artículo 1 de la LOSDMVLV, ya que éste despacho fiscal en primer término no fue debidamente notificada por el Fiscal Superior del Área Metropolitana de Caracas de la existencia de un supuesto relevo, como erróneamente interpreta la decisión de la ya tantas veces mencionada Sala Accidental, aduciendo que por el hecho de que el Juzgado Quinto de Control Especializado, emitió oficio a la Fiscalía Superior, se debe entender que esta Representación Fiscal, no podía actuar en la causa penal y por ende no podía continuar con la investigación. Al no estar este despacho fiscal notificada por la Fiscalía Superior de la existencia del mencionado oficio judicial, no podía desprenderse de la causa y menos aún dejar de ejercer la acción penal, tal como se hizo”.

            Que “[…] de haberse supuestamente aplicado el artículo 103 de la LOSDMVLV (sic), insistimos que en ningún momento se le indicó a ésta representación fiscal que debía culminar con la investigación en un lapso previamente fijado por el Fiscal Superior del Área (sic), y por último mal podría entonces éste despacho fiscal cesar en sus funciones debidamente atribuidas en el artículo 114 de la LOSDMVLV (sic), como lo es la de ejercer la acción penal en contra de los hechos que constituyan delitos previstos y sancionados en la referida Ley, así como la de velar por el debido proceso cumplimiento de las disposiciones establecidos (sic) en la Ley, siendo imperativo darle el resguardo de los derechos de la ciudadana Yaxci Briceño”.

            Que “[…] la Sala Accidental de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, en su decisión, erróneamente considera que una vez que la Fiscalía Superior ha sido notificada de la solicitud de relevo del fiscal actuante, es en ese momento según su criterio que debe comprenderse que esta fiscalía inicial no puede seguir conociendo, razonamiento judicial que no compartimos, ya que el mismo viola las reglas y los principios de las notificaciones, en consecuencia el debido proceso”.

            Que “[e]l artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que ´Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’, y visto que la Sala (Tribunal Agraviante) ha actuado fuera de su competencia al decretar ‘Archivo Judicial’ sin que se le hayan permitido al Fiscal del Ministerio Público, conocer del supuesto lapso fijado por el Fiscal Superior del Área Metropolitana de Caracas, incurrió en ultra petita y en virtud de ello, consideramos que la decisión dictada por la Sala Accidental de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer (Tribunal Agraviante) debe ser revisada por ese órgano constitucional y declarando en consecuencia su NULIDAD. Así respetuosamente lo pedimos”.

            Que la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones en mención, al decretar el archivo judicial de las actuaciones infringió por errónea aplicación el artículo 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que “[…] los Juzgados de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Violencia Contra la Mujer, siendo el órgano competente por ley, deben dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 313 y 314 del Código Adjetivo Penal, siendo estas normas las que concatenadas con lo previsto en el artículo 79 y 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con base a los derechos constitucionales de las partes, la doctrina y la jurisprudencia señalada garantizarán la participación efectiva de las partes del derecho del archivo judicial”.

            Luego de citar textualmente un extracto de una sentencia dictada el 7 de julio de 2009, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, recaída en el expediente N° 09-104, la parte accionante adujo que “[c]on basamento a la decisión señalada, podemos hacer un alcance con la Ley de género, la cual si bien es cierto no prevé una audiencia para escuchar a las partes antes de fijar un lapso para culminar la investigación, proponemos que el juzgado competente de oficio fije, una reunión con las partes, conforme a lo previsto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, garantizando de esta manera una situación de desigualdad ante la ley, derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de todas las partes”.

            Que “[l]o que pretende esta Representación fiscal, es que antes de aplicar el relevo de seguir conociendo de la causa, se escuche previamente a todas las partes, para señalar el estatus de la investigación, el desarrollo de la misma, y las actuaciones faltantes, demostrando con eso, todas las diligencia e instrucciones llevadas a cabo en la fase preparatoria por el Ministerio Público, igualmente el interés de la víctima como parte directamente afectada en las resultas de la investigación, así como el mantenimiento de las medidas de protección y seguridad y por último igual interés del imputado en el finiquito de la resolución de la averiguación”.

            Luego de efectuar unas breves consideraciones doctrinales referidas al debido proceso, la parte accionante alegó la “[…] infracción por falta de aplicación de las normas previstas en los artículos 111 y 112 de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia (sic) lesionando con esa omisión el derecho constitucional de ser oído”.

            Adicionalmente, la parte agraviante considera que la decisión presuntamente agraviante “[…] es flagrante, ya que ignoro (sic) lo previsto en los artículo 111 y 112 de la ley Orgánica Sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia (sic) […]”.

            Luego de transcribir el contenido de los señalados artículos alega que “[…] esta lesión constitucional es significativa e inmediata, en virtud de la consecuencia jurídica que la decisión agraviante (Archivo Judicial) genera, ya que afecta de manera directa a la víctima al cercenarle su derecho posible de reparación o restablecimiento por el daño presuntamente sufrido, afecta igualmente al imputado al ser sometido por tiempo indeterminado a una averiguación en suspenso, y al Ministerio Fiscal, que pese al acto conclusivo (acusación) incoado, cercena su legitimo (sic) derecho de ejercer, mantener y sostener la acción penal”.

            Que la sentencia accionada infringe “[…] por inobservancia y valoración de los artículos 22, 23, 26 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no estimar <la aplicabilidad necesaria e impretermitible de los principios incuestionables inherentes a los Derechos Humanos> de la víctima”.

            Que “[e]specíficamente, invocamos la inobservancia, por la sentencia, de la Convención de Belém Do Pará que en su artículo 4,1 consagra el derecho de toda persona a la vida y la cual a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 adquirió rango constitucional debiendo ser observada y aplicada por los tribunales y demás órganos del Poder Público. Asimismo, alegamos la violación del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que imponen al Estado la obligación de proteger a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados e igualmente indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos que le sean imputables”.

            Que “[t]omando en cuenta lo que establece el articulo (sic) 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual consagra la obligación de aplicar preferentemente las disposiciones de los tratados internacionales, siendo que la Corte obvio (sic) tal disposición y por ende coloco (sic) de un lado disposiciones internacionales sin considerar la obligatoriedad de su aplicación”.

            Que “[l]a Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, al decretar la nulidad de las actuaciones, a nuestro criterio, vulneró disposiciones constitucionales como lo es el principio de progresividad a que hace referencia el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que por disposición constitucional y como ante el Estado, debió garantizarle el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos a la ciudadana Yacxi Briceño, así como su respeto y garantía por haber sido en fecha 13/Abril/2010 víctima de uno de los delitos previsto y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Violencia Física Art. 42) por parte de su concubino Roque Cabarcas, ya que con el decreto de Archivo Judicial’ impidió el goce efectivo, real y el respeto del derecho humano […]”.

            Que “[v]ale la pena mencionar, que la exposición de motivos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia cometida contra la mujer ‘como un grave problema de salud pública y de violación sistemática de sus derechos humanos, lo que después de años de lucha permitió incluir y reconocer que la violencia cometida contra la mujer es un obstáculo que menoscaba el disfrute oportuno de los derechos humanos, por ende observamos que la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer al emitir su pronunciamiento en fecha 09/Marzo/2010, decretando de oficio el ‘archivo judicial’ de las actuaciones, vulneró principios y garantías constitucionales, referidas a los derechos humanos de la ciudadana Yaxci Briceño, victima (sic) del delito de Violencia Física por parte de su concubino, Roque Cabarcas”.

            Luego de que la parte accionante se refiere a la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del amparo interpuesto y del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la misma, solicita que se “[…] 1.  ADMITA la acción de amparo interpuesta en contra de la decisión dictada por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, el cual decreto declara (sic) la NULIDAD de la audiencia preliminar celebrada ante el referido Juzgado, por violación de la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decretando el ARCHIVO JUDICIAL DE LAS ACTUACIONES , de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Género en relación con el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal 2. Declare CON LUGAR la acción de amparo ejercida; y en consecuencia 3. Declare, como MANDAMIENTO DE AMPARO la nulidad por inconstitucionalidad de la decisión dictada por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, por infringir derechos constitucionales como el debido proceso, tutela judicial efectiva, derecho a ser oído, ORDENANDO al Tribunal de Juicio que fija (sic) la audiencia oral y pública”.  […]    

 

II

DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL SUPUESTAMENTE LESIVA

 

El 9 de marzo de 2010, la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, al resolver la apelación interpuesta por el defensor del ciudadano Roque Cabarca Peralta,  consideró lo siguiente:

 

“[…] Estudiadas como han sido todas las actuaciones contenidas en la presente causa, esta Corte de Apelaciones, pasa a decidir el correspondiente recurso de apelación, previo las siguientes consideraciones:

 

Este Tribunal Superior Colegiado, observa que la recurrente arguye que la representante de la vindicta pública presentó acto conclusivo (acusación) un (1) mes y cinco (5) días después de vencido el lapso a que se contrae el artículo 79 en concordancia con el artículo 103, ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que señala que tal acusación es total y absolutamente extemporánea, vulnerando expresamente el debido proceso y la tutela judicial efectiva toda vez que se trata de lapsos de orden público que no pueden ser relajados ni aún por convenio entre los particulares.

 

Por su parte la Representación Fiscal señala que no hay extemporaneidad en la presentación del acto conclusivo por cuanto el Ministerio Público en la persona de la Fiscal Centésima Trigésima Primera DRA. ISABELLA VECCHIONACHE QUEREMEL, lo presentó en fecha 11 de agosto de 2009 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal y sede, no obstante fue CONSIGNADO en fecha 18 de septiembre de 2009 ante la referida Unidad ‘ya que se encontraban de vacaciones judiciales, lo cual dificultó la consignación del escrito en la misma fecha’.

 

En este orden de ideas señala el Ministerio Público en su escrito de contestación, que el lapso a que se contrae el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es ‘solo (sic) y exclusivamente’ para garantizarle a la mujer víctima “eficacia y celeridad” en su reclamo ante organismos del estado y así garantizarle sin dilación, la protección de sus derechos vulnerados, que por ello no puede hablarse de caducidad como causa de extinción de la acción penal, por cuanto estima que el lapso del artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es solo para garantizarle a la mujer victima (sic) de violencia de genero (sic)

 

Asimismo la Representante del Ministerio Público acota que el lapso previsto en el artículo 79 de la Ley especial, es decir, los cuatro meses para culminar la investigación, la prórroga ordinaria y la extraordinaria, no se establecieron para cercenarle a la Fiscalía la opción de ejercer la acción penal, ni mucho menos para que las mujeres queden desprotegidas.

 

Igualmente destaca que no podemos innovar en materia de causales de extinción de la acción penal, por cuanto no estamos en presencia de la prescripción de la acción y no existe la extinción de la acción como consecuencia de la no presentación del acto conclusivo.

 

Ahora bien el Juez de la Primera Instancia, declaró sin lugar la excepción opuesta por la defensa contra la acusación fiscal, contenida en el artículo 28. numeral 4, literal H, referida a la acción promovida ilegalmente, por haber operado la caducidad de la acción penal, al considerar que no existe caducidad de la acción penal por la preclusión del lapso para la presentación del acto conclusivo, toda vez que así lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al diferenciar en materia penal las causas de extinción de la acción penal, no siendo en consecuencia una de ellas la preclusión del lapso en mención, señalando que la acción penal en estos casos se mantiene en vigencia mientras tanto no se encuentre evidentemente prescrita.

 

Así se observa que el Juez en la recurrida, estableció tímidamente que en todo caso habría operado el Archivo de las Actuaciones, no obstante, consideró que el acto conclusivo fue presentado durante el trámite procesal establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual no se verificó en su totalidad y trajo como consecuencia que la Fiscal 131º del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, concluyera la investigación y presentara el acto conclusivo, el cual consideró el referido juez de la causa como ‘legítimo’.

 

 

Este Tribunal Superior Colegiado debe señalar lo siguiente:

 

El artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, preceptúa:

 

‘Lapso para la investigación. El Ministerio Público dará término a la investigación en un plazo que no excederá de cuatro meses. Si la complejidad del caso lo amerita, el Ministerio Público podrá solicitar fundadamente ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer con funciones de Control, Audiencia y Medidas, competente, con al menos diez días de antelación al vencimiento de dicho lapso, una prórroga que no podrá ser menor de quince ni mayor de noventa días.

 

El Tribunal decidirá, mediante auto razonado, dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud fiscal.

 

La decisión que acuerde o niegue la prórroga podrá ser apelada en un solo efecto…’. (Subrayado y Negrillas de la Sala).

 

En el mismo sentido se establece en el artículo 102 ejusdem:

 

‘Concluida la investigación, conforme a lo previsto en el artículo 79 o el supuesto especial previsto en el artículo 103 de esta Ley, el Ministerio Público procederá a dictar el acto conclusivo correspondiente’. (Subrayado y negrillas de la Sala).

 

Y la consecuencia de la preclusión del lapso y la no presentación del acto conclusivo en el plazo establecido se desprende del contenido del artículo 103 ibídem, así:

 

‘Si vencidos todos los plazos, el o la Fiscal del Ministerio Público no dictare el acto conclusivo correspondiente, el juez o la jueza de Control, Audiencia y Medidas notificará dicha omisión a el o la Fiscal Superior, quien dentro de los dos días siguientes deberá comisionar a un nuevo o una nueva Fiscal para que presente las conclusiones de la investigación en un lapso que no excederá de diez días continuos contados a partir de la notificación o de la comisión, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que sean aplicables a el o a la Fiscal omisivo u omisiva.

 

Transcurrida la prórroga extraordinaria a que se refiere el presente artículo, sin actuación por parte del Ministerio Público, el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas decretará el archivo judicial, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal’. (Subrayado y negrillas de la Sala).

 

Desarrollando las normas que anteceden debemos destacar que, la preclusión se entiende, en general, como la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal. El fundamento de la preclusión se encuentra en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que se han de desarrollar los actos procesales. Para algunos ese orden consecutivo es estrictamente legal. Para otros es jurídico, esto es, abierto a diversas fuentes, pero sometido al principio de legalidad.

 

También se precisa que el orden consecutivo del proceso requiere que sea correcto, esto es, que no se trate de cualquier orden el que se disponga en el proceso, sino de uno que esté fundamentado en razones o valores jurídicos propios de un Estado de Derecho.

 

Desde el punto de vista negativo, el orden consecutivo mira a evitar caer en imprecisiones en la discusión del proceso y garantizando, a su vez, evitar el caer en dilaciones indebidas. En principio, la preclusión es pro parte, es decir, cercena o extingue las facultades procesales de las partes del proceso.

 

Debemos entender entonces que la preclusión es un modo de extinción de derechos u obligaciones, de extinción de obrar válidamente en un proceso determinado, en función del tiempo. El proceso se encuentra articulado en diversos periodos o fases dentro de los cuales deben cumplirse uno o más actos determinados, con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos que se cumplen fuera del periodo que les está asignado. Por efecto de la preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del periodo o sección pertinente y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso. (Resaltado de la Sala).

 

Por otra parte, la conclusión de la preclusión de los lapsos a los cuales hace referencia el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con el artículo 103 eiusdem, es el decreto de archivo judicial de las actuaciones de oficio; decisión ésta que debe tomarse en aras de la seguridad jurídica, el cual es uno de los fines principales del derecho y debe entenderse como la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimiento regulares, establecidos previamente.

 

Así las cosas tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en múltiples decisiones ha sostenido el criterio sobre el principio del órden (sic) público de los lapsos procesales destacando:

 

‘...A todo evento, por demás, esta Sala no considera que los lapsos procesales legalmente fijados y jurisdiccionalmente aplicados puedan considerarse ‘formalidades’ per se, sino que éstos son elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo y de eminente orden público, en el sentido de que son garantías del derecho de defensa de las partes que por ellos se guían (debido proceso y seguridad jurídica)”. (s.S.C. nº 208 de 04.04.00. En el mismo sentido, entre otras, s.S.C. nº 160 de 09.02.01. Destacado añadido)…’.

 

 A mayor abundamiento, respecto a la seguridad jurídica, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 3180 del 15 de diciembre de 2004, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, asentó lo siguiente:

 

‘…Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En este sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad.

 

Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legitima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán. Estos otros dos contenidos generales de la seguridad jurídica (a los cuales como contenido particular se añade el de la cosa juzgada), se encuentran garantizados constitucionalmente así: el primero, por la irretroactividad de la Ley Sustantiva, lo que incluye aspectos de las leyes procesales que generan derechos a las partes dentro del proceso (artículo 24 Constitucional); y el segundo, en la garantía de que la justicia se administrará en forma imparcial, idónea, transparente y responsable (artículo 26 Constitucional), lo que conduce a que la interpretación jurídica que hagan los Tribunales, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, sea considerada idónea y responsable y no caprichosa, sujeta a los vaivenes de las diversas causas, lo que de ocurrir conduciría a un caos interpretativo, que afecta la transparencia y la imparcialidad…’.

 

Ahora bien, debe señalarse que el proceso como conjunto de actos, está sometido a ciertas formalidades. Según éstas, los actos deben realizarse de acuerdo con condiciones de tiempo y lugar, de conformidad con cierto modo y orden. En otras palabras, tenemos que, los actos están sometidos a reglas; unas generales y otras especiales para cada uno en particular, y precisamente esas formas y reglas significan una garantía para la mejor administración de justicia y la aplicación del Derecho, obteniéndose así ciertos valores como la seguridad jurídica y la certeza.

 

Esta Sala se permite referirse al hecho de que las formas no se establecen caprichosamente, sino por una finalidad trascendente, y a ello obedecen. En otras palabras, las formas son necesarias, en cuanto cumplan un fin y representen una garantía, por eso la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Orgánico Procesal Penal, no formulan unas normas rígidas, sino idóneas para cumplir su función. Las formalidades en el proceso son impuestas por la ley, porque de ser suprimidas todas las formas, la actividad procesal de las partes para la reclamación de sus derechos, quedaría librada a un acto gracioso de la autoridad, que podría ser arbitrario, creándose así un caos.

 

Las formalidades deben ser completadas con la legalidad de las formas lo cual es opuesto a la libertad que se le da a los jueces para imponer la forma de los actos procesales, ya que la legalidad de las formas se da porque la ley establece el orden y las formalidades a seguir en el proceso, y precisamente esto impide que las partes y el juez modifiquen, aunque sea bajo acuerdo, formalidades procesales y las reglas que regulan el proceso.

 

Así las cosas, observa este Tribunal Superior Colegiado, que la violación a las formas esenciales constituye un hecho grave, el conjunto de modalidades y formalidades que conforman el rito (procedimiento) fue instituido para conceder la confianza en la población y precisamente la consecuencia del no cumplimiento de las formas es la nulidad de cualquier acto que las viole.

 

La observancia de las formas, no es sólo una garantía de justicia, sino también una condición necesaria de la confianza de los ciudadanos en la justicia. No basta que el proceso haya alcanzado efectivamente su fin jurídico, o sea, el de conducir el exacto conocimiento de la verdad, sino que es preciso que esto sea creído por el pueblo. Tal es el fin político de las formas procesales, y cuando estas formas no se observan, entonces la confianza pública en la justicia del fallo no sería ya sino confianza en la sabiduría y la integridad del hombre que juzga y que no todos pueden tenerla; pero cuando esas formas se observan, la confianza pública se apoya racionalmente en esa observancia. Es en las formas como condiciones de legitimidad, que se hace clara la perspectiva política muy alejada del ritualismo y las formas huecas.

 

Es así como se debe enfatizar en el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual contiene implícitamente los postulados que se deben aplicar a todas las actuaciones, tanto de índole administrativas como judiciales, y a estos efectos resulta oportuno conceptualizar el mismo, acogiendo para ello la definición dada por la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, así:

 

Se denomina debido proceso, a aquel proceso que reúne las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude al artículo 49 de la Constitución de 1999, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas’

 

Vista la anterior definición, debemos concluir que siempre que en un proceso judicial se vulnere alguno de los postulados contenidos en los ocho (8) numerales del artículo 49 de la Constitución Nacional, indefectiblemente se estará desconociendo la tutela judicial efectiva, a que se contrae el artículo 26 de nuestra Carta Magna, no solo basta que se respete el principio de la igualdad entre las partes, asegurándose la estabilidad de las actuaciones procesales, la cosa juzgada y la efectividad de lo decidido, sino, que todo lo anterior lo realice el Juzgado con competencia para hacerlo, bajo las normas de procedimiento establecidas en las leyes.

 

En pocas palabras, el derecho constitucional al debido proceso se traduce y se concentra en la exigencia de que se respeten todas las garantías procesales establecidas en la ley a los fines de garantizar un proceso justo.

 

De acuerdo al derecho constitucional establecido en el artículo 49 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se preceptúa que: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

 

(…)

 

Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determine las leyes...

 

De allí que deba esta Alzada, determinar que:

 

 

El proceso penal que nos ocupa se inició en fecha 13 de abril de 2009, cuando la ciudadana víctima YACXI CAROLINA BRICEÑO PARRA, interpuso denuncia contra el ciudadano ROQUE CABARCA PERALTA, ante la Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda.

 

En fecha 14 de agosto de 2009, cuatro meses después, es decir, vencido el lapso a que se contrae el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Tribunal Quinto de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial Penal y sede, dictó decisión conforme a la cual estableció:

 

‘…Siendo que en el presente caso, no hubo solicitud de prórroga por parte de la representación fiscal CENTÉCIMA (sic) TRIGÉSIMA PRIMERA (131º) del Ministerio Público que inició la investigación, es por lo que se acuerda en consecuencia notificar al Fiscal Superior del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas a los fines que designe a otra fiscala o fiscal para que presente el acto conclusivo a que haya lugar dentro de los diez días continuos.

 

De otra parte se acuerda solicitar al Fiscal Superior del Ministerio Público, que una vez comisionado el caso, informe a este Despacho Judicial qué (sic) fiscala o fiscal fue comisionado y la fecha de su notificación efectiva, ello con el objeto de que este Tribunal pueda decidir sobre el archivo judicial de las actuaciones de ser el caso, luego de cumplidos y verificados los lapsos a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Subrayado y Negrillas de la Sala).

 

En fecha 25 de agosto de 2009, la Fiscalía Superior recibió la notificación de la decisión que concedía la prórroga extraordinaria y la obligación de comisionar a otro u otra fiscal e informar al Tribunal una vez que éste o ésta fuera comisionado de concluir la investigación, relevándose de esta manera a la Fiscalía Centésima Trigésima Primera por decisión jurisdiccional y por disposición legal, al haber transcurrido el lapso de Ley para que pudiera seguir actuando en la investigación.

 

En fecha 27 de agosto de 2009, venció el plazo para que el Fiscal Superior del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial comisionara a otro u otra fiscal del Ministerio Público especializado o especializada en la materia de violencia contra la mujer para que presentara las conclusiones de la investigación dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la comisión.

 

Siendo ello así, a la presente fecha, habiendo transcurrido más de CINCO (5) MESES desde que el Fiscal Superior del Ministerio Público se dio por notificado de la prórroga extraordinaria y de su deber de comisionar el nuevo o nueva fiscal, no dio respuesta al Tribunal a quo sobre el cumplimiento de la referida obligación, por lo cual se entiende que no hubo la comisión en mención y por ende, transcurrió holgadamente el lapso de los diez días continuos para que el o la nueva fiscal presentara el acto conclusivo de la investigación, lo contrario sería admitir que el lapso de la prórroga extraordinaria pudiera ser superior al lapso de cuatro (4) meses para concluir la investigación, y que el Fiscal Superior puede dejar a su libre arbitrio si informa o no al Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas sobre la comisión del nuevo o la nueva fiscal que debe presentar las conclusiones de la investigación en un lapso que no podrá ser mayor a los diez días continuos a partir de la notificación de la comisión en mención.

 

De tal forma que venció la prórroga extraordinaria el día 05 de septiembre de 2009, por cuanto debe inferirse que es deber del Fiscal Superior del Ministerio Público el comisionar a otra u otro fiscal para que una vez designado a más tardar en fecha 27 de agosto de 2009, dentro de los diez (10) días siguientes presentara el acto conclusivo de la investigación.

 

No obstante, la Fiscalía Centésima Trigésima Primera (131º) del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, luego de pronunciada dicha decisión, señala que presentó el acto conclusivo de acusación ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Penales de este Circuito Judicial Penal y sede, en fecha 11 de agosto de 2009, pero que fue consignado en fecha 18 de septiembre de 2009, por cuanto se encontraban de vacaciones judiciales, lo cual dificultó la consignación del escrito en la misma fecha, sin embargo, no presentó ninguna prueba de la ‘presentación’ del acto conclusivo en fecha 11 de agosto de 2009, y es claro que ese día fue martes, y en fecha viernes 14 de agosto de 2009 se produjo la decisión del Tribunal A quo, ordenando la notificación al Fiscal Superior a los fines que designara otra u otro fiscal que presentara el acto conclusivo.

 

Por otra parte, el receso judicial comenzó el día quince (15) de agosto, no el once (11) ni el catorce (14) de agosto de 2009, por lo cual, resulta en una expresión ligera e ingénua (sic), la excusa de la representante fiscal, quien señala que ‘las vacaciones judiciales’ le dificultó a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal y sede, tramitar la ‘presentación del acto conclusivo’, cuando, como se dijo, el once (11) de agosto de 2009, fecha en la cual señala la Representante Fiscal que presentó el acto conclusivo, no había receso judicial y cualquier acusación que se presentara en dicha fecha debía ser recibida, pero además, si así no hubiese pasado, la Representante del Ministerio Público debió interponer la queja correspondiente ante la Presidencia de este Circuito Judicial Penal y sede, a los fines que se recibiera y tramitara la consignación del acto conclusivo en mención, y no sacrificar ese deber por el azar en cuanto al criterio del Tribunal A quo de considerar el escrito admisible o no, sin ningún tipo de pruebas sobre esa presentación en fecha 11 de agosto de 2009 ante la Oficina en cuestión.

 

De allí que se observa que no es sino hasta el día 18 de septiembre de 2009, cuando la vindicta pública, consigna efectivamente (porque así se desprende del sello húmedo de recibo de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal y sede) el escrito de acusación.

 

Siendo ello así, está claro que se desmorona la excusa de la Fiscalía, cuando se observa con meridiana claridad que durante el receso judicial se recibían los escritos de acusación, toda vez que si así no se estableciere, en todos los supuestos de la privación judicial de libertad, habrían salido en libertad los imputados en cuyos procesos se hubiere vencido el lapso a contrae el parágrafo único del artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia durante el receso judicial e igualmente se hubiese decretado el archivo judicial de las actuaciones en todos los casos donde no se hubiere presentado el acto conclusivo y el lapso venciere durante el receso judicial.

 

Y para terminar con el argumento de la Fiscal del Ministerio Público, la Sala advierte que el receso judicial culminó el quince (15) de septiembre de 2009, siendo que el dieciséis (16) fue día Miércoles y el diecisiete (17) jueves, lo que demuestra que al día viernes dieciocho (18) ya habían transcurrido dos días de actividades fuera de las ‘vacaciones judiciales’ a las cuales hizo referencia la representante fiscal.

 

En consecuencia de lo anterior, es claro que no estamos en presencia de la caducidad de la acción penal como causa de extinción de la misma, no existe prescripción de la acción penal, y es cierto que se encuentra viva la acción penal y la investigación derivada de la denuncia tienen toda su eficacia legal, no obstante no podía la Fiscal Centésima Trigésima Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, presentar las conclusiones de la investigación, toda vez que fue relevada de la misma en fecha 14 de agosto de 2009 por decisión del Tribunal Quinto de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial Penal, en razón de haberse vencido el lapso para concluir la investigación sin que la misma hubiese solicitado la prórroga de ley establecida en el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al ser así, ya no estaba facultada para actuar en la investigación toda vez que es claro el artículo 103 de la referida Ley cuando establece que una vez vencidos los lapsos para que se de (sic) por concluida la investigación, el Juez o Jueza deberá notificar al Fiscal Superior del Ministerio Público, quien deberá dentro de los dos (2) días siguientes comisionar a otro u otra fiscal para que presente las conclusiones dentro de los diez (10) días siguientes a esa comisión notificada al nuevo o nueva fiscal.

 

De tal forma que en el presente al haberse vencido la prórroga extraordinaria que jurisdiccionalmente decidió en fecha 14 de agosto de 2009 el Tribunal Quinto de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial Penal y sede, debió decretar el archivo judicial de las actuaciones como lo dispone expresamente el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y no fijar la audiencia preliminar con un acto conclusivo que se presentó fuera del lapso y por una fiscal que no se encontraba facultada para presentarlo, a tenor de la decisión que ya había pronunciado ese Tribunal en fecha 14 de agosto de 2009 y el recibo de la notificación de la prórroga extraordinaria en fecha 25 de agosto de 2009.

 

De manera pues que, al no haber seguido el Juez de la Causa la regularidad del proceso conforme al principio de legalidad procesal, respetando los lapsos procesales, y dictando las decisiones como consecuencia de su vencimiento, se violentó el debido proceso, garantía consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual debe esta Sala declarar la nulidad de la audiencia preliminar que se fijó y celebró en contravención a las normas que rigen el procedimiento penal en materia de violencia contra la mujer, específicamente las previstas en los artículos 79, 102 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente como se encontraba la decisión de fecha 14 de agosto de 2009, así como la norma del artículo 314, segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del citado artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de tal forma que lo procedente y ajustado en Derecho es declarar la nulidad de la tramitación para la fijación de la audiencia preliminar, la audiencia preliminar y como consecuencia la decisión dictada al término de la misma relativa a la admisión de la acusación, la admisión de los medios probatorios y el pase al juicio oral, así como toda la tramitación para la convocatoria al juicio oral realizada en el Tribunal Segundo de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal y sede.

 

La Nulidad se decreta, conforme lo establecido en el citado artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables por remisión del artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre El Derecho de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, por violación de la garantía del debido proceso prevista en el artículo 49 constitucional, puesto que hubo incumplimiento de los lapsos procesales para presentar el acto conclusivo, como expresamente se desprende de los folios 55 al 65 del cuaderno de apelación, cuando el Ministerio Público señala en su escrito de contestación al Recurso de Apelación opuesto por la defensa, que se le presentaron obstáculos para consignar la acusación, no acompañando medios probatorios que indicaran la certeza de su afirmación.

 

Actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 195 del texto adjetivo penal, se individualiza el acto viciado de nulidad, como el que corre inserto a los folios 113 al 129 de la primera pieza del expediente, (audiencia preliminar y decisión al término de la misma), nulidad que alcanza a los actos realizados con anterioridad a la audiencia referidos a la tramitación en la fijación de la misma cursantes a los folios 54 al 91 de la primera pieza del expediente, así como a los actos realizados con posterioridad relacionados con la tramitación en la fijación del juicio oral, cursantes a los folios 2 al 27 de la segunda pieza del expediente y como consecuencia esta Alzada considera ajustado a Derecho DECRETAR EL ARCHIVO JUDICIAL DE LAS PRESENTES ACTUACIONES, seguidas contra el ciudadano ROQUE CABARCA PERALTA, titular de la Cédula de Identidad Nº 83.908.235, por la presunta comisión de delitos previstos en la referida ley especial, en las cuales aparece como victima la ciudadana YACXI CAROLINA BRICEÑO PARRA, titular de la Cédula de Identidad Nº 20.027.986, y por consiguiente decretar igualmente el CESE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD y PROTECCIÓN dictadas por el Tribunal Quinto de Violencia Contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de abril de 2009, conforme se desprende de los folios 11 al 14 de las actuaciones originales. De igual forma y como consecuencia de la decisión aquí pronunciada se decreta el CESE DE LA CONDICION DE IMPUTADO del ciudadano ROQUE CABARCA PERALTA, titular de la Cédula de Identidad Nro. V. 83.908.235, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, declarándose así con lugar el presente recurso de apelación, pero con la consecuencia establecida en la presente decisión y no la requerida por la recurrente, referida a la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28 numeral 4 literal h por cuanto esta Sala considera que no existe caducidad de la acción pero si, preclusión del lapso para presentar el acto conclusivo. Y ASI SE DECIDE.

 

 

 

DISPOSITIVA

 

Por la razones que anteceden, esta Sala Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio con Competencia en Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley:

 

PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación, interpuesto por la abogada ELIANA CAROLYN MORA PAEZ, Defensora Pública Penal Sexta (6º) con competencia en Materia de Violencia Contra la Mujer, adscrita a la Unidad de Defensoría Pública Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, defensora del imputado ROQUE CABARCA PERALTA, contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este mismo Circuito Judicial Penal y sede, de fecha 18 de noviembre de 2009, mediante la cual declaró sin lugar las excepciones opuestas por la defensa, admitió la acusación presentada por la representante del Ministerio Público, y ordenó el enjuiciamiento del ya aludido ciudadano y como consecuencia DECLARA LA NULIDAD de la audiencia preliminar celebrada en dicho Juzgado, la decisión dictada al término de la misma, así como toda la tramitación para la convocatoria al juicio oral realizada en el Tribunal Segundo de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal y sede, por violación de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haberse fijado y celebrado en contravención a las normas que rigen el procedimiento penal en materia de violencia contra la mujer, específicamente las previstas en los artículos 79, 102 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente como se encontraba la decisión de fecha 14 de agosto de 2009, así como la norma del artículo 314, segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del citado artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 25 constitucional y 190, 191 y 195, todos del Código Orgánico Procesal Penal, pero con la consecuencia establecida en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal y no la requerida por la recurrente, referida a la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28 numeral 4 literal h por cuanto esta Sala considera que no existe caducidad de la acción pero si, preclusión del lapso para presentar el acto conclusivo, y en tal sentido como consecuencia de la declaratoria con lugar del recurso, DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LAS PRESENTES ACTUACIONES, seguidas contra el ciudadano ROQUE CABARCA PERALTA, titular de la Cédula de Identidad Nº 83.908.235, por la presunta comisión de delitos previstos en la referida ley especial, en las cuales aparece como victima la ciudadana YACXI CAROLINA BRICEÑO PARRA, titular de la Cédula de Identidad Nº 20.027.986, y por consiguiente decreta igualmente el CESE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD y PROTECCIÓN dictadas por el Tribunal Quinto de Violencia Contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de abril de 2009, conforme se desprende de los folios 11 al 14 de la primera pieza de las actuaciones originales. De igual forma y como consecuencia de la decisión aquí pronunciada se decreta el CESE DE LA CONDICION DE IMPUTADO del ciudadano ROQUE CABARCA PERALTA, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.83.908.235, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del citado artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

De igual forma, atendiendo al resultado del presente recurso, se acuerda enviar copia certificada de la presente decisión al Tribunal Quinto de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial Penal y sede y la remisión de las actuaciones a un Tribunal distinto al que conoció, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a los fines que se ejecute la presente decisión librándose los oficios y notificaciones a que haya lugar”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el numeral 20 de su artículo 25, establece que a esta Sala le corresponde conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo las incoadas contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

Ello así, visto que la acción de amparo constitucional bajo examen tiene por objeto una decisión dictada por la Sala Accidental de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, esta Sala Constitucional se declara competente para conocer y decidir el presente amparo; todo ello en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que no ha sido derogada y establece el amparo contra sentencia. Así se establece.

 

 

 

 

 

IV

DE LA ADMISIBILIDAD

Una vez declarada la competencia de esta Sala, corresponde ahora pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción y, en tal sentido, observa que la misma cumple, prima facie, con todas las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Además, no se desprende de autos que se encuentre incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 6 eiusdem, motivo por el cual esta Sala Constitucional admite la presente acción de amparo, junto a la cual se consignó la respectiva copia certificada de la sentencia señalada como lesiva, y así se decide.

Por otra parte y sin que ello prejuzgue sobre el mérito del amparo de autos, esta Sala Constitucional estima necesario, a tenor de lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, requerir del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, las copias certificadas del expediente contentivo del proceso penal seguido al ciudadano Roque Cabarca Peralta por la presunta comisión del delito de violencia física, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; todo ello con el objeto de verificar el trámite procesal cumplido según lo prevé el artículo 103 eiusdem previo a la presentación del correspondiente acto conclusivo por parte del Ministerio Público, trámite procesal éste que constituye el aspecto medular de la tutela constitucional invocada. En vista de lo anterior, se ordena a la Secretaría de esta Sala oficie al referido Juzgado a fin de que, dentro de cinco (5) siguientes a su notificación, remita a esta Sala las copias certificadas requeridas en la presente decisión.

Por último se la hace saber al señalado órgano jurisdiccional que de no enviar las copias certificadas requeridas en el presente auto dentro del lapso señalado, esta Sala Constitucional impondrá la sanción contenida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos

PRIMERO.- Se declara COMPETENTE y ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Isabella M. Vecchionacce Queremel y Yamarilis Yaguaramay Carvajal, en su carácter de fiscales del Ministerio Público, Fiscal Principal y Auxiliar de la Fiscalía Centésima Trigésima Primera (131°) del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con los artículos 16, cardinales 1 y 2; y 37, cardinal 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en representación de la ciudadana YACXI CAROLINA BRICEÑO PARRA, contra la decisión dictada “[…] por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, la cual declaró la nulidad de la audiencia preliminar (…) por violación de la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decretando en consecuencia el Archivo Judicial de las Actuaciones  […]”; todo ello con ocasión del proceso penal iniciado contra el ciudadano Roque Cabarca Peralta por la presunta comisión del delito de violencia física en perjuicio de la prenombrada ciudadana, quien penalmente ostenta la condición de víctima.

SEGUNDO.- Se ORDENA la notificación del Presidente de la Sala Accidental de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, o quien haga sus veces, para que comparezca ante la Secretaría de esta Sala, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrará la audiencia oral y pública, la cual será fijada dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la oportunidad en que conste en el expediente la última de las notificaciones que se realice. Igualmente se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación ordenada. Se deja constancia que la ausencia en el acto del referido Juez no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas.

 TERCERO.- Se ORDENA la notificación de la ciudadana Fiscala General de la República sobre el inicio del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

CUARTO.- Se ORDENA a la notificación del ciudadano Roque Cabarca Peralta, quien aparece como presunto agresor en la investigación penal que dio lugar al amparo de autos, acerca de la admisión de la presente acción de amparo, debiendo la referida Sala Accidental de la Corte de Apelaciones una vez practicadas la misma, notificar de inmediato a esta Sala Constitucional, so pena de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

QUINTO.-  Se ordena remitir copia certificada del presente fallo al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que, dentro de cinco (5) siguientes a su notificación,  remita a esta Sala las copias certificadas del expediente contentivo del proceso penal seguido al ciudadano Roque Cabarca Peralta por la presunta comisión del delito de violencia física, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; con la advertencia que de no enviar las copias certificadas requeridas en el presente fallo, dentro del lapso señalado, esta Sala Constitucional impondrá la sanción contenida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Publíquese, regístrese, comuníquese y cúmplase con lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de marzo  de dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

Vicepresidente,             

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                        CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                              Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp.- 10-0659

CZdM/