SALA CONSTITUCIONAL

 


Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

 

Mediante escrito presentado en fecha 29 de agosto de 2000, las abogadas Branka Kosak de Carrillo y Amparo Alonso Estevez, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.072 y 18.260, respectivamente, apoderadas judiciales del ciudadano GIOVANNI SELVAGGIO SPADAFINO, solicitaron ante esta Sala la “revisión excepcional” de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 31 de julio de 2000,  la cual, conociendo en apelación, revocó la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el mencionado ciudadano en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Decimocuarto de Municipio de la misma Circunscripción Judicial.

 

El 29 de agosto de 2000, se dio cuenta y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

 

En fecha 1º de marzo de 1966, la Compañía Anónima Metrópolis, C.A., celebró contrato de arrendamiento con el ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino sobre un inmueble ubicado en el Edificio San Félix, apartamento No. 10, Avenida Principal de Campo Claro, Caracas. Dicho contrato de arrendamiento fue cedido por la arrendadora -Compañía Anónima Metrópolis, C.A.- a la compañía Luzardo, Eraso, C.A. y posteriormente a la Corporación 334, C.A..

 

El 18 de marzo de 1999, la Corporación 334, C.A., en su carácter de arrendadora del descrito inmueble, demandó ante el Juzgado Quinto de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, al ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino por resolución de contrato y solicitó medida de secuestro sobre el inmueble arrendado, la cual fue practicada en fecha 17 de mayo de 1999.

 

El 1º de octubre de 1999, el Juzgado Decimocuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas (en sustitución de los suprimidos Juzgados de Parroquia), declaró con lugar la demanda interpuesta por la Corporación 334, C.A.

 

El 17 de enero de 2000, el tribunal de la causa -Decimocuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas- negó la apelación interpuesta por el ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino en contra de la decisión de fecha 1º de octubre de 1999, que declaró con lugar la demanda por resolución de contrato, por considerar dicho Juzgado que la cuantía de la demanda interpuesta no admitía recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil.

 

El 28 de abril de 2000, el ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino -demandado en el juicio por resolución de contrato- interpuso ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional en contra de la decisión de fecha 1º de octubre de 1999, dictada por el Juzgado Decimocuarto de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, por cuanto dicho Tribunal, al negar la apelación interpuesta, violó sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la igualdad procesal de las partes, así como lo alegado y probado en autos, ya que el mismo no emitió pronunciamiento alguno respecto a las pruebas aportadas por el demandado a los fines de demostrar su solvencia en los pagos objeto de la demanda interpuesta.

 

El 9 de junio de 2000, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino, por considerar que el Juzgado a quoal silenciar las pruebas promovidas por las partes y no analizar los documentos consignados en el expediente... actuó con arbitrariedad, lesionando el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso”.

 

El 13 de junio de 2000, la Corporación 334, C.A., parte actora en la demanda de resolución de contrato y tercero interviniente en la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Giovani Selvaggio Spadafino, ejerció recurso de apelación en contra de la decisión de fecha 9 de junio de 2000, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas -que declaró con lugar la acción de amparo ejercida- remitiéndose el expediente al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

 

El 31 de julio de 2000, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas declaró con lugar la apelación interpuesta y, en consecuencia, sin lugar la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino, por considerar que la demanda por resolución de contrato interpuesta ante el Juzgado de Municipio “no tenía recurso ordinario de apelación, por no permitírselo así su cuantía”.

 

El 29 de agosto de 2000, las abogadas Branka Kosak de Carrillo y Amparo Alonso Estevez, apoderadas judiciales del ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino, presentaron escrito ante esta Sala Constitucional mediante el cual solicitaron la “revisión excepcional” de la sentencia de fecha 31 de julio de 2000, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que revocó la decisión dictada en Primera Instancia y declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Decimocuarto de Municipio de la misma Circunscripción Judicial.

 

II

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

La presente solicitud de revisión, fue interpuesta por las apoderadas judiciales del ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino -demandado en el juicio por resolución de contrato- en contra de la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 31 de julio de 2000, la cual revocó la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia, y declaró sin lugar el amparo interpuesto por el mencionado ciudadano en contra de la decisión dictada por el Juzgado Decimocuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

 

 En este sentido, señalan que el tribunal de Alzada que dictó la decisión cuya revisión se solicita, “no dio cumplimiento a su cometido fundamental... que era revisar la SENTENCIA DE AMPARO, dictada por el a-quo, y antes por el contrario TERGIVERSÓ, el contenido de la solicitud de amparo”, por cuanto no apreció las pruebas aportadas por el demandado al proceso, específicamente la decisión dictada por la Dirección de Inquilinato, que declaró con lugar el derecho de preferencia ejercido por éste, prueba esta que -a su decir- “transformó el contrato de arrendamiento en un contrato a TIEMPO INDETERMINADO, y en consecuencia, hacía IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO por falta de pago”.

 

Asimismo, alegan las apoderadas judiciales del ciudadano Giovanni Selvaggio Spadafino, que la sentencia objeto de la presente revisión no valoró las pruebas aportadas al proceso por el demandado tendentes a demostrar su solvencia en los pagos de los cánones de arrendamiento demandados, con lo cual el Juez ad quem vulneró los derechos constitucionales de su representado, relativos a la defensa y al debido proceso, ya que “no le es dado al Juez, extraer conclusiones o interpretaciones que no se correspondan con lo alegado y probado en autos... alterando el contenido de las pruebas, absolviendo la instancia al no pronunciarse sobre la OPOSICIÓN A LA MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO”.

 

En razón de lo anterior, solicitan que mediante la presente revisión de sentencia, se anule la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por cuanto la misma “violó flagrantemente la normativa constitucional que garantiza el DERECHO A LA DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO, y viola lo alegado y probado en autos” y en consecuencia, sea confirmada la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por su representado, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Decimocuarto de Municipio del Area Metropolitana de Caracas.    

 

III

DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

 

La decisión objeto de la presente solicitud, declaró, conociendo en apelación, que la decisión dictada por el Juzgado de Municipio, no vulneró los derechos constitucionales del quejoso relativos a la defensa y al debido proceso, por cuanto el fallo cuestionado en amparo “no tenía recurso ordinario de apelación, por no permitírselo así su cuantía” y que el accionante ha debido en tal caso, “impugnar la cuantía en su debida oportunidad y demostrar que la misma era irrisoria”, siendo que la acción de amparo no es “una Tercera Instancia, ni Segunda Instancia para los juicios que (sic) o tengan recurso de apelación”.

 

En razón de lo anterior, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas declaró con lugar la apelación interpuesta por el tercero interviniente, revocó la decisión dictada en fecha 9 de junio de 2000 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial y declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Giovani Selvaggio Spadafino en contra de la decisión de fecha 1º de octubre de 1999 dictada por el Juzgado Decimocuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

 

IV

COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión de sentencia, y a tal efecto observa:

 

El artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

 

“Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

 

En efecto, dentro de las potestades atribuidas por la nueva Carta Magna en forma exclusiva a la Sala Constitucional, se encuentra la de velar y garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, así como su uniforme aplicación e interpretación. En tal sentido, se atribuye a esta Sala la competencia para que, a través de un mecanismo extraordinario, pueda revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional, a los fines de garantizar la uniformidad en la interpretación de los preceptos constitucionales, en resguardo de la seguridad jurídica.

 

Al respecto, la Sala, mediante decisión de fecha 2 de marzo de 2000 (Caso: Francia Josefina Rondón), estableció lo siguiente:

 

“...surge la posibilidad de revisar una sentencia de amparo una vez agotada  la doble instancia, sin necesidad de interponer una nueva acción de amparo. No obstante esta revisión está sometida a la discrecionalidad de la Sala...(omissis).

 

En este contexto, esta Sala Constitucional ha venido diseñando la estructura de este medio extraordinario, cuando en decisión de fecha 20 de enero del año 2000, a raíz de la interpretación que hiciere del referido artículo 336 numeral 10 de la Constitución, señaló que, esta revisión respecto de las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores de la República, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal se ejerce, bien de manera obligatoria –entre las cuales se encuentran las consultas o apelaciones a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- o de manera facultativa, cuando la decisión llegue a esta Sala una vez agotada la doble instancia.

 

Ahora bien, esta discrecionalidad que se le atribuye a la revisión a que se ha hecho referencia, no debe ser entendida como una nueva instancia, ya que como se dijo precedentemente, la misma solo procede en casos de sentencias ya firmes, esto es, decisiones que hubieren agotado todas las instancias que prevé el ordenamiento constitucional” (negrillas propias).

 

En el caso que nos ocupa, la presente solicitud de revisión ha sido interpuesta respecto de una sentencia dictada por el Juzgado Superior -Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas- el cual, conociendo en apelación, revocó la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia y declaró sin lugar la acción de amparo ejercida.

 

De manera que, habiendo sido interpuesta la presente solicitud de revisión sobre una sentencia dictada en materia de amparo constitucional, la cual ha quedado definitivamente firme y, habiéndose agotado la doble instancia, corresponde a la Sala, congruente con el fallo citado ut supra, el conocimiento de la presente solicitud  de revisión, y así se declara.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Tal como se narró precedentemente, el objeto de la presente solicitud es la revisión de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el cual conociendo en apelación, revocó la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia y declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Decimocuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

 

En este sentido, aducen los apoderados judiciales de quien promueve la presente solicitud, que el fallo objeto de revisión, vulneró los derechos fundamentales de su representado, relativos a la defensa y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto en tal decisión el sentenciador no apreció ni valoró las pruebas aportadas por el demandado, tendentes a demostrar su solvencia en el pago de los cánones de arrendamiento, como es el caso de la decisión dictada por la Dirección de Inquilinato, que declaró con lugar el derecho de preferencia ejercido por el demandado, la cual -a su decir- “transformó el contrato de arrendamiento en un contrato a TIEMPO INDETERMINADO”.

 

Igualmente señalan, que el fallo cuya revisión se pretende no emitió pronunciamiento alguno respecto a “la tergiversación de la prueba de SOLVENCIA” en que incurrió el Juzgado de la causa -Decimocuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas- ya que mediante dicha prueba se demostraba que los pagos efectuados por el demandado fueron consignados temporáneamente y no en forma “extemporánea por pago adelantado”, como lo señaló dicho Tribunal.

 

En este contexto, la Sala considera menester hacer las siguientes precisiones:

 

El sistema de justicia constitucional venezolano prevé, con base a los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, la obligación de todos los jueces de la República de velar por la integridad de la Constitución. En este sentido, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de tal jurisdicción, conforme al artículo 266 del Texto Fundamental, y de forma exclusiva a la Sala Constitucional -artículo 335-el control concentrado de la constitucionalidad, como máximo y último intérprete de nuestra Carta Magna, de conformidad con lo previsto en el artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Dicha jurisdicción constitucional, consagra un medio extraordinario mediante el cual se permite la revisión de las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional, cuyo objetivo no es otro que garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales, en aras de la seguridad jurídica.

 

En el caso que nos ocupa, la sentencia objeto de la presente revisión, revocó la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia, que había declarado con lugar el amparo interpuesto por el demandado, por considerar que “contra la decisión emanada por (sic) el presunto agraviante -Juzgado Decimocuarto de Municipio- no existe recurso ordinario alguno, por no tener la cuantía suficiente para apelar... y que en consecuencia actuó dentro de su competencia al dictar la mencionada decisión sin incurrir en violación de norma Constitucional alguna”, razón por la cual declaró sin lugar la acción amparo ejercida, por cuanto -a decir de dicho fallo- “el peligroso casuismo” de esta acción, “es lo que puede permitir que se altere el principio de la doble instancia y la vulneración de la cosa juzgada judicial... toda vez que tal medio de protección constitucional, “no es una Tercera Instancia, ni Segunda Instancia para los juicios que o (sic) tengan recurso de apelación”.

 

Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 27, prevé la acción de amparo como un mecanismo jurídico cuya finalidad no es otra que la tutela judicial de los derechos o garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en dicho Texto Fundamental, a fin de impedir que los mismos sean vulnerados o violados, en cuyo caso el objeto del amparo no es más que el restablecimiento de la situación jurídica que se alega infringida, en protección de tales derechos fundamentales.

 

Por tanto, si bien es cierto que la acción de amparo es un medio procesal breve, sumario y eficaz, tendente al restablecimiento de la situación jurídica infringida, por la violación de derechos o garantías constitucionales, su utilización no implica en modo alguno, sobreponer el carácter breve y expedito de este procedimiento, frente al resto de los medios procesales; antes por el contrario, de la interposición de aquella acción, resulta imperioso el respeto al ejercicio de tales vías procesales, como medios normales de resolución de controversias, a fin de obtener el mismo efecto restablecedor.

 

Conforme a lo anterior, la Sala reitera su criterio, en cuanto a que la acción de amparo no es en forma alguna supletoria ni sustitutiva de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, que permitan a las partes lograr la satisfacción de sus pretensiones. De tal modo, que sólo procedería dicha acción cuando ante la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucional, dichos medios procesales, no resulten suficientes e idóneos para el restablecimiento de la situación jurídica que se alega infringida.

 

En el caso que nos ocupa, la sentencia objeto de la presente revisión, declaró sin lugar el amparo interpuesto, de conformidad con el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto “el hecho de que dicha acción no tenía el recurso ordinario de apelación, por no permitírselo así su cuantía, ello no le es imputable al Tribunal de la causa, lo cual -a decir de dicho fallo- no puede entenderse en forma alguna como violación de los derechos constitucionales alegados por el accionante.

 

En efecto, el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

 

“De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares” (subrayado de la Sala). 

 

De tal modo que, si bien es cierto que existe un medio procesal ordinario, breve y eficaz, que le permite la satisfacción de la pretensión -apelación- tal medio de impugnación no era procedente en el presente caso, debido a la cuantía de la acción ejercida, la cual es menor a la fijada por la ley para la admisibilidad de tal recurso. En este sentido, la Sala observa que la inadmisibilidad de dicho medio procesal viene dada por disposición legal expresa -artículo 891 Código de Procedimiento Civil- la cual, en principio  no puede entenderse como violación de los derechos constitucionales alegados por el quejoso, razón por la cual el fallo objeto de la presente revisión debería estimarse ajustado a derecho por ceñirse al contexto de ley. 

 

No obstante lo anterior, la Sala observa:

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declaró que los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional, razón por la cual los mismos, “prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público” (artículo 23).

 

De tal modo, que nuestro Texto Constitucional, además de referir los principios fundamentales y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, consolida el respeto a los derechos esenciales del hombre, inspirado en el valor de la solidaridad humana, esto es, los derechos humanos, ampliando su régimen de protección al consagrarlos como derechos constitucionales.

 

En este contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela (G.O. No. 31.256 de fecha 14-06-77), en su artículo 8, numerales 1 y 2, establece lo siguiente:

 

1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter... (omissis).

       

Asimismo, establece dicho artículo en su literal h), el derecho que, en plena igualdad y durante el proceso, tiene toda persona “a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior”.

 

Al respecto, la Sala, mediante decisión de fecha 14 de abril del año 2000, Caso: “C.A., Electricidad del Centro (ELECENTRO) y Compañía Anónima de Electricidad de los Andes (CADELA), estableció lo siguiente:

 

“Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en la Constitución y la ley (artículo 49, numeral 1). Esta disposición se halla precedida por otras, según las cuales, la defensa es derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso (artículo 49, numeral 1, encabezamiento), y la justicia, así como la preeminencia de los derechos humanos, forman parte de los valores superiores del ordenamiento jurídico (artículo 2).

 

La consideración en conjunto de las disposiciones que anteceden autoriza a reconocer que, si bien el derecho a la defensa forma parte del radical derecho a la justicia, si bien el derecho a recurrir del fallo forma parte del derecho a la defensa, y si bien éste es inviolable en todo estado y grado del proceso, la Constitución y la ley pueden limitar, por excepción, el citado derecho a recurrir del fallo. Sería el supuesto de la negativa a oír recurso que contempla el ya citado artículo 185, último aparte, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, supuesto constitutivo de una limitación excepcional al ejercicio al derecho a la defensa... (omissis). Cabe interpretar que la norma de la convención -artículo 8, numerales 1 y 2, literal h- de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- es más favorable al goce y ejercicio del citado derecho, puesto que consagra el derecho de toda persona a ser oída, no sólo en la sustanciación de cualquier acusación penal, sino también en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; establece el derecho a recurrir del fallo, sin excepción alguna; le atribuye la naturaleza de garantía mínima; otorga su titularidad a toda persona, con independencia de su condición en el proceso; y establece que el titular del citado derecho ha de ser tratado bajo el principio de igualdad plena (negritas propias).

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la sentencia objeto de revisión, declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta, por considerar que el presunto agraviante, al negar la apelación ejercida por el accionante, no vulneró en forma alguna los derechos constitucionales del mismo, toda vez que dicha inadmisibilidad viene dada por prohibición expresa de la ley (artículo 891 del Código de Procedimiento Civil).

 

En este contexto, la Sala precisa, que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela, todo juicio debe ser llevado ante un tribunal de instancia, cuyo fallo pueda contar con una instancia revisora superior (principio de la doble instancia). De lo anterior se observa, que el citado Convenio, contiene disposiciones más favorables al goce y ejercicio del derecho consagrado en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, como lo es, recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, disposición legal con base a la cual fue declarada sin lugar la acción de amparo interpuesta.

 

Por lo tanto, siendo dicha disposición de rango constitucional, conforme al artículo 23 de nuestra Carta Magna, la Sala estima que la disposición legal aplicada en el presente caso -artículo 891 del Código de Procedimiento Civil- resulta incompatible con el artículo 8, numerales 1 y 2, literal h de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual es de aplicación “inmediata y directa”, conforme al citado artículo 23 de nuestro Texto Fundamental. Siendo ello así, resulta forzoso para la Sala, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, según el cual es obligación del juez inaplicar las leyes u otras normas jurídicas cuando éstas son incompatibles con la Constitución, inaplicar el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil en el presente caso, y así se declara.  

 

 

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

 

1.        INAPLICA por control difuso de la constitucionalidad, del artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, por las razones expuestas en el presente fallo.

 

2.        CON LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por las abogadas Branka Kosak de Carrillo y Amparo Alonso Estevez, en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano GIOVANNI SELVAGGIO SPADAFINO en contra de la sentencia dictada  por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 31 de julio de 2000, la cual queda revocada.

 

3.        Se ORDENA al Presidente del Circuito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, remitir al Juzgado Decimocuarto de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, para que oiga, dentro de un plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente fallo al accionante, la apelación contra la decisión dictada por dicho Tribunal el 1º de octubre de 1999.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 09 días   del mes de  MARZO  del año dos mil uno. Años: 190º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente - Ponente

Iván Rincón Urdaneta

         El Vicepresidente,

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

Héctor Peña Torrelles

       Magistrado

 

 

 

 

José Manuel Delgado Ocando

Magistrado

 

 

 

 

 

 

Moisés Troconis Villarreal

Magistrado

 

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. 00-2530

IRU/ rln/ nab