SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El 17 de julio de 2000, los ciudadanos LUIS MORALES BANCE, EDUARDO GONZÁLEZ y JUAN JAYARO, titulares de las cédulas de identidad nros. 2.936.439, 2.995.633 y 4.423.103, respectivamente, asistidos por la abogada MARIELBA BARBOZA MORILLO, inscrita en el Inpreabogado bajo el n° 25.461, ejercieron ante esta Sala amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 10 de julio de 2000, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se declaró parcialmente procedente el amparo constitucional ejercido con recurso contencioso administrativo de nulidad, a cuyo efecto denunciaron la violación de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, al salario y a la estabilidad laboral, establecidos en las disposiciones contempladas en los artículos 49, 87, 91 y 93 de la Constitución de la República.

Recibido el expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 17 de julio de 2000, y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis Villarreal.

El 27 de diciembre de 2000, reconstituida la Sala se reasignó la ponencia al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

Por decisión del 25 de enero de 2001, esta Sala Constitucional declaró su incompetencia para conocer del presente amparo constitucional, declinando la competencia para conocer del mismo en la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.

En 29 de enero de 2001, los demandantes en amparo, asistidos por la abogada Marielba Barboza Morillo, presentaron “RECURSO DE AMPLIACIÓN contra el fallo del: 25 de enero de los corrientes” (sic), de conformidad con lo previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

 

I

DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN

Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2001, los ciudadanos LUIS MORALES BANCE, EDUARDO GONZÁLEZ y JUAN JAYARO, asistido por la abogada MARIELBA BARBOZA MORILLO, presentaron “(...) RECURSO DE AMPLIACIÓN contra el fallo de fecha: 25 de enero de los corrientes (...)”, de conformidad con lo previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo efecto señalaron lo siguiente:

Que desde el día en que fue decidida la causa no han “(...) podido tener acceso al expediente en virtud de que este (sic) se encuentra en poder del ponente”.

Que, sin embargo, a los efectos de ejercer su derecho a la defensa proceden “(...) a todo evento a presentar la AMPLIACION (...)” del referido fallo.

Que:

 

“H(an) podido leer la sentencia a través del WEB SITE del TRIBUNAL SUPREMO de JUSTICIA, en el fallo que (les) ocupa se declara: ... ‘esta Sala declara su incompentencia para conocer de la presente acción, así como la competencia a su respecto de la SALA POLITICA ADMINISTRATIVA...’

 

En ese amparo que presenta(ron) por ante esta SALA se alegó que siendo (su) reincorporación un acto emanado de la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, la polémica en torno a si son o no revisables los actos emanados de un órgano supraconstitucional, corresponde conocerla, sustanciarla y decidirla a esta SALA CONSTITUCIONAL, siendo a su vez esta una denuncia que nunca fue atendida ni sustanciada en la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ese alegato fue debidamente sustanciado por ante esta SALA con los anexos procedentes: como fueron la GACETA OFICIAL, las comunicaciones certificadas y las órdenes del día de la COMISIONES DE EDUCACION y DE PARTICIPACION CIUDADANA, presidida por RAFAEL VARGAS y MARIA EUGENIA TOGNI, siendo estos órganos del denominado CONGRESILLO, y es una denuncia que fue silenciada en el examen y análisis del fallo de fecha 25 de enero de 2.001. Corresponde pues, a esta SALA abarcar en ese fallo los alegatos que bien fundados en derecho fueron ejercidos como fundamentos del derecho que (les) asiste a ser reincorporados a (sus) cargos en virtud de la orden emanada de un órgano supraconstitucional, y es en virtud de esa denuncia tan clara y precisa es que debe procederse a decretarse con lugar la presente AMPLIACION al no abarcarse el examen de los puntos esenciales en la denuncia y motivación del amparo propuesto en la causa del expediente nro. 2169” (sic).

 

 

Posteriormente, mediante diligencia del 30 de enero del año en curso, la apoderada judicial de los accionantes ratificó la solicitud de ampliación del fallo, su imposibilidad de tener acceso al expediente el día 26 de enero de 2001, y el conocimiento que tuvo de la decisión del fallo a través del “web site” de este Tribunal Supremo de Justicia, lo cual -esto último- considera va en detrimento del derecho a la defensa de sus representados, “(...) ya que la Internet no es un medio masivo de difusión” (sic). Adicionalmente, expuso lo siguiente:

 

“(...) Que ante tal circunstancia procedi(eron) a ejercer una ampliación frente a un fallo incompleto que no examina en su totalidad los puntos esenciales en la denuncia que motivaron el Amparo Constitucional; (...)”.

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse en relación a la solicitud de ampliación del fallo, para lo cual observa lo siguiente:

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, de aplicación supletoria al procedimiento de amparo de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:

 

“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

 

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.

 

De la transcrita norma procesal se extrae, en primer lugar, la imposibilidad del tribunal de revocar o reformar su propia decisión -sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelación-, lo cual responde a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones.

Sin embargo, valoró el legislador que ciertas correcciones en relación con el fallo dictado sí le son permitidas al tribunal, por cuanto no vulneran los principios antes mencionados, sino, por el contrario, permiten una efectiva ejecución de lo decidido. Estas correcciones al fallo, conforme al único aparte del citado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se circunscriben a: i) aclarar puntos dudosos; ii) salvar omisiones; iii) rectificar errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia; iv) dictar ampliaciones.

Además, la posibilidad de salvar omisiones, rectificar errores manifiestos o dictar ampliaciones, no corresponde de oficio al tribunal que dictó el fallo sino que debe operar a solicitud de parte, en el breve lapso previsto en el transcrito artículo 252: el día en que se publica el fallo o al día siguiente.

De lo anterior se colige que la solicitud de rectificación del fallo, en los términos previstos en el único aparte del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, es un medio otorgado por dicha ley procesal a las partes en juicio cuyo fin no es otro que lograr que el tribunal aclare los puntos dudosos, salve las omisiones y rectifique los errores manifiestos de copia, de referencia o de cálculo numérico o dicte ampliaciones.

Ello así, dicha solicitud no constituye un recurso judicial o un medio de impugnación del fallo, mediante el cual la parte que esté en desacuerdo con el criterio expuesto por el tribunal en la sentencia, pretenda de éste que la modifique en su favor; para ello, la ley procesal consagra el recurso ordinario de apelación y demás medios de impugnación.

El criterio anteriormente expuesto es compartido por la doctrina nacional, para quien: “La corrección de la sentencia es la facultad concedida por la ley al juez que la ha dictado de rectificar o subsanar, a petición de parte, los errores materiales, dudas u omisiones que aparecieren del fallo, o dictar ampliaciones del mismo”. Motivo por el cual: “La corrección no se extiende hasta revocar ni reformar la sentencia, posibilidades éstas que en nuestro sistema están reservadas solamente para las sentencias interlocutorias no sujetas a apelación, son que está destinada a obviar imperfecciones del fallo en el modo de manifestación de la voluntad del órgano que lo dicta, sea que las imperfecciones deriven de la omisión de requisitos de forma de la sentencia, sea de la disconformidad entre la voluntad interna del órgano y la voluntad declarada; y en este sentido, el concepto genérico del instituto es laudable, ya porque disminuye embarazos, gastos y controversias a las partes, ya por la ayuda que presta a la administración de justicia, coadyuvando a la sinceridad y a la plenitud de sus manifestaciones”. (Rengel Romberg, Arístides) “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo II, Editorial Arte, Caracas, 1992, pp. 323 y 324).

Por lo que respecta al caso concreto de la solicitud de ampliación de sentencia, se puede señalar que la misma se trata -como ya se dijo- de un medio dado a las partes en juicio para que expresen al tribunal las razones que consideren pertinentes en relación con algún pedimento o asunto no resuelto por el sentenciador, pero sin que ello implique alterar la sentencia ya dictada, pretendiendo la revocatoria o modificación del fallo, por diferir del criterio allí expuesto por el tribunal. Es decir, subsiste la prohibición contenida en el encabezamiento del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, mediante la cual se imposibilita al tribunal revocar o/ modificar la sentencia  pronunciada.

En tal sentido, la solicitud de ampliación de sentencia, tiene una doble función: correctiva y preventiva, toda vez que mediante la misma se corrige la falta de congruencia de la sentencia con lo pretendido por la parte actora y lo alegado por el legitimado pasivo en su defensa, en el punto o cuestión objeto de la ampliación, y previene la declaratoria de nulidad de la sentencia, por haber solucionado la decisión ampliatoria -la cual forma parte integrante de la sentencia definitiva o de la interlocutoria sujeta a apelación- el requisito intrínseco de forma cuya omisión afecta de nulidad la sentencia. (Véase en este sentido: Rengel Romberg, Arístides ob. cit.).

En el caso de autos, los accionantes solicitaron la ampliación del fallo dictado por esta Sala el 25 de ese mismo mes y año, solicitud posteriormente ratificada a través de lo que erradamente denominan “RECURSO DE AMPLIACIÓN”, lo cual denota un claro desconocimiento del alcance y objeto que tiene la solicitud de ampliación del fallo, conforme con lo previsto en el único aparte del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, los solicitantes, asistidos o representados por la mencionada profesional del derecho, pretenden, mediante su solicitud de ampliación del fallo, que esta Sala revise nuevamente su decisión de declinar la competencia en la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia y la revoque o modifique en el sentido de declararse competente, por cuanto: “(...) se alegó que siendo (su) reincorporación un acto emanado de la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, la polémica en torno a si son o no revisables los actos emanados de un órgano supraconstitucional, corresponde conocerla, sustanciarla y decidirla a esta SALA CONSTITUCIONAL (...)”.

Además, debe agregarse que señalan en su solicitud que los asiste el derecho y: “(...) en virtud de esa denuncia tan clara y precisa es que debe procederse a decretarse con lugar la presente AMPLIACION al no abarcarse el examen de los puntos esenciales en la denuncia y motivación del amparo propuesto en la causa del expediente nro. 2169”; a lo que se le suma lo expuesto posteriormente por su apoderada judicial, quien argumenta que: “(...) ante tal circunstancia proced(ieron) a ejercer una ampliación frente a un fallo incompleto que no examina en su totalidad los puntos esenciales en la denuncia que motivaron el Amparo Constitucional; (...).

Efectivamente, esta Sala no resolvió en su fallo del 25 de enero de 2001 el asunto de fondo planteado en el amparo constitucional intentado contra la sentencia de amparo cautelar dictada la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por estimar que resultaba competente para decidir el amparo en cuestión la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.

Por tanto, mal puede pretenderse mediante una solicitud de ampliación del fallo que esta Sala revoque la sentencia mediante la cual declinó su competencia y se pronuncie sobre el asunto de fondo planteado en el amparo.

Visto lo anterior, y en atención al análisis previo hecho en relación al artículo 252 eiusdem, esta Sala observa con preocupación que los solicitantes, y en especial la abogada que los asiste en derecho, pretenden utilizar el mecanismo de la ampliación como un recurso o medio de impugnación contra el fallo pronunciado por esta Sala el 25 de enero de 2001, lo cual no sólo genera la improcedencia sino que, además, entorpece la labor encomendada a esta Sala.

En consecuencia, se declara improcedente la presente solicitud de ampliación del fallo y así se decide.

Por último, la Sala se ve compelida a rechazar, una vez más, la interposición de recursos manifiestamente infundados los cuales, además de constituir un incumplimiento expreso de los deberes que para las partes en juicio establece el Código de Procedimiento Civil (ex artículo 170) recargan los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y con ello redundan en retardo procesal, al restar tiempo y esfuerzo para conocer de otras causas.

III

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación del fallo del 25 de enero de 2001, presentada por los ciudadanos LUIS MORALES BANCE, EDUARDO GONZÁLEZ y JUAN JAYARO, asistidos por la abogada MARIELBA BARBOZA MURILLO.

       

Publíquese y regístrese. Archísese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de De