SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 

         El 2 de abril de 2002 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el oficio N° 2002-099 del 22 de marzo de 2002, por el cual se remitió el expediente N° 4271 (nomenclatura de ese tribunal), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Yesika K. Machado B., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 72.435, actuando con el carácter de apoderada judicial de TAHEM, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 29 de julio de 1976, bajo el Nº 44, Tomo 68-A, contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 2001, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial del Tribunal remitente.

Dicha remisión obedece al recurso de apelación ejercido el 21 de marzo 2002, por el apoderado judicial del ciudadano VICTOR HUGO LOPEZ NAVARRETE, parte demandante en el juicio principal, contra la decisión del 18 de marzo de 2002, dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta.

           En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

            Indicó la mencionada apoderada que la sentencia accionada confirmó la dictada por el Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual había declarado parcialmente con lugar la demanda interpuesta con ocasión de un contrato de arrendamiento, por el hecho de haber sido desestimada parte de las peticiones dinerarias reclamadas junto con la entrega del inmueble, y no obstante ello, su representada fue condenada en costas, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

Consideró que, el supuesto agraviante actuó fuera de su competencia, en virtud de que no se atuvo a lo alegado en autos, toda vez que, habiendo sido demandado el cumplimiento de contrato, el tribunal decretó la resolución del mismo, todo lo cual, le violó el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa a su mandante.

Estimó que, la señalada violación constitucional se originó “...porque el Juzgado sentenciador se detuvo en la lectura del libelo original, cuyo petitorio o pretensión era, la desocupación del inmueble o la resolución del contrato; empero, no tuvo en cuenta el escrito de reforma (...) según el cual se pide el CUMPLIMIENTO del contrato...”.

Dejó ver la referida apoderada, la importancia de distinguir entre el libelo original y la reforma, debido a que en el primero, su representada tenía el carácter de codemandada, junto con el ciudadano  EMIR JOSÉ MACHADO RIVAS, mientras que a raíz de la reforma, pasó a ser única demandada.

Solicitó se declarara con lugar la presente acción de amparo y se ordenara dictar nueva sentencia.

Por último requirió el otorgamiento de una medida cautelar, dirigida a suspender los efectos del acto señalado como lesivo.

 

II

SENTENCIA APELADA

             El 18 de marzo de 2002, el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Yesika K. Machado B., apoderada judicial de TAHEM, S.A., contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 2001, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con base en las siguientes consideraciones:                      

Que se podía apreciar claramente, cómo el Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, arribó a su conclusión, luego de hacer un “prolijo razonamiento”, en torno a la expresión ‘cumplimiento de contrato’, con el cual consideró que la obligación de devolver la cosa arrendada, no dependía de la calificación jurídica y consiguiente pretensión que hiciera el actor, sino que derivaba de cualquier causa de extinción de la relación arrendaticia, y que, al haber sido confirmada tal decisión, sin reserva alguna,  por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el tribunal de alzada había hecho suyas las consideraciones de instancia, y que ello debía considerarse como incluido en el campo de la autonomía y soberanía del juez.

Luego de tal razonamiento, la sentencia apelada estableció que, “...por tanto, el señalamiento de que se calificó erróneamente la acción, puesto que la ejercida lo fue por cumplimiento del contrato y no por resolución, no constituye ninguna falta censurable desde el plano de la jurisdicción constitucional...”, debido a que el pedimento principal de la demanda (la entrega del inmueble), fue lo que en definitiva se acordó.

Sin embargo, el fallo apelado detectó el vicio de reformatio in peius en la sentencia accionada, y por ello indicó que:

 “...no puede decirse lo mismo en lo que respecta a las restantes imputaciones que se le hacen al fallo recurrido, pues, éste conceptuó como parte demandada no solo a la empresa TAHEM S.A. sino también a EMIR JOSE MACHADO RIVAS, condenando a las ‘demandadas  (sic) a entregar el inmueble a la parte actora’, y por otro lado confirmó el fallo apelado e impuso las costas procesales a la parte demandada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, norma que como bien sabemos se refiere a las costas de la litis, las cuales resultan procedentes solamente en el caso del vencimiento total, que no era el caso de autos, habida cuenta de que el fallo confirmado había desestimado uno de los montos y conceptos demandados y no hizo ningún pronunciamiento respecto al punto de costas, de manera que constituye una manifiesta arbitrariedad, en esas condiciones, haber agravado la posición de la parte apelante, pues, era evidente que en esas circunstancias sólo procedían las costas del recurso”.

 

Por los anteriores razonamientos, la sentencia apelada estimó que habían sido conculcados el derecho al debido proceso y a la defensa de la accionante, ya que fueron decididas en segunda instancia, materias no comprendidas en el recurso de apelación que había interpuesto, en virtud de lo cual, declaró la nulidad de la sentencia accionada.

Desestimó además, el fallo que hoy se conoce en apelación, el planteamiento de inadmisibilidad que fundamentado en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, presentó el ciudadano Víctor Hugo López Navarrete, en su condición de tercero interesado en este proceso.

En fuerza de los anteriores motivos, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, suspendió los efectos de la decisión accionada y ordenó dictar nueva sentencia, en la que debían ser corregidos los vicios .

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación, y al respecto, observa que la misma ha sido interpuesta contra la decisión emanada del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de marzo de 2002, razón por la cual, esta Sala, coherente con el criterio sentando en la sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), se declara competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.

Decidido lo anterior, pasa esta Sala a hacer las siguientes consideraciones:

Observa esta Sala, que cursa al folio cinco del presente expediente, copia certificada del libelo de demanda interpuesta por el ciudadano Víctor López, contra la hoy accionante y contra el ciudadano Emir José Machado Rivas, cuyo petitum principal era el siguiente:

“PRIMERO: Para que desocupe el Inmueble objeto de la presente demanda”.

Igualmente, se aprecia en autos, que a los folios 18 al 20, ambos inclusive, cursa la reforma al libelo original, en el que como cambio sustancial se aprecia el hecho de que solo se demanda a TAHEM S.A.; efectivamente se demanda el cumplimiento del contrato de arrendamiento, pero sin embargo, el pedimento se hace instando a “...entregar como consecuencia, totalmente desocupado el inmueble...”.  

Ahora bien, tal como lo señaló la sentencia apelada de la cual conoce esta Sala, la calificación final de la acción está en manos del juzgador, quien luego del análisis de la situación, queda en plena libertad de extraer la verdadera pretensión del demandante, por lo que si fue demandado el cumplimiento del contrato, y la sentencia definitiva declara, como en efecto lo hizo, “resuelto el contrato de arrendamiento por razón del incumplimiento”, no se está violando ningún derecho constitucional, simplemente el juez está haciendo pleno uso del arbitrio judicial para resolver el caso que se le ha planteado.

Lo que si preocupa enormemente a esta Sala, es el hecho de que se evidencia como el juez que dictó la sentencia accionada, obvió la revisión básica del expediente, con la cual podía percatarse de la existencia de un escrito de reforma de la demanda, y peor aún, tal omisión refleja que dicho juzgador, por lo menos en este caso, no cumplió sus funciones como director del proceso y dejó de controlar un aspecto tan importante para el ejercicio de la función jurisdiccional, como lo es la verificación del cumplimiento de los presupuestos procesales. Ello es así, ya que si ni siquiera identificó correctamente a los sujetos de la relación procesal, mal pudo haber por ejemplo, analizado el requisito de la legitimación ad procesum, o capacidad procesal, lo cual es una falta a las obligaciones que impone la magistratura.

La señalada omisión trajo consigo, la grave incongruencia de condenar a una persona que no había sido demandada, como se hizo en el particular primero del dispositivo del fallo accionado, al declarar con lugar la demanda “...contra la empresa TAHEM S.A. y EMIR JOSE MACHADO RIVAS...”.      

Se aprecia, además, que la referida sentencia confirmó el fallo apelado, y al revisar detenidamente éste último, se observa que la demanda fue declarada parcialmente con lugar, y que en consecuencia, no hubo condenatoria en costas, mientras que en el fallo denunciado como lesivo, se declaró con lugar la demanda y se le impuso condena por ese concepto a la parte demandada, lo cual no es congruente con la sentencia confirmatoria. De lo anterior se desprende, la violación clara al debido proceso, por estar involucrado en todo ello, la violación al principio de la prohibición de reformatio in peius o prohibición de reforma en perjuicio, y en definitiva el derecho a la defensa. En tal sentido, esta Sala se pronunció en sentencia Nº 528 del 13 de marzo de 2003 (caso: Copacabana), de la siguiente manera:

“Como se puede apreciar, la prohibición de reformar en perjuicio, es catalogada como un principio de derecho procesal, dirigido a crear un ambiente de seguridad jurídica en cabeza de la parte apelante, quien al saber que la contraparte no se ha adherido a la apelación, puede contar con que, el peor supuesto al cual se sometería en la alzada, sería que le confirmaran el fallo apelado, en todas y cada una de sus partes, no obteniendo ningún perjuicio adicional por el hecho de haber intentado el recurso, salvo, la condenatoria en costas de la respectiva instancia”.

  

En esa misma sentencia, esta Sala Constitucional acogió el criterio señalado por la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 18 del 16 de febrero de 2001 (caso: Petrica López), en la que se señaló lo siguiente:

“la realidad de la conducta del ad quem, al desmejorar al apelante, está circunscrita a la figura jurídica de la ultrapetita, pues viola el principio de la congruencia de la sentencia, conectado a la limitación de decidir solamente sobre lo que es objeto del recurso subjetivo procesal de apelación; en igual manera la reformatio in peius, está ligada a la garantía constitucional del derecho a la defensa, por lo cual quien ejerce ese derecho no puede ver deteriorada su situación procesal, por el sólo hecho de haberlo ejercido...”(subrayado de este fallo).

 

De lo anterior se desprende la íntima relación existente entre la prohibición de reforma en perjuicio y el derecho a la defensa, motivo por el que no le queda ninguna duda a esta Sala, que el hecho de haber perjudicado la condición del apelante, sumado a la imposibilidad de interponer un recurso de casación, se traduce en violación constitucional al derecho a la defensa.

No quiere esta Sala Constitucional, dejar de llamar la atención sobre la actitud asumida por los abogados Hernán Semprum Salgado y Acilino Ramírez Mendoza, apoderados del ciudadano Víctor Hugo López Navarrete, parte demandante en el juicio principal, quienes en escrito presentado durante la audiencia constitucional, expusieron lo siguiente:

“...sostenemos que la misma es inadmisible de conformidad a lo previsto en el punto Nº (sic) 4 del artículo 6 de la LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. La sentencia recurrida fue dictada por el Juzgado supuestamente agraviante el 29-03-2001 y la acción de amparo fue ejercida el 15-11-2001, como consta en autos, más de 7 meses después de dictada la sentencia. Es decir que desde la fecha indicada la recurrente tenía pleno conocimiento de la sentencia que supuestamente violaba sus garantías constitucionales...”(subrayado de esta sentencia)

      La anterior afirmación atenta contra el deber de probidad y lealtad que se deben las partes en el proceso, el cual se encuentra recogido en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el mismo abogado Acilino Ramírez Mendoza, en diligencia del 5 de abril de 2001, que consta en autos al folio 157 del presente expediente, luego de darse por notificado de la sentencia del 29 de marzo de 2001, solicitó la notificación de la parte demandada, incluso, todavía el 6 de julio de 2001, instó a que se fijara cartel de notificación a la parte demandada, hoy accionante, en la cartelera del tribunal, por lo que sin lugar a dudas, quien pide la inadmisibilidad de la acción por caducidad, sabía de la falta de notificación de la sentencia a la parte demandada, a diferencia de lo expuesto en el citado escrito.   

Por los razonamientos anteriores, resulta forzoso para esta Sala declarar sin lugar la apelación intentada el 21 de marzo de 2002, por el abogado Acilino Ramírez Mendoza, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Victor Hugo López Navarrete, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de marzo de 2002. Así se decide.

Asimismo, y en atención a las irregularidades observadas en el presente caso, se ordena a la Secretaría de esta Sala que remita, mediante oficio, copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales a los fines de establecer las responsabilidades administrativas, penales y disciplinarias correspondientes al Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, respecto a la tramitación del presente amparo.

 

IV

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación intentada por el abogado Acilino Ramírez Mendoza, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Víctor Hugo López Navarrete

SEGUNDO: CONFIRMA, la decisión dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de marzo de 2002, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional.

TERCERO: NULA la sentencia dictada el 29 de marzo de 2001, por el  Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y se ordena al referido tribunal o a quien lo sustituya, dictar nueva sentencia corrigiendo los vicios existentes.

CUARTO: Se ORDENA remitir copia certificada del presente fallo a la Inspectoría General de Tribunales, para que se determine las responsabilidades derivadas de las actuaciones correspondientes al Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 09 días del mes  de marzo de dos mil cuatro (2004). Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

 El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                                                                                El Vicepresidente,

 

 JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 JOSÉ M. DELGADO OCANDO                         ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

                                                                                                             Ponente

                                                           

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

  El Secretario,

 

 JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. 02- 0734

AGG/ rtb