SALA  CONSTITUCIONAL

 

Exp. 11-1356

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

            Mediante escrito presentado el 27 de octubre de 2011, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la abogada María del Carmen Herrera Romerín, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 113.448, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos EDUARDO EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, titulares de las cédulas de identidad números 7.865.486, 2.167.847 y 7.671.003, respectivamente, ejerció acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los precitados ciudadanos contra el fallo dictado el 21 de febrero de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, confirmó el fallo apelado y declaró sin lugar la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales ejercieron los hoy accionantes contra Cervecería Polar C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda, el 14 de marzo de 1941, bajo el N° 323, Tomo 1.

            El 7 de noviembre de 2011, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.

            El 6 de diciembre de 2011, compareció la representación de la parte accionante y consignó escrito de reforma de la acción de amparo interpuesta.

Efectuada la lectura del expediente, esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

            El 27 de octubre de 2008, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admitió la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales interpuesta por los ciudadanos Eduardo Emiro Paz Estrada, Daniel De Jesús Hidalgo y Teodoro Segundo Arteaga Castro, contra Cervecería Polar C.A.

            El 21 de febrero de 2011, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró sin lugar la demanda interpuesta.

            Contra la referida decisión, el 24 de febrero de 2011 los co-demandantes ejercieron recurso de apelación.

            El 12 de abril de 2011, el Juzgado Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia -previa audiencia oral a la cual comparecieron ambas partes- dictó sentencia dentro del lapso legalmente establecido para ello, en la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los precitados ciudadanos contra el fallo dictado el 21 de febrero de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, confirmó el fallo apelado y declaró sin lugar la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales ejercieron los hoy accionantes contra Cervecería Polar C.A.

            El 27 de octubre de 2011, la representación de los ciudadanos Eduardo Emiro Paz Estrada, Daniel De Jesús Hidalgo y Teodoro Segundo Arteaga Castro ejerció, como antes se señaló, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

            Señaló la representación de la parte accionante como fundamentos de la presente acción de amparo constitucional, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

            Que la sentencia objeto de amparo incurrió en error inexcusable, “ya que el juez agraviante actuó fuera de su competencia dictando de esta forma una sentencia que podía ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional, equiparable a un vicio de incompetencia”.

            Que tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de alzada actuaron fuera de su competencia “violando el ACUERDO emanado de la Asamblea Nacional, el EXHORTO emanado por este Alto Tribunal y el AVOCAMIENTO emanado por la Sala de Casación Social, incumpliendo de esta forma con la aplicación en cuanto al contenido y alcance de su contenido (sic)”.

            Que el 7 de agosto de 2007, “mediante un ACUERDO la Asamblea Nacional (…) exhorta a este Alto Tribunal, para que se avoque al conocimiento de todas las causas que cursan y estén pendientes de decisión en los distintos tribunales laborales del país, incoadas por los extrabajadores (sic) de las EMPRESAS POLAR S.A. (…) por considerar que dichos conflictos constituyen un asunto de interés social”.

            Que la Sala de Casación Social  “se avoco (sic) al conocimiento de todas las causas que se encontraban involucrados como parte del proceso, los extrabajadores (sic) Empresas Polar S.A. y sus filiales, en los tribunales de instancia de la República, quedando suspendida (sic) automáticamente las causas y cuyos expedientes debían ser remitidos a la Sala de Casación Social para que se constituyan las MESAS DE TRABAJO y poder solventar el conflicto y ponerle fin al proceso por la vía de la MEDIACIÓN”.

            Que no obstante, “este avocamiento (sic) fue desconocido tanto por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia al tramitar un procedimiento cuyo objeto de pretensión era el pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales y la misma era en contra de Empresas Polar”.

            Que en la Sala de Casación Social “reposa el expediente del AVOCAMIENTO (…) donde se evidencia el estado de la causa que se encuentra en trámite y que el (sic) consta en autos los escritos presentados por los apoderados de los extrabajadores (sic) para que se reinicien lo más pronto posible las mesas de trabajo para ponerle fin al proceso mediante la mediación”.

            Que “todos los actos procesales realizados por el Tribunal Aquem (sic) se encuentran viciados de nulidad absoluta¸ por ser actos irritos (sic) previsto en el artículo 206 de la Ley Adjetiva Civil”.

            Que “el tribunal Aquem (sic) que conoció, sustanció y decidió como segundo grado de jurisdicción cuyas actuaciones están viciadas de nulidad absoluta por ser un acto irrito (sic) que atenta contra el DEBIDO PROCESO, el ORDEN PÚBLICO, y las BUENAS COSTUMBRE (sic) (…) ya que desconocía del avocamiento de la Sala de Casación Social, por ende la obligación es de los jueces de instancia de acatar y cumplir con las sentencias dictadas por esa sala por ser la materia afín y la naturaleza radica en el derecho laboral” (Resaltado de la parte accionante).

            Indicó, que “al no aplicarse correctamente el contenido y el alcance del ACUERDO, DEL EXHORTO y del AVOCAMIENTO y la doctrina jurisprudencial se encuentra viciado de nulidad absoluta; alterando de esta forma el espíritu, el propósito y el significado del mismo”.

            Por lo antes expuesto, solicitó se declarara con lugar la presente acción de amparo constitucional.

III

DE LA COMPETENCIA

En primer lugar debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa: 

En virtud de lo establecido en la sentencia N° 1 de esta Sala del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), y de lo previsto en el artículo 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde a la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal conocer de las acciones de amparo que se interpongan contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de la República (excepto los contencioso administrativo), Cortes de lo Contencioso Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando lesionen un derecho constitucional, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal. 

En el caso de autos, la sentencia contra la cual se ejerce la presente acción de amparo fue dictada por el Juzgado Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Siendo ello así, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resulta competente para conocer de la acción interpuesta, y así se declara.

IV

DE LA SENTENCIA ACCIONADA

            El 12 de abril de 2011, el Juzgado Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos Eduardo Emiro Paz Estrada, Daniel De Jesús Hidalgo y Teodoro Segundo Arteaga Castro, contra el fallo dictado el 21 de febrero de 2011 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, confirmó el fallo apelado y declaró sin lugar la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales ejercieron los hoy accionantes contra Cervecería Polar C.A.

            Fundamentó su decisión el juzgador de alzada en los siguientes argumentos:

… Cumplida como ha sido la valoración de los medios de prueba admitidos en la oportunidad legal correspondiente, y verificados como han sido los alegatos y defensas expuestas por las partes en conflicto, procede en derecho éste (sic) Juzgado Superior a pronunciarse sobre los puntos neurálgicos o angulares determinados en la presente controversia laboral, específicamente sobre aquellos puntos objeto de la presente apelación, conforme a los hechos que se desprendan de las pruebas evacuadas en el Tribunal de la causa, las cuales han sido apreciadas bajo el principio de la unidad de la prueba y la sana crítica.

Así pues, en atención al análisis del presente asunto se pudo observar que la parte demandante ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, únicamente recurrieron en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio; razón por la cual esta Alzada procede a realizar el análisis del presente asunto atendiendo a los hechos constitutivos del recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, en los siguientes términos:

La representación judicial de la parte demandante, apeló de la sentencia emitida por el Tribunal de la Primera Instancia, alegando (…).

En atención a los alegatos expuestos en líneas anteriores, este Juzgado Superior pudo verificar del análisis efectuado a las actas del proceso que la parte demandada CERVECERÍA POLAR C.A., reconoció expresamente que mantenía una relación con los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, que consistía en la compra, venta y distribución de Malta y Cerveza; pero negó y rechazó que dicho vinculo (sic) sea de naturaleza laboral, ya que, a su decir, entre ellos existía una relación netamente mercantil regulada por contratos de concesión comercial y de franquicia; situación ésta que constituye el hecho neurálgico en la presente causa, por lo que deberá circunscribir su labor esta sentenciadora a determinar si existió o no una relación laboral entre las partes que integran la presente controversia laboral, recayendo en cabeza de la Empresa CERVECERÍA POLAR C.A., la carga probatoria de demostrar en juicio los fundamentos de hecho de su excepción, es decir, la demostración efectiva de que los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, eran comerciantes que se dedicaban a la compra, venta y distribución de Malta y Cerveza, a través de contratos de concesión comercial y de franquicia suscritos con la firma de comercio CERVECERÍA POLAR C.A.; ya que, admitida la prestación de un servicio personal corresponde a la parte que niega la naturaleza laboral de los servicios prestados, demostrar que en dichos servicios no se encontraban presentes los restantes elementos que configuran la existencia de una relación de naturaleza laboral, que excluyan la posibilidad de que sea calificada como una relación de trabajo, según criterio reiterado establecido de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ratificado recientemente en decisión de fecha 08 de octubre de 2010, con ponencia del Magistrado Dr. Omar Alfredo Mora Díaz (caso Lionel Rodríguez Álvarez Vs. Manuel Torres, Rodolfo Plaz, Federico Araujo y otros).

Así las cosas, se puede afirmar que la calificación de una relación jurídica como de naturaleza laboral, depende de la verificación en ella de los elementos característicos de este tipo de relaciones, y sobre tales características, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia soportando su enfoque desde la perspectiva legal, ha asumido por vía jurisprudencial, como elementos definitorios los siguientes:

(omissis)

En tal sentido, conforme a lo antes expuesto considera necesario quien decide vislumbrar como punto de partida para determinar el presente caso bajo estudio el contenido normativo establecido en el aparte único del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual prevé lo siguiente:

(omissis)

De la norma in comento se consagra la presunción de laboralidad, primeramente la existencia de una relación de trabajo, a saber, la cual por mandato legal expreso, se tiene por plenamente probada, salvo prueba plena en contrario, es decir, que el juez debe tener por probado fuera de otra consideración la existencia de una relación de trabajo, con todas sus características, tales como el desempeño de la labor por cuenta ajena, la subordinación y el salario. En este sentido bastaría la prueba de prestación de un servicio personal para otro, para que quede acreditada la existencia de la relación de trabajo, pues, en tal supuesto la subordinación también se presumirá, al menos que el presunto empleador demuestre el carácter autónomo, libre o independiente de los servicios recibidos, por lo que se trata de una presunción iuris tantum, por consiguiente, admite prueba en contrario, y el pretendido patrono puede, en el caso, alegar y demostrar la existencia de un hecho o conjunto de hechos que permitan desvirtuar la existencia de la relación de trabajo. (Referencia jurisprudencial: Tribunal Supremo de Justicia en sala de Casación Social de fecha: 11-05-2004).

En este sentido de lo expuesto en la cita jurisprudencial, cabe señalar que para que proceda la presunción prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, deben coincidir las tres (03) condiciones necesarias para que proceda la relación de naturaleza laboral, como lo es la subordinación, la ajenidad y el salario como consecuencia lógica de la prestación del servicio, por lo que bastaría con la prueba de la prestación de un servicio personal para otro, para que quede acreditada la presunción de existencia del contrato de trabajo; requisitos estos que se encuentran relacionados directamente con la definición de la persona del trabajador y del contrato de trabajo, establecida en los artículos 39 y 67 de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales expresan lo siguiente:

(omissis)

En el caso bajo análisis, resultó un hecho plenamente admitido por las partes, que los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, prestaban servicios personales de compra, venta y distribución de productos elaborados por la firma de comercio CERVECERÍA POLAR C.A., por lo que quedó activada por mandato de la Ley, la presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, conforme al criterio reiterado y pacífico de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, a menos que el supuesto patrono haya logrado desvirtuar en juicio que en dichos servicios no se encuentran presente los elementos propias de toda relación de trabajo, a saber, la subordinación o dependencia, la subordinación y la ajenidad; dado que en caso contrario lo que la Ley dispone es que se deba tener por probado fuera de otra consideración la existencia de una relación de trabajo, con todos y cada uno de sus elementos definidores; por lo que el Tribunal atendiendo los liniamientos (sic) doctrinales más calificados, desciende a las actas del proceso a fin de verificar si en la prestación de servicios personales de los ciudadano (sic) EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, se encuentran presentes los elementos descriptivos de una relación de trabajo, ya que la complejidad de las diversas formas actuales de organización del trabajo y modos de producción ha generado las llamadas ‘zonas grises’ del Derecho del Trabajo.

(…)

1.- FORMA DE DETERMINACIÓN DE LA LABOR PRESTADA: Resulto (sic) un hecho plenamente admitido por las partes, y constatado por este Tribunal de Alzada a través de los medios de pruebas evacuados en la Audiencia de Juicio Oral y Pública, que los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, eran accionistas y Administradores de las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A., respectivamente, a través de las cuales compraban en forma exclusiva productos elaborados por la Empresa CERVECERÍA POLAR C.A., tales como cerveza y malta; para ser revendidos a los clientes ubicados dentro de una determinada ruta comercial geográfica delimitada, de acuerdo a los precios y las modalidades fijadas por CERVECERÍA POLAR C.A.

2.- TIEMPO Y CONDICIONES DEL TRABAJO DESEMPEÑADO: En autos quedó plenamente demostrado que los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, no tenían un horario de trabajo preestablecido para comercializar los productos que compraban a la Empresa CERVECERÍA POLAR C.A. (maltas y cervezas), pues únicamente debían de estar en sus instalaciones, durante los horarios de oficina que la misma disponía para comercializar y despachar sus productos, tal y como se evidencia de la prueba de declaración de parte ordenada en la Audiencia de Juicio conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Trabajo.

3.- FORMA DE EFECTUARSE EL PAGO: Los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, a través de las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A., respectivamente, compraban al mayor (de crédito o a contado) productos elaborados por la firma de comercio CERVECERÍA POLAR C.A., para revenderlos posteriormente a un precio mayor a sus diferentes clientes conforme a la ruta geográfica que le correspondía, recibiendo por la realización de dichas actividades la diferencia entre el precio de la mercancía al mayor ofrecido por la Empresa CERVECERÍA POLAR C.A., y el precio de venta al detal ofrecido a sus diferentes clientes, tal y como se evidencia de la prueba de declaración de parte ordenada en la Audiencia de Juicio conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Trabajo, y de la testimonial jurada del ciudadano HEBERTO NAVA.

4.- TRABAJO PERSONAL, SUPERVISIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO: La distribución de los productos comprados por los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, a través de las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A., respectivamente, era realizada por ellos mismos, en camiones propiedad de los co-demandantes, con dos ayudantes contratados por su cuenta, bajo un horario de acuerdo con su conveniencia y los de su clientela; tal y como se evidencia de la prueba de declaración de parte ordenada en la Audiencia de Juicio conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica del Trabajo.

5.- INVERSIONES Y SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS: De las actas del expediente se desprende que los vehículos utilizado por los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, para la distribución de los productos que compraban a la sociedad mercantil CERVECERÍA POLAR C.A., eran propiedad de las Empresas DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A., que los gastos de mantenimiento de los vehículos, corrían por cuenta de dichas compañías mercantiles.

6.- LA NATURALEZA ALUDIDA DEL PRETENDIDO PATRONO: La demandada CERVECERÍA POLAR C.A., es una empresa debidamente constituida en nuestro país, dedicada a la producción de productos derivados de la fermentación de cebada y otras materias primas, para la elaboración de cerveza y malta, que comercializa en diferentes presentaciones; quien ante el gran número de consumidores de nuestra región y la marcada competencia que existe en el ramo, ha adoptado diferentes formas de comercialización de sus productos, bien en forma directa a través de sus diferentes agencias comerciales, o bien a través de la figura de Empresa concesionarias, a quienes les comercializa la mercancía a un precio mucho más económico por tratarse de ventas al mayor, para que estas últimas se encarguen de revender dichos productos directamente a los diferentes establecimientos comerciales ubicados en una determinada zona geográfica; constatándose de autos que los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, eran accionistas y Administradores de las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A., respectivamente, dedicadas a la compra al mayor de cerveza, malta, bebidas gaseosas, hielo y licores en general y su reventa al detal o al mayor, así como el ejercicio de cualesquiera otras actividades de lícito comercio; a través de las cuales los demandantes sostenía una relación mercantil con la firma de comercio CERVECERÍA POLAR C.A.; verificándose por otra parte que las Empresas DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A., presentaron declaraciones de Impuestos Sobre la Renta y al valor agregado, por ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), durante el tiempo de la relación; efectuaron declaración jurada de ventas brutas, ingresos y operaciones ante la Alcaldía del Municipio Cabimas del Estado Zulia.

7.- LA PROPIEDAD DE LOS BIENES E INSUMOS CON LOS CUALES SE VERIFICA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO: Quedó demostrado, tal como se indicó antes, que los vehículos utilizados por los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, para la distribución de los productos que compraban a la sociedad mercantil CERVECERÍA POLAR C.A., eran propiedad de las Empresas DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A.; y que los gastos de mantenimiento de los vehículos, corrían por cuenta de dichas compañías mercantiles.

8.- LA NATURALEZA Y QUANTUM DE LA CONTRAPRESTACIÓN RECIBIDA POR EL SERVICIO: Tal y como se señaló previamente, los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, compraban al mayor (de crédito o a contado) productos elaborados por la firma de comercio CERVECERÍA POLAR C.A. (cerveza y malta), para revenderlos posteriormente a un precio mayor a sus diferentes clientes conforme a la ruta geográfica que le correspondía, recibiendo por la realización de dichas actividades la diferencia entre el precio de la mercancía al mayor ofrecido por la Empresa CERVECERÍA POLAR C.A., y el precio de venta al detal ofrecido a sus diferentes clientes; dicha contraprestación, según lo alegado por los mismos accionante, resulta elevado en comparación con los salarios mínimos decretados por el Ejecutivo Nacional, vigentes durante el tiempo que realizaron dicha actividad.-

9.- ASUNCIÓN DE GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA PERSONA QUE EJECUTA EL TRABAJO O PRESTA EL SERVICIO, LA REGULARIDAD DEL TRABAJO, LA EXCLUSIVIDAD O NO PARA LA USUARIA: Quedo demostrado en autos que los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO eran los únicos responsables de la variación de sus ingresos según la cantidad de productos que compraban a la Empresa CERVECERÍA POLAR C.A. y revendía a sus diferentes clientes, debiendo adquirir en todo caso un monto mínimo de los productos producidos por la Empresa demandada; verificándose por otra parte que el mantenimiento de los vehículos utilizados por los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, para la distribución de los productos que compraban a la demandada, corrían exclusivamente por cuenta de ellos mismos.

10.- AQUELLOS PROPIOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO POR CUENTA AJENA: De los medios probatorios evacuados en la presente controversia laboral, quedó plenamente demostrado que los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, no se encontraban sometidos a un horario de trabajo impuesto por la sociedad mercantil CERVECERÍA POLAR C.A., pues la distribución de los productos, era realizada bajo un horario de acuerdo con a sus conveniencias y las de su clientela; los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO no recibían un salario o remuneración por parte de la Empresa CERVECERÍA POLAR C.A., pues sus ingresos dependían única y exclusivamente de la cantidad de productos que compraban a la Empresa CERVECERÍA POLAR C.A. y revendía a sus diferentes clientes; y que los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, se encontraban en la obligación de seguir las directrices de marketing y publicidad dictadas por la sociedad mercantil CERVECERÍA POLAR C.A., en virtud del contrato de exclusividad que existía entre ellos, más sin embargo, CERVECERÍA POLAR C.A., no gozaba de la potestad ‘unilateral’ de trazar directrices, impartir ordenes (sic), hacerlas cumplir, y vigilar las tareas de los accionantes, para alcanzar el objetivo fundamental de la producción y de la generación de utilidades; por lo tanto los demandantes podían disponer libremente de sus actividades y sus movimientos.

Ahora bien, luego de haber efectuado un análisis exhaustivo y detallado al test de dependencia o examen de indicios, el Tribunal de Alzada arriba a la conclusión, que en la presente controversia quedó desvirtuada la presunción de laboralidad a favor de los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, ya que la actividad desplegada versaba sobre la figura del distribuidor independiente, cuya prestación de servicio no está amparada por la legislación sustantiva laboral, la cual se materializó a través de los contratos de concesión y de franquicia suscritos entre CERVECERÍA POLAR C.A., y las Empresas DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A., en las cuales estas adquirían los productos elaborados por aquélla, y los revendía a los clientes de la zona que tenía asignada, cuya actividad era realizada con vehículos de su propiedad y con el personal contratado por las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A., asumiendo por cuenta propia los riesgos y responsabilidades que corresponden a una sociedad mercantil, así como los costos y gastos del personal y del transporte utilizado, y el pago de Impuestos Municipales y Nacionales.

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Superior establece que el vínculo que unió a los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, con la sociedad mercantil CERVECERÍA POLAR C.A., no es de naturaleza laboral sino que se corresponde con las obligaciones derivadas de un contrato mercantil de distribución suscrito con las Empresas DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A., y por tanto no contiene los elementos de subordinación, ajenidad y salario propios de una relación laboral; tal y como fuera decidido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, al resolver un caso similar al que hoy nos ocupan, según sentencia de fecha 31 de marzo de 2011, con ponencia del Magistrado Dr. Luís Eduardo Franceschi Gutiérrez (Caso Ismael Antonio Morales Y (sic) Rosalino Morales Zerpa Vs. Cervecería Polar, C.A.); declarándose en consecuencia SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva dictada Juzgado a quo. ASÍ SE DECIDE.-

Ahora bien, en virtud de los términos que resultó delimitada la presente controversia, quedaron firmes los restantes hechos establecidos por el sentenciador de Primera Instancia, a saber: que los Terceros Intervinientes no fueron llamados para responder en garantía, por la firma de comercio CERVECERÍA POLAR C.A., bien en forma coadyuvante o en forma excluyente, resultando IMPROCEDENTE el llamado como Terceros Intervinientes de las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA PAZ NOGUERA C.A., DANIEL HIDALGO S.R.L., y DISTRIBUIDORA EL GRAN MOISÉS C.A.; en la demanda interpuesta por los ciudadanos EUDARDO (sic) EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, en contra de la sociedad mercantil CERVECERÍA POLAR C.A., por motivo de cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, debiéndose condenar en costas a esta última, con respecto a dicha incidencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según el cual las costas se causan separadamente a las que se produzcan por efecto del juicio principal, por virtud de la improcedencia de los medios de ataque y de defensa de las partes, aunque resulte victorioso en las del juicio principal; quedando la facultad o potestades cognitivas de este Juzgado Superior circunscrita al gravamen denunciado, es decir, la facultad de este Juzgado Superior quedaron estrechamente circunscritas a la materia que había sido objeto específico del gravamen denunciado por el apelante, por lo que no le esta (sic) permitido al Juzgador que conoce de la apelación dictar una sentencia que empeore la situación procesal del apelante en beneficio de la otra parte, si ésta, a su vez, no había apelado o apeló y renunció al derecho de revisión del fallo, en consecuencia al no objetar la parte actora ni la parte co-demandada el resto de los hechos explanados en la sentencia dictada por el Juzgador de la Primera Instancia quedaron firmes. ASÍ SE DECIDE”.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

            Determinada la competencia de esta Sala para conocer de la presente acción de amparo constitucional, debe entonces determinarse su admisibilidad y al efecto observa, que analizado el escrito contentivo de la solicitud de amparo constitucional, el mismo cumple con los requisitos contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no obstante, al examinar las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 eiusdem, se evidencia:

            La presente acción de amparo constitucional fue intentada por los ciudadanos Eduardo Emiro Paz Estrada, Daniel De Jesús Hidalgo y Teodoro Segundo Arteaga Castro, contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2011 por el Juzgado Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los precitados ciudadanos contra el fallo dictado el 21 de febrero de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, confirmó el fallo apelado y declaró sin lugar la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales ejercieron los hoy accionantes contra Cervecería Polar C.A.

            Al respecto, la representación de los accionantes denunció la presunta violación del derecho constitucional al debido proceso “violando el ACUERDO emanado de la Asamblea Nacional, el EXHORTO emanado por este Alto Tribunal y el AVOCAMIENTO emanado por la Sala de Casación Social, incumpliendo de esta forma con la aplicación en cuanto al contenido y alcance de su contenido”.

            En este sentido observa la Sala que la sentencia objeto de la demanda de amparo fue dictada el 12 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y la presente acción de amparo constitucional fue presentada el 27 de octubre del mismo año, es decir, que desde la fecha en se produjo la lesión constitucional hasta la interposición de la demanda, transcurrieron más de seis meses (6), por lo que la presente acción se encuentra se encuentra incursa en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, relativa a la caducidad de la acción de amparo, ya que uno de los presupuestos para que surja la necesidad de solicitar la protección constitucional lo constituye su carácter urgente (Vid. sentencia N° 1510 del 9 de noviembre de 2009, caso: Osmairo Bracho Nolaya).

Al respecto, el artículo 6, cardinal 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra un lapso de caducidad de seis (6) meses después de que se ha producido la violación o la amenaza de lesión del derecho protegido.

En efecto, dicha disposición establece que:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

(Omissis)

4.- cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales, o en su defecto, seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.

El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación”.

 

La norma antes transcrita establece como presupuesto de admisibilidad que no haya transcurrido el lapso de caducidad que afecta directamente el ejercicio de la acción. Así, una vez transcurrido dicho lapso de seis (6) meses se perderá el derecho de acción. Es este un requisito de admisibilidad (presupuesto procesal) que debe ser revisado por el juzgador antes de pasar a analizar el fondo de la cuestión debatida, es decir, la procedencia o no de la acción de amparo propuesta, ya que es un lapso de caducidad que afecta directamente el derecho de acción e indirectamente hace que fenezca la posibilidad para que el sujeto titular de un derecho subjetivo lo ejerza.

Sin embargo, en materia de amparo el legislador previó la posibilidad de la excepción a la aplicación de dicho lapso de caducidad, cuando se trate de lesiones al orden público o a las buenas costumbres.

Al respecto, la Sala ha señalado en su doctrina cuándo se debe entender que las supuestas infracciones constitucionales involucran derechos constitucionales de eminente orden público o que afecten las buenas costumbres.

Así, en decisión del 6 de julio de 2000 (caso: Ruggiero Decina y Fara Cisneros de Decina), la Sala estableció:

“Ahora bien, esta Sala considera necesario aclarar el sentido del concepto de ‘orden público’ a que se refiere la sentencia del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía Betancourt), al establecer como excepción a la terminación del procedimiento de amparo por falta de comparecencia del presunto agraviado, cuando los hechos alegados afectan el orden público. En tal sentido, es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público, esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), la de desistimiento expreso de la acción de amparo (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), así como que en ningún caso se consideraría como terminado el procedimiento en caso de inasistencia del presunto agraviado en una acción de amparo constitucional en los términos establecidos en la jurisprudencia establecida por esta Sala (sentencia del 1º/02/2000, caso: José Amado Mejía Betancourt).

Así las cosas, la situación de orden público referida anteriormente es pues una situación de carácter estrictamente excepcional que permite obviar las normas de procedimiento relativas al proceso de amparo constitucional. Es así, como el concepto de orden público a que se refieren las normas que rigen el proceso de amparo constitucional para permitir la posibilidad de obviar las normas procedimentales de dicho proceso, es aún más limitado que el concepto de orden público que se encuentra implícito en cualquier derecho o garantía constitucional precisamente por el hecho de que estos derechos poseen un carácter constitucional.

Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen.

Ahondando en lo anterior, es necesario considerar que a pesar de la existencia de elementos de orden público que pudiesen hacerse presentes en los términos anteriormente expuestos, es necesario ponderar la posible infracción al derecho a la defensa y al debido proceso del presunto o presuntos agraviantes, que precisamente se encuentra protegido por las normas de procedimiento establecidas para los juicios de amparo, en contraposición con la supuesta situación de orden público que se presuma pueda existir. Es decir, es necesario que el hecho denunciado ocasione una presunta violación de orden público de tal magnitud que permita, a pesar de que, por ejemplo, el accionante haya desistido, o que la acción haya caducado, conocer el fondo del asunto en detrimento del derecho a la debido proceso y la defensa que protege al presunto agraviante” (Subrayado de este fallo).

 

En tal sentido, del escrito contentivo de la presente acción de amparo se observa que las presuntas violaciones constitucionales denunciadas sólo afectan la esfera particular de los derechos subjetivos de los accionantes, no revistiendo tales violaciones el carácter de orden público indicado por la norma, ni tampoco afectan las buenas costumbres. Así se declara.

            En consecuencia, la acción de amparo ejercida por la apoderada judicial de los ciudadanos Eduardo Emiro Paz Estrada, Daniel De Jesús Hidalgo y Teodoro Segundo Arteaga Castro, resulta inadmisible de conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

            Adicionalmente, la falta de ejercicio del recurso de casación contemplado en el artículo 167.1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, contra la decisión que se denunció como lesiva de derechos constitucionales, sin que se haya ofrecido justificación alguna de tal omisión, configura la causal de inadmisibilidad que establece el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que, la demanda principal fue estimada por la cantidad de novecientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y cuatro bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 923.494,32), monto éste que sobrepasa las 3.000 mil unidades tributarias, necesarias para acceder a dicho medio de impugnación conforme a la disposición legal mencionada.

            Sobre la necesidad del agotamiento previo del recurso de casación, esta Sala en sentencia N° 369/2003 del 24.02 caso: Bruno Zulli Bravos, estableció:

“El recurso de casación es una petición extraordinaria de impugnación cuya formalización exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales, tanto desde el punto de vista del abogado que lo redacta (ex artículo 324 del Código de Procedimiento Civil) como de la técnica necesaria para el examen de las denuncias que en él se hacen, lo que lo diferencia, entre otras razones, del amparo.

Sin embargo, a juicio de esta Sala, tales argumentos no son suficientes como para que pueda prescindirse de su necesario agotamiento como medio judicial preexistente que ofrece el ordenamiento jurídico, (artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales), máxime si se toma en cuenta que su simple interposición suspende los efectos de la sentencia e impide su ejecución, lo que garantiza que la decisión, aun lesiva de derechos constitucionales, sea incapaz de alterar la esfera jurídica del supuesto agraviado; lo cual, aunado a la posibilidad de la obtención de protección de derechos y garantías constitucionales a través de la sentencia de casación, determina la idoneidad y eficacia del recurso de casación para el restablecimiento de la situación jurídica que se denunciare infringida. (Vid., en el mismo sentido, respecto de las sentencias sometidas a apelación en ambos efectos, s.S.C. n° 848 de 28.07.00, caso Baca).

En criterio de esta Sala, dicha escogencia sólo se justificaría en circunstancias excepcionales como, por ejemplo, la falta de anuncio oportuno del recurso por desconocimiento de la existencia de la decisión que se hubiere dictado sin previa notificación de las partes para la continuación del juicio, en casos de paralización de la causa. En tal caso, sin que ello signifique que sea el único, encontraría el querellante la justificación necesaria que lo habilitaría para la interposición de una demanda de amparo.

De modo pues que, a juicio de esta Sala, si la decisión es susceptible de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación, su falta de ejercicio configura, en principio, la causal de inadmisibilidad que establece el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, salvo que el querellante ponga en evidencia razones suficientes y valederas que justifiquen realmente la admisión del amparo respecto de una sentencia susceptible de que sea recurrida en casación(Negrillas añadidas).

 

En concordancia con las razones expuestas y de conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar inadmisible la pretensión de amparo incoada por la abogada María del Carmen Herrera Romerín, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Eduardo Emiro Paz Estrada, Daniel De Jesús Hidalgo y Teodoro Segundo Arteaga Castro, contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Así se decide.

 

DECISIÓN

            Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada María del Carmen Herrera Romerín, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos EDUARDO EMIRO PAZ ESTRADA, DANIEL DE JESÚS HIDALGO y TEODORO SEGUNDO ARTEAGA CASTRO, contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

            Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de marzo de dos mil doce. Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

Los Magistrados,

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN                  

                        PONENTE

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. 11-1356

MTDP/